La audiencia preliminar del exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, procesado por la compra de varios helicópteros para la Policía Nacional se encuentra en suspenso debido a la inhibición de la jueza Penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz, quien se apartó del caso porque el abogado de Filizzola la acusó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en otra causa penal.
En la citada diligencia judicial se debe resolver si se hace lugar al pedido de sobreseimiento definitivo por falta de acusación a favor de Filizzola debido a que años atrás la Corte había anulado la acusación del Ministerio Público.
Ahora se tendrá que sortear quién será el nuevo juez de Garantía que tendrá que decidir si impugna la inhibición de la magistrada Ruiz Díaz. En caso de ser así, será un Tribunal de Apelación el que deba resolver si confirma a la mencionada magistrada.
Para poder garantizar el debido proceso, la jueza se apartó debido a que el abogado Guillermo Duarte, defensor de Filizzola, presentó una acusación infundada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado.
El pasado 11 de noviembre del 2024 fue remitido a la Cámara Alta el pedido de desafuero en el marco de la causa caratulada: “Rafael Augusto Filizzola Serra y Otros s/Lesión de Confianza”. El proceso judicial es por la compra irregular de cuatro helicópteros y el supuesto daño de más de 50.000 millones de guaraníes cuando se desempeñaba como ministro del Interior, en la era del expresidente Fernando Lugo.
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Titular del MAG apoya elevar al 40 % la compra de agricultura familiar para Hambre Cero
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, no descarta la posibilidad de aumentar al 40 % la compra de productos de la agricultura familiar campesina para el programa Hambre Cero en las escuelas. La norma en la actualidad establece la obligación de destinar un 10 %.
“El impacto de Hambre Cero es demasiado fuerte, es más, puede ser mucho más. La ley exige que un 10 % de la compra de alimentos provenga de la agricultura familiar, pero nosotros somos ambiciosos de superarlo. Hay una propuesta donde se plantea que alcance el 40 % y yo creo que eso es algo natural, no se detendrá”, indicó el alto funcionario en el programa “Cara o cruz” de Unicanal, tras realizar una evaluación sobre los tres años de mandato de Santiago Peña.
Giménez comentó que “los proveedores del programa tienen que entender que comprando de la agricultura familiar nuestro país se desarrolla, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 6 % puede disparar al 10 %. El Paraguay no es un país industrializado, la agricultura y la ganadería son la aguja que mueve a nuestra nación”.
Añadió que mediante la vigencia del programa, el cual data desde agosto del 2024, un total de 43.000 familias campesinas ya se vieron favorecidas con la comercialización de sus productos. “Están cubrieron prácticamente 10 meses del año la demanda local, muchos de los agricultores son jóvenes, muchas familias están trabajando directamente en este rubro”, refirió Giménez.
En la Cámara de Senadores se encuentra pendiente de tratamiento un proyecto de ley impulsado por el parlamentario colorado Colym Soroka, el cual establece que el porcentaje mínimo de compras a productores nacionales pase al 20 % en 2027 y alcance el 40 % en 2028.
La propuesta también plantea modificar el mecanismo de comercialización para que las adquisiciones se realicen directamente a través de comités, asociaciones y cooperativas de productores registrados en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), con el objetivo de reducir la intermediación y asegurar que los beneficios lleguen directamente a los agricultores. A la vez estipula sanciones para las empresas adjudicadas que no cumplan con el porcentaje mínimo de compras de productos nacionales.
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Piden evitar que caso de Rafael Filizzola quede impune
Fiscalía insistió ante la Corte Suprema que integre la Cámara de Apelación para el caso “comisarías de oro” contra el senador Rafael Filizzola.
La agente fiscal Silvia González volvió a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destrabe el proceso penal por lesión de confianza contra el exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola.
La máxima instancia judicial debe definir quién integrará la Cámara de Apelación que tendrá que estudiar si Filizzola seguirá procesado o no. Una vez que se defina al camarista, se deberá analizar si corresponde dejar sin efecto la prescripción de la causa que se resolvió en un Juzgado Penal de Garantías. El Ministerio Público apeló dicha determinación y pidió que el proceso siga su curso para que Filizzola continúe procesado en esta causa penal por la supuesta comisión de lesión de confianza.
