La agente fiscal, María Laura Finestra, presentó imputación contra Natalia Edith González, de nacionalidad argentina, por el hecho punible de violación de la patria potestad. La representante del Ministerio Público pidió al juzgado Penal de Garantía la prisión preventiva de la mujer.
La imputada raptó del Hospital de Barrio Obrero a una niña recién nacida, haciéndose pasar por enfermera y engañando a la madre. La niña, luego de más de tres horas, fue recuperada en la zona de Nanawa y a su vez se procedió a la detención de la hoy imputada.
De acuerdo con el acta de procedimiento de fecha 16 de enero de 2025, en el Hospital de Barrio Obrero de la ciudad de Asunción, una niña recién nacida, hija de Yadira Ayelén González Barrios, fue sustraída de la sala de maternidad. La madre entregó al bebé bajo engaños a una mujer que se hizo pasar por personal de blanco, de acuerdo a las imágenes de circuito cerrado. El hecho ocurrió a las 14:14.
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Tras las diligencias realizada por la fiscal Finestra, se desplegó un operativo a nivel nacional. Aproximadamente a las 17:30, agentes de la Comisaría 7, de la Dirección de Policía de Presidente Hayes, procedieron a la aprehensión de la sospechosa en la ciudad de Nanawa, recuperando a la recién nacida sana y salva.
La mujer intentó darse a la fuga con intenciones de cruzar la frontera hacia Argentina. Al percatarse del control en el puente 30 de julio de Nanawa, opuso resistencia durante su aprehensión.
Ahora la imputada deberá comparecer ante un Juzgado Penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si la mujer va al Buen Pastor.
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Influencer da su versión y rechaza acusación de fraude
La influencer Ana Kim Jang, conocida como Ana Coreana, dio su versión acerca de la imputación por los delitos de apropiación, lesión de confianza, estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Mencionó presuntas irregularidades y apropiación de los ingresos de la empresa por parte de la familia Kao/Wang. En la causa están procesadas otras cuatro personas.
“Rechazo categóricamente cualquier acusación de fraude. Siempre he actuado dentro del marco legal, respetando los procedimientos establecidos”, menciona un comunicado dado a conocer por la mediática en representación de la familia Kim – K & K Shopping´s S. A. tras las acciones jurídicas promovidas por la familia Kao/Wang.
“Desde la constitución de la firma en febrero de 2009, la familia Kim asumió de manera exclusiva la gestión, operación y desarrollo integral del centro comercial. En estos años de operación, la familia Kao/Wang nunca trabajó en la obra, no asistía a los asuntos sociales, no asumía riesgos y desalentaba las inversiones. Tampoco confiaron en que el proyecto Shopping Paris superaría las expectativas; sin embargo, ante el éxito actual, han cambiado de actitud”, dice la primera parte del comunicado.
En otro punto, señala que en cuanto a la distribución de funciones “la familia Kao/Wang se acomodó a esta situación mientras la familia Kim trabajaba incansablemente. Aunque se les invitaba a las reuniones, no asistían alegando viajes o asuntos personales. Así, se consolidó una distribución de funciones donde ellos se limitaban a percibir los beneficios correspondientes”.
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En otro apartado, el comunicado menciona supuestas “irregularidades detectadas”, donde indica que la controversia actual surge tras detectarse que “la familia Kao/Wang ocupó y alquiló espacios del centro comercial a terceros sin autorización” y que los ingresos generados fueron a las cuentas bancarias de Susana (Wang Hsiao Mua) y Rosana Ming Kao, “sin ingresar a la cuenta de la empresa como corresponde, apropiándose así de los ingresos genuinos de la firma”.
En cuanto al reparto legal de dividendos, detalla que “el conflicto aumentó tras la venta del edificio Bonita Kim. Las utilidades se distribuyeron en estricta proporción a la participación accionaria de cada familia, conforme a la ley. Pese a ello, la familia Kao/Wang rechazó la distribución proporcional e inició reclamos infundados”.
