Esta tarde a las 16:00 será la audiencia de imposición de medidas cautelares al senador argentino, Edgardo Kueider, y su secretaria Lara Magdalena Guinsel. Así dispuso el juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
El legislador entrerriano y su secretaria están procesados en Paraguay por intentar ingresar a nuestro país más de USD 200 mil sin realizar la declaración correspondiente, en la madrugada del martes, por Ciudad del Este. El dinero fue descubierto en un control de rutina en la zona primaria del Puente de la Amistad.
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“Hoy está requisado, si es que el juez instructor determina de que es contrabando, eso va quedar en poder del Estado paraguayo, va entrar a las arcas del Estado como un ingreso propio del Estado”, dijo Orué, este jueves, en entrevista a la 1020 AM. “Lo mismo el vehículo, si se declara contrabando, el vehículo queda requisado y se va hacer la subasta del vehículo, y ese dinero que se cobre por el remate entre al Estado paraguayo también”.
Orué dijo que no es ilegal el ingreso de una importante suma de dinero como la que transportaba el político argentino. “Lo que no hizo fue declarar”, puntualizó. El senador registró en total seis entradas a Paraguay por la misma vía a partir del mes de febrero, reveló el director de Migraciones, Abog. Jorge Marcelo Kronawetter
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Dragon Ball: Policía Federal desarticula en Foz organización de contrabando procedente de Paraguay
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Policía Federal de Brasil ejecutó hoy la Operación Dragon Ball que investiga a una organización criminal de contrabando de celulares y otros productos procedentes de Paraguay. La operación cumplió con 42 órdenes de búsquedas y aprehensión, siendo Foz de Iguazú la ciudad donde se cumplió la mayor cantidad de disposiciones, 26 órdenes.
Fueron aprehendidas dos personas en flagrancia, una por hallazgo de municiones con calibre restricta y el otro por mercaderías de contrabando en flagrancia. Las otras ciudades de intervención son Santa Terezinha de Itaipú (2), Cielo Azul (1), Cascavel (8), Curitiva (2), todos del estado de Paraná, y también San Paulo (1) y Goiania (2).
“La investigación identificó una estructura con actuación en Paraguay y en diversas ciudades brasileñas. Aprehensiones y prisiones impactaron en 8,6 millones de reales en mercaderías y vehículos ligados al grupo”, refiere el informe de la Policía Federal.
“La investigación identificó un grupo organizado que traía clandestinamente de Paraguay productos electrónicos, celulares y accesorios para comercialización en Brasil. Los integrantes dividían las tareas, desde la negociación de los productos en Ciudad del Este hasta la entrada al país, el transporte o almacenamiento y la distribución”, agrega la Policía Federal.
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Sigue relatando la PF que, para llevar las mercaderías a los compradores, el grupo utilizaba vehículos de apoyo para monitorear el trayecto y los inmuebles como depósitos temporales”. Agrega que, las mercaderías eran almacenadas en Foz de Iguazú, Medianeira y Cascavel, del estado de Paraná, luego eran llevadas para comerciantes de San Paulo y Goiania.
Durante la investigación, la Policía se incautó de 11 cargas y 18 vehículos relacionados al esquema y la prisión en flagrancia de 14 personas. La Receita Federal (Ingreso Federal) evaluó las mercaderías en casi 7 mil millones de reales y el monto no pagado por tributos federales en más de 2 millones de reales.
El nombre de la operación tiene que ver con la identificación de integrantes de la estructura que usaban nombres de personajes de la serie anime Dragon Ball como, Goku, Gohan, Mestre Kame y Majin Boo.
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Rechazan arresto domiciliario para conductor ebrio que mató a un joven y decretan prisión preventiva
El juez penal de Garantías Ronald González decretó la prisión preventiva de Jorge Antonio Romero Gómez (37), el conductor ebrio que atropelló un automóvil estacionado en un semáforo causando la muerte de un adolescente de 17 años. El magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público y rechazó la solicitud de la defensa de concederle arresto domiciliario.
