El tribunal de sentencia integrado por Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Adriana Planás, condenó a 4 años de cárcel al exdirector penitenciario Wilfrido Victoriano Quintana encontrado culpable por frustración de la ejecución penal, y cohecho pasivo agravado. Asimismo, el exmagistrado Néstor Arévalo Zorrilla fue condenado a 3 años de cárcel, encontrado culpable por los delitos de frustración de la ejecución penal y prevaricato.
El colegiado sostuvo que se pudo comprobar la responsabilidad de los dos condenados en los delitos acusados por el Ministerio Público, atendiendo a que los mismos recibieron “regalos” para que los condenados por narcotráfico Víctor Brítez Aranda, alias “Chapalo”, y Ángel Tranquilino Giménez.
La agente fiscal María Irene Álvarez fue quien sostuvo la acusación contra los hoy condenados y a su vez el colegiado valoró el trabajo llevado a cabo por la mencionada representante del Ministerio Público.
Por su parte, el exdirector del penal de Ciudad del Este, Alberto Ramón Orella Notario, también acusado en el caso, fue absuelto de reproche y pena por la supuesta falta de comprobación del hecho.
La defensa de los condenados tienen la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y si es así será el tribunal de apelación el que estudie si corresponde confirmar o no la sentencia condenatoria.
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Se abre camino al Hospital General de Santaní: 5 consorcios compiten por la obra
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizó la apertura de sobres con las ofertas técnicas y económicas para el diseño y construcción del Hospital General de San Estanislao (Santaní), en el departamento de San Pedro. Cinco consorcios presentaron propuestas para ejecutar este proyecto que beneficiará a los habitantes del norte del país.La obra será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en coordinación con el Ministerio de Salud, que elaboró el programa médico arquitectónico junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mediante un trabajo multidisciplinario.
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“Tantos años de lucha hoy se están volviendo una bella realidad”, expresó Christian D’Ecclesiis, coordinador de la Oficina Administrativa de la subsede de la Gobernación en San Estanislao.
Por su parte, la arquitecta Leticia Herreros, encargada de la Unidad Ejecutora de Infraestructura Pública (UEP-IP) del MOPC, destacó que “este hospital, que por tanto tiempo fue añorado, contará con unos 23.000 m² para dar respuesta a los pobladores de San Pedro y otras ciudades aledañas”.
En esta etapa participan un total de 5 consorcios empresariales, el Consorcio Tai Santaní (Tecnoedil S.A. Constructora, Implenia S.A., Ascent S.A.); el Consorcio San Estanislao CSE (Jiménez Gaona y Lima S.A., Itasa S.A., Proel Ingeniería); el Consorcio HSE (Constructora Isacio Vallejos S.A., MM S.A., Benito Roggio e Hijos S.A.); el Consorcio Hospitalario HCD (Sociedad Constructora Chaco S.A., Constructora Heisecke S.A., Ricardo Díaz Martínez); y el Consorcio Concret Mix – CDS (Concret Mix S.A., Corporación del Sur S.A.).
Hospital moderno y completo
El futuro hospital contará con 189 camas censables, distribuidas en 157 para internación general y 32 para cuidados intensivos.
Dispondrá de servicios de urgencias, quirófanos, ginecología y obstetricia, internación, terapia intensiva, atención ambulatoria con 31 consultorios, laboratorios, diagnóstico por imágenes, áreas administrativas, albergue, estacionamiento, espacios verdes y helipuerto.
La construcción se realizará en un terreno de cinco hectáreas donado por el actual gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, en la ciudad de San Estanislao. La inversión total ronda los USD 60 millones, de los cuales USD 30,25 millones se destinarán al diseño, construcción y mantenimiento.
El plazo previsto es de 30 meses —seis para el diseño y 24 para la obra—, más 18 meses adicionales de mantenimiento tras la entrega provisoria. Con esta iniciativa se beneficiará a la población de San Pedro, así como al sur de Concepción, Amambay y Canindeyú, informó el MOPC.
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Confirman siete casos de sarampión y 12 más están en estudio
El Ministerio de Salud Pública confirmó un total de siete casos positivos de sarampión en el país, todos localizados en el departamento de San Pedro, donde se mantiene un brote activo. De los infectados, cinco están relacionados con la importación, uno es un caso importado y otro se encuentra con el nexo epidemiológico en investigación.
Los pacientes afectados tienen entre 1 y 19 años y ninguno contaba con antecedente de vacunación contra la enfermedad. Además, 12 personas más se encuentran en estudio como casos sospechosos, todas provenientes de la zona del brote y distritos cercanos. Hasta el momento no se registran hospitalizados ni fallecidos.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, capaz de transmitirse por microgotas expulsadas al hablar, toser o estornudar, las cuales pueden permanecer suspendidas en el aire hasta dos horas. Puede provocar fiebre, erupciones cutáneas, tos, conjuntivitis y secreción nasal, y en casos graves, derivar en complicaciones potencialmente mortales.