RECURSO DE APELACIÓN
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación general en contra del A.I. n.° 371 de fecha 6 de mayo de 2025. El Tribunal de Apelaciones Penal, Primera Sala, fue designado para entender en el recurso; sin embargo, se generó un conflicto de competencia entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuya decisión sigue pendiente ante la misma Sala Penal.
“Esta representación penal viene a solicitar respetuosamente que se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del tribunal competente y el consecuente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, remarca el documento enviado por la fiscal interviniente a la Corte Suprema de Justicia.
TIEMPO VINCULADO A LA CUESTIÓN
Este recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el A.I. n.° 371. Por ello, la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, ya que el transcurso del tiempo está directamente vinculado con la cuestión que constituye la materia de controversia.
“Resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”, agrega el escrito.
El caso “comisarías de oro”, que involucra al senador Rafael Filizzola por su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, sigue sin resolverse. La investigación fiscal comenzó en 2013 y el proceso judicial en el Juzgado Penal arrancó al año siguiente; sin embargo, hasta ahora la causa sigue trabada y no avanza. A pesar del desembolso de G. 1.131 millones a la empresa Todo Verde Emprendimientos, las obras quedaron inconclusas.
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Estafa a colonos: se suspendió audiencia de acusados y querella pidió aplicar sanción por chicanas
Se suspendió la audiencia preliminar de tres acusados por la millonaria estafa, cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Río Verde, San Pedro. Esta vez la diligencia judicial se postergó porque el acusado, José Ljubetic, cambió de abogado minutos antes de iniciarse la diligencia judicial, por lo que el acto fue considerado como una chicana, más a los efectos de dilatar que el proceso penal pueda seguir su curso.
Ante la nueva suspensión de la diligencia judicial, la querella adhesiva representada por la abogada Gessy Ruiz Díaz, solicitó al juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, la sanción disciplinaria por chicanero al acusado Ljubetic. Este pedido deberá ser estudiado por el citado magistrado.
Asimismo, en el presente caso están acusados William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados y quien sería uno de los cerebros de la megaestafa; y la abogada Ilse Paredes.
El Ministerio Público presentó acusación y pidió que el proceso se discuta en un juicio oral y público. Sostuvo que cuenta con suficientes elementos probatorios para debatir en juicio oral y poder lograr una sentencia condenatoria.
Extracción de datos pendiente
Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.
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Fiscalía pidió a la Corte celeridad y evitar que caso de Rafael Filizzola quede impune
La agente fiscal Silvia González volvió a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destrabe el proceso penal por lesión de confianza contra el exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola. La máxima instancia judicial debe definir quién integrará la Cámara de Apelación que tendrá que estudiar si Filizzola seguirá procesado o no.
Una vez que se defina al camarista, se deberá analizar si corresponde dejar sin efecto la prescripción de la causa que se resolvió en un Juzgado Penal de Garantías. El Ministerio Público apeló dicha determinación y pidió que el proceso siga su curso para que Filizzola continúe procesado en esta causa penal por la supuesta comisión de lesión de confianza.
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación general en contra del A.I. n.° 371 de fecha 6 de mayo de 2025. El Tribunal de Apelaciones Penal, Primera Sala, fue designado para entender en el recurso; sin embargo, se generó un conflicto de competencia entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuya decisión sigue pendiente ante la misma Sala Penal.
“Esta representación penal viene a solicitar respetuosamente que se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal competente y el consecuente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, remarca el documento enviado por la fiscal interviniente a la Corte Suprema de Justicia.
Este recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el A.I. n.° 371. Por ello, la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, ya que el transcurso del tiempo está directamente vinculado con la cuestión que constituye la materia de controversia.
“Resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del Tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”, agrega el escrito.
El caso “Comisarías de oro”, que involucra al senador Rafael Filizzola por su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, sigue sin resolverse. La investigación fiscal comenzó en 2013 y el proceso judicial en el Juzgado Penal arrancó al año siguiente; sin embargo, hasta ahora la causa sigue trabada y no avanza. A pesar del desembolso de G. 1.131 millones a la empresa Todo Verde Emprendimientos, las obras quedaron inconclusas.
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