El juez penal de garantía de Santa Rosa del Aguaray Vicente Coronel Villalba otorgó el arresto domiciliario al exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Roberto Bogarín Campuzano, imputado por el delito de estafa y en el que resultaron víctimas colonos de la zona de Río Verde, San Pedro. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en la sede judicial del segundo departamento.
De acuerdo a la resolución del juez, el imputado tendrá que cumplir el arresto domiciliario en una casa ubicada en la ciudad de Lambaré, departamento Central. Asimismo tendrá el control aleatorio de la Policía Nacional, que deberá informar al juzgado el cumplimiento de la resolución judicial.
También el procesado tiene la obligación de presentarse ante ese juzgado a firmar el libro de comparecencia, de 1 al 5 de cada mes y otras convocatorias que cite el juzgado de garantía. Igualmente tiene prohibido comunicarse con las víctimas.
Imputación
El fiscal José Godoy presentó imputación por los delitos de estafa, asociación criminal y producción de documentos falsos contra el funcionario del Congreso, Willian Bogarín Campuzano, quien integra presuntamente un esquema de estafa a colonos con venta de tierras en el Chaco. El Ministerio Público presentó la imputación contra Ilse Marisela Paredes y José Francisco Ljubetich.
Según la denuncia presentada en sede del Ministerio Público, resultaron víctimas los hermanos Bernardo Friesen Neufeld y Herman Friesen Neufeld, colonos de Río Verde, distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, a quienes se les habría estafado por la suma de USD 1.200.000.
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Gobernador niega fractura en la ANR: “Las municipales deben ser nuestro norte”
“Las elecciones municipales deben ser nuestro objetivo, nuestro norte”, dijo el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, quien exhortó a los máximos líderes nacionales, partidarios y la dirigencia de base de la Asociación Nacional Republicana (ANR) a no distraerse en discusiones estériles y falsas versiones que apuntan a generar una división en la nucleación tradicional y en especial dentro del oficialismo.
“No hay ningún peñismo y ni otros ismos, más todavía en este momento histórico donde tendremos que defender a la ANR en las elecciones del 4 de octubre, no podemos distraernos”, afirmó el jefe comunal a la 1020 AM.
D’Ecclesiis manifestó también que “en nuestro caso todos los gobernadores estamos unidos y nos hemos reunido esta semana con el presidente Santiago Peña para darle nuestro apoyo y acompañamiento, somos sus representantes directos en las gobernaciones. La gente hoy no quiere discusiones o que la ANR esté dividido”.
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El gobernador de San Pedro fue contundente en puntualizar que sin la consolidación de la ANR en las municipales, se tornará complicado mantener el poder en el siguiente periodo presidencial teniendo en cuenta que la mayor conquista de intendencias permite consolidar una base territorial rumbo a las elecciones generales del 2028.
“A los grandes líderes de nuestro partido y sectores le insto con mucho respeto y absoluta firmeza a no abrir nuevas discusiones. Acá hay una realidad que nadie puede desconocer, que sin el 2026 no habrá el 2028″, refirió.
Consejo de Gobernadores
Las afirmaciones de D’Ecclesiis surgieron tras el comunicado emitido ayer jueves por los 15 gobernadores colorados quienes mediante un comunicado conjunto llamaron a los dirigentes a mantener la unidad partidaria alcanzada a nivel nacional.
“Hacemos un llamado patriótico y fraternal a la pacificación de los ánimos dentro de nuestras filas, recordando que este 11 de septiembre conmemoramos el 139 aniversario de la gloriosa Asociación Nacional Republicana, fecha para celebrar la mística y el sentimiento que despierta pertenecer a sus filas y ser protagonistas de su grandeza. Conminamos a deponer toda actitud, postura o acción contraria a los intereses inmediatos de nuestro partido. Hoy, la prioridad absoluta de la gran familia colorada es una sola: recuperar y ganar la mayor cantidad de municipalidades en todo el territorio nacional”, indica el documento.
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Un juez del Supremo de Brasil suspende al jefe de la policía en plena crisis judicial
Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión del director de la policía federal, en un nuevo episodio de la crisis desatada a raíz de un enorme esquema de fraude a menos de un mes de las presidenciales.
La inédita crisis en el máximo tribunal ha alcanzado de llena la campaña electoral en la que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección ante el conservador Flávio Bolsonaro.
El escándalo se originó la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes. En ellos, Vorcaro pidió ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.
Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, del que Vorcaro era dueño.
En el nuevo episodio de este martes, Mendonça acusó a la policía federal de haberlo espiado ilegalmente mediante informes de inteligencia secretos.
En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP, Mendonça calificó de “gravísima” la vigilancia de la que era objeto y comparó el episodio con la novela distópica “1984”, de George Orwell.
El magistrado decidió “la suspensión preventiva” del jefe de la policía federal, Andrei Rodrigues, así como del jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa.
