El fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad 1 Fiscalía Barrial N° 2 del barrio Herrera, de Asunción, brindó algunos detalles del operativo que culminó con la captura de la empresaria Dalia López, luego de 6 años de permanecer en la clandestinidad, pese a contar con orden de captura nacional e internacional en su contra.

Durante una entrevista en la radio 1020 Am, mencionó que López había manifestado al momento de su detención que no se había presentado ante la Justicia durante todo este tiempo, porque recibió supuestas amenazas de muerte que habrían condicionado su decisión.

El fiscal explicó que la mujer manifestó que su intención en un principio fue ponerse a disposición de las autoridades judiciales, pero que una advertencia recibida a último momento cambió el rumbo de los hechos.

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“Ella dijo que se iba a presentar, pero que la noche anterior le llamaron a decir que, si pisaba una comisaría, estaría muerta. La señora señaló que tenía toda la intención de presentarse, pero cuando recibió esas amenazas retrocedió por miedo”, expresó.

En lo que respecta al operativo, destacó que fue muy tranquilo, ya que justo al momento de realizar el procedimiento, una persona se predisponía a salir de la casa.

“Coincidió que justo al abrirse el portón ya nos encontrábamos ahí en frente, por lo que no se forzó ni el portón ni las puertas. Les informamos sobre el operativo, y todas las personas en la casa se sometieron tranquilamente, confirmando que la señora Dalia López se encontraba en la habitación de la casa y se procedió a la detención de la misma”, precisó.

Mencionó que al momento de su detención la mujer se encontraba lúcida, colaboradora, pero se la veía decaída. Informó que solicitó la constitución de paramédicos para corroborar que todo estaba en condiciones respecto a su salud, ya que se encontró gran cantidad de medicamentos en su habitación y manifestó una serie de enfermedades de base.

“Ella manifestó ser diabética, con presión alta y de tener algún tipo de arritmia. Se encontraron mucha cantidad de medicamentos en la habitación”, añadió.

En cuanto a las evidencias incautadas indicaron que se levantaron una importante cantidad de documentos, así como una millonaria suma de dinero en efectivo tanto en guaraníes como en dólares americanos. El fiscal Federico Leguizamón detalló que el monto alcanzaba los G. 440 millones y 220.000 dólares, distribuidos en distintos sectores de la habitación, principalmente en el placard y diversos armarios de la casa incluso en frascos de cafés.

“Según manifestaron, el origen de ese dinero es de sus actividades comerciales de la empresa”, dijo el fiscal. “Expresaron que a partir de la orden de captura de la señora Dalia las cuentas de la empresa fueron congeladas y que no tenían forma de bancarizar, pero que estaban todo contabilizados, registrados y que tenían forma de justificar. Eso manifestaron”, sostuvo.

Leguizamón señaló que fue el departamento de Inteligencia el que manejó la investigación para dar con el paradero de López, y que el Ministerio Público actuó en el momento que recibió la información de que la policía contaba con alto indicio del lugar de su paradero.

Informó, además, que su función como fiscal, culminó el jueves por la noche cuando finalizó la primera indagatoria donde López se abstuvo de declarar.

Confirmó además, que el caso ahora ya quedó a cargo de la Unidad de Crimen Organizado, a cargo del equipo de fiscales que ya cuenta conlourdes la causa, que son los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo y Juan Sandoval.

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En el marco de la Semana Santa, periodo en el que se registra un importante desplazamiento de personas hacia el interior del país, la Estación de Buses de Asunción se posiciona como uno de los principales puntos de concentración y tránsito de pasajeros, en medio de los tradicionales viajes para el reencuentro familiar.

Ante este escenario, Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) implementan controles preventivos sobre personas, vehículos y cargas, como parte del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas – SUMAR, una estrategia orientada a reforzar la seguridad en puntos de alta circulación.

Los operativos cuentan además con el apoyo de canes detectores de drogas, lo que permite fortalecer la capacidad de inspección y optimizar los procedimientos en un entorno caracterizado por el alto flujo de viajeros, sin generar demoras innecesarias.

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Desde la institución explicaron que el objetivo central de estas acciones es garantizar traslados seguros, ágiles y tranquilos, mediante la prevención de actividades ilícitas, especialmente aquellas vinculadas al tráfico de drogas, sin interferir con la dinámica habitual de quienes se movilizan durante estos días.

La presencia activa en puntos estratégicos busca anticiparse a posibles riesgos, al tiempo de acompañar a la ciudadanía en una de las fechas más significativas del calendario nacional, reafirmando el compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros.

El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla, apunta a conseguir el apoyo institucional de la centenaria agrupación de oposición, al ser salpicado a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

A través de una entrevista con la 650 AM, el presidente de la agrupación, Hugo Fleitas, detalló que recibió una llamada telefónica de su correligionario, quien a la vez remitió un comunicado al Directorio del PLRA con la finalidad de concretar una reunión para emitir su descargo.

“Todo hecho que involucre o esté relacionado con algún parlamentario del partido lo tomamos con mucha seriedad. El lunes el senador Amarilla envió una nota al directorio, debido a que no pudo darse una reunión. También contactó conmigo por teléfono, pero no pudimos coincidir algunos miembros del directorio para reunirnos con él“, comentó.

Fleitas acotó: “Nosotros confiamos en que él no tiene ninguna relación importante con lo que se está investigando. No tenemos estrechamente un vínculo, solo una relación política, pero particularmente creo en sus palabras y no veo que él tenga un manejo con la gente vinculada o ligada al narcotráfico”.

El exgobernador de Cordillera mencionó: “Como presidente y afiliado, yo no tengo por qué defender o acusar, si la justicia está investigando, pues bien que lo siga haciendo. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

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La organización criminal fue desmantelada mediante el operativo denominado Scanner, que derivó en la acusación de exfuncionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). La causa fue iniciada el 11 de octubre del 2023, luego de la incautación de 10 kilogramos de cocaína en el aeropuerto.

Entre los acusados se encuentran Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coronel (exoperadora de escáner) y Luis Servián (exintegrante del equipo de seguridad) a los que se suma el abogado Carlos Duarte y Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con la droga pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).

Registros del libro de visitas del Senado, obtenidos durante la investigación fiscal, revelaron que Servián llegó a visitar en 50 ocasiones a Amarilla en la sede del Congreso Nacional. En varias oportunidades, Servián estuvo acompañado por Duarte y también por dos agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Ayala y Francisco Fabián Godoy Montiel, que también están involucrados en esta causa por tráfico de drogas.

El fiscal de la causa, Andrés Arriolla, había detallado que en el transcurso de las investigaciones “surgieron menciones relativas a un legislador (haciendo referencia a Líder Amarilla)“. Señaló que ”dichas referencias provienen exclusivamente de elementos probatorios vinculados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en reiteradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal".

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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.