El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Gloria Hermosa, Cristian González y Darío Báez, condenó a 5 años de cárcel al exintendente de la Municipalidad de Independencia, Francisco Arnaldo Chávez, quien fue encontrado culpable por el hecho punible de contrabando, tras un decomiso de 3.000 kilos de azúcar brasileña. El agente fiscal del presente caso fue Miguel Quintana Larrea.
Durante el desarrollo del juicio oral y público el fiscal demostró que el exjefe comunal fue autor del contrabando de azúcar, ocurrido en junio del año 2020. Chávez compró 3.000 kilos de azúcar brasileña, distribuidos en paquetes de 5 kilos, y lo depositó en el propio salón multiuso de la Municipalidad y ordenó a empleados municipales el cierre del lugar para que nadie tenga acceso a las mercaderías y posteriormente disponer de ellas.
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El Tribunal de Sentencia tuvo como probado el hecho acusado por el Ministerio Público. Las instituciones involucradas en la investigación y confirmación de los hechos fueron la Policía Nacional, Departamento Especializado contra Hechos Punibles Económicos, funcionarios de la Dirección Nacional de Aduana y de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (C.O.I.A.).
La defensa del exjefe comunal tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será una cámara de apelaciones quien tendrá que estudiar si corresponde ratificar la condena dictada en primera instancia.
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Exintendente de Lambaré enfrentará juicio oral por millonario desvío
El ex intendente de Lambaré, Armando Gómez, enfrentará juicio oral y público por un millonario desvío de G. 7.315 millones en la citada municipalidad, que debía ser para aportes jubilatorios. Así lo resolvió el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, luego de la realización de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Otazú rechazó el pedido de realizar una pericia contable solicitada por la defensa del acusado debido a que ya fue cerrada la etapa para poder realizar dicha diligencia. Además, Otazú confirmó la medida de arresto domiciliario que pesa sobre Gómez.
El presente caso tiene relación con un esquema que lideraba el exjefe comunal en el que la Dirección de Talento Humano preparaba las planillas de pago y descuentos de los funcionarios permanentes, remitiéndolas posteriormente al Departamento de Contabilidad, donde nunca se preparaba la orden de pago, aunque el descuento sí se realizaba a los funcionarios.
Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al acusado. Una vez que se tenga a los jueces que van a juzgar el presente caso, deberá fijarse la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
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Venezuela castiga con cárcel la cotización del “dólar criminal”
- Caracas, Venezuela. AFP.
Arrestos, advertencias y el regreso del “dólar criminal” al discurso del gobierno: Venezuela ejerce presión sobre el mercado negro cambiario para frenar la creciente brecha con la tasa oficial. El dólar se convirtió en la moneda de facto en Venezuela desde 2018, cuando el gobierno de Nicolás Maduro despenalizó informalmente su uso. Pero no hubo una dolarización formal y entonces coexisten un dólar “oficial”, regulado por el gobierno, y uno “paralelo”.
La siempre fluctuante brecha entre ambos mercados comenzó a abrirse a mediados de 2024, cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) redujo sus intervenciones tras meses de estabilidad en la tasa y en los precios que coincidió con la campaña a la reelección de Maduro. El problema se disparó con la decisión de Estados Unidos de revertir una flexibilización al embargo petrolero en el país, que también inyectaba divisas al mercado.
El “dólar paralelo” llegó a cotizarse entre 25% y 50% por encima de la tasa del BCV. Pero la brecha se acortó ahora de manera momentánea con la detención de unas 25 personas que publicaban el valor del “paralelo”. Con los arrestos, desaparecieron también esos indicadores del precio del dólar “paralelo”. La confusión sobre su verdadero valor puede perjudicar al comprador, pero a veces también a quien vende.
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Moneda de facto
“Me sucedió en una ferretería, me salía la compra en total eran 60 dólares, y si pagaba en bolívares me salía casi en 86 al cambio” oficial, indicó Eleazar Armas, escolta de 52 años. “Cuando pido la explicación (...) me decían que eso era lo que valía el dólar”. “Si te pones a ver es una brecha (...), pierdo yo como comerciante”, explica de su lado a la AFP Nelson Martínez, un comerciante de 30 años.
En Venezuela, el pago en efectivo es normalmente en dólares, aunque la brecha cambiaria llevó a que la gente vendiera divisas para pagar con bolívares más baratos. Los comercios están obligados a cobrar a la tasa oficial, pero algunos usaban el paralelo. Otros hacían un promedio entre el oficial y el negro o tenían como referencia la tasa del euro, que es más alta. Está también el que hace un descuento de hasta 25% si el pago es efectivo o transferencia bancaria en dólares. El sistema de envío de dinero interbancario estadounidense Zelle es muy popular en Venezuela.