El accidente de tránsito ocurrió el fin de semana sobre la avenida Mariscal López frente a un conocido shopping de San Lorenzo. Romero Gómez conducía una camioneta Audi Q7 que impactó violentamente contra la parte trasera de un automóvil Toyota IST que se encontraba detenido ante el semáforo.
Como consecuencia del choque falleció Matías Eduardo González Chávez, quien viajaba como acompañante en el automóvil. Iba a cumplir la mayoría de edad este jueves 5 de noviembre. Otros dos jóvenes que se encontraban en el vehículo resultaron heridos.
El hombre, abogado de profesión, fue imputado por la fiscal Mirta Rivas por homicidio culposo y exposición el peligro en el tránsito terrestre. Sin embargo, familiares del fallecido y de los demás lesionados, solicitaron a través de su defensor el cambio de carátula de la causa a homicidio doloso, atendiendo que manejaba bajo los efectos del alcohol.
En ese sentido, el resultado del alcotest al que fue sometido el imputado arrojó como resultado 0,972 miligramos de alcohol en sangre. El conductor colisionó violentamente contra el automóvil detenido en el semáforo ocasionando la muerte del joven estudiante e hiriendo a otras personas.
Además, no socorrió a las víctimas. “Se preocupó más por su camioneta, que no le haya pasado nada. En ningún momento se acercó a preguntar cómo estábamos”, comentó Bianca González, quien iba como copiloto del automóvil que fue embestido y aunque sobrevivió también resultó con algunas lesiones a causa del impacto.
El imputado permanecerá inicialmente en la Comisaría Primera de San Lorenzo y posteriormente será trasladado al Centro Nacional de Prevenidos, donde deberá cumplir la medida cautelar mientras continúa el proceso judicial.
La tragedia generó indignación y reclamos de justicia por parte de familiares y allegados de la víctima, quienes exigen que el caso sea investigado hasta las últimas consecuencias.
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En Foz detuvieron a 11 paraguayos por supuesto contrabando de pollos y huevos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes de la Policía Federal y de la Policía Militar interceptaron una operación de transporte irregular de productos de origen animal (huevos y pollos), en un puerto clandestino ubicado cerca de la Marina de Brasil, en Foz de Iguazú, según el reporte de la PF.
Incautaron cuatro vehículos, una embarcación y aprehendieron a 11 paraguayos encontrados en el sitio, entre ellos un adolescente, quienes fueron trasladados hasta la Delegación de la PF. En el caso del menor de edad fue derivado a la Policía Civil. El procedimiento se realizó esta madrugada a las 03:10, hora brasileña, en el marco del combate a los crímenes transfronterizos. Los equipos monitorearon la zona y vieron a una embarcación que atracó en el puerto localizado en la margen brasileña del río Paraná.
Al mismo tiempo, los policías identificaron una van que llegaba al lugar y en ese momento decidieron intervenir. Al llegar al puerto, encontraron cuatro vehículos con chapas paraguayas, todos cargados con productos de origen animal; tres transportaban pollos congelados y una estaba cargada con huevos.
Igualmente, localizaron en el sitio una embarcación utilizada para el transporte de las mercaderías por el río. Las cargas no tenían documentos de exportación, según el informe de la PF. Durante el procedimiento de fiscalización, los policías identificaron a 11 ciudadanos paraguayos que participaban de la operación, cumpliendo con diferentes funciones para la carga, descarga y el transporte de las mercaderías.
“Como no fue presentada la documentación necesaria para la exportación de las mercaderías, los involucrados, vehículos, la embarcación y los productos fueron llevados a la Delegación de la Policía Federal de Foz de Iguazú para la confirmación de prisión en flagrancia. En el caso del adolescente, fue llevado a la Policía Civil para los trámites de rigor.
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Juzgado admite acusación y eleva a juicio oral el caso de invasión de la Estancia Pindó
Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.
Juzgarán tres hechos punibles
De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.
En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:
- Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
- Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
- Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.
La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.
Rechazos para la defensa
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.
El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.
El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.
Presunto liderazgo en el asentamiento
Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.
La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.
Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.
Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.