La jueza de Paz, Liliana González de Bristot, suspendida en sus funciones por la propia Corte Suprema de Justicia, presentó este jueves su renuncia al cargo de magistrada de Paz del distrito de San Roque, jurisdicción de capital. La magistrada fue suspendida sin goce de sueldo y enjuiciada por su presunta implicancia en la mafia de los pagarés.
El escrito fue presentado por el abogado Mario Elizeche e indica que se trata de una renuncia indeclinable de la magistratura, para acogerse a los beneficios de la jubilación.
Te puede interesar: César Garay, electo presidente del JEM por unanimidad
Ahora el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que estudiar si corresponde rechazar la renuncia y que culmine la investigación por mal desempeño en sus funciones que se inició contra la jueza González de Bristot. En caso de que la máxima instancia acepte la renuncia de la criticada, dejaría un antecedente negativo por la gravedad del caso de la mafia de los pagarés.
El ministro de la Corte, Manuel Ramírez, integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue quien pidió el enjuiciamiento de la criticada jueza de Paz sosteniendo que la misma incurrió en mal desempeño en sus funciones al haber dictado resoluciones judiciales sin número ni mucho menos fecha.
Otra irregularidad fue que la jueza también tramitó juicios ejecutivos sin contar con el documento obligacional y a su vez ha firmado resoluciones en fechas inhábiles.
Dejanos tu comentario
Juzgado de Paz de Luque es el primero en tener el Expediente Judicial Electrónico
El Juzgado de Paz de Luque se convirtió en el primero del departamento Central en implementar el Expediente Judicial Electrónico, en el marco del proceso de transformación digital impulsado por la Corte Suprema de Justicia para agilizar la tramitación de las causas y fortalecer la transparencia del servicio judicial.
El acto fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera; y el ministro Eugenio Jiménez Rolón, superintendentes de la Circunscripción Judicial de Central.
Con esta implementación, el Juzgado de Paz de Luque inicia la gestión electrónica de sus actuaciones en un despacho que actualmente administra alrededor de 12.400 expedientes activos, uno de los mayores volúmenes de causas del país, con una importante carga de procesos relacionados con violencia doméstica.
Como parte de la puesta en funcionamiento del sistema, la jueza de Paz de Luque, Karin Leite Zaracho, realizó la firma digital de dos expedientes, oficializando el inicio de las actuaciones electrónicas. Asimismo, informó que continúa el proceso de vinculación de profesionales abogados y usuarios para la utilización de la plataforma.
Durante el acto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia señaló que esta implementación responde a una política institucional sostenida de modernización del servicio judicial. “Es la prueba más eficiente de que queremos que los procesos judiciales sean tramitados de manera transparente y facilitar el trabajo de los abogados, para que puedan litigar desde cualquier parte del mundo, cualquier día y a cualquier hora”, enfatizó. Asimismo, reafirmó la continuidad del proceso de digitalización.
Asimismo, el ministro Eugenio Jiménez Rolón expresó que la incorporación del Expediente Judicial Electrónico constituye “un paso trascendente para responder a las necesidades de todos, fundamentalmente del destinatario final de nuestros esfuerzos: la ciudadanía”.
Seguidamente, la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central, doctora María Teresa González de Daniel, reiteró que el Juzgado de Paz de Luque es el primero del departamento en incorporar esta herramienta y recordó que se trata del despacho con el mayor ingreso de causas del país, especialmente en materia de violencia doméstica.
Podes leer: Detienen a venezolano que habría vaciado la cuenta bancaria de una diputada
Dejanos tu comentario
Defensor general acompañó a víctimas para interiorizarse sobre el estado de sus expedientes
El defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, junto a un equipo de defensores públicos, acompañó a un grupo de víctimas al Juzgado de Paz de La Encarnación para conocer el estado de sus expedientes y promover una tramitación más ágil y oportuna.
Durante la jornada, la magistrada recibió a las personas afectadas, quienes estuvieron acompañadas por la coordinadora de su grupo. La jueza escuchó sus inquietudes y manifestó su compromiso de impulsar una gestión orientada a brindar respuestas rápidas.
Posteriormente, el coordinador de la Defensa Pública Civil de Capital, defensor público Pablo Constantini, y la vicecoordinadora, defensora pública Leyla Centurión, asistieron a las víctimas en las gestiones realizadas ante la sede judicial, brindándoles orientación durante el seguimiento de sus casos.
En ese contexto, también se expuso la necesidad de fortalecer los recursos materiales del juzgado, considerando que las carencias actuales inciden directamente en la celeridad de los procesos.
