Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández deben analizar la apelación que se presentó contra la exigua condena de 2 años y 6 meses de cárcel de la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, sentenciadas por el fallecimiento de la joven Sol Chávez, quien murió a causa de la ingesta de una dosis letal de flúor.
Los referidos camaristas deberán resolver si corresponde anular la mínima sentencia por tan grave hecho que acabó con la vida de una joven con futuro enorme. En caso de que se anule la leve condena, se deberá llevar a cabo un tercer juicio oral contra las dos acusadas.
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La leve condena llamó la atención de todos, atendiendo la gravedad del hecho debido a que a raíz de la negligencia de las hoy condenadas falleció la joven Sol Chávez. Los jueces que votaron por la exigua condena son Laura Ocampos y Fabián Weinsensee, mientras que la jueza Cándida Fleitas votó por la pena de 3 años de cárcel para las acusadas.
En los alegatos finales, la Fiscalía pidió la pena de 5 años de cárcel al igual que la querella adhesiva luego de comprobarse la gravedad del hecho. En un primer juicio oral, Espinoza fue condenada a 4 años de cárcel y Hermosa a 3 años de pena privativa de libertad.
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Peña dispone retiro total de cartelería tras polémica en CDE
El presidente de la República, Santiago Peña, ordenó el retiro de todos los carteles publicitarios ubicados en la vía pública en Ciudad del Este. A través de sus redes sociales, el mandatario paraguayo expresó su contundente postura hacia lo ocurrido esta mañana en la zona primaria de la capital de Alto Paraná, con respecto a los carteles que contenían mensajes ofensivos hacia el pueblo paraguayo.
“Deploramos los carteles ofensivos instalados en Ciudad del Este. Este tipo de acciones no aportan al entendimiento ni el respeto que deben prevalecer entre los pueblos”, lamentó el jefe de Estado, mediante un comunicado que divulgó en su cuenta personal de X.
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El jefe de Estado anunció que ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el retiro total de toda la cartelería de uso publicitario en el Este, así como también, cualquier otra instalación irregular que ocupe espacios públicos.
“He ordenado al MOPC el retiro de todas de estas estructuras, así como de cualquier otra instalación irregular que ocupe espacios públicos, en el marco de las atribuciones legales que la institución viene ejerciendo en distintos puntos del país”, anunció.
Asimismo, el mandatario remarcó que el Paraguay está viviendo uno de sus mejores momentos, sobre todo en el ámbito económico, lo que genera un gran interés de diversos sectores empresariales.
“Paraguay crece, atrae inversiones y avanza con fuerza hacia el futuro. Quizás eso incomode a algunos. A nosotros nos motiva a seguir trabajando para que el gigante que es Paraguay siga creciendo y ocupando el lugar que merece. Paraguay seguirá hacia adelante”, remarcó.
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En CDE condenan a Rodrigo Tamarasco por robo de electricidad para criptominería
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Tribunal de Sentencia Permanente N.° 2 de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, dictó fallo condenatorio a Rodrigo Sebastián Tamarasco, a 2 años de pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. Es porque usaba electricidad de manera ilegal para la operación de una criptominería. El fiscal de la causa fue Alcides Giménez Zorrilla.
El proceso se había iniciado hace tres años a raíz de la denuncia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), por robo de energía eléctrica. En el juicio fue comprobada la utilización clandestina de electricidad para la operación de una criptominería.
El caso se originó a partir de una intervención realizada por funcionarios de la Ande el 11 de abril de 2023, en un inmueble ubicado en el barrio Pablo Rojas, de Ciudad del Este. En dicho lugar, los técnicos de la Ande detectaron una conexión clandestina e irregular directamente a una línea de Media Tensión trifásica de la Ande, antes del medidor, permitiendo el consumo de energía eléctrica, sin registro ni facturación legal.
Durante el procedimiento fiscal y policial con orden de allanamiento, se constató que la conexión irregular alimentaba un transformador de 300 kVA y equipos utilizados para criptominería, actividad caracterizada por el elevado consumo de energía eléctrica. En tal sentido, la conexión ilegal y el robo de energía constituyeron un perjuicio patrimonial a la Ande por más de 2.300 millones de guaraníes. (G. 2.366.129.189).
