El exdiputado Orlando Arévalo amplió su denuncia contra el actual juez Osmar Legal por los delitos de quebrantamiento de depósito, denuncia falsa. Inicialmente el magistrado fue denunciado por los hechos punibles de prevaricato, frustración de la persecución y ejecución penal.
De acuerdo al escrito del exparlamentario “las evidencias expuestas públicamente sugieren que se habría conformado una estructura delictiva, integrada por Osmar David Legal Troche, juez penal especializado contra el Crimen Organizado, a los efectos de destruir, ocultar y/o invalidar medios probatorios que guardarían relación con hechos de relevancia penal, ello, con el objeto de evitar la apertura de causas penales, frustrar la persecución penal, así como también, a los efectos de que dichas informaciones puedan ser utilizadas selectivamente con fines extorsivos, probablemente con motivación política y/o económica”.
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Igualmente, la denuncia señala que en diciembre de 2024, el juez Legal recibió los datos extraídos del celular de “Lalo” Gómez pero omitió informar a las partes y deslacró el soporte magnético sin cumplir con el procedimiento legal. Luego, examinó las conversaciones de WhatsApp para sí y ocultó información clave al presentar una denuncia ante el Ministerio Público el 3 de febrero de 2025, acusando a Lalo de tráfico de influencias.
El fiscal Francisco Cabrera mencionó días atrás que se está estudiando la denuncia presentada contra Legal.
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Corte definirá si confirma o no al juez en lo Civil Édgar Rivas
El Consejo de la Magistratura conformó la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de la capital, cuyo titular es el criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia, quien pretende seguir en el cargo. Además de Rivas, integran la terna Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González.
Ahora, la terna del juez Rivas deberá ser remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea, en sesión plenaria, de estudiar y evaluar si corresponde confirmar en el cargo al citado magistrado.
JEM
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) está habilitado para iniciar de oficio una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, en el que firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.
El pasado 21 de agosto de 2026 se cumplió el plazo legal. Ahora, los integrantes del órgano juzgador tienen las facultades para estudiar el caso y enjuiciar al cuestionado juez Rivas Laguardia por su dudosa actuación en el mencionado expediente judicial.
Corte le negó el ascenso a Rivas
Semanas atrás, el pleno de la CSJ negó el ascenso a miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Segunda Sala de la Capital al juez Édgar Rivas, quien es sumamente cuestionado por su dudosa actuación en el juicio civil caratulado “Ypytá SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”. En su lugar, los ministros decidieron elegir por mayoría de votos al magistrado Carlos Escobar para integrar dicha cámara de apelaciones.
El apartamiento de Édgar Rivas Laguardia de la consideración del pleno fue absoluto, al punto que no logró siquiera ser propuesto por ninguno de los ministros para el cargo de camarista. Este rechazo institucional ocurre en medio de fuertes críticas hacia su desempeño en el fuero civil, donde se mencionan presuntas irregularidades en el manejo del mencionado expediente.
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Jugador de Cienciano realiza grave denuncia
El volante uruguayo Santiago Arias, del Cienciano de Perú, denunció que un alto directivo del Montevideo City Torque supuestamente ofreció dinero a los jugadores del club peruano para que se hicieran expulsar en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
La supuesta dádiva se habría hecho en el marco del encuentro disputado el jueves en la capital uruguaya, donde Montevideo City Torque se impuso por 3-0 (global 3-2) y clasificó por primera vez a la semifinal del torneo regional.
Arias contó sobre la supuesta propuesta irregular al regresar a Perú el viernes y en medio de publicaciones del City Torque en redes sociales que hinchas de Cienciano consideraron burlescas y provocadoras.
En uno de los mensajes en la red X el cuadro uruguayo señaló que el equipo cusqueño habría destacado únicamente por jugar en la altura de Cusco (3.400 metros sobre el nivel del mar).
“Les faltó poner (en los mensajes, ndlr) que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros”, dijo Arias, de 31 años, al canal Inka Digital TV.
El mediocampista consideró “muy fuerte” lo sucedido y aseguró que el plantel de Cienciano, campeón de la Sudamericana en 2003, rechazó “rotundamente” la supuesta propuesta.
