Los jueces de Ejecución Penal, funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia y representantes del Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia, realizaron una jornada de trabajo interinstitucional en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde actualmente se encuentran recluidas 1.996 personas privadas de libertad.
De la visita a la mencionad penitenciaria participaron las juezas de Ejecución Penal de la Capital y la Circunscripción Judicial de Central, abogadas Sandra Silveira, Sandra Kirchhofer, Cynthia Sostoa y Silvia Knop, junto con el viceministro de Política Criminal, abogado Víctor Benítez. Durante la actividad, magistrados y funcionarios mantuvieron entrevistas con personas privadas de libertad para informarles sobre el estado procesal de sus causas, fechas de compurgamiento, libertad condicional y salidas transitorias.
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En el recorrido por los distintos pabellones, se verificaron áreas como la cocina y los espacios de trabajo, así como las planillas de asistencia. También se observaron avances en la distribución de alimentos y en la limpieza de las instalaciones. El director de la penitenciaría, abogado Luis Esquivel, destacó las mejoras implementadas tras el proceso de saneamiento llevado a cabo meses atrás.
Estas jornadas permiten a las personas privadas de libertad acceder a información sobre sus procesos y plantear inquietudes ante las autoridades competentes. El viceministro de Política Criminal subrayó la importancia de estas actividades para fortalecer el sistema penitenciario y garantizar el cumplimiento de los derechos de los internos.
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Gasto social alcanza G. 24 billones al cierre de agosto
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que al cierre de agosto de 2025, la ejecución de servicios sociales alcanzó un total de G. 24 billones, con incrementos en los sectores de seguridad social y educación, con G. 1,4 billones y G. 1,1 billones, respecto al año anterior.
La estructura del gasto social se compone principalmente en un 33 % por recursos para el sector de educación, en tanto que el 23 % fue para salud con desembolsos que totalizaron G. 5,5 billones. Asimismo, seguridad social, y promoción y acción social muestran una participación del 21 %, respectivamente.
El aumento en la seguridad social se atribuye a la incorporación de nuevos beneficiarios al régimen jubilatorio hasta el mes de agosto. En educación, se destinó principalmente al mejoramiento de establecimientos escolares, la entrega de raciones de alimentos en el marco del programa Hambre Cero en las escuelas, y a la inversión en mejoramiento de los escenarios deportivos para eventos internacionales, liderada por la Secretaría Nacional del Deporte (SND).
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Desde el Ministerio de Economía explican que la prioridad fiscal del gasto social de la Administración Central al mes de agosto fue del 56 %, lo que indica que de G. 100 ejecutados, G. 56 fueron destinados para programas de servicios sociales.
Con esto, el promedio de prioridad fiscal en los últimos diez años alcanza el 56 %, respecto a los demás servicios de la clasificación funcional del gasto. Estos datos figuran en el Informe de Gasto Social de la Administración Central, elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DGP), dependiente del viceministerio de Administración Financiera (VAF).
Entre los programas sociales de mayor impacto tanto en la ejecución presupuestaria como en la ciudadanía, se destacan:
- el programa Hambre Cero
- los servicios educativos en todos los niveles
- los servicios hospitalarios para la reducción de la morbimortalidad
- la pensión universal para Adultos Mayores, Tekoporã Mbareté
- entre otros.
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Condenan a 28 años de cárcel a dos personas por el asesinato del exdirector de Tacumbú
Un Tribunal de Sentencia condenó a 28 años de pena privativa de libertad a Martín Ariel Zeballos Martínez y a Fabrizio José Maldonado Giménez, encontrados culpables por el homicidio del exdirector de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Óscar Daniel González Olmedo.
El juez Darío Báez indicó sobre la gravedad del hecho, que no solo puso en riesgo la vida de la víctima, sino también la de su esposa, del padre e hijas, quienes se encontraban presentes en el momento del crimen. El colegiado consideró que las balas pudieron haber causado más víctimas, lo que acentuó la gravedad del hecho.
Asimismo, se aplicó una medida de seguridad de 8 años de cárcel para Zeballos Martínez, debido a informes psicológicos que indicaron impulsividad, comportamiento antisocial y hostilidad hacia el entorno, además de una serie de sanciones disciplinarias dentro del penal.
Acusación
La acusación del Ministerio Público fue por homicidio doloso en grado de coautoría. Por el mismo caso, se encuentra prófugo y con orden de captura Wilson Raúl Argüello, quien sería el tirador. El crimen ocurrió en fecha 18 de junio del año 2022, cuando González Olmedo fue interceptado por sicarios en el barrio Obrero de Asunción, mientras se dirigía a la casa de su padre para celebrar el día del padre. Se presume que el asesinato fue por encargo de un grupo que operaba en la penitenciaría de Tacumbú.