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Operación “silenciosa”
El mercado negro surgió en Venezuela a la sombra de un férreo control de cambio que estuvo vigente por 15 años. Las autoridades detuvieron en 2016 al dueño de una página web que cotizaba el dólar negro y más detenciones siguieron en años posteriores. El ministro del Interior, el poderoso Diosdado Cabello, explicó el pasado 28 de mayo que una investigación “silenciosa” llevó a los arrestos de esta veintena de supuestos responsables de fijar el paralelo en portales de internet ahora desaparecidos.
El dueño de una plataforma de criptomonedas, que servía también de referencia para el dólar, publicó un video para anunciar el cese de operaciones y expresar que estaba “arrepentido”. Aseguró que “de ninguna forma” buscó “promover la especulación sobre el dólar paralelo”. La brecha “no va a desaparecer de la noche a la mañana”, explicó Aaron Olmos, economista de la prestigiosa escuela de negocios IESA. “Puede tender a minorarse” tras los arrestos, pero “los comercios y las personas van a buscar una forma alternativa”.
“Dólar criminal”
La brecha cambiaria abre la puerta a más inflación, frecuente fantasma en la economía de Venezuela. Maduro culpaba al “dólar criminal” de la profunda crisis, que registró siete años de recesión y cuatro de hiperinflación. Fue la misma moneda que luego calificó de “válvula de escape” a la cruda realidad agravada con las sanciones al petróleo.
En marzo, cuando se expandía la brecha, arremetió de nuevo contra el “dólar de guerra”, un “viejo enemigo de la economía venezolana”. “El intento de controlar referencias cambiarias eliminando páginas (...) no corrige ni la escasez ni las expectativas”, dijo el economista Luis Vicente León. El cese de las intervenciones del BCV “ha permitido aumentar reservas, pero al mismo tiempo ha contribuido a una mayor devaluación del bolívar”.
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Fiscalía acusó por contrabando a exsenador argentino
El fiscal Ysrael Villalba Ramírez presentó acusación contra el exsenador argentino, Edgardo Darío Kuieder y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, por el hecho punible de contrabando. Esto, al no justificar la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos que intentaron ingresar a Paraguay. El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se eleve a juicio oral y público.
El hecho ocurrió el 4 de diciembre del 2024, a la 01:30. Personal de la Armada Paraguaya, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional realizaron una intervención en la zona primaria de la Aduana del Puente de la Amistad donde se pudo detectar.
Durante el procedimiento fue incautado un vehículo Chevrolet con matrícula argentina, en cuyo interior se hallaron importantes sumas de dinero en efectivo que no fueron declaradas conforme a las exigencias legales.
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De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
Ahora el juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la acusación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, donde se tendrá que definir si el presente caso se eleva o no a un juicio oral y público.
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Joven imputada por caso de María Fernanda se expone a 30 años de cárcel
El agente fiscal Fermín Segovia, quien imputó a la joven de 19 años de edad, Mikahella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, por incitación a cometer hechos punibles, omisión de dar aviso de un hecho punible, asociación criminal, apología del delito y feminicidio en carácter de instigadora, explicó que la misma se expone a una pena privativa de libertad de 30 años de cárcel de acuerdo a la normativa legal vigente.
Segovia señaló que “en el marco penal aplicable para el caso de feminicidio la expectativa de la pena es de hasta 30 años. La caratula atribuida por la fiscal titular que lleva el caso es la de instigación a cometer hechos punibles y grado de complicidad en feminicidio”, indicó.
Agregó que “la joven tiene 19 años y ya es mayor de edad, en consecuencia se aplica la ley plena, eso significa que es la máxima de 30 años de pena privativa de libertad.
Por su parte, el representante del Ministerio Público sostuvo que la defensa de la joven imputada, ha solicitado el arresto domiciliario y en caso de negarse eso, pidieron que la prisión preventiva sea en un régimen de penitenciaría como la protección y la seguridad de la persona.
“La investigación recién se ha iniciado, hay muchas aristas que deben ser confirmadas, hay datos que se están recabando y que podrían posibilitar otros tipos de procedimientos, hay que aclarar que estamos ingresando en la fase técnica, el uso de la tecnologías para ubicar lugares donde han asistido, por ejemplo, como también con quién se han comunicado, de manera a saber si hay otras personas que tuvieron relación con el hecho”, manifestó el fiscal Segovia.
Sostuvo que “se puede mencionar que de la farmacia se ha incautado muestra de medicamentos, algunos utilizados que van a ser remitidos a Medicina Forense para determinar la legalidad o no de la existencia en ese lugar y por otra parte, la habilitación que es una cuestión administrativa que intervendría el Ministerio de Salud”, manifestó el fiscal Fermín Segovia.
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