Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García y Héctor Capurro, condenó a 6 años de cárcel a Ramón González Daher luego de ser encontrado culpable por quebrantamiento de depósito y reducción, en calidad de autor. El fiscal del caso fue Luis Piñánez.
El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los hechos acusados contra González Daher sobre la desaparición de cheques ocurrido en el Juzgado de Delitos Económicos de la capital.
Durante los alegatos finales la Fiscalía pidió la pena de 12 años de cárcel para el acusado como responsable de varios delitos por el hurto de 471 cheques de un juzgado en lo penal de Delitos Económicos.
González Daher ya cuenta con dos condenas de 15 años de penitenciaría por usura y lavado de dinero; y de 7 años de prisión por falso testimonio. Esta es la tercera condena que recibe el exdirigente deportivo.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que definirá si corresponde ratificar la condena contra González Daher o se dispone que se lleve a cabo un nuevo juicio oral y público.
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Estiman más de 10.000 desaparecidos tras los terremotos en Venezuela
¿Mil, 10.000 o 50.000? La cifra de desaparecidos por el doble terremoto que golpeó hace casi un mes y medio a Venezuela da lugar a cifras disímiles que las autoridades no se esfuerzan por esclarecer. La búsqueda de cadáveres continúa entre las ruinas de decenas de edificios que se derrumbaron como castillos de arena y dejaron al menos 6.125 muertos, según el último saldo oficial.
Salvo algún hallazgo milagroso, a más de 40 días de la tragedia se considera “desaparecidas” a las personas cuyos cuerpos no han sido hallados bajo los escombros. El último parte oficial publicado el lunes indica la cantidad de muertos, personas atendidas en hospitales, viviendas afectadas y hasta las toneladas de escombros retiradas. Pero desde el 24 de junio, día de los terremotos, no hay dato alguno sobre desaparecidos.
En Caraballeda, una localidad del estado costero de La Guaira que concentra la mayor cantidad de víctimas y daños, decenas de voluntarios y rescatistas abren túneles entre escombros de edificios derrumbados. Intentan acceder a los apartamentos donde se encuentran los cuerpos de sus seres queridos.
“Vamos a seguir (...) Hasta que no lo consiga, no me voy a quedar quieto”, dice Víctor Morales con lágrimas en las mejillas. Busca el cuerpo de su nieto de 11 años tras recuperar el de su nieta de 13 de entre los escombros.
“Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir. Y estamos desde el día uno aquí, pensando por aquí, abriendo huecos hasta la planta baja, buscando, sacando” escombros, dice este carpintero de 50 años que descansa bajo una lona al pie del edificio, recalentado por el inclemente sol caribeño.
¿Cuántos desaparecidos hay?
Al día siguiente de la catástrofe, Tom Fletcher, responsable de ayuda humanitaria de la ONU, estimó la cifra de desaparecidos en unos 50.000.
Fue un “error”, estimó una fuente diplomática que pidió el anonimato. “Es imposible saberlo exactamente, pero lo que se maneja es arriba de 10.000”, añadió.
Proyectar un número es casi una misión imposible con los datos demográficos oficiales porque el último censo poblacional de Venezuela data de 2011.
El gobierno, que afronta una crisis económica y política desde 2013, no ha podido o querido hacer un censo en los últimos 15 años.
Las autoridades son en general reticentes a publicar estadísticas demográficas o económicas. Lo hacen a cuentagotas, cuando parece convenirles, incluso en medio de la crisis por los devastadores sismos.
El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo el 30 de junio que 30.000 personas se encontraban en las zonas afectadas por el sismo, y que entonces se contabilizaron 19.000 que se salvaron y 2.000 fallecidos.
Según este recuento, faltaban 9.000 personas. 9.000 más 2.000 resulta en 11.000 muertos. ¿Será este el balance final?
El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, habló la semana pasada de casi 6.000 muertos y, según un registro de habitantes, al menos 1.338 desaparecidos. Otra autoridad con nuevas cifras y más contradicciones.
Ante la ausencia de información oficial, los venezolanos han creado sitios web para intentar encontrar a las víctimas.
Allí también hay contradicciones. Al menos tres iniciativas distintas estiman entre 17.000 y 41.000 desaparecidos.
Según la página “Venezuela Te Busca”, unas 44.274 personas fueron declaradas desaparecidas por sus familiares y 17.790 “quedan por localizar”.
El sitio “Desaparecidos Terremoto Venezuela” data de 44.418 reportados como desaparecidos y 29.518 que siguen “sin contacto”.
Mientras que el portal Venezuela Reporta registra unos 41.311 “desaparecidos”. La fuente diplomática aplaudió la “buena voluntad” de las iniciativas, pero desestimó la fiabilidad de estas cifras.
Descansar en paz"
En “eventos tan desastrosos de semejante magnitud (...) pueda suceder que alguien no se recupere, no se lo encuentre o quede desaparecido”, advirtió Esteban Chala, un experimentado rescatista argentino con experiencia en otras catástrofes.
El temor de muchas familias es que sus allegados figuren para siempre como desaparecidos. Quieren recuperar sus restos para darles una sepultura digna.