Ante esta situación, el Equipo de Respuesta Rápida Nacional y brigadas locales trabajan en búsqueda activa de casos, vacunación de bloqueo y visitas domiciliarias. En las últimas dos semanas se aplicaron más de 1.500 dosis de la vacuna contra el sarampión: 60 dosis cero, 1.046 primeras dosis y 412 segundas dosis, lo que permitió elevar la cobertura vacunal en la zona afectada del 69 % al 76 %.
El Ministerio de Salud insta a vacunar a los niños y completar los esquemas de inmunización para frenar la propagación del virus, especialmente en las áreas donde ya se confirmaron casos.
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Datos clave
- Se confirmaron siete casos de sarampión en San Pedro, todos en personas no vacunadas, con edades entre 1 y 19 años.
- Doce casos sospechosos están en estudio, sin hospitalizados ni fallecidos hasta el momento.
- En la zona afectada se aplicaron más de 1.500 dosis de vacuna en dos semanas, elevando la cobertura al 76 %.
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Querella pide 15 años de cárcel tras fallido atentado a Cristina Kirchner
Los abogados de la expresidenta argentina Cristina Kirchner pidieron este miércoles 15 años de prisión para dos de los tres acusados por intentar asesinarla en 2022, en la primera jornada de alegatos del juicio que se realiza en Buenos Aires.
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La querella de la expresidenta (2007-2015) y exvicepresidenta (2019-2023) pidió condenar por tentativa de homicidio agravado a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló el arma contra Kirchner sin que llegara a dispararse, ya su expareja Brenda Uliarte, acusada como coautora.
El abogado Marcos Aldazábal alegó que ambos “actuaron como coautores funcionales” del atentado fallido y destacó que, en su declaración en el juicio, Sabag Montiel “básicamente confesó el hecho” y “declaró él mismo ser consciente de lo que estaba haciendo”.
La querella demostró que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y por violencia de género.
En su alegato, Aldazábal criticó la etapa de investigación de la causa y demostró que la jueza a cargo “obstruyó” la búsqueda de posibles autores intelectuales del crimen conectados con rivales políticos de Kirchner.
“Tenemos sentados (en el banquillo) a los autores materiales pero no a los ideólogos y financistas”, había dicho Kirchner durante su declaración en el juicio el año pasado.
Sobre el tercer acusado, Nicolás Carrizo, que era apuntado como “planificador”, Aldazábal señaló: “No existen los elementos para que nosotros lo podamos acusar hoy”.
La noche del 1 de septiembre de 2022 Sabag Montiel gatilló dos veces en la cabeza de la expresidenta, sin conseguir que el arma se disparase.
Se había camuflado entre los simpatizantes que a diario se congregaban frente a su casa para apoyarla en momentos en que se le seguía un juicio por corrupción.
La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por esa causa en junio de este año. Actualmente cumple su condena en prisión domiciliaria.
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El juicio por el atentado fallido comenzará el próximo miércoles con los alegatos de los fiscales.
Fuente: AFP
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Condenan a dueño de “La Chispa” por emisión de ruidos dañinos
Un tribunal de sentencia en mayoría condenó a 9 meses de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena a Juan Sebastián Coronel Bareiro, responsable del Centro Cultural “La Chispa” de Asunción, luego de ser encontrado culpable por contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos.
El condenado no pisará la cárcel debido a que la sentencia será reemplazada por varias reglas de conducta que tendrá que cumplir Coronel Bareiro. Los jueces de sentencia que votaron por la condena son Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate, mientras que la jueza Yolanda Portillo votó por la absolución.
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Los magistrados hallaron culpable al acusado de los delitos de contaminación de aire y ruidos dañinos, debido a que sobrepasó los niveles máximos de sonido en varias actividades realizadas en el Centro Cultural La Chispa, ubicado en Estrella entre Colón y Montevideo, de nuestra capital.
El magistrado Capurro señalo que La Chispa cumplía con su labor cultural, y que la música y el arte, era indudable, sin embargo, indicó que se constató que hubo violación de la ordenanza respecto a la medición de los decibeles, y que en ese sentido en dos hechos fueron los comprobados, el 21 de abril del 2024, a las 00:30, cuando se registró un máximo de 85 y en el 1 de marzo del 2024 con un máximo de 86 decibeles.
El juez Capurro manifestó que en dos ocasiones se superaron los valores máximos, en la ordenanza, no así en cuanto a las demás. Citaron también las actuaciones fueron por las denuncias de los vecinos.
Alegatos
La fiscala Elvia Chávez, en sus alegatos finales, pidió la pena de 4 años de cárcel, por los mencionados hechos punibles, tras indicar que los testigos que mencionaron que no podían dormir de los ruidos, lo que repercutió en su salud. Además, había señalado las mediciones que realizaron tanto la Policía como la Fiscalía y los funcionarios municipales, en los cuales se sobrepasó el tope máximo de decibeles de sonido que establecen las leyes administrativas.
Por su parte, la defensa a cargo de la abogada Emilia Yoguvich, había señalado que los hechos no eran típicos, ya que la Fiscalía usó leyes y ordenanzas que no estaban vigentes, por lo que no existía delitos. Esto fue rechazado en mayoría.
Los jueces habían dejado para más adelante, resolver junto con la sentencia, los incidentes presentados por la defensa al inicio del juicio oral.
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