Se suspendió el juicio oral y público para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, acusada por el fallecimiento de la joven Sol Chávez quien murió por intoxicación por flúor. La audiencia oral se pospuso porque se tiene un recurso pendiente en la Cámara de Apelación, por lo que se espera que se destrabe primero para luego comenzar el juzgamiento.
El abogado querellante, José Armoa, indicó que actualmente la Cámara de Apelación se encuentra estudiando un recurso presentado en contra de la última resolución del Tribunal de Sentencia, por lo que el actual colegiado no cuenta con el expediente y, de ese modo, resulta imposible dar inicio a este tercer juicio oral y público que deberán enfrentar ambas mujeres.
María Edith Franco, madre de Sol Chávez, se encadenó frente al Palacio de Justicia junto a su marido, exigiendo justicia por la muerte de su hija y la aplicación de penas más justas para las acusadas que ocasionaron el lamentable hecho.
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Condena anulada
En diciembre del año pasado, el tribunal de Apelación, integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, anuló la leve condena de 2 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, acusadas por el fallecimiento de la joven María Sol Chávez Franco, de 22 años, quien murió por intoxicación de flúor, el 9 de abril de 2021.
Los jueces señalaron que la sentencia cuestionada “denota claras contradicciones y falta de fundamentación por parte del tribunal de Sentencia en relación con el artículo 65 del Código Penal en cuanto a los fundamentos esgrimidos para llegar a la decisión adoptada, habiendo incurrido la sentencia en vicios consistentes en una fundamentación insuficiente y contradictoria”.
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“Cucho” Cabaña y Ulises Quintana dejaron Tacumbú y enfrentarán juicio por narcotráfico
Cerca de la medianoche de este martes, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y el exdiputado Ulises Quintana, abandonaron el Centro Penitenciario Tacumbú, luego de que la Justicia disponga medidas alternativas de la prisión, en tanto aguardan el inicio del juicio oral y público por el caso Berilo.
La disposición del juzgado se dio tras culminar las audiencias preliminares que se desarrollaron ayer martes, y resolvió que tanto "Cucho" Cabaña, el exparlamentario Quintana, junto a otras 21 personas serán sometidos a juicio oral y público por presunto narcotráfico. El juzgado consideró que existen elementos para sostener la acusación contra los procesados.
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Asimismo, dispuso la sustitución de la prisión preventiva por medidas alternativas, entre ellas el uso de dispositivos de control electrónico. Si bien, el juez Miguel Palacio otorgó la libertad ambulatoria con reglas de conducta a cumplir, en el caso del diputado Quintana. Mientras que para “Cucho” Cabañas dispuso que deberá usar tobillera electrónica en todo momento y solo podrá movilizarse entre Asunción y Lambaré, con prohibición de salida del país.
Al respecto, el abogado Nelson López, defensor de los dos principales procesados, mencionó que se consiguió estas medidas alternativas, pero cuestionó que a uno de sus defendidos se le haya impuesto medidas de control como el uso de tobilleras y restricción en la libertad ambulatoria.
“Estamos contentos con este resultado, era lo mínimo que esperábamos. Vamos a analizar si recurrimos esa parte de la resolución, porque consideramos que es una medida excesiva, teniendo en cuenta que Cabañas ya cumplió la pena mínima de 7 años de prisión. Entonces la ley es clara en ese sentido, que no se debería imponer ninguna restricción más cuando ya se ha cumplido la pena mínima”, acotó.
Cerrándose la etapa de audiencias preliminares tras reiteradas dilaciones, la Justicia resolvió elevar la causa a juicio oral, donde ambos acusados junto a la veintena de personas que presumiblemente integrarían la banda criminal, deberán responder a las acusaciones de tráfico de drogas que fue desarticulado durante el operativo Berilo, que se desarrolló en septiembre del 2018.
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Muere estudiante de 13 años y ocho resultan heridos en tiroteo escolar en Argentina
Un estudiante de 13 años murió y al menos ocho personas resultaron heridas este lunes cuando un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela en Argentina, informaron autoridades.
