La sala penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 6 meses de cárcel, con suspensión de la ejecución de la condena, para el excapitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Rubén Valdez, quien fue sentenciado por haber sometido a sextorsión a una bombera.

El fallo lleva la firma de los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, quienes declararon inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa del condenado Valdez. La defensa apeló la resolución de segunda instancia que había igualmente ratificado la sentencia condenatoria.

El ministro Luis María Benítez Riera, explicó en su voto que el recurrente no explicó concretamente su escrito y a su vez no se cumplió con las formalidades legales por lo que corresponde declarar inadmisible el recurso. Mientras que el ministro Manuel Ramírez Candia votó por declarar admisible para su estudio el recurso debido a que no reúne los requisitos para poder estudiar el planteamiento de la defensa del condenado.

En su momento, el Ministerio Público formuló acusación contra el entonces capitán Rubén Valdez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), y sostuvo que contaba con elementos para afirmar que hubo grabación y difusión de imágenes íntimas sin conocimiento ni consentimiento de la afectada. El presente caso señala que el acusado presuntamente le había obligado a la mujer a realizar actos sexuales en presencia de otras mujeres, amenazándola con publicar sus videos si no accedía a las exigencias realizadas, luego le hizo otra propuesta que involucraba a otra mujer.

La denunciante, estando en la casa del acusado, se percató de que el mismo tenía guardados en soporte magnético, como ser computadora, pendrive y CD, todas las filmaciones y fotografías de actos íntimos con la misma y con otras mujeres. Según la investigación fiscal, en octubre del 2019 Valdez grabó actos íntimos con otra mujer en un motel ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora sin conocimiento ni consentimiento de la misma, posteriormente, el 5 de enero pasado, a través de terceras personas, empezaron a circular las imágenes de grabaciones entre amigos y camaradas.

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En São Paulo (Brasil) fue detenida Nélida Sonia Sánchez Garcete, hermana del exdiputado suplente y supuesto narcotraficante Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias Chicharõ, abatido en agosto de 2021 por sicarios en su dormitorio, en Pedro Juan Caballero. De la mujer se sospecha que tendría vínculos con el narcotráfico en la coordinación de operaciones de una banda criminal.

La hermana de Chicharõ, conocida artísticamente como Sônia Sayara, es cantante de sertanejo, un género brasileño a menudo comparado con la música country en el vecino país.

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La Policía del Brasil tiene la sospecha que más allá de su perfil público tendría vínculos con un importante grupo de narcotráfico. Se indaga que ayudó en a dirigir la operación de drogas de su hermano bajo una identidad falsa, informó el Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (Occrp).

Sánchez Garcete fue detenida el 28 de mayo en su casa en las afueras de Mogi Guaçu, ciudad del centro del estado de São Paulo, en Brasil. Asimismo, otras cinco personas que formarían parte de la organización fueron capturadas en lo que la policía denominó la Operación Tango Down.

Sánchez era dueña de una tienda de ropa en Mogi Guaçu, de acuerdo a los datos recolectados. Mientras tanto, los investigadores sostienen que asistía a su hermano, y luego a su esposo, José Roberto de Oliveira Lima, en el tráfico de drogas.

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• Vannes, Francia. AFP.

La justicia francesa condenó este miércoles pasado al excirujano Joël Le Scouarnec a la pena máxima de 20 años de prisión por violar o agredir sexualmente a casi 300 pacientes, en su mayoría cuando eran menores. El juicio iniciado en febrero conmocionó al país, meses después de otro caso “fuera de lo común”: el de las violaciones en serie a Gisèle Pelicot, que acabó con 51 hombres condenados.

“Se tuvo en cuenta que los hechos cometidos eran especialmente graves por el número de víctimas, su corta edad y el carácter compulsivo” del acusado, indicó la presidenta del tribunal de Vannes, Aude Buresi, al leer el veredicto. Después de que se comunicara el fallo, uno de los abogados del excirujano, Maxime Tessier, indicó que su cliente no recurrirá y que “nunca tuvo intención” de hacerlo.

La fiscalía había pedido 20 años de prisión contra este “diablo” de “bata blanca” y otras medidas menos comunes como su reclusión en un centro para su tratamiento y vigilancia después de cumplirla. Pero el tribunal de esta ciudad del oeste de Francia le impuso una condena más leve, al subrayar su “voluntad de reparación” y su edad. El hombre de 74 años podrá así solicitar la libertad condicional cuando cumpla dos tercios de la pena de 20 años.