Podes leer: Fiscalía imputa a padres del niño fallecido en una carrera de caballo en Caaguazú
Dejanos tu comentario
Mucho más que un simple tratado de límites
- Embajador Carlos José Fleitas
- Foto: Gentileza
En los próximos días se cumplirán 88 años de aquel 21 de julio de 1938, fecha en la cual se suscribió el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre el Paraguay y Bolivia. Este hecho marca un acontecimiento fundamental de nuestra historia, pues puso fin a tres años de conflicto armado y a igual tiempo de discusiones limítrofes entre dos países hermanos. Sin embargo, aquel tratado representó mucho más que un acuerdo de delimitación territorial o cese de hostilidades. Constituyó el inicio de una nueva etapa caracterizada por la diplomacia y el trabajo técnico permanente para defensa y consolidación del territorio nacional.
Este 21 de julio de 2026 es la ocasión propicia para reflexionar y hacer un análisis sobre el proceso histórico que atravesó el Paraguay en la definición de sus fronteras en el Chaco, un recorrido que abarcó casi cuatro siglos de antecedentes coloniales, controversias diplomáticas, negociaciones internacionales, conflictos armados, pérdida de vidas y complejas tareas de demarcación que duraron 87 años.
La cuestión de límites entre Paraguay y Bolivia no fue un hecho aislado, sino una consecuencia de la configuración territorial heredada de las antiguas colonias españolas en América. La ausencia de delimitaciones claras durante la época colonial, que dio origen a discusiones diplomáticas que evolucionaron hasta convertirse en una conflagración bélica que buscó dirimir el conflicto de dos Estados vecinos y hermanos, sobre la titularidad del Chaco Boreal.
Entre los antecedentes más remotos se puede citar el diferendo suscitado entre el conquistador español Ñuflo de Chávez y Andrés Manso en 1560, con la creación de Mojos o Chiquitos, independiente de las gobernaciones del Paraguay y del Perú, aunque sin delimitación precisa. No obstante, durante el periodo colonial distintos gobernadores ilustraron con claridad los límites entre las Provincias del Alto Perú y del Paraguay.
Con la emancipación política del Paraguay en mayo de 1811 y la de las provincias del Alto Perú en 1825 (que dio origen a la República de Bolivia), ambas personas jurídicas de derecho internacional heredaron los territorios que tenían durante la colonia, conforme al principio jurídico del uti possidetis. De esta manera, los límites eran los que la Provincia del Paraguay poseía con la de Santa Cruz de la Sierra y Chiquitos, separados por el semidesértico territorio del Chaco, es decir, la Cordillera de los Chiriguanos y el río Parapití. Por otra parte, Bolivia reivindicaba la jurisdicción de la Audiencia de Charcas. También merece destacarse que Bolivia fue el primer país limítrofe en reconocer nuestra independencia, el 17 de junio de 1843.
Luego de la firma del Tratado Guido-Vázquez en 1852 entre la República del Paraguay y la Confederación Argentina, dado que dicho tratado reconocía al Paraguay la soberanía “de costa a costa” sobre el río homónimo hasta su confluencia con el Paraná, circunstancia que motivó la protesta formal del encargado de Negocios de Bolivia dando inicio al reclamo de ese país sobre el Chaco. Esta reclamación fue posteriormente sostenida ante los países signatarios del Tratado de la Triple Alianza.
Tras la derrota sufrida en la Guerra del Pacífico y la pérdida de su litoral marítimo, Bolivia orientó sus esfuerzos hacia la obtención de una salida a través del río Paraguay. Ante el fracaso de diversas gestiones indirectas, decidió entablar negociaciones con el Paraguay sobre la cuestión del Chaco. A ese efecto, en 1879, fue comisionado a Asunción en carácter de ministro plenipotenciario el Dr. Antonio Quijarro, quien, sin hacer ninguna exposición de títulos que sustenten las pretensiones bolivianas adujo conveniencias económicas para el Paraguay la celebración de un tratado de límites. Como resultado de dichas negociaciones se suscribió el Tratado Decoud-Quijarro (1879), primer acuerdo fronterizo celebrado entre ambos países tras la Guerra de la Triple Alianza. No obstante, el instrumento nunca llegó a ser ratificado.
Lejos de abandonar sus aspiraciones, Bolivia designó al Dr. Isaac Tamayo para negociar un nuevo tratado. El Paraguay accedió a reiniciar las conversaciones diplomáticas y el 16 de febrero de 1887 se firmó el Tratado Aceval-Tamayo, nuevamente, sin tener en cuenta que ello le significaba la pérdida de un territorio. Sin embargo, al igual que su predecesor, este tratado tampoco fue ratificado.
