El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.

“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.

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El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.

Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.

Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.

Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

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El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esto refuerza la teoría del Ministerio Público, efectivamente estas personas prefieren reconocer (su culpabilidad) antes que someterse a un juicio oral y público porque ahí supone una pena mucho mayor”, refirió Corbeta, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. La Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas, que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de una empresa sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.

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El representante del Ministerio Público refirió que “el reconocimiento de los propios actores que estuvieron en el proceso también fortalece y robustece nuestro requerimiento conclusivo y nuestra investigación porque finalmente estas personas optan por una salida procesal antes de someterse a un juicio, esto significa que los hechos han ocurrido”.

Corbeta mencionó que, “en un eventual juicio oral, estas personas se exponían a una pena mínima de tres años y medio para arriba. Son cómplices, tienen una reprochabilidad o culpabilidad reducida con relación al principal acusado que es el exintendente”.

Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del Partido Yo Creo y candidato a la presidencia de la República para el 2028 enfrentará también el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en el marco de la causa denominada Tía Chela, por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia.

“En el caso de la causa Tía Chela, ninguno de los acusados optó por la salida alternativa, todos pretendieron acompañar al exintendente a juicio oral. Las mismas personas que ayer admitieron su culpabilidad en el caso Tajy también están acusados en la causa de Tía Chela y la realización del juicio se torna un poco compleja porque, al haber tantas personas, lógicamente puede ocasionar suspensiones reiteradas”, comentó el fiscal.

Corbeta estimó que el juicio oral y público contra Prieto en la causa Tajy podría desarrollarse a finales del presente año o principios del 2027. “En este caso hay varios tipos penales, Prieto podría exponerse a una pena de 10 años si se prueba la administración en provecho propio e incluso superior si se prueba los demás tipos penales que son lesión de confianza y asociación criminal”, sentenció.

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En el marco de esta visita oficial, el ministro de Relaciones Exteriores Rubén Ramírez Lezcano y el secretario de Estado Marco Rubio suscribieron, en representación de los Gobiernos de Paraguay y los Estados Unidos un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil.

La ceremonia se realizó en el Departamento de Estado, en Washington, de cual también participó el vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

El informe oficial de la cancillería nacional señala que el objetivo de este instrumento es “fortalecer las capacidades del Paraguay en este ámbito, con el apoyo de los Estados Unidos”.

En este contexto, “ambas partes afirman su compromiso con el desarrollo internacional y el uso pacífico de la energía nuclear y reconocen el papel que puede desempeñar la misma en la satisfacción de las necesidades energéticas de ambos países”.

“La firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil estratégica con Paraguay es un paso más en el continuo crecimiento de la relación entre nuestros dos países. Siempre han existido vínculos sólidos entre Estados Unidos y Paraguay, y ahora esos vínculos son aún más fuertes”, destacó Marco Rubio a través de sus redes sociales.

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En conferencia de prensa, el secretario de Estado destacó que la firma de este nuevo acuerdo es una clara señal del crecimiento de las relaciones entre Paraguay y su país. “La relación entre Estados Unidos y Paraguay siempre ha sido muy cercana, muy fuerte, pero lo hemos visto en este último año y medio ha sido increíble, la relación entre ambos países ha crecido de manera histórica, y a través de este entendimiento hoy es simplemente la evidencia de eso”, fueron sus expresiones.

Señaló además que ambos Gobiernos buscan que esta relación no solamente siga creciendo, sino que sea algo permanente. “Que no importen los cambios de gobiernos que vengan, pero que la base, la fundación de la relación entre ambos países pueda sobrevivir a cualquiera de los cambios políticos que puedan existir en el futuro”, apuntó la alta autoridad.

Finalmente, expresó que espera seguir contribuyendo en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación de los Estados Unidos con Paraguay a futuro.

“Yo cuando era senador me interesaba mucho las relaciones entre nuestros países y ahora como secretario de Estado se me hace más fácil todavía en contribuir a este esfuerzo, y si podemos lograr en el próximo año y medio lo que hemos logrado juntos en este último año y medio. No solamente son temas bilaterales, sino son temas regionales, creo que la relación entre Estados Unidos y Paraguay va a cambiar para siempre de una manera extraordinaria”, sentenció.

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Desde la Asociación Nacional Republicana (ANR), encabezada por Horacio Cartes, se anunció este martes que la centenaria agrupación impulsará la creación de una Escuela de Gestión Política, un programa de posgrado que permitirá a los egresados de la Academia Republicana continuar su especialización y formación de alto nivel.

La academia es el centro de capacitación y formación educativa de la agrupación que ofrece diplomados, cursos y charlas gratuitas sobre ciencias políticas, historia y oratoria, abiertos al público general sin requisito de afiliación partidaria.

Ya propició la formación de cerca de 20.000 personas desde su reactivación como centro de capacitación hace tres años. El anuncio fue realizado tras concretarse en la fecha la firma de un convenio de cooperación institucional entre la ANR, la Academia Republicana y la Universidad del Sol (UNADES).

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El acuerdo tiene como finalidad principal impulsar la formación académica de dirigentes y líderes políticos mediante programas de grado, posgrado y capacitación permanente.

En la ocasión, Cartes recibió el Informe de Gestión 2026 de la Academia Republicana y reafirmó su respaldo a las iniciativas de formación que fortalecen el liderazgo y la preparación de las nuevas generaciones. Desde la nucleación indicaron que, para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al número 0986 559 640.

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