Mientras Ramona Belén Giménez lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Trauma de Asunción, su familia continúa estando en zozobra debido a que Nelson Montiel, el responsable de propinarle más de 30 puñaladas, sigue prófugo.
Además, el hombre amenaza a los allegados de Ramona desde la clandestinidad, asegurando que acabará con otro miembro de la familia. Es por eso que los familiares temen por la vida y la integridad de los hijos de Ramona, especialmente, que son los más vulnerables.
Poco antes de que ocurra el intento de feminicidio, Ramona denunció a Nelson Montiel por un incidente, ocasión en que ya recibió una primera puñalada. Sin embargo, no se activó el protocolo y ella no recibió protección, lo que derivó en el último ataque.
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Mientras ella lucha por su vida, el hombre merodea la casa de la familia, ya que hace poco fue visto a unos 500 metros en las inmediaciones de la vivienda, en una zona boscosa donde se estaría escondiendo.
Víctor Giménez, hermano de Ramona, habló con la 1020 am y dijo que comenzaron a recibir amenazas directas de parte de Nelson Montiel. “La amenaza que llega es que él por lo menos va a matar a un miembro de la familia y que después se va a suicidar”.
Imputado por tentativa de feminicidio
Asimismo, la fiscal Lourdes Soto imputó a Nelson Montiel por tentativa de feminicidio. El hombre cuenta con orden de detención y está siendo buscado por las autoridades y se pide la colaboración de la ciudadanía para intentar localizarlo.
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Riera advierte que el dinero del crimen organizado es la mayor amenaza para la democracia
El ministro del Interior, Enrique Riera, considera que seguir la ruta del dinero es actualmente uno de los mayores desafíos y principal frente de batalla del Estado paraguayo ante el crimen organizado. Señaló que esta lucha no representa únicamente una amenaza vinculada al narcotráfico y la violencia, sino también al funcionamiento de las instituciones.
En una entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro señaló que el lavado de dinero y la capacidad de estas estructuras de infiltrarse en instituciones, así como comprar voluntades, o financiar campañas, son la mayor amenaza para la democracia.
Riera hizo esta puntualización al hacer una balance de los tres años de gestión gubernativa en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; señalando que para combatir este problema, el Estado también se tuvo que “organizar” y unir fuerzas para enfrentarles con todo el peso de la ley.
“Creo que el tema más complicado es seguir la ruta del dinero, que es lavada mediante empresas pseudo legales donde hay abogados, escribanos, funcionarios corruptos, periodistas, jueces, fiscales que sumados al uso de kriptomonedas hacen este trabajo muy complicado”, expresó.
Añadió que cuando el dinero del crimen organizado no se encuentra, los criminales lo utilizan para permear el sector público y privado comprando jueces, fiscales, abogados, escribanos, policías, militares, periodistas y demás. “Eso les permite financiar campañas y así los electos, responden al “sponsor” y no a los electores protegiéndolos del alcance la la ley. Es hoy por hoy la mayor amenaza de nuestra democracia", remarcó.
Ante esta situación, destacó la suma del poder público (fuerzas militares y la Policía Nacional), con tropas combinadas en los grandes operaciones en perfecta coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial. También destacó la colaboración de los aliados internacionales en los diferentes mecanismos de cooperación (comando bipartito, tripartito, Interpol, Coaliciones y todos los países del mundo), intercambiando inteligencia, tecnología y estrategia conjunta.
Acabar con el microtráfico
El ministro Riera destacó, finalmente, la implementación del Plan Sumar como una estrategia integral frente al microtráfico, que combina la acción de la fuerza pública, el tratamiento de las adicciones desde Salud Pública y la prevención entre los jóvenes desde Educación. Señaló que la segunda etapa apunta a llevar estas acciones directamente a los barrios.
Indicó que esta lucha particularmente contra el microtráfico se está abordando a nivel nacional, trabajando de forma coordinada en el marco de la política de Estado, repartiendo tareas en los problemas de aplicación de la ley mediante toda la fuerza pública coordinada entendido como un tema de Seguridad (la oferta) y el tratamiento de los adictos (la demanda).
“Mediante el Ministerio de Salud Pública, se aborda este tema como un problema de Sanidad Pública con especialistas en adicciones y, finalmente, la prevención para los más jóvenes mediante acciones concretas lideradas por el Ministerio de Educación. Esta es una política de estado. Y los resultados son muy esperanzadores porque en esta segunda etapa estamos bajando a los barrios con el Plan Sumar en Tu Barrio 2.0″, concluyó.