En 1891, el Gobierno boliviano acreditó al señor Mariano Baptista y su propuesta consistía en retomar alguno de los tratados previamente suscritos –el Decoud-Quijarro de 1879 o el Aceval-Tamayo de 1887– o, en su defecto, someter la controversia a una decisión arbitral. No obstante, las conversaciones fueron postergadas.
Tres años después, en 1894, fue acreditado como nuevo ministro plenipotenciario de Bolivia en Asunción el doctor Telmo Ichazo. Quien, tras un prolongado intercambio diplomático y convencido de la imposibilidad de obtener la ratificación de los tratados de 1879 y 1887, suscribió un protocolo mediante el cual ambas partes declaraban la caducidad de los mismos.
Sin embargo, las negociaciones no concluyeron allí. Gracias a la activa mediación del encargado de negocios de la República Oriental del Uruguay, Adolfo Basáñez, quien actuó como mediador neutral a solicitud de Bolivia, las partes retomaron el diálogo en un clima de conciliación. Como resultado, el 23 de noviembre de 1894 se firmó el Tratado Benítez-Ichazo, que invocando el sentimiento de confraternidad proponía dividir el Chaco con una línea diagonal que comenzaba tres leguas al norte de Fuerte Olimpo, sobre la ribera del río Paraguay, y descendía hasta interceptar el río Pilcomayo.
FASE MILITAR
o a los 61° 28’ de longitud oeste. Otorgando Bolivia más de dos tercios del territorio disputado.
A comienzos del siglo XX, la controversia por el Chaco dejó de caracterizarse exclusivamente por la discusión diplomática, documental y jurídica para incorporar un componente militar cada vez más evidente. A partir de 1905, Bolivia inició una política sistemática de ocupación del territorio mediante el establecimiento de fortines militares, primero de manera discreta y posteriormente en forma abierta. Esta estrategia se evidenció con la fundación de fortines a lo largo del Pilcomayo, como, por ejemplo: Ballivián y Guachalla hasta llegar a Muñoz en la zona del Estero Patiño.
La situación adquirió mayor gravedad luego de la firma del Protocolo Soler-Pinilla, de 1907, que establecía una línea de statu quo y comprometía expresamente a ambos Estados a mantener las posiciones territoriales existentes. Pese a dicho compromiso, Bolivia continuó ampliando su presencia militar mediante la creación de nuevos fortines, entre ellos Linares, Magariño, Esteros, Saavedra, Sorpresa, Tinfunque y Arce, entre otros.
Ante esta amenaza, el Paraguay empezó a esbozar un plan militar para resguardar sus derechos. Impulsó un proceso de reorganización de su ejército y emprendió la adquisición de armamentos en Europa. Se presagiaba en el horizonte el inminente estallido de la guerra.
En 1927, un nuevo incidente agravó la situación. La muerte del Tte. Rojas Silva motivó la firma del Protocolo Díaz León- Gutiérrez por el que Paraguay y Bolivia aceptaron los buenos oficios del Gobierno argentino para procurar una salida pacífica, sin modificar los acuerdos anteriores. En ese contexto, se desarrolló la Conferencia de Buenos Aires de 1927- 1928 y, posteriormente tras el suceso del Fortín Vanguardia, la Conferencia de Washington. Ambas iniciativas diplomáticas lograron evitar momentáneamente el conflicto armado eminente.
LA GUERRA
Lamentablemente, estos esfuerzos resultaron insuficientes. Finalmente, el 15 de junio de 1932 estalló la Guerra del Chaco con el ataque boliviano al Fortín Paraguayo Carlos Antonio López.
Tras tres años de sangriento conflicto bélico, el 12 de junio de 1935 se suscribió en la ciudad de Buenos Aires el Protocolo de Paz, conocido como protocolo Riart-Eliot, en él se acordó el cese definitivo de las hostilidades entre Paraguay y Bolivia. En lo referente a límites el artículo 1, punto 3.º, estableció la obligación de resolver los diferendos por acuerdo directo o, en caso de fracasar, someterlos al arbitraje de derecho, designando como árbitro a la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Haya.
Las delegaciones de ambos países iniciaron un complejo proceso de negociaciones diplomáticas que se extendió durante los años 1936 y 1937. A pesar de los numerosos encuentros y de las diversas propuestas formuladas por las partes, no fue posible alcanzar una solución. Ante el estancamiento de las conversaciones, las negociaciones fueron retomadas en 1938.