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“El hombre de las mil voces” y sus cómplices lograron una estafa millonaria desde Tacumbú
Desde el Ministerio de Justicia informaron que durante la mañana de este miércoles se realizó el allanamiento de varias celdas del pabellón D del penal de Tacumbú, en el marco de una investigación de estafa telefónica de la cual habría sido víctima un alto directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Según manifestó el fiscal Jorge Escobar, el hecho se perpetró mediante una llamada telefónica recibida por el gerente general y apoderado de la APF, Hugo Kuroki, supuestamente de parte del Monseñor Ricardo Valenzuela, quien le solicitaba una donación para reparaciones de la Basílica de Caacupé, donación que se hizo efectiva días después.
“Se suelen hacer donaciones de la APF y luego se contrasta con la factura. En este caso se hizo la transferencia de 50 millones y luego constataron que fue un engaño”, comentó el fiscal en contacto con la 730 AM.
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Tras el rastreo de la cuenta a la que fue acreditado el dinero, se pudo constatar que estaría ligada a dos mujeres, quienes a su vez tendrían vínculos con personas que se encuentran recluidas en la penitenciaría de Tacumbú, por lo que se procedió al allanamiento, donde además de la identificación de los reclusos, se procedió a la incautación de varias evidencias.
Los reos quienes serían los responsables de esta millonaria estafa son Cristian Antonio Brítez, alias “El hombre de las mil voces”, Francisco Espínola, Cristian Brítez y Juan Salvador Echeverría, quienes cumplen condenas por narcotráfico, estafas y otros delitos. Ahora el fiscal de la causa confirmó la imputación de estas personas por asociación criminal y estafa.
Hasta el momento, las autoridades corroboraron que de la cuenta que recibió los 50.000.000 de guaraníes se realizaron otras tres transferencias a diferentes cuentas, de las cuales se fueron efectivizando una importante cantidad de dinero utilizada para la compra de celulares y prendas de vestir.
Desde el Ministerio Público continúan las investigaciones en torno al caso, para así conocer el alcance de las acciones de todos los involucrados, ya que no se puede descartar que los mismos se encuentren detrás de otras estafas de este tipo.
El Ministerio de Justicia, a través de su comunicado, remarcó que continuarán trabajando en la colaboración institucional para brindar apoyo a las autoridades competentes para el esclarecimiento total del caso.
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México inaugura primera Suprema Corte elegida por voto popular
México inauguró una “nueva era” ayer el lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado. Los jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores federales y locales completan los más de 2.000 cargos que entraron en funciones este lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.
En una ceremonia realizada por la noche en el Senado mexicano, los nueve ministros del máximo tribunal, encabezados por su presidente, el abogado indígena Hugo Aguilar, juraron sus cargos. Tras ello, los ministros se dirigieron a la sede de la Suprema Corte para una ceremonia a la que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aguilar, quien portó una toga con bordados indígenas de vivos colores, fue quien abrió, en un acto simbólico, las puertas del recinto mientras era aclamado por numerosas personas que lo esperaron horas en la calle. “Esta es una invitación. Todos y todas los que requieran la atención de Suprema Corte, a partir de mañana tendrán las puertas totalmente abiertas”, dijo.
El partido oficialista Morena y sus aliados dieron la bienvenida en el Senado a los nuevos jueces con la promesa de sanear un sistema al que consideran plagado de “corrupción” y al servicio de los poderosos. Pero dos partidos opositores cuestionaron a este nuevo Poder Judicial, al que describieron como carente de legitimidad por surgir de un proceso “plagado de irregularidades”. La elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13 % del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.
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Ceremonia indígena
Por la tarde, los magistrados participaron en una ceremonia indígena realizada en el Zócalo (plaza central) de la capital para marcar de manera simbólica el inicio de sus funciones. En medio de danzas, humo de incienso y discursos en lenguas originarias, autoridades de pueblos indígenas entregaron el denominado “bastón de mando” a los integrantes del máximo tribunal.
“Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, somos el antecedente más lejano de estas tierras”, proclamó el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, un jurista de la etnia mixteca. Al rendir su primer informe anual de gobierno este lunes, la presidenta Sheinbaum dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial.
Con los jueces electos, “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia” para los mexicanos, dijo la mandataria. Aguilar fue el candidato más votado y por ello presidirá la Suprema Corte, conformada por nueve ministros, seis de ellos cercanos al oficialismo. Este jurista será el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal luego de que Benito Juárez, considerado padre del México moderno, lo hiciera brevemente antes de ser electo presidente (1858-1872).
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Elección cuestionada
La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros cargos federales y locales, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum. Opositores y activistas han cuestionado los verdaderos objetivos del proceso. Para Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs, el oficialismo busca “capturar políticamente al Poder Judicial”.
El activista opina que se trató de una “operación de Estado” que designó candidatos afines al gobierno y distribuyó masivamente volantes para favorecer su triunfo. Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” con antecedentes penales por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con el crimen organizado.
Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza. Entre ellas está Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán, quien será jueza penal en el estado de Chihuahua (norte). Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio Meza por haber informado sobre su vínculo con el “Chapo”. El activista teme que la multiplicación de este tipo de personajes constituya juzgados “capturados y que trabajan para el crimen organizado” o para políticos “involucrados” con estas mafias.
Fuente: AFP.