El Tribunal de Sentencia Permanente, bajo la presidencia del juez penal de Sentencia, Fabio Aguilar Benítez e integrado por los jueces Serafín González y Vitalia Duarte, declaró probada la existencia del hecho punible de sustracción de energía eléctrica, así como la culpabilidad y responsabilidad del acusado Rodrigo Sebastián Tamarasco.
Asimismo, el Tribunal dispuso el comiso de los bienes incautados durante el operativo, entre ellos cables, crucetas, descargadores, cartuchos porta fusibles, separadores y un transformador de 300 kVA.
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Caso agua tónica: ratifican condena por corrupción de la extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo
Patricia Delia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tendrá que cumplir una pena de 4 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada. Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, ratificada en segunda y, ahora, en la máxima instancia judicial.
Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, fueron condenados por el delito de lesión de confianza debido a la compra irregular de agua tónica durante la pandemia de covid-19. Esta maniobra ocasionó a la institución estatal un perjuicio patrimonial que supera los G. 300 millones.
Los ministros de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazaron el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de la expresidenta de Petropar, Delia Patricia Samudio Torras, y de su esposo, José Manuel Costa Perdomo (condenado a 3 años y 9 meses). Con este fallo, la Corte ratificó de forma definitiva las penas de prisión para ambos por el hecho punible de lesión de confianza.
El caso
De acuerdo con la investigación penal, Samudio autorizó la adquisición de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 mascarillas KN95, 60 tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 pallets y 15 termómetros láser que nunca ingresaron al ente público.
Para la Fiscalía, desde un principio fue evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez, algo que logró demostrarse mediante la pesquisa y los elementos presentados en el juicio oral.
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Marset podría declararse culpable para evitar una condena de 20 años de cárcel
El capo narco uruguayo Sebastián Marset podría declararse culpable con la finalidad de evitar una condena de hasta 20 años de cárcel en el proceso judicial que enfrenta en los Estados Unidos por lavado de activos derivados de ganancias del narcotráfico internacional.
La información cobra fuerza teniendo en cuenta que su audiencia preliminar prevista para este miércoles en el estado de Virginia fuera postergada hasta el 1 de julio para permitir negociaciones entre la Fiscalía federal y su defensa sobre un eventual acuerdo de colaboración.
El medio de comunicación “Ámbito” señala que la decisión de postergar la audiencia fue adoptada de común acuerdo entre los fiscales estadounidenses y la defensa legal de Marset, y posteriormente avalada por el juez federal Rossie Alston Jr., quien extendió el plazo para que ambas partes sigan negociando una posible declaración de culpabilidad.
La publicación periodística agrega que el fiscal federal adjunto Anthony Aminoff comunicó que la acusación ya cuenta con 22 gigabytes de pruebas contra Marset, incluyendo comunicaciones interceptadas en distintos idiomas, registros financieros y documentación obtenida mediante acuerdos de cooperación internacional con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.
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Entre las evidencias figura el contenido del celular incautado al narcotraficante tras su captura en Bolivia, el pasado 13 de marzo. El aparato, que estaba guardado dentro de una caja fuerte, fue enviado a Estados Unidos para ser sometido a pericias técnicas y podría contener datos clave sobre contactos, movimientos financieros y operaciones de la estructura criminal.
Si Marset acepta el acuerdo de culpabilidad, deberá colaborar con información relevante en torno a las operaciones y vínculos de su organización criminal, a cambio de una eventual reducción significativa de la pena. En cambio, si decide ir a juicio y es condenado, podría enfrentar la pena máxima prevista de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas superiores a los USD 500.000.
Antecedentes
Marset ingresó en el radar de los Estados Unidos mediante la operación de transferencia que realizó uno de sus principales cómplices, desde un banco de Portugal a otro en China. El monto aproximado fue de USD 32 millones.
La operación tuvo como intermediario a una institución financiera de Estados Unidos, que la aprobó mediante un servidor ubicado en Richmond (Virginia). Esta es una transferencia de un monto muy bajo para el mundo del narcotráfico, pero fue clave en la investigación contra Marset.
La citada transferencia fue una de las transacciones utilizadas por el país norteamericano para acusar formalmente a Marset de lavado de activos. Los fiscales de la causa refieren que el uruguayo es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur con destino a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal.
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