Durante las sesiones, tanto Paraguay como Bolivia presentaron proyectos de delimitación que fueron sucesivamente rechazados por la contraparte, manteniéndose las posiciones iniciales sin posibilidades de consenso. La Comisión de Neutrales presentó, en junio de 1938, una nueva propuesta destinada a destrabar las negociaciones. La fórmula consistía en establecer una línea intermedia y someter la porción restante del territorio en disputa a un arbitraje de equidad. Esta iniciativa fue aceptada por ambas delegaciones, como base para alcanzar un acuerdo.
La aceptación de esta fórmula implicó una decisión de gran trascendencia política y jurídica para el Paraguay. Hasta ese momento, la posición oficial había sostenido que la cuestión se circunscribía a una simple delimitación de una frontera preexistente, basada en títulos históricos claros e indiscutibles. Sin embargo, al admitir una solución negociada complementada con un arbitraje de equidad, el Paraguay aceptó la posibilidad de una distribución del territorio en litigio, privilegiando una salida pacífica al largo conflicto existente.
En definitiva, el 21 de julio de 1938 se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites, entre Paraguay y Bolivia, poniendo término a una controversia diplomática iniciada décadas atrás y cerrando uno de los capítulos más complejos de la historia territorial de ambos países. El tratado estableció, en su artículo 2.°, que la delimitación definitiva de una parte del territorio sería determinada mediante un laudo arbitral de equidad, disponiendo expresamente que los árbitros actuarían ex aequo et bono, es decir, resolviendo conforme a criterios de justicia y equidad antes que por la estricta aplicación del derecho positivo.
Al firmar el tratado Paraguay ocupaba 264.150 km² aproximadamente de la región en disputa. No obstante, el acuerdo reconoció definitivamente al Paraguay una superficie cercana a 232.650 km², mientras que una franja aproximada de 41.500 km² quedó sometida a la decisión del tribunal arbitral. El 10 de octubre de 1938, el Colegio Arbitral dictó su laudo definitivo, estableciendo que la línea fronteriza debía extenderse desde el lugar denominado Esmeralda, sobre el río Pilcomayo, hasta la desembocadura del río Negro u Otuquis, fijando así el trazado de una parte sustancial de la frontera entre ambos Estados.
Con el objetivo de ejecutar las disposiciones del tratado y materializar la delimitación acordada, el 25 de noviembre de 1938 se constituyó la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, organismo técnico binacional encargado de trasladar las disposiciones jurídicas a la realidad geográfica mediante la colocación de hitos y la determinación precisa de la línea internacional. Inició su labor en 1939, la colocación del primer hito denominado “Esmeralda” se realizó el 10 de octubre de 1940 siendo el delegado demarcador paraguayo el capitán José Bozzano y por Bolivia el general Abelardo Prieto.
Los primeros delegados demarcadores que representaron a nuestro país que lo representaron en las reuniones de la Comisión Demarcadora fueron el teniente coronel Abdón Palacios y el teniente 1.° de Marina Néstor Rodríguez Bordas. Por parte Bolivia fueron el coronel Abelardo Prieto y el mayor Walter Salinas.
EL TRATADO
La entrega material de los territorios adjudicados a cada Estado se llevó a cabo mediante una ceremonia oficial el 28 de diciembre de 1938, en la ciudad de Villa Montes, Bolivia, acto que simbolizó el cumplimiento efectivo de las disposiciones adoptadas en el Tratado de Paz.
En el Paraguay, si bien se había realizado un plebiscito donde la ciudadanía expresó su respaldo, este carecía de efectos jurídicos vinculantes. Por tal motivo, el 16 de febrero de 1939, el Congreso Nacional aprobó formalmente el tratado, que fue promulgado mediante la Ley n.º 61, otorgándole plena validez dentro del ordenamiento jurídico y cerrando cualquier cuestionamiento respecto de su legitimidad.
La firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938 no significó el fin de los desafíos vinculados con la delimitación fronteriza. Por el contrario, dio inicio a una extensa etapa de trabajo técnico sobre el terreno, destinada a materializar las disposiciones del tratado y del laudo arbitral mediante la ubicación precisa de hitos, la apertura de picadas y la verificación permanente de la línea internacional. Esto exigió décadas de arduo trabajo técnico de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. El desafío apenas comenzaba y que duraría 87 años, culminando de manera efectiva en diciembre de 2025, durante la gestión del actual gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña.
