El extitular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Darío Quesnel, condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza por un desvío de G. 3.127 millones seguirá cumpliendo su condena en la cárcel de Tacumbú. Así resolvió el tribunal de apelación quien confirmó la resolución del juzgado de ejecución quien ya había rechazado la libertad condicional del condenado. Asimismo, con la resolución del tribunal de alzada, el condenado deberá seguir un tratamiento psicológico así como ya dispuso el juzgado de ejecución con anterioridad.
El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Víctor Alfieri, Daniel Ferro, y María Luz Martínez, el 28 de agosto del 2018, había condenado al extitular del Indi, Rubén Darío Quesnel a 10 años de cárcel. Luego la sentencia condenatoria fue confirmada por los entonces camaristas Emiliano Rolón (hoy día fiscal general), Arnulfo Arias, y Carlos Ortíz Barrios.
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La sentencia dictada en ambas instancias señala que los G. 3.127 millones debieron ser destinados a varias comunidades indígenas como pago de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras ser violentamente sacadas de sus tierras y restituidas posteriormente.
El presente caso fue uno de los pocos que se llegó a juicio oral donde terminó con una sentencia condenatoria y que la condena fue confirmada en cámara y la Corte Suprema de Justicia.
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Pruebas documentales no vinculan a Boidanich en ningún hecho irregular, dice defensa
Prosiguió el juicio oral y público para el extitular de la Seprelad, Óscar Boidanich, juzgado por supuesta frustración de la ejecución y persecución penal, al presuntamente no alertar sobre las operaciones del empresario Darío Messer. En la audiencia oral desarrollada este martes en el Palacio de Justicia, se produjeron varias pruebas documentales del Ministerio Público que no tienen ninguna relación con el extitular de la Seprelad, lo que afianza la tesis de la defensa sobre la inexistencia del hecho punible acusado.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich, señaló: “Ningún elemento producido en el juicio oral hasta el momento vincula a mi representado con algún manejo irregular en el presente caso”. La audiencia oral proseguirá el 9 de julio a las 11:00 con la última parte de la exhibición de las pruebas documentales. Luego se ingresará a la etapa de alegatos finales, tanto del Ministerio Público como de la defensa. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos.
Semanas atrás, altos funcionarios de la Seprelad declararon y deslindaron toda responsabilidad de Boidanich en las supuestas demoras del trámite del informe de inteligencia sobre Messer. Los testimonios evidenciaron que el proceso continuó su curso bajo la gestión de otras autoridades mientras Boidanich se encontraba fuera de sus funciones por cuestiones de salud.
Crismilda Espinoza, una de las testigos principales, admitió ante el Tribunal que Boidanich no le dio instrucción alguna sobre el caso. Asimismo, reconoció que, al menos desde marzo del 2018, tenía pleno conocimiento de la existencia de un dictamen jurídico sobre el borrador del informe de inteligencia y que, durante su interinazgo como titular de la Seprelad, siguió el trámite de dicho documento. Espinoza confirmó que ejerció la titularidad de la institución entre los meses de enero y febrero de 2018, y luego desde principios de marzo hasta el 15 de abril del mismo año.
La defensa técnica enfatizó que no se le puede reclamar ninguna responsabilidad a Boidanich por los hechos ocurridos en esos lapsos, dado que no se encontraba ejerciendo el cargo.
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Piden que la SEN y el Indi informen sobre atención a comunidades indígenas
Por iniciativa del diputado colorado, Carlos Godoy, se busca obtener información de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) sobre la asistencia ofrecida a las comunidades indígenas en el territorio nacional. El pedido a la SEN requiere un informe pormenorizado sobre programas, planes y acciones en el marco de la ley y cantidad de comunidades asistidas, discriminadas por departamento y pueblo indígena.
Se busca obtener datos también sobre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados. En tanto al Indi, se solicita detalles sobre las acciones institucionales desarrolladas desde la promulgación de la ley de emergencia, el alcance de la asistencia brindada a las comunidades, la ejecución de recursos financieros y la eventual conformación del equipo de trabajo intergubernamental.
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Es por ello, que el parlamentario del Movimiento Honor Colorado, fundamenta su planteamiento en la implementación de la Ley Nº 6319/2019, que declara en situación de emergencia a las comunidades indígenas pertenecientes a los 19 pueblos asentados en distintos departamentos del territorio nacional.
