- Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Coronel solicitó la declaración de rebeldía de un hombre imputado por abuso sexual en niños. El procesado, Roberto Carlos Benítez Diarte, de 26 años, habría abusado de un niño de 5 años y se encuentra prófugo de la Justicia.
De acuerdo al escrito fiscal, existen fundadas sospechas de que el imputado, en reiteradas ocasiones, habría violentado sexualmente al menor de edad, siendo la última vez el 11 de diciembre de 2024, en una vivienda del barrio Santa Inés de Presidente Franco.
La Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes recibió la denuncia mediante una nota de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de Presidente Franco. En consecuencia, la fiscal Vivian Coronel realizó el allanamiento de la vivienda donde, supuestamente, se cometieron los abusos.
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De la casa fueron rescatados la víctima y otro adolescente de 14 años. Ambos menores fueron inspeccionados por un médico forense del Ministerio Público, sin que se constataran lesiones. Se recurrió a la asistencia por parte de una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas, del Ministerio Público.
El resultado indicó, preliminarmente, la sospecha de abuso sexual del pequeño de 5 años, por parte de Benítez Diarte, quien durante el procedimiento no fue ubicado en el lugar. La Fiscalía ordenó la detención preventiva del sospechoso, luego presentó la imputación por abuso sexual en niños y pidió al Juzgado de Garantías la declaración de rebeldía.
El Ministerio Público no dio a conocer todavía los datos hasta diciembre sobre hechos punibles contra niños y adolescentes del año 2024, pero el primer semestre había cerrado con 11.018 casos que afectaron a menores de edad, entre ellos, abuso sexual.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Cambiando el juego en Paraguay: el fútbol como herramienta para proteger y empoderar a niñas
Mientras miles de personas se reúnen en Paraguay para compartir la pasión por el fútbol, otra realidad avanza en silencio: casi todos los días una niña menor de 14 años da a luz en el país, víctima de abuso sexual.
Según registros oficiales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en 2024 se registraron 350 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años y más de 8.800 partos en adolescentes de 15 a 19 años.
Los datos preliminares de 2025 confirman la persistencia del problema, evidenciando que el embarazo infantil y adolescente sigue afectando de manera desproporcionada a niñas y adolescentes que viven en contextos de pobreza, exclusión territorial y discriminación, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas.
Frente a esta realidad, Plan International Paraguay impulsa la campaña “Cambiemos el Juego”, una iniciativa que pone en valor el deporte, y particularmente el fútbol, como una herramienta estratégica para la prevención de la violencia, la promoción de derechos y la construcción de espacios seguros para niñas y adolescentes.
En Paraguay, la campaña se articula a partir de La Liga Joaju, un proyecto que se implementa desde hace varios años en comunidades rurales y vulnerables del país.
La Liga Joaju
La iniciativa utiliza el fútbol mixto como una puerta de entrada para ampliar las oportunidades de desarrollo de adolescentes, especialmente niñas y mujeres jóvenes indígenas, en territorios donde las desigualdades estructurales, las brechas en el acceso a derechos y la falta de espacios de recreación y formación siguen limitando sus proyectos de vida.
Dana, tiene 14 años y recuerda con exactitud lo que le decían cuando quería jugar al fútbol: “Me decían que no podía jugar porque es un juego de hombres y que yo debía jugar solo con muñecas”.
Más de 1.700 niñas, niños y adolescentes provenientes principalmente de comunidades rurales y pueblos indígenas de los departamentos de Guairá, Paraguarí, Caaguazú y San Pedro, ya formaron parte de los proyectos donde el fútbol se convierte en una herramienta de protección, aprendizaje y liderazgo.
El impacto también se refleja en historias que hoy trascienden la cancha comunitaria, como la de Fátima Acosta, quien dio sus primeros pasos en estos espacios y que actualmente integra la Selección Femenina de Fútbol de Paraguay.
“La verdad que nunca pensé llegar hasta acá, estar en la selección nacional. Sé que sí se puede alcanzar lo que queremos. Que el ser mujer, no te limita a cumplir tus sueños”, mencionó.
En un país donde el fútbol es parte central de la vida comunitaria, este deporte funciona como un lenguaje común que convoca, une y moviliza. Lo que hace única a esta iniciativa no es solo el deporte, sino que cada entrenamiento integra capacitaciones sobre cuidado socioemocional, bienestar físico y brinda herramientas concretas para la prevención de la violencia.
Violencia estructural
Los embarazos en niñas menores de 14 años en Paraguay no pueden analizarse de forma aislada. De acuerdo con datos del Ministerio Público, durante 2024 se registraron más de 3.551 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, y en más del 80% de los casos las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres. La mayoría de estas violencias ocurre en el entorno familiar o cercano, lo que incrementa las barreras para la denuncia y el acceso temprano a protección.
A esto se suman las uniones tempranas, que afectan principalmente a adolescentes mujeres y se concentran en zonas rurales y en poblaciones indígenas, reforzando ciclos de violencia, abandono escolar y pobreza intergeneracional.
“El fútbol puede ser mucho más que una competencia. Puede ser un espacio de protección, de expresión y de construcción de proyectos de vida para niñas y adolescentes que enfrentan múltiples formas de exclusión. Con La Liga Joaju y con Cambiemos el Juego, buscamos crear mayores oportunidades para la igualdad, el liderazgo y la prevención de la violencia”, señaló Noelia Errecarte, representante país de Plan International Paraguay.
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Cambiar las reglas
A través de “Cambiemos el Juego”, Plan International Paraguay busca poner en relieve la importancia que toda la sociedad, incluido el sector privado, contribuyan a generar entornos protectores donde las niñas puedan crecer libres de violencia, desarrollar su potencial y soñar con un futuro distinto.
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Fiscalía acusa a Gianina García Troche por lavado de dinero del narcotráfico
El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La mujer se encuentra recluida en el complejo penitenciario de máxima seguridad de Emboscada en el marco del caso A Ultranza Py.
El agente del Ministerio Público solicitó a la jueza de crimen organizado Rosarito Montanía elevar la causa a juicio oral y público. Parte del documento presentado por el fiscal indica que García Troche manejó, entre los años 2020 y 2021, una flota de aeronaves perteneciente al grupo criminal que era utilizada para traslados de Asunción al departamento de Alto Paraná.
Indica además que accedió a beneficios económicos sin haber desarrollado actividad lícita alguna que justifique sus ingresos. La mujer es sindica como pieza clave dentro del esquema de blanqueo de activos montado por la organización criminal de Marset.
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El Ministerio Público señala que la ahora acusada tuvo conductas orientadas a ocultar, disimular e incluir dentro del sistema financiero los fondos que provenían del narcotráfico. García Troche afronta proceso por lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines.
En febrero pasado, García Troche fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cué al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, Cordillera, donde fue recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres.
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Consejo de la Magistratura detectó inconsistencias documentales y promovió denuncia ante la Fiscalía
Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.
La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.
Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.
Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.