El expresidente de la República, Santiago Peña, y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, deberán presentarse este sábado ante el Ministerio Público para su audiencia indagatoria, en el marco de la investigación penal abierta por las presuntas irregularidades vinculadas al caso ueno bank. Será en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

De acuerdo con los horarios establecidos, Peña deberá comparecer a las 11:30, mientras que Carvallo tiene fijada su presentación para las 15:30. Ambos se encuentran alcanzados por una orden fiscal de detención dispuesta el viernes 6 de noviembre, dentro de la causa penal N.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.

La investigación está a cargo de un equipo de agentes fiscales de las unidades especializadas de Delitos Económicos y Anticorrupción y Delitos Informáticos. La causa busca esclarecer las presuntas responsabilidades de autoridades y exautoridades en las operaciones de ueno bank, los mecanismos de supervisión del sistema financiero y la colocación de fondos públicos en la entidad.

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Como antecedente, el Ministerio Público había anunciado el jueves 5 de noviembre la apertura de tres causas penales relacionadas con las denuncias sobre el funcionamiento del banco, la supervisión ejercida por el BCP y los recursos estatales depositados en la entidad. Entre las denuncias también se incorporaron cuestionamientos sobre las actuaciones de autoridades del Gobierno y del ente regulador.

El escándalo de ueno derivó en la renuncia de Peña, presentada el jueves, que no fue aceptada por el Congreso Nacional. Posteriormente, el Senado avanzó con el juicio político y resolvió su destitución el viernes, por mal desempeño de funciones. Tras la decisión, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República.

Horas después de conocerse la destitución, la Fiscalía anunció la imputación de Peña y ordenó su detención, al igual que la de Carvallo, en el marco de las investigaciones por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. De esta manera, las comparecencias previstas para este sábado constituyen un nuevo capítulo en la investigación judicial. Tras su audiencia, sabremos si declararon o se abstuvieron.

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El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, designó este viernes a la agente de la unidad de Delitos Informáticos, Ruth Karina Benítez, en los equipos de fiscales integrados para indagar al presidente de la República, Santiago Peña, y a los directivos de ueno bank.

Inicialmente, los grupos de trabajo estaban conformados solo por agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. El ingreso de Benítez a las causas judiciales surge con la finalidad de optimizar las tareas investigativas.

Los ocho directivos de la entidad bancaria investigados son: Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada.

Para la investigación, el Ministerio Público designó a los agentes fiscales Jorge Arce, Yeimi Adle, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Nancy Salomón. Todos se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

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Benítez también tendrá intervención en la causa judicial referente a la ampliación de la denuncia contra Peña, formulada originalmente el 22 de octubre de 2025, a la que senadores y diputados incorporaron hechos vinculados con ueno bank.

También cooperará en otras dos causas en base a una denuncia presentada por senadores contra el presidente de la República, el vicepresidente, el exministro de Economía y Finanzas y autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay, del Instituto de Previsión Social y de la Seprelad; y una denuncia presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez, cuyo contenido específico y personas denunciadas no se detallan en la resolución.

Para estas causas fueron designados los fiscales Elena Fiore Franco, Silvia González Vóster y Christian Manuel Cáceres, quienes trabajarán bajo la dirección de Silvia González Vóster y la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.

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Los directivos imputados en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en ueno bank se exponen a una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel, de acuerdo con los delitos atribuidos por el Ministerio Público. La cifra surge de la aplicación de las reglas del concurso de hechos punibles, según la explicación de la expectativa de pena para la causa.

Entre los hechos punibles imputados figuran la conducta indebida en situaciones de crisis, que contempla una expectativa de hasta 10 años de prisión; lesión de confianza, que en su modalidad grave también puede alcanzar los 10 años; tentativa de estafa, con una expectativa de hasta 5 años, y violación de llevar libros de comercio, igualmente con una pena de hasta 5 años.

Al aplicarse las reglas del concurso de hechos punibles, la expectativa máxima inicial sería de 15 años de cárcel. Esto se explica porque se toma como base la pena más elevada, de 10 años, y se puede incrementar hasta la mitad de ese máximo, es decir, 5 años adicionales.

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Este viernes, Miguel Vázquez, CEO del extinto ueno bank y presidente del holding Grupo Vázquez, ingresó al Centro Nacional de Prevenidos (expenal de Tacumbú), donde deberá cumplir prisión preventiva por disposición judicial, en el marco de la causa.

Asimismo, fueron trasladados otros directivos de la entidad bancaria: Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey, Diego Fernando Duarte y Alejandro Gómez Abente, quienes también quedaron a disposición del sistema penitenciario.

Por su parte, Miguel Ángel Almada Frutos será recluido en la Penitenciaría Padre Juan de la Vega, ubicada en Emboscada. La investigación fiscal busca determinar las responsabilidades de los directivos en los hechos atribuidos a la administración de la entidad bancaria. La prisión preventiva dispuesta por la Justicia no implica una declaración de culpabilidad.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los directivos de ueno bank, así como contra el propio presidente de la República, Santiago Peña, por presunta malversación de G. 250.000 millones, recursos de la Caja Fiscal depositados en el citado ente bancario, además de G. 123.838 millones en intereses, cerca de USD 40 millones.

La denuncia lleva la firma del ministro de Economía, Óscar Lovera Chávez, con patrocinio del abogado del Tesoro, Fernando Benavente. El objetivo es que el Ministerio Público investigue posibles hechos punibles contra el patrimonio del MEF, relacionados con los recursos excedentes de los programas contributivos civiles de la Caja Fiscal.

Según expone la denuncia, los G. 250.000 millones fueron depositados en ueno uank en julio de 2025, cuando la entidad presentaba públicamente una situación patrimonial que cumplía con las condiciones exigidas para recibir estos fondos. Sin embargo, el escenario constatado posteriormente por el BCP difiere sustancialmente de aquel que sirvió de base para la colocación del dinero.

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El documento señala que el 2 de noviembre de 2026, el Directorio del Banco Central resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, luego de constatar que su índice de solvencia se encontraba por debajo del 50 % del mínimo requerido. Esta situación fue consecuencia de los ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

Uno de los puntos que el MEF pide investigar es cómo la entidad logró cumplir con los requisitos para captar los recursos previsionales y si la información financiera presentada reflejaba realmente su situación patrimonial. La denuncia busca determinar si existieron irregularidades y quiénes serían los responsables.

El Ministerio también solicita que se adopten medidas para resguardar los fondos comprometidos, incluyendo medidas cautelares y embargos sobre los bienes de los eventuales responsables, con el objetivo de evitar que se dificulte una posible recuperación del dinero.

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