Participación accionaria
Así también, expresa su rechazo a las acusaciones de la familia denunciante. “La modificación de la participación accionaria responde a nuevas inversiones aportadas e integradas exclusivamente por la familia Kim. Este proceso fue aprobado en asamblea extraordinaria y ordinaria, cumpliendo los estatutos, las leyes vigentes, las publicaciones legales y contando con la aprobación de la Abogacía del Tesoro”, menciona.
Además habla de instrumentalización judicial y lamenta que “mediante maniobras cuestionables”, se hayan penalizado asuntos de índole netamente societaria.
El comunicado finaliza diciendo que “la familia Kim reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo honesto. Exigimos respeto al funcionamiento institucional de K & K Shopping´s S. A. y confiamos en que las instancias correspondientes esclarecerán la verdad".
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Revelan conflicto entre accionistas de empresa dueña de shopping de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, imputó a cinco personas, entre accionistas y ejecutivos de la firma K & K Shopping’s S.A., por supuesta apropiación, lesión de confianza, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y su uso.
La empresa K & K S.A. es la propietaria del Shopping Paris de Ciudad del Este. Los procesados son: Elizabeth Kim Jang, presidenta del directorio, apoderada y representante legal de K & K Shopping´s S.A.; Kim Jang, accionista; Nam Jun Kwon, vicepresidente del directorio; Antonio Ramón Galeano Vega, síndico titular y Alexis Florentín Gauto, secretario de asamblea.
La investigación abarca una serie de actuaciones societarias realizadas entre mayo de 2025 y marzo de 2026, las cuales, según la Fiscalía, perjudicaron a dos accionistas del grupo KAO/WANG, Rosana Ming Kao y Hasiao Hua Wang
La Fiscalía detalla que el capital de la empresa era de G. 103.000 millones y estaba distribuido en partes iguales entre los grupos KIM y KAO/WANG. La situación cambió tras la asamblea del 5 de mayo de 2025, que resolvió reducir a G. 38.850 millones mediante el rescate de acciones y estableció pagos de G. 3.207.500.000 para una de las accionistas y G. 28.867.500.000 para la otra.
En la imputación se indica que, las sumas citadas quedaron a cargo de la sociedad para su entrega a las titulares, pero nunca habrían sido abonadas. Un comprobante emitido por la propia empresa el 26 de mayo de 2025 consignó como pagado el monto de G. 26.558.100.000, tras una retención tributaria de G. 2.309.400.000 sobre la suma mayor.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el dinero jamás ingresó a las afectadas. De hecho, el 15 de enero de 2026, una de ellas fue convocada para firmar los recibos correspondientes, pero se negó con el argumento que los valores continuaban impagos.
Paralelamente, la composición accionaria volvió a tener modificaciones sustanciales, según el escrito fiscal. El 18 de diciembre de 2025, el capital se incrementó de G. 38.850 millones a G. 49.350 millones mediante la emisión de 210 acciones adjudicadas a una sola accionista, cuya participación subió del 50 % al 61 %, reduciendo la del grupo KAO/WANG al 39 %.
Posteriormente, el 13 de marzo de 2026, se ejecutó un nuevo aumento hasta alcanzar los G. 103.350 millones con 1.080 nuevas acciones. De estas, 560 respondían a un supuesto aporte de G. 28.000 millones y fueron adjudicadas nuevamente a la misma persona, quien pasó a controlar el 71 % de la firma, dejando a las dos afectadas con un 29 % conjunto.
La investigación señala que estos aportes —por un total de G. 38.500 millones— no habrían sido efectivamente integrados, emitiéndose acciones sin que la sociedad recibiera el capital.
La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la etapa preparatoria debido a la complejidad del caso y al volumen de documentación por analizar, requiriendo la aplicación de medidas alternativas a la prisión para todos los procesados.