El charrúa aseguró que la proposición vino de parte del “presidente” del City Torque, aunque ese club no tiene esa figura en su organigrama. Sin embargo, consideró que sus rivales fueron justos ganadores de la serie.
CANALE RENUEVA CON LANÚS
El defensor mundialista paraguayo José Canale renovó su contrato con Lanús de la Argentina hasta diciembre de 2028.
La firma del nuevo vínculo se dio en las oficinas de La Fortaleza con por el presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón.
Canale acumula 78 partidos oficiales y 6 goles convertidos con la camiseta granate. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.
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Decretan prisión en Viñas Cué para exdirector Antidrogas de la Senad
El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué para Hugo Derlis Baptista, exdirector general Antidrogas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), imputado por varios delitos en el caso de filtración de información al “Clan Gomes”.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. El exjefe antidrogas se presentó este viernes en horas de la mañana, acompañado de su abogado, ante la oficina del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, debido a la orden de detención que pesaba en su contra.
Baptista está imputado por la Fiscalía por supuesta asociación criminal, tráfico de influencias y revelación de secretos de servicio, en el marco del esquema investigado tras la muerte del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes. La Fiscalía le atribuye haber omitido la investigación de fugas y haber ofrecido de forma ilegal un fusil de guerra. En ese contexto, se lo acusa de participar en la facilitación de la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo Sanctus.
Documentos incorporados a la imputación del Ministerio Público revelan que Hugo Derlis Baptista Báez habría ofrecido al fallecido diputado un arma de alto poder de fuego, describiendo sus capacidades de penetración. Por este mismo caso, el juez Otazú ordenó ayer la prisión de Helga Solís Gomes, sobrina del exdiputado, quien permanecerá en una sede policial antes de ser trasladada a una cárcel de mujeres.
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Juez desestimó denuncia contra ministros sobre compra de camionetas para la Corte Suprema
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar a la desestimación de la denuncia presentada por el Ministerio Público en la causa originada por una denuncia de supuestos sobrecostos en la adquisición de nueve camionetas para la Corte Suprema de Justicia. Luego de analizar las actuaciones y contrastar los fundamentos fiscales con la documentación incorporada a la causa, señaló que no se advirtió perjuicio patrimonial, requisito indispensable para la configuración del hecho punible de lesión de confianza.
El requerimiento de desestimación fue presentado el 31 de agosto de 2026 por la agente fiscal Soledad González. Durante la investigación, el Ministerio Público reunió declaraciones, informes y documentación vinculada con el procedimiento de contratación, la determinación del precio referencial, la adjudicación, el contrato y la modalidad de adquisición.
De acuerdo con la documentación individualizada en la resolución, la compra se realizó mediante la Subasta a la Baja Electrónica Nacional PAC N.º 71/2025, ID N.º 463277, con un precio referencial de G. 573.500.000 por unidad. En su requerimiento, el Ministerio Público sostuvo que el precio comprendía, además de los vehículos, distintas prestaciones y obligaciones previstas en la contratación, entre ellas servicios de mantenimiento, garantía, seguro, transferencia y matriculación. La Fiscalía señaló asimismo que la adquisición fue realizada a crédito y consideró esa modalidad entre los elementos que incidían en el precio de compra.
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Entre los antecedentes incorporados a la investigación se encontraba también el análisis documental de la Contraloría General de la República. Según lo reproducido en el A.I. N.º 302, el dictamen indicó que, en términos generales, el procedimiento siguió la secuencia formal prevista y que los precios unitarios tendían a ubicarse dentro de parámetros análogos y próximos a otros procesos estatales comparables.
El documento precisó que su examen tuvo carácter eminentemente documental y estuvo limitado al análisis de las actuaciones administrativas, el procedimiento de selección, la adjudicación y la formalización contractual.
Al analizar las actuaciones, el Juzgado verificó la documentación incorporada a la carpeta fiscal y señaló que los fundamentos expuestos por el Ministerio Público concordaban con los antecedentes reunidos durante la investigación. Entre los elementos examinados se encontraban las prestaciones comprendidas en la contratación y la modalidad de adquisición a crédito.
A partir del análisis de los fundamentos fiscales y de los elementos incorporados a la causa, el Juzgado concluyó que no se reunían los presupuestos necesarios para la configuración del hecho punible investigado por lo que corresponde la desestimación de la denuncia.
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