El fiscal adjunto del Área I, Augusto Salas Coronel, llevó adelante la presentación y bienvenida de doce agentes fiscales que han sido reasignados a esta jurisdicción. Si bien ya formaban parte del Ministerio Público, a partir de ahora desempeñarán sus funciones dentro del Área I, reforzando la labor fiscal en Asunción.
Durante el encuentro, se abordaron los lineamientos diseñados por la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Política Criminal, orientados a optimizar la gestión investigativa y fortalecer la coordinación institucional en el marco de la persecución penal.
Asimismo, se destacó la importancia de la articulación estratégica entre las distintas unidades para garantizar una respuesta efectiva ante los hechos punibles, alineando las actuaciones con las directrices establecidas por el Ministerio Público.
El Ministerio Público reafirma su compromiso con la capacitación y el fortalecimiento de la labor fiscal en todas sus áreas, asegurando una gestión eficiente en beneficio de la ciudadanía.
Presentación en Fuerte Olimpo
El fiscal adjunto del Área XVIII de Alto Paraguay, César González, recibió y organizó la posesión de cargos en las unidades correspondientes a Fuerte Olimpo, a los agentes fiscales: Gabriel Rolón y Luis Amado, en cumplimiento de la resolución de la Fiscalía General del Estado, que los designó para el desarrollo de funciones en esa jurisdicción.
Caaguazú
El fiscal adjunto del Área VI, Caaguazú, Diego Zilbervarg, recibió y organizó la posesión del cargo en la unidad penal n° 1 de la agente fiscal Mirna Isabel Rodríguez Duarte, en cumplimiento de la resolución de la Fiscalía General del Estado.
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Ministerio Público pide juicio oral para 12 procesados por desfalco a la Caja Municipal
El Ministerio Público presentó acusación contra doce personas y solicitó juicio oral en el marco de las investigaciones sobre el desfalco en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).
Los afectados son exdirectivos y funcionarios de la Caja de Jubilaciones involucrados en la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial de G. 11.789.516.891.
Según la acusación de los agentes fiscales Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, entre 2019 y 2023 se habría desarrollado un esquema de desvío de fondos correspondientes al rubro 821, destinado al pago de jubilaciones y pensiones, mediante la reutilización de expedientes de exafiliados que ya habían percibido la devolución total de sus aportes.
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Cómo funcionaba el esquema delincuencial
La maniobra investigada consistía en reingresar estos expedientes y simular nuevos trámites administrativos sin conocimiento de los titulares.
A partir de estas operaciones, se habrían generado órdenes de pago y emitido cheques duplicados, triplicados e incluso cuadruplicados, que posteriormente eran endosados de manera presuntamente fraudulenta y cobrados en entidades bancarias por funcionarios y terceros ajenos a los beneficiarios.
De acuerdo con la pericia contable realizada por el Laboratorio Forense del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial atribuido a las operaciones investigadas supera los 11.700 millones de guaraníes, correspondiente a 486 cheques cobrados presuntamente de manera irregular a nombre de 285 exafiliados.
“Entre las situaciones identificadas figuran pagos emitidos a nombre de personas que habían fallecido antes de la liberación de los fondos”, alegan los investigadores.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, con el pedido de que las 12 personas acusadas afronten juicio oral y público por los hechos punibles atribuidos.
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Tribunal confirma prisión para imputados por filtración de datos a Eulalio Gomes
El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Primera Sala de la Capital, ratificó la prisión preventiva para Hugo Derlis Baptista Báez y Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, agentes de la Senad imputados por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y tráfico de influencias, entre otros delitos, tras haber presuntamente proporcionado información sensible sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
La resolución judicial lleva la firma de los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni. Los magistrados argumentaron el fallo señalando que las cauciones reales y la documentación presentada por las defensas no resultan suficientes para desactivar el peligro de fuga ni el riesgo de obstrucción de la investigación.
Agregaron que “las conductas investigadas derivan presuntamente de la manipulación de información sensible e intervenciones en procedimientos operativos que habrían obstaculizado el esclarecimiento de hechos vinculados al crimen organizado”, refiere el documento.
Días atrás, el juez Humberto Otazú, interino de su colega Osmar Legal, había decretado la prisión de los agentes de la Senad procesados en el presente proceso penal. Además de los citados, en la causa también está imputada Helga Solís Gómez, exasistente fiscal y sobrina de “Lalo” Gomes, quien está igualmente privada de libertad.
Imputación
De acuerdo con la Fiscalía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.
Asimismo, la imputación vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo “Sanctus”, ejecutado en diciembre de 2023.
Según el Ministerio Público, los sospechosos contribuyeron a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus vínculos con el diputado Gomes.