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La justicia también le impuso un seguimiento socio-judicial durante 15 años que incluye, en particular, someterse a tratamiento y una prohibición definitiva de ejercer una profesión médica o una actividad en contacto con menores. El veredicto fue acogido con gritos de “¡Qué vergüenza de justicia!” en la sala de retransmisión reservada a las víctimas.

Algunas, que se concentraron frente al tribunal, se abrazaron, llorando. “Qué decepción”, comentó Manon Lemoine, portavoz de un colectivo de víctimas de Joël Le Scouarnec, ante la prensa. Otra víctima, Amélie Lévêque, se dijo “humillada por este veredicto”. En cambio, Cécile de Oliveira, una de los abogados de las partes civiles, consideró que el veredicto se “adapta de forma muy fina a la situación psiquiátrica de Le Scouarnec”.

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Joël Le Scouarnec reconoció durante el juicio su culpabilidad en todos los actos perpetrados en hospitales entre 1989 y 2014, tanto violaciones como agresiones sexuales. Entonces, 256 de estos pacientes tenían menos de 15 años.

Pero, durante el proceso, reconoció otros “abusos sexuales” sobre su nieta y se dijo responsable del suicidio de dos de sus víctimas.

El excirujano cumple 15 años de prisión desde 2020 por violaciones o agresiones sexuales contra dos sobrinas, una joven paciente en los 1990 y una vecina suya de 6 años en Jonzac en 2017.

A raíz de la denuncia de esta última, los investigadores descubrieron en casa del acusado “cuadernos” en los que apuntaba con detalle sus agresiones, miles de imágenes de pornografía infantil y decenas de muñecas, entre otros.

El 20 de marzo, la fiscalía anunció la apertura de una nueva investigación sobre “víctimas no identificadas o recién declaradas” del excirujano.

Le Scouarnec nació en París de padre ebanista y madre conserje. El mayor de tres hermanos era un muy buen alumno, más bien solitario, que soñaba con convertirse en cirujano, lo que logró en los años 1980.

Se casó y tuvo tres hijos entre 1980 y 1987. Pero bajo la imagen de una familia sin problemas, la relación del matrimonio fue cada vez más tensa a medida que aumentaban las tendencias pedófilas del médico.

“Este señor es un enigma”, dijo al tribunal Jean-Jacques Dumond, uno de los psiquiatras que lo examinaron y que no encontraron la causa de su pedofilia. Su “peligrosidad es muy grande”, abundó su colega Isabelle Alamone.

La justicia lo descubrió en 2004. Su tarjeta bancaria, que utilizaba para acceder a sitios de pornografía infantil, lo traicionó y un tribunal de Vannes lo condenó en 2005 a cuatro meses de prisión, con suspensión de pena.

Esta condena por posesión de imágenes de pornografía infantil no le impidió seguir con su carrera de cirujano en varios hospitales hasta 2017, cuando se jubiló.

Los meses de audiencias han estado marcados por el horror ante los actos del exmédico y por la frustración de las víctimas ante la falta de actuación de las autoridades médicas y judiciales.

Un colectivo de víctimas, que denunció el “silencio político” durante el juicio, anunció una reunión el 11 de junio con el ministro de Salud, Yannick Neuder.

Este último prometió en la radio France Info trabajar para evitar que se repitan este tipo de hechos. “¿Cómo pudimos llegar a una situación como esta?”, se preguntó. El proceso se vio opacado por las acusaciones contra el primer ministro, François Bayrou, por supuestamente haber encubierto casos de violencia en un colegio católico, algo que él niega.

El tribunal de sentencias de San Pedro, integrado por Romina Onieva, Mercedes Urunaga y Cristhian Duarte, condenó a 29 años de cárcel a Édgar Ramón Florentín, encontrado culpable del hecho punible de homicidio doloso del que resultó víctima Manuel García Mereles.

La agente fiscal Irma Concepción Arias Barreto, de la Unidad Penal de la ciudad de Itacurubí del Rosario, pudo arrimar todos los elementos probatorios para lograr la sentencia condenatoria.

La representante del Ministerio Público logró demostrar de manera convincente en juicio oral, la participación del ciudadano hoy condenado en el homicidio ocurrido el 8 de agosto del año 2021, en horas de la noche, en el interior de una granja denominada “Las Mercedes”, del asentamiento con el nombre “Nuclear 15 de Mayo”, distrito de San José del Rosario, departamento de San Pedro.

La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que estudie y resuelva si corresponde confirmar la sentencia condenatoria para Duarte.

Igualmente si el tribunal de apelación llega a confirmar la sentencia condenatoria, la defensa del condenado tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Penal de la Corte.

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