El exdiputado Orlando Arévalo amplió su denuncia contra el actual juez Osmar Legal por los delitos de quebrantamiento de depósito, denuncia falsa. Inicialmente el magistrado fue denunciado por los hechos punibles de prevaricato, frustración de la persecución y ejecución penal.
De acuerdo al escrito del exparlamentario “las evidencias expuestas públicamente sugieren que se habría conformado una estructura delictiva, integrada por Osmar David Legal Troche, juez penal especializado contra el Crimen Organizado, a los efectos de destruir, ocultar y/o invalidar medios probatorios que guardarían relación con hechos de relevancia penal, ello, con el objeto de evitar la apertura de causas penales, frustrar la persecución penal, así como también, a los efectos de que dichas informaciones puedan ser utilizadas selectivamente con fines extorsivos, probablemente con motivación política y/o económica”.
Igualmente, la denuncia señala que en diciembre de 2024, el juez Legal recibió los datos extraídos del celular de “Lalo” Gómez pero omitió informar a las partes y deslacró el soporte magnético sin cumplir con el procedimiento legal. Luego, examinó las conversaciones de WhatsApp para sí y ocultó información clave al presentar una denuncia ante el Ministerio Público el 3 de febrero de 2025, acusando a Lalo de tráfico de influencias.
El fiscal Francisco Cabrera mencionó días atrás que se está estudiando la denuncia presentada contra Legal.
El colapso del edificio de ocho pisos se produjo en la noche del 2 de abril pasado, ocasionando la muerte de la abuela y su nieta de 15 años. Foto: Rocío Gómez/NM
Diputado descarta persecución contra Yd: “El único interés es aclarar el derrumbe del edificio”
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El diputado Sebastián Remesowski se pronunció con respecto a las afirmaciones del intendente de Encarnación, Luis Yd, quien alega que existe una persecución política en su contra. El legislador fue contundente y enfatizó que el único interés que existe es que se aclaren los hechos relacionados al derrumbe del edificio que ocasionó el fallecimiento de una adolescente y su abuela. El hecho se había registrado en la noche del 2 de abril pasado en la ciudad de Encarnación.
“No veo que no haya otro intento de la Junta que no sea intentar expedirse y de igual manera, todos los actores políticos que tiene el departamento y que se ven afectados por la preocupación que genera una construcción que fue aprobada sin los criterios técnicos correspondientes, por eso ocurrió eso, pero de ninguna manera se puede decir que esto tiene un tinte político. Creo que es totalmente desordenada esa propuesta y hay una falta coraje para afrontar su rol”, expuso.
En contacto con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, Remesowski indicó que sería una persecución si la Junta Municipal le diera la espalda, o si el gobierno central no le transfiriera los recursos que le corresponden para las inversiones, sin embargo, estos hechos no están sucediendo y lo que se hace es exigir esclarecimiento ante un hecho que tuvo un desenlace fatal.
“Creo que la victimización y mediatización es para esquivar responsabilidades”, aseveró y a esto añadió, “ya abre un paraguas por si los informes que puedan salir del Ministerio Público, no le sean favorables entonces por eso quiere decir que es una persecución, ‘los que no están conmigo me persiguen’ y no importa si se derrumba un edificio y se muere una familia”, cuestionó.
El diputado manifestó que está en contra de que la muerte de estas dos personas sea utilizado políticamente, no obstante, manifestó que no se puede desconocer que existe una responsabilidad de parte de la municipalidad, institución que debía fiscalizar el edificio que colapsó.
Juez devolvió a Fiscalía la imputación del repartidor que mató a defensa propia
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El juez Rolando Duarte devolvió a la Fiscalía la imputación de Carlos Alberto Garcete, quien fue imputado por homicidio doloso por defenderse de unos delincuentes.
Ahora, la Fiscalía deberá seguir investigando el hecho o tendrá que evaluar si corresponde archivar el presente caso.
El sábado pasado, la Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.
El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.
Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.
Juez otorgó medidas alternativas al abogado que abofeteó a funcionaria del INTN
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El juez penal de Garantía, Amílcar Marecos, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del INTN durante un operativo de control. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El referido profesional del derecho deberá cumplir varias reglas de conducta, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También quedará sometido el mismo al estricto control de la defensa técnica, la obligación de comparecer ante el juzgado para la firma del acta judicial.
Igualmente, el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima y al domicilio de la misma en un radio de 300 metros, la prohibición de comunicación y de actos de hostigamiento por cualquier medio (mensajería, llamadas, redes sociales), la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas como la de acudir a locales nocturnos, la prohibición de portar armas y la obligación de presentarse o comparecer ante cualquier llamado o convocatoria que le realice en adelante y este proceso el Juzgado o el Ministerio Público.
Desde el 27 de marzo el abogado está privado de su libertad en la comisaría de Alto Paraná.
Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal para que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados. Foto: NM/Archivo
Funcionarios y jubilados de IPS amplían denuncia contra autoridades de Fipsa
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En la mañana de este viernes, un grupo de 40 personas, entre funcionarios y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) amplió la denuncia en contra de los representantes de la Asociación de Funcionarios y Asociados del ente previsional (Fipsa).
Los representantes de esta asociación están acusados de haber estafado supuestamente bajo un esquema de duplicación de deuda y descuento compulsivo de salarios, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial.
Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal a fin de que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados.
La denuncia es sumamente grave, teniendo en cuenta que las víctimas del esquema de estafa son trabajadores y jubilados que ya han abonado la totalidad de sus deudas con la asociación, inclusive las deudas duplicadas, y aun así tienen que seguir soportando procesos judiciales con embargos de salario que le impiden cobrar la totalidad de sus salarios. Igualmente, le imposibilitan el acceso al sistema financiero para nuevos préstamos por encontrarse con demandas activas.
Semanas atrás, cuatro personas habían presentado una denuncia contra Fipsa, por la evasión de los aportes a la seguridad social, lo que compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados habían pedido a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez.
El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.