Según Mendonça, los informes de la policía federal eran anónimos y carentes de rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, algo que demostró una violación a la independencia judicial.
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Los informes citados por Mendonça fueron publicados por el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a su colega de “abuso de autoridad”.
Una fuente del gobierno de Lula dijo a periodistas, incluida la AFP, que se prevé que el órgano público de defensa jurídica del Estado recurra la suspensión de Rodrigues en las próximas horas.
El expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato conservador, nombró a Mendonça en la corte suprema durante su presidencia.
“Intereses electorales”
Hijo mayor del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), Flávio respaldó la decisión de Mendonça. El “grupo especial de Lula en la policía federal (fue) desenmascarado oficialmente”, escribió el candidato en X.
Flávio Bolsonaro, al igual que buena parte de la derecha brasileña, ha cuestionado a Moraes por haber condenado a su padre a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.
El evento que “la gloriosa policía federal volvió a tener autonomía para ir detrás de los criminales, y no los adversarios políticos de Lula”. En el campo de Lula, la lectura fue opuesta.
“Brasil está sumido en una crisis institucional sin precedentes en la historia del país”, dijo a la AFP Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña de Lula.
“No podemos permitir que las funciones públicas vuelvan a ser capturadas por intereses políticos y electorales”, agregó Carvalho.
De su lado, el nuevo director general en ejercicio de la policía federal, William Murad, reafirmó “la total confianza” de la institución en Rodrigues.
El resto de una vez jefes de divisiones pusieron incluso sus cargos a disposición y cuestionaron las “narrativas marcadamente influenciadas por intereses político-electorales” que llevaron a la suspensión, según una carta obtenida por la AFP.
- Fuente: AFP
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A Ultranza Py: decretan prisión de supuesto secretario logístico de Marset
El juez Rodrigo Emmanuel Estigarribia, interino de su colega Osmar Legal, decretó la prisión preventiva de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera (38), alias “Chiqui”. Según la investigación, Cáceres Cabrera se desempeñaba como secretario, operador e intermediario logístico de una estructura dedicada al tráfico, acopio y comercialización de cocaína que habría estado encabezada por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar la decisión; en ese caso, un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la resolución del Juzgado Penal de Garantías.
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Cáceres Cabrera fue capturado el domingo en Itacurubí de la Cordillera durante el denominado operativo Nexus 2. El imputado por tráfico de drogas y asociación criminal dentro del esquema “A Ultranza Py” se encontraba prófugo desde febrero y afronta una pena de hasta 30 años de cárcel.
La investigación, que empleó técnicas especiales como la interceptación de llamadas telefónicas, reveló que la red delictiva operaba de manera coordinada tanto desde el exterior como desde el interior de establecimientos penitenciarios, donde el sospechoso cumplía el rol de brazo ejecutor fuera de los reclusorios.
“Dentro de lo que es la investigación del caso, se señalaba una estructura que operaba incluso desde establecimientos penitenciarios por personas que ya estaban privadas de libertad en el marco de la causa A Ultranza Py. En ese sentido, se ha identificado a personas que también operaban para esta estructura desde fuera de esos establecimientos, y una de ellas es el procesado capturado ayer”, explicó este lunes la fiscal Ingrid Cubilla en comunicación con el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Viuda apeló resolución que archivó denuncia y exige justicia por despojo de costoso inmueble en San Pedro
Blanca Beatriz Caballero, viuda de Barrios, exige justicia y pide a las autoridades que se continúe investigando varios hechos punibles presuntamente cometidos por el exsíndico de Quiebras, hoy condenado, Blas Velázquez. La denuncia también salpica a jueces, rematadores públicos y camaristas, quienes habrían avalado el despojo irregular de 1.000 hectáreas de tierras valuadas en millones de guaraníes, ubicadas en el departamento de San Pedro.
Caballero apeló la resolución del juez Humberto Otazú, quien había hecho lugar al pedido del Ministerio Público para desestimar la denuncia contra Velázquez, el rematador Mario Person, el exjuez y actual camarista Miguel Ángel Rodas, y el excamarista Carmelo Castiglioni, entre otros.
El abogado Andrés Casati, representante legal de la denunciante, sostiene que la investigación penal archivada incurrió en graves omisiones al no determinar la secuencia de uso de los documentos cuestionados, los cuales continúan produciendo efectos jurídicos en juicios civiles en curso. Asimismo, argumenta que la prescripción no puede utilizarse para beneficiar la inactividad del órgano investigador; motivo por el cual se ha accionado paralelamente contra la representación fiscal asignada por presunta frustración de la persecución penal.
La apelación deberá ser resuelta por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos. En caso de revocarse el fallo del juez de primera instancia, se ordenará la reapertura de la causa para continuar la investigación contra los implicados y determinar sus responsabilidades penales.
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