Fernando Bencomo enciende un cigarrillo mientras personal forense, vestidos con trajes blancos de bioseguridad, extraen con cuidado el cuerpo irreconocible de su hijo, Fernando Antonio Bencomo, un estudiante de 21 años, y su perro. El cuerpo fue encontrado tras 40 días de búsqueda.
“Tenía toda la vida (por delante). Desde el primer día estoy aquí buscando, no quería parar antes que pudiera descansar en paz”, lamentó este policía de 50 años. “Sacamos entre 40 y 49 cuerpos. Voy a seguir ayudando. Hay otros cuerpos” por recuperar de entre los escombros, afirma. Su hijo es un desaparecido menos, pero un muerto más.
Fuente: AFP.
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Fiscalía pide 3 años de cárcel y la querella solicita 6 para la exjueza Tania Irún por prevaricato
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron una condena de 3 años de cárcel para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, acusada del supuesto hecho punible de prevaricato. Se la señala por entregar 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la franja de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, a presuntas empresas de maletín. Por su parte, la querella adhesiva, representada por el abogado Francisco de Vargas, solicitó una pena de 6 años de prisión.
En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exmagistrada utilizó su cargo para dictar una resolución arbitraria y contraria a derecho. Esto tuvo el objetivo de beneficiar a una de las partes en perjuicio de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Los fiscales afirmaron que Irún dictó la sentencia sin contar con los documentos indispensables para resolver el caso.
Asimismo, el fiscal Christian Benítez manifestó que la actuación de la acusada no puede considerarse un simple error de interpretación. Recordó que, en un fallo de 2015, la propia exjueza reconoció que no disponía de toda la información necesaria sobre las empresas beneficiadas. Indicó además que, durante el proceso, fue advertida sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza y que contaba con informes que acreditaban que las tierras estaban en dicha zona restringida.
El representante del Ministerio Público también cuestionó la decisión de Tania Irún de interrumpir su reposo por maternidad para dictar la sentencia. Sostuvo que, durante el juicio oral, se comprobó que los estatutos de las empresas permitían transferir acciones por simple endoso, situación que vulneraba abiertamente la normativa vigente. Finalmente, afirmó que la resolución judicial favoreció indebidamente a una de las partes y provocó el despojo de 310.000 hectáreas de tierras soberanas.
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Condenan a 2 años de prisión a policía implicado en el millonario hurto a cambistas de CDE
Este jueves, el Tribunal de Sentencia condenó a 2 años y 3 meses de prisión al suboficial que estuvo involucrado en el atraco a la bóveda de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC) por el hecho punible de frustración de la persecución penal. La pena quedó compurgada tras cumplir prisión preventiva y arresto domiciliario, por lo que se dispuso su libertad.
El tribunal presidido por el magistrado Milciades Ovelar e integrado por las magistradas Cinthia Garcete y Jorgelina Melgarejo dictó sentencia contra el suboficial Fernando Llamas Ríos, de 29 años, quien fue condenado por el hecho punible de frustración de la persecución penal.
El magistrado indicó que la Fiscalía probó con certeza que el acusado cometió el delito de hurto agravado por omisión, basándose en el artículo 15 del Código Penal, porque como policía activo tenía la obligación constitucional y legal de evitar el crimen que se reportó en febrero del 2024 en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
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Además, existieron elementos suficientes para demostrar que Llamas tenía conocimiento del plan y de su ejecución, pero que decidió no actuar cuando tenía la posibilidad de hacerlo. Finalmente, el tribunal indicó que las pruebas no bastaban para afirmar que el acusado dominaba o conocía los detalles del plan delictivo y lo condenó a 2 años y tres meses de prisión.
Han pasado 2 años y cinco meses del aquel atraco, hoy, el condenado ya guardó prisión preventiva más arresto domiciliario y tiene compurgada su condena, por tanto se dispuso su libertad.
El millonario hurto que ocurrió el 4 de febrero de 2024 en Ciudad del Este, cuando una banda transnacional alquiló un local comercial para realizar la excavación de un túnel de más de 130 metros de longitud y llegar a la parte más vulnerable de la pared donde abrieron un boquete sin que nadie se percatara. Vaciaron los cofres de los cambistas, llevándose un millonario botín en diversas divisas.
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Condenan a 10 años de cárcel a esposa de Alejandro Ramos
Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a Lourdes Ramírez de Ramos, esposa de Alejandro Ramos, con quien fundó el Ejército de Mariscal López y exmiembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al ser hallada culpable de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la ahora sentenciada apareció en un video difundido en enero de 2014, en el cual el grupo criminal reivindicaba la lucha de clases como único medio para acceder al poder e instaurar un gobierno de los pobres. En dicho material audiovisual también se emitían expresiones contra las autoridades nacionales legítimamente constituidas, hechos que sustentaron la condena impuesta.
Durante el juicio oral y público, el fiscal Federico Delfino acreditó la participación de la acusada mediante las pruebas producidas durante el desarrollo de la audiencia oral.
Ahora, la defensa de la condenada tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial, en cuyo caso un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.