El inusual episodio que conmociona a un país desacostumbrado a los tiroteos escolares ocurrió en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, una localidad de 16.000 habitantes en la provincia de Santa Fe (centro).
“Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo”, dijo una alumna de la escuela, identificada como Priscila, en una entrevista a la emisora local Radio Con Vos.
Es un “momento muy, muy triste y muy conmocionante. Así que queremos acompañar en primer lugar a la familia de Ian, del chico, que hoy perdió la vida”, dijo Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, en una conferencia de prensa horas después del incidente al referirse a la víctima por su nombre.
El agresor se encuentra detenido, confirmó a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad provincial.
“No registra antecedentes, no tuvimos intervención a lo largo de toda su trayectoria escolar”, dijo de él Cococcioni. “Atravesaba una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja”, añadió.
“Lo que tenemos contrastado hasta ahora es que no se trataba de un conflicto intraescolar”, prosiguió.
“Totalmente extraordinario”
Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escapaban de la escena y se encuentran fuera de peligro, había señalado el gobierno provincial en un comunicado.
Otros dos estudiantes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela para evaluación, uno de ellos inicialmente grave pero estable. Se trata de “una menor de 13 y uno de 15 años”, dijo el ministro.
Las identidades del agresor y las víctimas aún no se dieron a conocer oficialmente. El tiroteo ocurrió cuando los alumnos esperaban para izar la bandera como cada día antes de iniciar las clases en el colegio de unos 1.500 alumnos.
El arma que usó el agresor “presuntamente es una escopeta”, dijo al canal TN el secretario de gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.
En Argentina no suelen ocurrir este tipo de tiroteos. Los más recordados son los ocurridos en 2000 en la ciudad de Rafael Calzada, que dejó un muerto; y en 2004 en Carmen de Patagones, con tres fallecidos. Ambos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.
“Estos hechos cuesta mucho encontrarle explicación y mucho más cuando sucede en el ámbito escolar”, dijo Cococcioni. “Esto es algo totalmente extraordinario, que nunca nos esperamos”.
- Fuente: AFP
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Testigos confirman que Giuzzio buscaba concretar contrato con Marcus Vinicius
El comisario Gilberto Fleitas, excomandante de la Policía Nacional, y el general retirado Aldo Ozuna, extitular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), confirmaron en juicio que acudieron a una demostración organizada por Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior, para observar material de seguridad que la empresa del brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua pretendía proveer a dicha cartera estatal.
El juicio oral y público contra el exministro del gobierno de Mario Abdo Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado, prosiguió este viernes con la declaración testifical del comisario Fleitas, reportó el periodista Aldo Insfrán desde el Poder Judicial para el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Declaró el comisario Gilberto Fleitas y lo que pudo proporcionar es información referente a su participación en una reunión, una convocatoria para prueba de materiales en la Fope, y lo que hizo fue relatar lo que tenía conocimiento a esas pruebas que se llevaron a cabo”, detalló la agente fiscal Verónica Valdez, que sostiene la acusación del Ministerio Público en el juicio, en comunicación con Nación Media.
Chats de Lindomar
El 10 de diciembre del 2021, en horas de la mañana, Giuzzio participó junto a Marcos Vinicius y otras personas de pruebas balísticas de resistencia en materiales de distintos calibres en el polígono de tiros de la Agrupación FOPE (Fuerza de Operaciones Policiales Especiales) de la Policía Nacional, que se encuentra en el barrio Tacumbú de Asunción. Según la investigación, el exministro mantuvo comunicación directa con el brasileño, acusado de narcotráfico en su país, desde el mes de julio de 2021 hasta febrero de 2022.
Sobre la particicipación de Vinicius en esta reunión, el comisario Gilberto Fleitas respondió: “Creo que sí”, de acuerdo a la información de la fiscal Valdez. “Esas fueron sus manifestaciones. El Tribunal va a valorar su declaración, pero yo taxativamente menciono lo que él dijo, ‘creo que sí’, que sí estuvo”, detalló.
