Por no existir ningún hecho punible, se desestimó la denuncia que se había presentado contra la exfiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Foto: Archivo
Por no existir hecho punible se desestimó denuncia contra exfiscala general, Sandra Quiñónez
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El juez Humberto Otazú hizo lugar a la desestimación de la denuncia presentada en su momento contra Sandra Quiñónez, quien se desempeñó como fiscal general del Estado durante el período 2018 hasta 2023. La misma fue denunciada por los supuestos hechos de frustración de la persecución penal y prevaricato.
El magistrado sostuvo que Quiñónez no tomó decisiones contrarias a derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, y se ha podido verificar que el Ministerio Público realizó las diligencias en las denuncias presentadas y no hubo omisión dolosa o negligente, por lo que corresponde archivar la denuncia.
Del mismo modo, el juez Otazú sostuvo sobre la frustración de la persecución y ejecución penal, que se tuvo en cuenta el informe de la Comisión Bicameral del Congreso que fue objeto de análisis de la Dirección de Delitos Económicos, dependiente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, el cual concluyó que no existía mérito para abrir una nueva causa penal.
En su momento Miguel Ángel Brítez, director jurídico de la Cámara de Senadores, en representación del citado órgano, presentó la denuncia penal contra la exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez, por presunto prevaricato o mal desempeño en sus funciones, obstrucción a la investigación, complicidad y otros hechos ilícitos.
El juez Francisco Acevedo decidió devolver una imputación a la fiscala Daisy Sánchez, quien solo "copió y pegó" el acta policial y no describió correctamente los hechos como exige la normal legal. Foto: Archivo
Juez devuelve imputación a fiscal por “copiar y pegar” informe policial
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El juez penal de Garantías, Francisco Acevedo, decidió devolver una imputación presentada por la agente fiscal Daisy Sánchez en un caso de reducción. A criterio del magistrado, la fiscala se limitó a “copiar y pegar” informaciones recabadas por los policías, sin describir adecuadamente los hechos atribuidos al procesado ni fundamentar el requerimiento.
En la resolución, el juez Acevedo criticó que la representante del Ministerio Público incumpliera los requisitos del artículo 302 del Código Procesal Penal (CPP), el cual exige una descripción precisa de los hechos y su debida fundamentación. Asimismo, el magistrado indicó que el acta de imputación no explicaba de manera lógica la conducta atribuida al imputado, ni identificaba a la persona afectada por el supuesto hecho punible.
Acevedo cuestionó la elaboración del requerimiento fiscal y sostuvo que la agente realizó una “mala subsunción” de los hechos en el tipo penal. Advirtió, además, que la imputación incumplía varios puntos de la Guía de Control Jurisdiccional, aprobada por la Corte Suprema de Justicia mediante la Acordada N.º 1631/22. Entre las falencias detectadas, mencionó la falta de identificación del denunciante o de la víctima, la ausencia de una descripción concreta de la conducta delictiva y la falta de fundamentación del dolo.
Igualmente, cuestionó que la Fiscalía se limitara a transcribir una nota policial en lugar de exponer su propia hipótesis fáctica. También observó deficiencias en la calificación jurídica y en la justificación del plazo solicitado para la etapa preparatoria. Ante estas irregularidades, Acevedo consideró que el pedido de prisión preventiva carecía de sustento legal. Finalmente, la fiscal rectificó su imputación y volvió a solicitar la prisión preventiva del sospechoso.
El juez de Garantía de Fernando de la Mora, Miguel Ruíz, elevó a juicio ora el proceso que enfrenta el hijo de un exvicepresidente de la República, acusado por abuso sexual en niños. Foto: Gentileza
Hijo de exvicepresidente de la República enfrentará juicio por presunto abuso sexual de un niño
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El juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, elevó a juicio oral y público el proceso penal contra el hijo de un exvicepresidente de la República, quien fue acusado por supuesto abuso sexual de un niño de 10 años. El Ministerio Público sostiene en su acusación que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad del menor para manosearlo en varias oportunidades.
Tras la audiencia preliminar, el juzgado resolvió admitir íntegramente la acusación del Ministerio Público y, además, dispuso que el acusado cumpla arresto domiciliario con control de la comisaría jurisdiccional de la zona. Asimismo, impuso medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y a su madre.
La acusación presentada por el fiscal Armin Echeguren refiere que el procesado, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 10 años a la fecha de la denuncia, procedía a manosearlo en sus partes íntimas, por debajo de su ropa, utilizando como herramienta la excusa de los juegos para conseguir su cometido de índole sexual.
Los episodios, según la investigación, sucedían durante las visitas a su domicilio y, ocasionalmente, en la casa de los abuelos paternos, debido a que contaba con un régimen de relacionamiento.
Con la resolución del juzgado de primera instancia, el acusado deberá afrontar juicio oral y público y será juzgado por un Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora.
La Corte suspendió sin goce de sueldo al juez de Capitán Bado, Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Foto: Gentileza
Corte suspende a juez de Capitán Bado, imputado por caso vinculado a “Cabeza Branca”
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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió suspender preventivamente en el ejercicio de sus funciones, y sin goce de sueldo, al juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Capitán Bado (Circunscripción Judicial de Amambay), Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició un proceso de enjuiciamiento en su contra.
De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de una causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles poseían medidas cautelares vigentes dictadas en dicha causa. Pese a ello, el magistrado dispuso la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez.
A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez aprobó el remate y ordenó la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a la vigencia de las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.
Elevan a juicio oral causa por hurto contra sospechoso del crimen de Eusebio Ayala
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El juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, uno de los sospechosos del crimen de Rebeca Martínez en Eusebio Ayala. En esta causa, Rodríguez Merlo está acusado en Asunción por el hurto agravado de una camioneta Toyota Fortuner, ocurrido el 20 de octubre de 2024 en el barrio Sajonia. Asimismo, el magistrado levantó la orden de captura internacional que pesaba sobre el imputado y decretó su prisión preventiva.
En relación con su presunto cómplice, José Luis Paes Gasparin, el juzgado se opuso al pedido de sobreseimiento provisional y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique la solicitud o presente una acusación formal.
La causa penal se originó tras la sustracción de una Toyota Fortuner blanca, año 2020, perteneciente a Héctor Daniel Villalba. El vehículo había sido estacionado alrededor de las 19:35 del 20 de octubre de 2024 en la intersección de las calles Cala’a y Antonio Ruiz de Arellano, en el barrio Sajonia.
Según la acusación, Rodríguez Merlo manipuló la puerta del conductor mientras Paes Gasparin realizaba tareas de vigilancia. Tras forzar el acceso, ambos ingresaron al habitáculo, lograron arrancar el rodado y, aproximadamente a las 21:04, se dieron a la fuga, iniciando la investigación por supuesto hurto agravado.