La jueza Penal de Garantías, Diana Carvallo, confirmó la prisión preventiva de Inocencio Cabrera Ávalos, imputado por coacción sexual, cuya víctima es una mujer de 86 años de edad. El hombre estuvo prófugo durante 16 años para luego ser detenido y sometido a la Justicia.
La defensa del procesado solicitó la modificación de la prisión preventiva argumentando que el imputado cuenta con arraigo social y laboral, así como se había ofrecido una fianza, pero dicho ofrecimiento fue rechazado por la jueza Carvallo.
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La magistrada mencionó en su resolución que el delito investigado es grave y que la expectativa de pena es de hasta 10 años de pena privativa de libertad. Asimismo, el juzgado subrayó el prolongado periodo en el que Cabrera Ávalos permaneció prófugo y el riesgo latente de fuga, especialmente ante la inminencia de la audiencia preliminar programada para el 4 de marzo de este año, en la que se decidirá si la causa es o no elevada a juicio oral y público.
Una vez que se desarrolle la audiencia preliminar se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público. Luego se tendrá que sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al acusado.
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Desmantelan en San Lorenzo la base logística de una banda de “piratas del asfalto”
La Policía Nacional junto con el Ministerio Público realizaron este lunes un operativo en la ciudad de San Lorenzo en el que lograron capturar a dos presuntos líderes logísticos de una banda de atracadores. Estos estarían involucrados en el asalto a edificio en Asunción, atraco a una transportadora de mercaderías y al almacén de Gical en Mariano Roque Alonso.
Según el comisario Marcelino Espinoza, este operativo se realizó tras una serie de investigaciones que permitieron localizar a estas personas en el barrio Barcequillo, en el límite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora.
Este fue detenido cuanto estaba saliendo de una vivienda en la que se mantenía oculto desde hace mucho tiempo.
Se trata de Cristian David Flecha y Pablo Andrés Morínigo, quienes contaban con varias órdenes de captura. Ambos formarían parte de una banda criminal integrada por unas 20 personas, dedicada a asaltar entidades que manejan grandes sumas de dinero o artículos de valor, como aparatos electrónicos.
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“Estos hombres habrían atracado del edificio Fortaleza, donde se apoderaron de una fuerte suma de dinero en efectivo. Así también, a Flecha se le investiga con un evento reciente en el que asaltaron del almacén de Gical, en el que resultó herido un efectivo policial”, expresó Espinoza, en entrevista con NPY.
Afirmó que se cuenta con evidencia de que estas personas estarían involucradas en un asalto a un transportador que llevaba celulares y medicamentos en San Pedro. En el poder de los mismos se encontraron chalecos tácticos, armas de grueso calibre, entre otros objetos.
“Ojalá que esta vez se queden detenidos por un buen tiempo, porque tenemos varias evidencias en su contra. A uno ya lo capturamos en una oportunidad y fue liberado, ahora se lo vuelve a involucrar en varios asaltos importantes”, puntualizó.
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Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
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La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.
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Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
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Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
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Imputan a un grupo de cinco personas por coacción sexual, rapto, robo y extorsión
- Ciudad del Este. Agencia regional
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla, de la Unidad Penal N.º 9 de Ciudad del Este, inició proceso contra cinco personas (tres hombres y dos mujeres), por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción sexual y violación, privación de libertad y extorsión agravada. La víctima es un joven de 26 años, de nacionalidad paraguaya.
Uno de los imputados es Edson Andrade Pimenta Sobrinho (57), de nacionalidad brasileña y está detenido con pedido de prisión preventiva. Los otros cuatro procesados son paraguayos y están prófugos.
La causa investigada tiene que ver con los hechos ocurridos el 6 de julio de 2026, alrededor de las 15:00, en un inquilinato del barrio Acaray de Ciudad del Este.
El denunciante contó que acudió al lugar para mantener un encuentro previamente acordado con una mujer, con quien había establecido contacto a través del celular.
Ya estando en la habitación, la mujer habría iniciado una agresión y generó un altercado con el hombre, situación que fue aprovechada por los supuestos cómplices para ingresar al sitio, reducir al joven y retenerlo contra su voluntad.
Posteriormente, lo habrían agredido físicamente y sometido sexualmente, mientras registraban el hecho en un video.
De acuerdo con la pesquisa de la Fiscalía, tras consumar la agresión, los presuntos autores utilizaron un arma de fuego y la grabación, para amenazar a la víctima con difundir las imágenes, si no accedía a sus exigencias. Asimismo, habrían obtenido las claves de acceso del teléfono y realizaron extracciones y transferencias de dinero a sus cuentas bancarias.
Luego de todo eso, la víctima fue liberada con la previa advertencia de no denunciar lo ocurrido, porque si lo hacía, el vídeo sería divulgado. Sin embargo, el afectado acudió a la subcomisaría 54 para denunciar el hecho.
Personal policial fue hasta el lugar y aprehendió a unos de los involucrados, el ciudadano brasileño, quien había permanecido en el lugar.
El Ministerio Público dispuso la inspección médica forense de la víctima, cuyo informe constató lesiones físicas compatibles con la denuncia presentada.
Fue requerido al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía y la emisión de órdenes de captura contra los cuatro ciudadanos paraguayos que permanecen prófugos.
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