Fue precisamente el desarrollo de estas labores de demarcación que permitió identificar una discrepancia que, años más tarde, daría origen a una nueva controversia: el arbitraje sobre el cerro Chovoreca. El 23 de mayo de 1967, durante una reunión plenaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites celebrada en Buenos Aires, surgió un desacuerdo respecto de la ubicación del Vértice VIII, conocido como cerro Chovoreca. La delegación boliviana sostenía que dicho accidente geográfico no existía y defendía la validez del hito ya emplazado conforme a las coordenadas consignadas en el plano del laudo arbitral de 1938. Por su parte, la delegación paraguaya afirmaba la existencia física del cerro y sostenía que el hito colocado carecía de validez debido a vicios tanto de forma como de fondo en el acta de erección.
Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso, las partes acordaron someter la cuestión a la decisión del presidente de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, el general de brigada ingeniero Gonzalo Gómez, quien asumió la responsabilidad de resolver la controversia mediante un análisis estrictamente técnico. Tras la realización de los estudios topográficos, cartográficos y geodésicos correspondientes, el 11 de julio de 1969 se dictó un fallo definitivo e inapelable que estableció que el Vértice VIII debía ubicarse en el punto más elevado del cerro Chovoreca, identificado en la cota de 254,72 metros sobre el nivel del mar, con esta decisión el Paraguay ganaba aproximadamente 800 kilómetros de superficie en disputa.
Décadas más tarde, ambos países reafirmaron su compromiso con el cumplimiento integral del tratado, con la suscripción de nuevos instrumentos jurídicos orientados al manteniendo de la frontera. El 24 de abril de 2009 se firmó el Acta Final sobre la ejecución y el cumplimiento del Tratado de Paz, Amistad y Límites del 21 de julio de 1938. Posteriormente, el 12 de junio del mismo año, a 74 años del cese de hostilidades, se firmó el Protocolo Adicional al Tratado de Paz, Amistad y Límites, aprobado por Ley n.° 4176/2010, que estableció una nueva Comisión Mixta Demarcadora de Límites con las funciones de construcción, control y mantenimiento de hitos, así como la apertura y conservación de picadas.
La cooperación bilateral se profundizó aún más con la firma de las Notas Reversales del 30 de mayo de 2011, mediante las cuales ambos gobiernos acordaron establecer, a lo largo de toda la frontera terrestre, una franja de 50 metros de ancho destinada exclusivamente al libre tránsito para las tareas de vigilancia, mantenimiento y conservación de los hitos limítrofes. Estas áreas, conocidas como fajas de seguridad territorial o fajas non aedificandi, constituyen espacios donde no pueden realizarse construcciones permanentes, garantizando la adecuada visibilidad y preservación de la línea fronteriza.
Finalmente, en diciembre del año 2025 con la realización de los trabajos de batimetría del río Negro, quedaron concluidas las labores técnicas necesarias para la demarcación integral de la frontera entre la República del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia, culminando un proceso iniciado formalmente con la firma del Tratado de Paz de 1938.
Dejanos tu comentario
Jueza rechaza restitución internacional y niña localizada en Argentina seguirá con su madre
La jueza de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, Natalia Ortellado, rechazó restituir a la niña de dos años —localizada en Resistencia, Argentina— a su padre, quien había iniciado un juicio de restitución internacional en el citado fuero buscando que la menor fuera trasladada a Chile. Con esta determinación judicial, la niña seguirá bajo el cuidado de su madre.
La representante legal del padre, quien hoy está imputado en nuestro país por desacato a una orden judicial y violación del deber de cuidado, puede apelar el fallo. En caso de ser así, un tribunal de apelación del fuero de la Niñez y la Adolescencia tendrá que definir si corresponde confirmar la resolución dictada en primera instancia.
Días atrás, la niña de dos años fue localizada en Resistencia, Chaco, Argentina, y su padre fue detenido en dicho país. Actualmente, la justicia paraguaya solicitó la rebeldía y la captura internacional del hombre. Ahora se tendrá que arbitrar los medios necesarios para lograr su extradición a Paraguay, donde enfrenta el proceso penal por los delitos ya mencionados.
Imputación
Según el acta de imputación, el hecho habría ocurrido el 8 de julio de 2026, cuando el ahora procesado retiró a su hija menor de edad en el marco del régimen de relacionamiento dispuesto por una resolución del juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
Sin embargo, una vez cumplido el horario establecido para la devolución, no la restituyó a su madre y dejó de responder las llamadas y mensajes.
Posteriormente, el hombre se habría comunicado con la madre para informarle que se encontraba con la niña en la ciudad de San Bernardino, incumpliendo presuntamente el régimen judicial vigente. Con base en los elementos colectados durante la investigación, el Ministerio Público consideró que existen suficientes indicios de la participación del imputado en los hechos y presentó la imputación correspondiente.
Podes leer: Juez habría titulado propiedad de Ypyta irregularmente, denuncia abogada de agroganadera