Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Elsa García, Adriana Planás y Mathías Garcete, condenó a 4 años y 6 meses de cárcel luego de ser encontrado culpable por el delito de lesión de confianza al exintendente de Mariscal Estigarribia, Chaco, Eladio Alcaraz.
El colegiado sostuvo que la conducta de Alcaraz fue grave y dolosa debido a que el perjuicio ocasionado fue de los fondos del Fonacide, que debían ser destinados para el desarrollo del niño y del adolescente de la zona de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, un tribunal de apelación tendrá que resolver si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
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Según la acusación por lesión de confianza, el exjefe comunal habría causado un perjuicio patrimonial de G. 1.054 millones durante su gestión al frente del Municipio. El exintendente omitió presentar la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2013 ante la Junta Municipal y también a la Contraloría General de la República.
Asimismo, la Fiscalía sostuvo que se habría elaborado documentación en blanco para justificar las erogaciones, como contratos, realización de obras y mejoras en instituciones educativas de comunidades indígenas en las que no se realizaron.
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Juzgado cita a Prieto en marzo para saber si va o no a juicio oral en caso Tajy
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, convoca al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, a audiencia preliminar para los días 4 y 5 de marzo en el marco del caso conocido como Tajy. El líder del Partido Yo Creo se encuentra imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio.
El juzgado de garantías resolverá en la audiencia si eleva o no la causa a juicio oral y público. La citación para llevar adelante la diligencia es bajo apercibimiento de aplicar sanciones, teniendo en cuenta que la audiencia fue suspendida en varias ocasiones debido a recusaciones y otros planteamientos que luego fueron rechazados.
El Ministerio Público refiere que el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy, por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
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“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, señala la acusación del órgano extrapoder.
Otros acusados
También se encuentran acusados Sebastián Martínez Insfrán, Sabino Peralta Martínez, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Richard Emanuel Ayala Ávalos.
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Ratifican condena por tortura contra Walter Bower y otras dos personas
El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 15 años de cárcel para Walter Bower, exminstro del Interior, sentenciado por tortura. Igualmente se confirmó la sentencia de 12 años de cárcel para Merardo Palacios y 6 años de Osvaldo Vera. Todos fueron sentenciados por hechos de tortura ante el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi.
Los camaristas que confirmaron el fallo judicial son Paublino Escobar, Jesús María Riera Manzoni y Lourdes Cardozo. Los mismos rechazaron que el juicio fuera nulo por las interrupciones y recesos, señalando que las pausas se debieron principalmente a incidentes y recusaciones planteadas por las propias defensas, y que no se demostró un perjuicio real al derecho de defensa.
Ahora la defensa de los condenados puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, los integrantes de la máxima instancia judicial deberán definir si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
Antecedentes
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno.
La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.
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Tribunal de Sentencia condenó a tres expolicías stronistas a 20 y 25 años de cárcel
Un Tribunal de Sentencia condenó a 20 y 25 años de cárcel a tres expolicías stronistas, todos adultos mayores luego de ser encontrado culpable por tortura cuya víctima fue Domingo Guzmán Rolón quien ya falleció en el 2024. La resolución se dio 50 años después de haber sucedido el hecho.
Los condenados a 25 años de cárcel son Eusebio Torres, Fortunanto Laspina y a 20 años de cárcel fue sentenciado Manuel Alcaraz. Los jueces decidieron ordenar el arresto domiciliario. Los jueces que condenaron a los tres acusados son Fabián Escobar, Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza.
La sentencia se registró casi 50 años después, cuya víctima fue el dirigente Domingo Guzmán Rolón Centurión, quien sufrió tortura en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, entre 1976 y 1978. Cumplirán arresto domiciliario.
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El Tribunal de Sentencia consideró probado que los tres condenados participaron de una serie de torturas que recibió Rolón. La víctima, que murió en el año 2024, sufrió torturas con garrote, látigo y otros objetos durante su detención.
Los jueces señalaron que valoraron cada una de las pruebas documentales, testificales, de informes, “pruebas que van a servir de base para el dictado de la sentencia in extenso en formato papel que va a estar disponible el próximo jueves 19 de febrero”.
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Adultos mayores denuncian desalojo irregular y aguardan sentencia del Tribunal en Villa Hayes
Dos adultos mayores siguen reclamando justicia tras el desalojo de una propiedad rural de 9 hectáreas, en el departamento de Presidente Hayes, que según consideran, les fue arrebatada mediante un presunto engaño familiar.
La propiedad está ubicada sobre la ruta Transchaco, en Costa Guazú, km. 35, distrito de Benjamín Aceval.
Los denunciantes que fueron desalojados son: Alicia Ramona Amarilla Vda. de García y su primo Fermín Mario Amarilla, quienes acompañados por su representante legal, el abogado Hugo Britos acudieron nuevamente a la sede judicial para dar seguimiento a la causa N° 008/2023, actualmente en estudio ante un Tribunal de Apelación.
INTEGRADO SETIEMBRE DE 2024
El caso es analizado por un Tribunal compuesto por los magistrados: César Eduardo Rojas, Víctor Hugo Rorzewsky, y Víctor Ilich.
El colegiado fue integrado formalmente el 27 de setiembre de 2024, y desde entonces los afectados aguardan una resolución definitiva.
De acuerdo con el abogado Britos, el tribunal debe pronunciarse sobre la legalidad de la medida cautelar que permitió el ingreso a la propiedad y el posterior desalojo.
“Estamos esperando que el Tribunal dicte sentencia. Confiamos en que se resolverá conforme a derecho”, expresó el profesional.
CONFLICTO FAMILIAR
Según el relato de la señora Alicia, el conflicto se inició hace aproximadamente ocho años, cuando habría firmado documentos que —según afirma— no le fueron debidamente explicados. Alega que creyó estar firmando papeles relacionados con gestiones bancarias, y no una transferencia de dominio.
En el expediente se menciona la presunta participación de su hija, Delia García, a quien los denunciantes atribuyen la operación que derivó en la pérdida del inmueble.
El abogado defensor sostiene que la propiedad habría sido transferida por un monto que considera desproporcionado respecto al valor real del mercado en la zona del Chaco.
DESALOJO
Hace aproximadamente seis meses se ejecutó un procedimiento de desalojo que, según los denunciantes, se realizó en circunstancias confusas y con presencia del abogado Hermes López Turlán, señalado como supuesto nuevo propietario.
Familiares de la afectada calificaron el operativo como violento y humillante, afirmando que la mujer fue retirada del inmueble donde residió durante décadas.
EXTREMA PRECARIEDAD
Actualmente, la señora Alicia vive en casa de familiares, en condiciones que describen como de extrema precariedad. Los afectados señalan que la situación económica y emocional se agravó tras el desalojo.
Además, denuncian que los animales de producción que formaban parte de la finca quedaron sin manejo adecuado, lo que compromete su sustento.
“Ella no quiere perjudicar a nadie, solo quiere volver a su casa”, reiteró el abogado Britos.
URGENCIA DE SENTENCIA
Los familiares solicitan que el Tribunal dicte sentencia con carácter urgente, atendiendo la edad avanzada de la afectada y la situación vulnerable en la que se encuentra.
Mientras el expediente avanza en instancia de revisión, la causa N° 008/2023 se convierte en un caso que pone en debate aspectos sensibles como la protección patrimonial de adultos mayores, la validez de actos jurídicos cuestionados y la celeridad procesal en situaciones de vulnerabilidad.
La resolución del Tribunal será determinante para definir si la señora Alicia podrá retornar a la propiedad que afirma haber habitado durante más de cuatro décadas.
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