El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Fabián Weisensee, Laura Ocampo y Cándida Fleitas, condenó este sábado al exministro del Interior, Walter Bower a la pena privativa de libertad de 15 años, por hechos de torturas, cometidos contra policías, ante el supuesto intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis González Machi.
En la causa también están procesadas los comisarios Merardo Palacios Melgarejo, y Osvaldo Javier Vera Espínola, quienes fueron sentenciados a sufrir la pena privativa de 12, y 6 años de cárcel, respectivamente.
Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente González Macchi, hecho ocurrido en mayo del año 2000. Los apremios que recibieron entonces fueron los policías Alfredo Cáceres y Jorge Luis López Sosa.
El presente proceso judicial es el más largo de la historia penal del Paraguay, ya que este mes de mayo próximo se cumplirán 25 años de los sucesos ocurridos.
Los sentenciados deberán guardar reclusión en la cárcel de Viñas Cué, según la disposición judicial.
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Duro revés para Giuzzio: admiten chats de Lindomar como prueba
En el marco del juicio oral y público que enfrenta Arnaldo Giuzzio, exministro adbista por cohecho pasivo agravado por recibir favores del presunto narco Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, el Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathias Garcete decidió admitir como prueba los datos extraídos de dos teléfonos celulares del pez gordo del narcotráfico, Lindomar Reges Furtado, que podría cambiar el escenario jurídico del exsecretario de Estado.
Asimismo, los jueces resolvieron que declare vía telemática Marcus Vinicius Espíndola. Para lograr la declaración del hoy detenido en Brasil, se solicitará la cooperación de las autoridades del Brasil.
Del mismo modo, los magistrados tomaron la determinación de rechazar los incidentes propuestos por la abogada del exministro del Interior Giuzzio, quien solicitó la nulidad de la acusación presentada por el Ministerio Público y la exclusión de algunas pruebas, entre ellas los datos extraídos de los teléfonos incautados a Lindomar Reges Furtado.
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Los mensajes extraídos del celular de Reges Furtado podrían revelar conexiones que pudo tener Giuzzio en su momento cuando el mismo ocupaba una de las principales carteras del Estado, lo cual podría agravarse su situación procesal.
Los datos extraídos de uno de los móviles ya se encuentran en poder del Juzgado a cargo del juez Osmar Legal, mientras que los del segundo aún permanecen en Brasil.
La jueza Planás explicó que el Ministerio Público sustentó de manera adecuada los argumentos para solicitar la incorporación de las pruebas solicitadas, en el afán de búsqueda de la verdad, sin considerar que las mismas podrían acarrear una violación de las garantías constitucionales o procesales.
El juicio oral contra Arnaldo Giuzzio seguirá el próximo viernes 6 de marzo, a las 08:00, en el Palacio de Justicia de Asunción.
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Condenan a 76 años de cárcel a políticos que ordenaron asesinato de Marielle Franco en Brasil
La corte suprema de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión cada uno a dos exparlamentarios que ordenaron el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un homicidio que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Rio de Janeiro.
Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su chofer también murió.
El exdiputado Chiquinho Brazao, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, exlegislador de Rio, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la corte.
Los Brazao, “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este caso que conmocionó a Brasil.
Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones ilegales dentro de los barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.
Según la corte, la mujer fue asesinada para dar un “recado” a la clase política carioca.
Familiares suyos reaccionaron con llanto y abrazos tras conocer la pena contra los Brazao, al terminar este juicio abierto el martes en Brasilia, constató la AFP.
Política, racismo y misoginia
Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
El martes la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.
“Quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao. La corte, de su lado, señaló el “racismo” y la “misoginia” de los condenados.
Marielle Franco era “una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos”, relató Moraes.
Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.
La investigación se basó en la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía que disparó una ametralladora contra Franco y que fue condenado a 78 años de prisión por el crimen en 2024.
Error de cálculo
“Este proceso me ha hecho mucho daño espiritualmente, mucho daño psicológicamente”, expresó a su vez la magistrada Carmen Lucia, única mujer de la corte suprema.
“¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”, enfatizó la jueza. Según la corte, los hermanos Brazao “no esperaban tal repercusión” tras el asesinato de Franco.
El lunes un grupo de 16 especialistas de la ONU afirmó en una carta que “los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados”.
- Fuente: AFP
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Caso Pecci: Corte de Colombia deja firme sentencia de 35 años de cárcel para Margareth Chacón
La Corte Suprema de Justicia de Colombia dejó firme la condena de 35 años de cárcel para Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, sentenciada como coautora del homicidio agravado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini. La máxima instancia judicial colombiana rechazó la acción presentada por la defensa de la condenada.
En su resolución, la Corte reiteró que la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede en casos excepcionales de arbitrariedad manifiesta o vulneración evidente de derechos fundamentales. Asimismo, concluyó que la inadmisión del recurso de casación respondió al incumplimiento de requisitos técnicos y formales exigidos para dicho medio extraordinario, sin que se verificara una afectación al debido proceso ni al derecho a la defensa.
Igualmente, el tribunal consideró que la decisión del Ministerio Público de no promover el mecanismo de insistencia se ajustó a la naturaleza excepcional y discrecional de ese instrumento, señalando que este no constituye una tercera instancia ni habilita la reapertura del debate probatorio.
Otros condenados
Hasta el momento, en Colombia hay siete personas condenadas por el crimen, mientras que una más está a la espera de ser juzgada en Venezuela. Con sentencia de 23 años y 6 meses de prisión se encuentran:
- Wendre Still Scott (quien efectuó los disparos)
- Eiverson Adrián Arrieta (conductor de los sicarios)
- Marisol Londoño junto a Cristian Monsalve (encargados del seguimiento al fiscal).
- Los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos cumplen una condena de 25 años y 6 meses de cárcel.
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Wiens no puede desnaturalizar su caso judicial alegando persecución política, dicen legisladores
- Por Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
Los legisladores Alejandro Aguilera y Derlis Maidana se refirieron sobre el caso judicial que salpica al exministro abdista de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, quien fue imputado por el Ministerio Público por lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco del fallido proyecto vial Metrobús.
“No podemos desnaturalizar a las instituciones afirmando automáticamente una persecución política cada vez que existe una investigación fiscal. Las causas judiciales deben analizarse en el ámbito técnico y jurídico, no en el político“, dijo Aguilera en una entrevista con La Nación/Nación Media.
Wiens, buscando el ropaje ciudadano, refirió que la justicia se encuentra al servicio del poder, ya que supuestamente el oficialismo colorado pretende “ganar en tribunales lo que no pueden en las urnas”, olvidando que en las internas coloradas del 2022 terminó siendo derrotado ampliamente por el actual presidente de la República, Santiago Peña, del movimiento Honor Colorado.
“El caso del proyecto Metrobús fue una obra de enorme impacto para el área metropolitana y generó muchas esperanzas, la suspensión de las obras generó perjuicios muy serios a la ciudadanía, por lo que la sociedad paraguaya merece conocer la verdad y que exista claridad sobre lo ocurrido“, comentó Aguilera.
El diputado también fue consultado sobre el intento de Wiens en buscar impunidad mediante fiscales a su medida. El dirigente abdista, mediante sus abogados Enrique Kronawetter y Federico Hutteman, terminó recusando a los agentes del caso, Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti.
“Es importante ser muy responsables y respetar la institucionalidad. Estamos ante un proceso judicial en curso, y en un Estado de Derecho corresponde que sean la Fiscalía y el Poder Judicial quienes determinen responsabilidades, con base en las pruebas y garantizando el derecho a la defensa. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de ejercer los recursos legales que considere pertinentes, como la recusación, y eso forma parte de las garantías procesales”, dijo Aguilera.
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Labor institucional
“El discurso de persecución política y las estrategias de sus abogados de recusar a los fiscales, todo eso forma parte de las estrategias defensivas trazadas por el afectado y sus defensores, pero considero que tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial, deben seguir haciendo su trabajo para llegar a un buen esclarecimiento del hecho y ver si existen responsables de lo sucedido“, opinó el senador Maidana.
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.
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