Según el proyectista, la intención es contar con una evaluación de los resultados, conocer las limitaciones, así como las acciones previstas para fortalecer la protección y el acompañamiento a las comunidades indígenas en situación de emergencia.
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Condenan a 17 años de prisión a un hombre por el abuso de su hijastra de 10 años
- Ciudad del Este. Agencia regional
Un hombre de 41 años fue condenado a 17 años de prisión al ser hallado culpable por el abuso sexual de su hijastra, una menor de edad desde que tenía diez años de edad. El fallo fue dictado en juicio oral que culminó el viernes último en el Complejo Judicial de Ciudad del Este.
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por el juez Milciades Ovelar e integrado por las magistradas Flavia Lorena Recalde y Emilia Santos. La fiscal que defendió la acusación fue Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, de Ciudad del Este.
La causa que culminó con la condena tiene que ver con los hechos que se registraron de forma sistemática entre los años 2019 y 2022, en un inmueble ubicado en el kilómetro 13 Acaray, distrito de Minga Guazú. Los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 10 años de edad.
La agresión sexual consistía inicialmente en manoseos, hasta llegar a consumarse con las acciones más violentas, tratándose de una menor de edad y en reiteradas ocasiones. El hoy condenado, aprovechaba que su pareja y madre de la niña salía a trabajar para cometer los abusos.
Tras los ataques, amenazaba de forma constante a la víctima para que no contara el hecho. Sin embargo, un día, la niña no aguantó más la situación que sufría y contó a su profesora. A partir de dicho relato se realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público.
En el marco de la investigación, los resultados de la inspección médica forense y de una evaluación psicológica de la niña a cargo de una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, ordenada por la fiscal, confirmaron que la víctima sufría de abusos sexuales sistemáticos.
Asimismo, durante la entrevista en la Cámara Gesell, la niña relató pormenorizadamente los abusos sufridos en poder de su padrastro y que fueron probados durante el desarrollo del juicio oral, según el fallo judicial dictado.
La identidad del condenado se omite en cumplimiento de las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que pudieran permitir la identificación de menores de edad en carácter de víctimas o autores de hechos punibles.
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Testigos desarman tesis fiscal al sostener que informe sobre Messer siguió el proceso legal
El abogado Claudio Lovera, quien ejerce la defensa legal del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, indicó que el juicio oral y público contra su cliente será retomado el próximo lunes 1 de junio a las 8:30.
Detalló que el proceso judicial seguirá con la declaración de otros 5 testigos que presenta su cliente procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
Este viernes se concretó la declaración testifical de cuatro personas para luego ir a un cuarto intermedio. “Luego de la etapa testifical se producirán las pruebas documentales e iremos avanzando. Existe un volumen importante de documentos que ofreció la Fiscalía y bueno se deberán producir para ir formando la convicción por parte del tribunal”, comentó en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Fiscalía sustenta su acusación basándose principalmente en la hipótesis de que el exfuncionario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera deliberada información clave sobre los movimientos financieros sospechosos de Messer.
Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia de la fecha se puede resaltar que la Seprelad actuó de manera proactiva, respondiendo a estrictos criterios de inteligencia financiera. “Básicamente se expuso lo que fue la tramitación en sí de lo que fue primero el borrador de informe y posteriormente el informe que fue remitido al Ministerio Público y en lo que respecta a Boidanich, él no tuvo ninguna intervención irregular de esa área (encargada de la elaboración del reporte de inteligencia financiera de Messer)”, comentó.
El abogado agregó que “citaron por ejemplo el volumen de trabajo que contaban, los tiempos que eso implicaba para la elaboración de los informes de inteligencia financiera. Se detalló que incluso uno de los funcionarios llegó a colaborar con la labor del Ministerio Público en el marco de la investigación generada a Messer”.
Lovera ratificó que no “existen méritos o elementos” que motiven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez se empezaron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa que fue una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.
El documento expone que el reporte de inteligencia financiera elaborado por la Seprelad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvieron explicando cómo se lleva adelante y como se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en esa época, dentro de las etapas habituales del trabajo“, mencionó.
Finalmente, el abogado argumentó que un punto fundamental en la causa que también contribuye a desmontar la acusación fiscal, es que en el lapso del trabajo de inteligencia financiera por parte de Seprelad “no se filtró ningún dato, no alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público haya tomado las decisiones oportuna y pertinente".