La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.

Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.

El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.

Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.

En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.

Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.

El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.

La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.

La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.

El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.

Desde el Ministerio Público se presentó la acusación formal contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera y solicitaron que el caso por el cual es acusado junto a otras ocho personas sea elevado a juicio oral y público. El año pasado la Conmebol describió el sistema que facilitó movida de dinero a Banco Atlas.

El comunicador Camilo Soares, en su momento, detalló que los argumentos fueron presentados por la querella, en este caso la Conmebol, quien recibió un perjuicio que supera los USD 44 millones y que hoy fue confirmado por el Ministerio Público.

Los argumentos presentados por el abogado de la Conmebol resaltaron que no fue un error administra­tivo, sino que se trató de un sistema estructu­rado que permitió que Nicolás Leoz moviera millones de dólares sin ningún control.

En la acusación presentada este 30 de abril por el Ministerio Público indican que: “En efecto, Nicolás Leoz Almirón, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, garante del patrimonio de esa entidad, entre el año 2000 y el mes de abril de 2013, ordenó –sin justificación alguna– transferencias de sumas de dinero desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas vinculadas a él".

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Posteriormente, ese dinero reapareció dentro de Banco Atlas SA convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a plazo, renovaciones sucesi­vas y finalmente fideicomisos millonarios estructurados aun cuando Leoz ya enfren­taba causas abiertas en Esta­dos Unidos.

“Corresponde indicar que los señores Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García, como integrantes del directorio del Banco Atlas S.A., el 04 de febrero de 2016, aprobaron y ratificaron la suscripción de los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. Además, aceptaron la calidad del Banco Atlas como fiduciario”, dicta parte del documento.

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Soares agregó que Lovera recordó que el 7 de enero de 2016, el Ministerio Público allanó la sede de la Conmebol a pedido de autoridades esta­dounidenses, en el marco de una cooperación internacio­nal. La situación era pública, ampliamente difundida por medios nacionales e inter­nacionales.

Aun así, sostiene la querella, el banco Atlas no solo mantuvo su vínculo con Leoz, sino que lo profundizó, utilizando CDAs sospechosos como garantías y pasando por alto advertencias de la Super­intendencia de Bancos (SIB).

Otro punto cuestionado por la Conmebol es la documentación presentada por el banco, que, siempre según los datos difundidos por Soares, incluía fechas incompatibles, perfiles de riesgo inexistentes en el sistema al momento de su supuesta emisión y formularios confeccionados a posteriori para dar soporte formal a operaciones previas.

“Así, los directivos del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García recibieron activos provenientes de la actividad ilícita desarrollada por Nicolás Leoz, y aprobaron el 04 de febrero de 2016, en la ciudad de Asunción, la celebración de los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago”, dice la acusación.

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Finalmente, se estima que todas estas maniobras, omisiones y mecanismos internos ocasionaron un perjuicio al patrimonio de la Conmebol cuantificado en USD 44.953.601.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación por lavado de dinero y pidieron juicio oral y público contra el presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros procesados. Así también, se solicitó el comiso de 718 mil dólares, lo cual deberá ser embargado de los bienes de Banco Atlas.

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“Nuestra institución no puede quedar huérfana de presupuesto para el cumplimiento de sus fines”, argumentó el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, tras mantener una reunión este miércoles con el jefe de Estado, Santiago Peña, con el fin de abogar por mayores recursos para la institución extrapoder. El encuentro contó con la presencia del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

“La institución se nutre exclusivamente del Presupuesto General de Gastos reconocido por el Ejecutivo y, como es sabido, hace unos años fija un límite y no hay posibilidad de crecimiento, sin considerar, según lo creemos nosotros, que la más republicana de las instituciones nóveles creada por la Constitución, no tiene fondos propios para desempeñarse”, expresó en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.

Rolón acotó: “Nuestro pedido ya es un clamor. Existen necesidades en otras esferas como salud, educación, ya que el Estado es deficitario, pero nuestra institución no obtuvo el reconocimiento de alguien que nace sin nada con tremendas misiones. Entonces, definitivamente venimos a pintar el panorama al presidente de la República, esperando respuestas”, dijo, destacando la apertura de Peña ante los conflictos económicos del Ministerio Público.

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El fiscal general del Estado detalló que personalmente se encargará de las gestiones ante el Poder Judicial para que los recursos provenientes de las tasas judiciales coadyuven con el financiamiento de las acciones del Ministerio Público.

“Recibió con complacencia nuestras inquietudes y perfiló algunas estrategias que podemos hacer y, entre ellos, instalar el tema en el Poder Judicial, que era un poco la entidad matriz en la administración de esos fondos, la propia Constitución del 92 le asigna un porcentaje al sistema de justicia y, obviamente, la Fiscalía sigue formando parte de los mismo y hay conceptos en los cuales se podría instalar una suerte de armonía o debate para que finalmente se aproveche en esta gestión fiscal también los fondos judiciales", indicó.

Añadió también que la institución tiene actualmente la mitad de los agentes fiscales que se necesitan para el país, y que en la mayoría de las circunscripciones no se tienen las condiciones mínimas para un cumplimiento eficiente de la misión.

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“Le señalé con toda claridad que precisamos por lo menos 700 fiscales y hoy tenemos 350″, comentó al detallar la necesidad de que en cada circunscripción haya un Ministerio Público con equipamiento, laboratorios, móviles, asistentes sociales, psicología.

El presupuesto actual de la Fiscalía es de G. 763.074.000.000, equivalente a USD 120 millones. “La institución plantea que requiere al menos un 62 % más de presupuesto para poder cumplir adecuadamente sus objetivos, incluyendo también la expansión de servicios en el interior del país, la creación de nuevas sedes y el fortalecimiento de áreas técnicas como laboratorios forenses, morgues y servicios especializados”, comentó Rolón.

Una denuncia por un grave hecho de violencia sexual sacudió el domingo a la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde una joven de 18 años afirmó haber sido víctima de coacción sexual múltiple. La Policía Nacional detuvo a cuatro sospechosos, mientras otros dos permanecen prófugos.

Según el reporte policial, la víctima se presentó en la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso para relatar que fue atacada por un grupo de seis hombres en un patio baldío de la zona. De acuerdo con su testimonio, los presuntos agresores se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando ocurrió el hecho.

Tras la denuncia, agentes intervinientes señalaron que recibieron una alerta a través del sistema de emergencias 911, lo que permitió desplegar un operativo en el área. En un predio cercano fueron localizados varios de los supuestos involucrados, procediéndose a la detención de cuatro de ellos. Los otros dos lograron darse a la fuga.

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Los detenidos permanecen en la sede policial, a disposición del Ministerio Público, que ya abrió una investigación bajo la carátula de coacción sexual múltiple. Las autoridades indicaron que se realizaron las primeras diligencias, incluyendo la recolección de evidencias y la identificación de los sospechosos.

El jefe de la dependencia policial, el comisario Juan Servián Ríos, confirmó que los dos hombres que continúan prófugos ya fueron plenamente identificados, por lo que se encuentran en curso los procedimientos para su localización y captura.

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