En la audiencia realizada el 25 de marzo prestó declaración el primer testigo, el general retirado Aldo Ozuna. Igualmente, admitió que fue invitado por el entonces ministro del Interior a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional para supervisar algunos chalecos antibalas punto 50. Esto refuerza el vínculo que tendrían Giuzzio y Vinicius buscando un contrato con el Estado.
El juicio oral prosigue el lunes 6 de abril con las pruebas documentales, y el acceso a la extracción de datos del teléfono incautado al narco brasileño Lindomar Reges Furtado en 2022, para el cual el Tribunal deberá comunicar sobre el contenido para las partes para ser analizadas y estudiadas antes de ser expuestas en el Tribunal. “El Tribunal va a comunicar el día exacto en el que vamos a concurrir para que se nos entreguen estas copias, podamos examinar y después se pueda producir”, indicó la fiscal a NM.
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La joven parapléjica española que libró batalla legal con su padre recibió la eutanasia
La española de 25 años, Noelia Castillo Ramos, que quedó parapléjica como consecuencia de un intento de suicidio recibió este jueves la eutanasia tras una larga batalla legal con su padre.
Falleció este jueves en el centro de Sant Pere de Ribes, a unos 40 km de Barcelona, en el que residía desde hace un tiempo, informaron la televisión pública y otros medios españoles.
“A ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta”, había explicado en una entrevista emitida el miércoles en la cadena Antena 3.
El Parlamento aprobó en 2021 la ley que despenaliza la eutanasia, convirtiendo a España en uno de los pocos países que permiten a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar “un sufrimiento intolerable”, siempre que cumpla unos estrictos requisitos.
Noelia, quien quedó parapléjica en 2022 tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio, relató una vida plagada de sufrimiento y marcada por los problemas de sus padres, que la llevaron a pasar tramos de su infancia tutelada por la administración.
Igualmente, contó haber padecido posteriormente agresiones sexuales por parte de hombres e intentos de suicidio.
“Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero yo pienso, ¿y yo, todo el dolor que he sufrido durante todos los años?”, indicó durante la entrevista, en la que también participó su madre.
“Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”, agregó asegurando, sin embargo, que no quiere ser “ejemplo de nadie”.
Lucha judicial
El caso de Noelia generó un gran impacto en España, país de profunda herencia católica, después de que su padre iniciara una batalla legal para detener la asistencia para morir que los expertos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la región de Cataluña habían autorizado para su hija.
Poco antes de la primera fecha fijada, en agosto de 2024, el progenitor interpuso un recurso que logró detener temporalmente el proceso.
Apoyado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, el padre argumentaba que la joven padecía problemas de salud mental que podían “afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente”, y que había presentado indicios de cambio de opinión.
“No estamos ante una eutanasia, estamos ante un suicidio asistido”, denunció este jueves el abogado de Abogados Cristianos, José María Fernández.
En una audiencia el año pasado --la primera en España sobre un caso de eutanasia ya autorizado desde la aprobación de la ley en 2021, según las asociaciones especializadas--, la joven volvió ratificar su petición.
Todas las decisiones judiciales posteriores rechazaron paralizar el proceso, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero su padre siguió interponiendo, sin éxito, recursos hasta este mismo jueves.
“Que alguien le dé una vuelta a la ley para poder hacer algo como han hecho Abogados Cristianos, que es encontrar una grieta por donde intentar cargarse la ley, nos ha enfadado y preocupado muchísimo”, afirmó a la AFP Cristina Vallès, presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, que propone una pequeña modificación en la norma para evitar que este tipo de recursos se eternicen y que terceros puedan intervenir en un proceso ya autorizado.
La Conferencia Episcopal Española calificó en un comunicado la eutanasia de “derrota social”, y consideró que “la respuesta verdaderamente humana ante el sufrimiento no puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y apoyo integral”.
Los requisitos para recibir la eutanasia incluyen que el solicitante sea “capaz y consciente” al hacer la petición, que debe ser escrita y reconfirmada posteriormente, y obtener la autorización de una comisión de evaluación.
Desde la entrada en vigor de la ley hasta finales del año 2024, 1.123 personas recibieron la eutanasia en España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.
- Fuente: AFP
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