Condenan a 4 años y 6 meses de cárcel a exintendente de Mariscal Estigarribia
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Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Elsa García, Adriana Planás y Mathías Garcete, condenó a 4 años y 6 meses de cárcel luego de ser encontrado culpable por el delito de lesión de confianza al exintendente de Mariscal Estigarribia, Chaco, Eladio Alcaraz.
El colegiado sostuvo que la conducta de Alcaraz fue grave y dolosa debido a que el perjuicio ocasionado fue de los fondos del Fonacide, que debían ser destinados para el desarrollo del niño y del adolescente de la zona de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, un tribunal de apelación tendrá que resolver si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
Según la acusación por lesión de confianza, el exjefe comunal habría causado un perjuicio patrimonial de G. 1.054 millones durante su gestión al frente del Municipio. El exintendente omitió presentar la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2013 ante la Junta Municipal y también a la Contraloría General de la República.
Asimismo, la Fiscalía sostuvo que se habría elaborado documentación en blanco para justificar las erogaciones, como contratos, realización de obras y mejoras en instituciones educativas de comunidades indígenas en las que no se realizaron.
El Tribunal de Apelación Penal confirmó la prisión preventiva del fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, imputado por los supuestos hechos de abuso sexual. Foto: Gentileza
Ratifican prisión para fisioterapeuta imputado por abuso sexual en niños con discapacidad
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El Tribunal de Apelación Penal confirmó la prisión preventiva del fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, imputado por los supuestos hechos de abuso sexual de tres niños con discapacidad motriz y del habla. Los camaristas consideraron que persisten los peligros de fuga y de obstrucción a la investigación.
Capello cumple prisión preventiva desde el 8 de setiembre, en el marco de la causa por supuestos hechos de abuso sexual en personas indefensas y abuso sexual en niños. Los hechos investigados habrían ocurrido en el centro de rehabilitación “A Pasitos”, de Asunción, donde el fisioterapeuta prestaba servicios.
Los camaristas mencionaron que, por la etapa procesal en la que se encuentra la causa, existe la posibilidad de que el imputado, estando en libertad, destruya, modifique u oculte elementos de prueba. Además, aún está pendiente la recolección de elementos de cargo y descargo que podrían ser utilizados en etapas posteriores del proceso.
Igualmente, el tribunal de alzada sostuvo que no están dadas las condiciones para sustituir la prisión preventiva, atendiendo a la gravedad del hecho punible investigado y a las circunstancias de la causa. Respecto a los documentos presentados por la defensa —entre ellos certificados, constancias y documentación de inmuebles y vehículos ofrecidos como caución real—, el fallo señaló que estos no cuentan con la entidad ni la fuerza jurídica necesaria para enervar el peligro de fuga o el de obstrucción.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento para anunciar una demanda que impugna la nueva norma federal sobre la "carga pública", la cual podría dificultar que los inmigrantes obtengan la residencia permanente (tarjeta verde) si dependen de beneficios públicos. Foto: AFP
Un tribunal de apelaciones de EE. UU. frena las deportaciones a terceros países
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Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó en parte el viernes un fallo de una instancia inferior que restringe una política del gobierno de Donald Trump de deportar a migrantes indocumentados a países que no son los suyos.
El panel de tres jueces señaló que las personas que enfrentan deportaciones a un “tercer país” deben recibir un aviso efectivo con la debida antelación sobre el lugar al que serán enviadas, para que puedan plantear preocupaciones sobre una posible persecución.
El Congreso ha establecido como política de Estados Unidos no deportar a personas a países donde sus vidas correrían peligro o donde podrían ser sometidas a tortura.
“El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel unánime de este tribunal de apelaciones.
La política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “negaría acceso a esa protección a una amplia franja de no ciudadanos que son enviados a terceros países sin aviso de su destino”, señaló el juez.
Las deportaciones forman parte de la controvertida campaña de combate a la inmigración ilegal del presidente Donald Trump. Centenares de migrantes hispanos han sido deportados a países africanos.
Se espera que el gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
Donald Trump hizo campaña para la presidencia prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos y ha tomado una serie de medidas destinadas a acelerar las deportaciones desde su regreso a la Casa Blanca.
El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, ya que los países de origen de algunas de las personas que están sujetas a expulsión a veces se niegan a aceptarlas.
El MOPC avanza con la integración del Chaco paraguayo con obras viales en la Ruta PY15
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El tramo Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo de la ruta PY15 avanzó a la fase de pavimentación en su Lote 4, impulsando la conectividad de la región Occidental. Las obras abarcan 52 kilómetros, desde el km 270 hasta el km 322.
El proyecto permitirá mejorar el tránsito de cargas y fortalecer la integración logística y económica de la zona fronteriza, considerada estratégica para el desarrollo del Chaco paraguayo.
Las acciones forman parte del Corredor Bioceánico Tramo 3, supervisado por el MOPC y ejecutado en esta sección por el Consorcio TCR. Foto: Gentileza.
Las acciones forman parte del Corredor Bioceánico Tramo 3, supervisado por el MOPC y ejecutado en esta sección por el Consorcio TCR. El proyecto contempla más de 220 kilómetros divididos en cuatro lotes y busca consolidar la conexión del Chaco con los puertos de los océanos Atlántico y Pacífico.
Capacitaciones del Mades
En paralelo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) desarrolló jornadas de capacitación técnico-productivas dirigidas a 45 familias de Pozo Hondo, con el objetivo de fortalecer la economía local.
El Mades desarrolló jornadas de capacitación técnico-productivas dirigidas a 45 familias de Pozo Hondo. Foto: Gentileza.
Los talleres abordaron producción avícola, apicultura y organización comunitaria, además de promover la soberanía alimentaria, la generación de excedentes comercializables y una mayor participación de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas.
Condenan a 18 años de cárcel a profesor de taekwondo por abuso sexual
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Un Tribunal de Sentencia condenó a un hombre a 18 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, registrado en la ciudad de Altos. La agente fiscal Mayra Palacios, de la Unidad Zonal de Emboscada, fue quien representó al Ministerio Público en el juicio oral y público.
La representante del Ministerio Público logró probar la responsabilidad penal del acusado a través de diversos elementos probatorios expuestos ante el Tribunal de Sentencia que, de forma unánime, resolvió dictar la condena.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, los abusos se registraron el 3 de mayo de 2025, a las 20:00, aproximadamente. La víctima, de 13 años, fue llevada desde su domicilio por su profesor de taekwondo con la excusa de comprar hamburguesas; sin embargo, fue trasladada hasta una zona boscosa en inmediaciones de un camino vecinal, donde el hoy condenado cometió el hecho en el interior de su vehículo para luego llevarla nuevamente a su vivienda.
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la magistrada Liliana Ruiz Díaz Guerrero e integrado por las juezas Ángela Carolina Jara Vallejos y Cristel Sandrina Müller de Peralta. El colegiado sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado por el grave hecho sucedido, por lo que la pena que corresponde es la de 18 años de cárcel.