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Ratifican imputación por estafa y otros contra directivos y ejecutivos de Indufar
La Cámara de Apelación de Alto Paraná, integrada por Nilda Estela Cáceres, Raúl Insaurralde y Efrén Giménez Vázquez, ratificó la admisión y la validez de la imputación contra cuatro directivos y ejecutivos de Indufar C.I.S.A. Los mismos están imputados por estafa, lesión de confianza y asociación criminal en una investigación relacionada con la producción y comercialización de medicamentos a base de tirzepatida.
Los procesados son Óscar Humberto Simón Palmerola, Cynthia Montserrat Ríos Villagra, Darío Alejandro Zanin y José Luis Rodríguez Paredes. La investigación se inició a partir de una denuncia de BEM ESTAR Clínica Estética por un supuesto perjuicio de G. 24.084 millones.
Los camaristas consideraron que el acta de imputación cumple con las exigencias previstas en la norma legal; es decir, en el artículo 302 del Código Procesal Penal y en la Acordada N.º 1631/2022 de la Corte Suprema de Justicia.
Los integrantes del tribunal de alzada mencionaron que el documento contiene los elementos exigidos por la legislación procesal: identifica a los imputados, describe los hechos investigados, establece la calificación jurídica provisional y señala los elementos de sospecha que los vinculan con el caso. El tribunal de apelación aclaró que en esta etapa procesal no corresponde realizar una valoración definitiva de las pruebas ni determinar la responsabilidad penal de los acusados.
Perjuicio económico
El Ministerio Público sostiene que, de forma preliminar, existe un perjuicio de G. 24.084.413.169, equivalente a unos USD 4 millones. Entre los elementos mencionados en la imputación figura un stock de 20.882 cajas de productos que, según la denuncia, habría quedado inmovilizado.
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Admiten imputación contra Vicente Bataglia y fijan audiencia de medidas para el 20 de agosto
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia admitió la imputación y procesó penalmente al extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Mario Bataglia, quien se puso a disposición de la Justicia mediante su abogado. Esto ocurre en el marco de la causa en la que fue imputado por supuesta lesión de confianza y un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones, relacionado con la provisión de quirófanos modulares para el Hospital Central.
Asimismo, el magistrado fijó para el próximo 20 de agosto a las 09:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si ordena la prisión de Bataglia o si se le beneficia con medidas alternativas. Bataglia, quien se encontraba fuera del país, compareció primeramente ante el fiscal Julio Ortiz, se abstuvo de declarar y logró que se levantara la orden de detención en su contra.
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La defensa sostiene que no existe hecho punible atribuible a Bataglia. Su abogado también consideró relevante que la Fiscalía haya desestimado la denuncia contra el representante de la empresa que habría sido beneficiada con las adendas contractuales cuestionadas.
Según la imputación, Bataglia, como presidente del IPS y firmante de las adendas N.° 3 y 4, habría otorgado junto con otros funcionarios condiciones favorables a Neighpart S.A., permitiendo pagos por aproximadamente G. 61.000 millones y ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial a la previsional.
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Jubilados del IPS solicitan la recuperación de bienes y fondos desviados
La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) celebró la imputación de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) y otros siete funcionarios de la previsional.
Durante una conferencia de prensa realizada, el vicepresidente de la UNJP, Lic. Elvio Brun Ayala, pidió que esta imputación de las autoridades llegue hasta el final, y las mismas sean condenadas y que devuelvan hasta el último guaraní que han robado.
“Como jubilados nos sentimos orgullosos, somos protagonistas principales, porque fuimos los primeros en hacer la denuncia. Hace cinco años venimos denunciando. No solo dinero se han robado del IPS, sino se robaron la tranquilidad de la familia por falta de medicamentos. Por eso pedimos que esta imputación llegue hasta el final y que los responsables devuelvan lo robado”, sostuvo.
Brun señaló estar conforme juntos con los demás jubilados por una parte, porque el actual presidente de la entidad previsional apoyó la denuncia del sector.
El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas. Brítez obtuvo libertad ambulatoria, mientras continúa el proceso. El ex presidente del IPS accedió a la fianza de G. 1.000 millones.
Los otro cuatro funcionarios accedieron también a la libertad ambulatoria. Ellos son: la exasesora jurídica Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Coronel; el exgerente de Abastecimiento, Hugo Aranda; y el exdirector de Contrataciones, Juan Manuel Villar.
Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.
Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.
El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.
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