Bruno Rafael Ojeda Alfonsi (23) desapareció en la madrugada del domingo. Salió de su vivienda en el barrio Loma Merlo de Luque con poca ropa y su celular. El joven se encuentra con un cuadro depresivo.

Mientras la Policía realiza trabajos de búsqueda y localización, familiares piden la colaboración de la ciudadanía para ubicarlo. En un video, la hermana del joven hace un emotivo llamado a la difícil situación tan difícil que atraviesa su familia.

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“Hoy necesitamos a todos los amigos posibles. Mi hermano está desaparecido y como familia estamos destrozados. Solos no podemos”, expresó.

Luego habló de la depresión como una enfermedad sumamente grave. “No es solamente estar tristes o estar al pedo. Quien la padece puede seguir trabajando y funcionando normalmente por fuera, mientras que por dentro, la enfermedad actúa como el veneno más mortal y silencioso”, puntualizó.

Añadió que, como familia, no pierden la esperanza de encontrarlo y que no bajarán los brazos ni dejarán de buscarlo. Asimismo, pidió unirse en oración para hallar a su hermano. “Hoy más que nunca necesitamos que Paraguay sea realmente el país de los amigos y que todos podamos hallarlo sano y salvo”, subrayó.

De acuerdo con los familiares, Bruno salió de su casa sin documentos y únicamente con su teléfono celular. Además, indicaron que mantuvo contacto con una persona que actualmente está demorada por la Policía y en cuyo poder fueron encontradas algunas pertenencias del joven.

El fiscal Jorge Escobar informó que las pesquisas se concentran en una zona boscosa cercana a su casa, donde el teléfono registró su última activación. En caso de ver al chico o tener alguna información con respecto a su paradero, llamar al 911 o a la comisaría más cercana.

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“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.

“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, mani­festó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrá­tico Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comi­sarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comu­nicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos plan­teado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente oposi­tor, en su carácter de minis­tro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la lici­tación para la construcción de baños sociales y 24 cel­das en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsa­bles de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definiti­vamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy impor­tante”, puntualizó la agente.

Igualmente, aprobó el pliego de bases y condicio­nes y dispone que el pago sea efectuado en su totali­dad con fondos del Presu­puesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está inte­resada ya que el Estado para­guayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una res­puesta”, manifestó Gonzá­lez. La fiscala siguió argu­mentando que “el Ministerio Público se opuso a la pres­cripción, como representan­tes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un aná­lisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El Tribunal de Sentencia Permanente N.° 2 de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, dictó fallo condenatorio a Rodrigo Sebastián Tamarasco, a 2 años de pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. Es porque usaba electricidad de manera ilegal para la operación de una criptominería. El fiscal de la causa fue Alcides Giménez Zorrilla.

El proceso se había iniciado hace tres años a raíz de la denuncia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), por robo de energía eléctrica. En el juicio fue comprobada la utilización clandestina de electricidad para la operación de una criptominería.

El caso se originó a partir de una intervención realizada por funcionarios de la Ande el 11 de abril de 2023, en un inmueble ubicado en el barrio Pablo Rojas, de Ciudad del Este. En dicho lugar, los técnicos de la Ande detectaron una conexión clandestina e irregular directamente a una línea de Media Tensión trifásica de la Ande, antes del medidor, permitiendo el consumo de energía eléctrica, sin registro ni facturación legal.

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Durante el procedimiento fiscal y policial con orden de allanamiento, se constató que la conexión irregular alimentaba un transformador de 300 kVA y equipos utilizados para criptominería, actividad caracterizada por el elevado consumo de energía eléctrica. En tal sentido, la conexión ilegal y el robo de energía constituyeron un perjuicio patrimonial a la Ande por más de 2.300 millones de guaraníes. (G. 2.366.129.189).

El Tribunal de Sentencia Permanente, bajo la presidencia del juez penal de Sentencia, Fabio Aguilar Benítez e integrado por los jueces Serafín González y Vitalia Duarte, declaró probada la existencia del hecho punible de sustracción de energía eléctrica, así como la culpabilidad y responsabilidad del acusado Rodrigo Sebastián Tamarasco.

Asimismo, el Tribunal dispuso el comiso de los bienes incautados durante el operativo, entre ellos cables, crucetas, descargadores, cartuchos porta fusibles, separadores y un transformador de 300 kVA.

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Patricia Delia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tendrá que cumplir una pena de 4 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada. Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, ratificada en segunda y, ahora, en la máxima instancia judicial.

Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, fueron condenados por el delito de lesión de confianza debido a la compra irregular de agua tónica durante la pandemia de covid-19. Esta maniobra ocasionó a la institución estatal un perjuicio patrimonial que supera los G. 300 millones.

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Los ministros de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazaron el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de la expresidenta de Petropar, Delia Patricia Samudio Torras, y de su esposo, José Manuel Costa Perdomo (condenado a 3 años y 9 meses). Con este fallo, la Corte ratificó de forma definitiva las penas de prisión para ambos por el hecho punible de lesión de confianza.

De acuerdo con la investigación penal, Samudio autorizó la adquisición de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 mascarillas KN95, 60 tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 pallets y 15 termómetros láser que nunca ingresaron al ente público.

Para la Fiscalía, desde un principio fue evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez, algo que logró demostrarse mediante la pesquisa y los elementos presentados en el juicio oral.

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