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Violencia familiar: crónica de una brutal agresión que habría sufrido una mujer de su pareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una mujer denunció haber sido golpeada brutalmente por su pareja, persiguiéndola por toda la casa hasta que gritó, el hombre se apartó de ella y pudo correr a pedir a auxilio. La fiscal Viviana Sánchez imputó a un hombre de 42 años por el supuesto hecho de violencia familiar. Asimismo, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del imputado.
El hecho habría ocurrido a las 22:00 del viernes 28 de agosto, en una vivienda del barrio Santo Domingo de Presidente Franco. Según el escrito fiscal, el ahora imputado llegó a su domicilio presuntamente bajo los efectos del alcohol y, ante la negativa de su pareja de abrirle la puerta, habría forzado el acceso a la vivienda.
Una vez dentro, habría insultado a la mujer, la despojó de su teléfono y arrojado al piso, después de que ella hubiera intentado comunicarse con el sistema de emergencias 911 de la Policía Nacional. Posteriormente, la siguió hasta la habitación, donde la empujó contra la pared y la golpeó en la cabeza, ocasionándole lesiones.
Sin embargo, la víctima pudo liberarse y se dirigió hasta la sala, pero el hombre la persiguió y volvió a agredirla, golpeándola en la espalda y el brazo. En un momento dado, la mujer cayó al suelo, pero el hombre siguió propinándole golpes, de acuerdo a lo expuesto en la imputación.
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En ese momento la víctima comenzó a gritar para pedir que parase con la agresión, momento en que el hombre la habría dejado y ella pudo salir de la casa para pedir auxilio y acudir a la comisaría de la zona y presentar la denuncia correspondiente.
En el marco de la investigación del hecho, la fiscal dispuso que una médica forense del Ministerio Público inspeccionara a la víctima. La profesional pudo determinar que la mujer presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Como elementos incriminatorios, la Fiscalía cuenta con el informe policial, las actas de denuncia y procedimiento, la declaración de la víctima y el informe médico forense. Finalmente, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco la aplicación de prisión preventiva. El procesado permanece recluido de manera provisoria en sede policial, a disposición del Juzgado.
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Desnudan contradicciones del fiscal en el caso Bataglia: investigación apunta al hermano
El Juzgado de Delitos Económicos, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia, desnudó la incoherencia del agente fiscal Julio Ortiz durante la audiencia de imposición de medidas cautelares para el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia.
El pasado 12 de agosto, el procesado por supuesta lesión de confianza se presentó ante el representante del Ministerio Público; sin embargo, este tomó la determinación de liberarlo en lugar de ponerlo a disposición del juzgado competente. Esta acción contradice el procedimiento habitual en otros casos, donde se comunica inmediatamente al juez y se realiza la audiencia de imposición de medidas.
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Esta situación se generó debido a que el fiscal sabía que Bataglia estaba en Europa y que no ingresó de forma regular al país, sino que lo hizo de forma clandestina. A pesar de esto, el representante fiscal ordenó su liberación. El hecho fue mencionado por el juez Rodrigo Estigarribia para fundamentar su resolución, en la cual decretó el arresto domiciliario del imputado con el uso de tobilleras electrónicas.
Hermano de Bataglia
Asimismo, la investigación se estaría ampliando hacia Carlos Bataglia, hermano del extitular del IPS. Esto se debe a que existen indicios bajo análisis que lo señalarían como el presunto nexo con las empresas proveedoras. Según los elementos recabados, su función había sido de nexo con el entonces titular de la previsional para direccionar ciertas adjudicaciones en las licitaciones que se realizaron en IPS.
Informe de Migraciones
La Dirección Nacional de Migraciones remitió un informe al juzgado de Rodrigo Estigarribia donde ratifica que el imputado ingresó de forma clandestina al país desde Europa. Este documento sirvió para que el magistrado decidiera decretar el arresto domiciliario, atendiendo a que existe un evidente peligro de fuga por parte del procesado.