Ante las presuntas amenazas efectuadas por Arnaldo Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, el juicio oral y público contra el exministro del Interior se reanudó este martes 1 de setiembre bajo una fuerte custodia policial. Acusado por cohecho pasivo agravado, el exfuncionario fue captado durante un cruce contra los agentes de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Este tipo de situaciones solo se observa cuando son juzgados peligrosos delincuentes vinculados con las mafias, como es el caso de integrantes de las facciones criminales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

La fiscal Valdez, desde el ingreso a la sede judicial, fue custodiada por varios uniformados para evitar cualquier tipo de roces o agresión física que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado que es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil.

En la ocasión, la agente puso a conocimiento del Tribunal de Sentencia, que integran los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete; la situación de amedrentamiento protagonizada por Giuzzio, al término de la audiencia anterior, alegando que “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desafiante y desmedida como se puede apreciar a través de filmaciones de medios de comunicación que registraron la situación, esto sucedió al culminar la audiencia. Atendiendo que ya se presentaron situaciones similares solicitamos al tribunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”.

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La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes 24 de agosto el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vinculado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Defensa Interna, Pablo Ríos, y otros testigos claves que se desempeñaron como funcionarios de la empresa Ombú S.A. del capo narco.

El presunto amedrentamiento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le haya solicitado concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abranlena chamigo una causa, tenganna huevos. Yo estoy súper concentrado en mi defensa, ustedes lo que tienen que concentrarse después”, dijo el acusado al reclamar imputaciones contra otras personas ajenas a su causa.

“Este tribunal ha tomado conocimiento, se le ha informado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido hemos tomado como medidas mantener la seguridad tanto dentro como fuera de la sala y ya están previstas todas las situaciones para que en adelante contemos con la debida seguridad. Le recuerdo a todas las partes que debemos comportarnos, mantener el respeto entre todos y no se permitirá falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Planás.

La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.

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“No es un episodio aislado”, denuncia agremiación de fiscales.

La vicepresidenta de la Asociación de Fis­cales del Paraguay, Belinda Bobadilla, requirió la urgente aplicación de pro­tocolos de seguridad para sus colegas Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes fueron presuntamente amenazados por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. El exse­cretario de Estado actual­mente afronta un juicio oral y público por cohecho pasivo agravado.

Bobadilla dijo que ambos agentes de la Unidad Espe­cializada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción vienen siendo amedrenta­dos de forma constante por Giuzzio, razón por la cual solicitó tomar la situación con la mayor seriedad, con­siderando el perfil político y las conexiones que manten­dría el exfuncionario abdista.

La causa judicial que enfrenta Giuzzio se encuentra ligada a su vínculo con el capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. “Se debe aplicar los mecanis­mos de seguridad teniendo en cuenta el perfil de la persona que realiza el acto de ame­drentamiento. Acá no se trata de tener la piel sensible como él mismo manifestó en algu­nos medios de comunicación, acá se toma lo que una per­sona dice o hace, con seriedad, teniendo en cuenta no solo el caso de corrupción que están investigando los cole­gas”, manifestó a la 650 AM.

“Según lo que nos refirieron los dos agentes fiscales, todo esto ya se dio con anteriori­dad, incluso en una oportuni­dad Giuzzio golpeó la puerta contra la fiscal Valdez, tiene una actitud prepotente, se observa claramente en los videos. No se trata de epi­sodios aislados, no estamos hablando de un solo episo­dio”, sentenció Bobadilla.

Bobadilla acotó: “Giuzzio es un exministro, exsenador, tiene contactos, cuenta con un poder fáctico hasta el día de la fecha. Los agentes fis­cales no somos ciudadanos privilegiados, pero sí cum­plimos un rol constitucio­nal fundamental. Sobre todo para los fiscales que tienen a sus cargos la investigación de hechos de corrupción de personas con poder político o económico”.

La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes último el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vinculado a Marcus Vini­cius por su exviceministro de Defensa Interna Pablo Ríos y otros testigos claves que se desempeñaron como funcio­narios de la empresa Ombú SA del capo narco.

La ministra de la Corte Suprema de Justicia, integrante de la Sala Penal María Carolina Llanes, participó en la segunda jornada denominada “Nuevos desafíos del sistema penitenciario”. La actividad se realizó en un hotel céntrico de Asunción, en el marco del proyecto “Acceso a la Justicia y derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

Durante la jornada, la ministra desarrolló el tema “Construyendo una política judicial para el uso racional de la prisión preventiva”, como integrante del primer panel, “Hacia una nueva agenda del litigio cautelar: la prisión preventiva como desafío para la Justicia Penal”. Compartió este espacio con Alberto Binder (Argentina), doctor en Derecho y especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. La moderadora fue María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

En ese contexto, presentó las acciones, experiencias, políticas y estrategias impulsadas desde la Corte Suprema de Justicia para hacer frente a la prisión preventiva, así como los desafíos que persisten en esta materia.

Señaló que, tras casi 30 años de reformas, se sigue enfrentando esta situación y sostuvo que es necesario adaptar las políticas a la realidad actual, garantizando derechos sin ignorar el crimen organizado que opera desde las cárceles.

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“Hoy, el gran desafío, entre otros, es el cumplimiento del sistema normativo vigente. La Constitución es clara, la cárcel tiene finalidades concretas cuando se trata de pena para proteger a la sociedad y a los efectos de la posterior reinserción social”, añadió.

Asimismo, recalcó la necesidad de diseñar una política criminal estatal e integral, sostenida más allá de los gobiernos, que permita reducir la prisión preventiva y aplicar efectivamente su carácter excepcional y las medidas alternativas, conforme al marco constitucional. Para ello, consideró fundamental la coordinación entre las instituciones y la capacidad de resistir la presión social sobre las decisiones judiciales.

El espacio tuvo como propósito generar diálogo y reflexión sobre los principales desafíos del sistema penitenciario nacional, promoviendo un debate informado, plural y orientado a la construcción de propuestas para fortalecer las políticas públicas.

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Wiens fue imputado en febrero de este año por presunto perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones relacionado con el proyecto metrobús.

El fiscal adjunto Augusto Salas Coronel firmó la reso­lución 329 por la cual rechaza la recusación planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens y ratificó la interven­ción de los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimi Adle para investigar el proceso penal caratulado “Ramón Jiménez Gaona y otros sobre lesión de con­fianza y otros”, más conocido como caso metrobús.

La defensa técnica del exmi­nistro, abogados Alfredo Kro­nawetter y Federico Hutte­mann, presentaron el jueves ante la Fiscalía Adjunta Área I de Asunción, un petitorio para que sean apartados del caso los citados investigado­res fiscales, por considerar comprometida la objetividad de los mismos.

Cuestionaron que los fisca­les Grisetti, Silva y Adle con­vocaron nuevamente a Wiens a declaración indagatoria por dos hechos: lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Según la defensa, el Juzgado Penal de Garantías había admi­tido la imputación únicamente por lesión de confianza, y esa delimitación ya está firme por no haber sido recurrida.