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Decretan prisión en Viñas Cué para agentes de la Senad por filtrar datos a “Lalo” Gomes
El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué para los agentes de la Senad Cristian Amarilla, Aldo Osmar Pintos y Alicia Marlene Vázquez. Los uniformados están imputados por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y tráfico de influencias, entre otros delitos, tras haber presuntamente proporcionado información sensible sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia, donde los imputados se presentaron de forma voluntaria. Además de los tres citados, en la causa también están imputados Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas, y Helga Solís Gómez, exasistente fiscal y sobrina de “Lalo” Gomes. Esta última ya se puso a disposición del Ministerio Público y del juzgado a través de su abogado, Jorge Barrios.
Detalles de la imputación
De acuerdo con la Fiscalía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.
Asimismo, la imputación vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo “Sanctus”, ejecutado en diciembre de 2023. Según el Ministerio Público, los sospechosos contribuyeron a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus vínculos con el diputado Gomes.
Por otra parte, en el caso “Pavo Real I”, la Fiscalía atribuye a Amarilla y Vázquez haber intervenido un informe basado en datos extraídos de teléfonos celulares. En dicho documento se habría omitido mencionar expresamente a Gomes y su vinculación con la narcoestancia “Negla Poty”. La Fiscalía sostiene que Vázquez pidió que el político no fuera nombrado nominalmente; sin embargo, aunque su nombre no apareció, el informe mantuvo la captura de un mensaje donde se advertía claramente su relación con la propiedad.
La investigación menciona además que Baptista habría ofrecido a Gomes un fusil Mauser calibre 7,62 × 51 mm OTAN en 2022, mientras que Pintos habría solicitado al entonces diputado gestionar un vehículo bajo la figura de depositario judicial.
Finalmente, sobre Helga Solís Gómez, la Fiscalía sostiene que era una operadora de confianza del “Clan Gomes” y que, aprovechando su cargo de asistente fiscal, actuaba como nexo para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial.
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El juicio a Giuzzio por presuntos nexos con el narcotráfico entra en su etapa final
Este lunes 7 de setiembre, a las 7:00, continúa el juicio oral contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en una etapa clave del proceso por cohecho pasivo agravado. La audiencia se reanudará bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego del incidente protagonizado por el exfuncionario en que habría amenazado a los fiscales que sostienen la acusación en su contra.
Esta medida de seguridad se viene aplicando desde la última sesión del juicio oral, luego de que el Tribunal de Sentencia tomara conocimiento de las presuntas amenazas efectuadas por Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, en los pasillos del Poder Judicial. Por disposición de los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete se estableció que los agentes fiscales estén acompañados de fuerte custodia policial.
El exministro Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, luego de la presentación que hicieron los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia y Jorge Arce, el 16 de agosto del 2023.
Los fiscales sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo pleno conocimiento de las intenciones del presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua (actualmente detenido en Brasil) de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideró hasta febrero del 2022.
Durante el juicio oral, la Fiscalía tuvo oportunidad de exponer su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta particular del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
Testigo agrava situación de Giuzzio
La reacción y amenaza de Giuzzio a los fiscales sucedió al concluir una audiencia del juicio público y oral en que el exviceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, prestara nuevamente declaración y complicara aún más al acusado sobre su presunto vínculo narco.
De acuerdo a las declaraciones de la fiscal Valdez, el testigo declaró durante 4 horas aproximadamente. Entre lo que resaltó como relevante es que se exhibieron comunicaciones (mensajes de textos) en que el exviceministro Ríos tuvo con el señor Marcus Vinicius.
“Él reconoció estas comunicaciones y entre la información que se exhibió estuvieron fotografías de vehículos, que él reconoció que eran de la Policía Nacional y que esos vehículos fueron reparados efectivamente por el señor Marcus Vinicius a través de su empresa y que él dijo que uno de los vehículos iba a ser apadrinado (o patrocinado). Aparte de eso, también reconoció otras comunicaciones que tuvo con él, que estos vehículos estuvieron en su empresa. Reconoció una filmación donde estaba uno de estos vehículos”, relató la fiscal.
Remarcó que estos datos son brindados por el testigo, son relevantes porque se sostiene efectivamente que se recibieron beneficios de Marcus Vinicius a cambio de futuras licitaciones. En diciembre de 2021, el exministro abdista organizó en sede de la Fope una muestra de equipos del empresario brasileño para la Policía Nacional.
Giuzzio fue destituido el 22 de febrero de 2022 como ministro del Interior por el escándalo de usufructuar un vehículo particular de la esposa del capo brasileño, luego de que el suyo tuviera fallos durante un viaje de vacaciones a Brasil. La investigación encontró una serie de chats entre ambos, desde julio de 2021 a febrero de 2022, que acabó cuando Marcus Vinicius fue detenido en un operativo antidrogas desplegado por Brasil y Paraguay.
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