El juez penal de garantía Mirko Valinotti ratificó la prisión preventiva de Carlos Miguel Stehlik Maciel, procesado por crear perfiles falsos para extorsionar a una persona. Foto: Archivo
El juez penal de Garantía Mirko Valinotti confirmó la prisión preventiva de Carlos Miguel Stehlik Maciel, procesado por crear perfiles falsos para extorsionar a una persona. La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares. Igualmente está imputada en el caso la funcionaria judicial Tania Giselle Galeano Llanes.
La defensa del procesado ofreció fianza millonaria para poder ser beneficiada con medidas menos gravosa, pero el juez Valinotti decidió confirmar la prisión.
El magistrado señala en su resolución que la situación procesal del imputado no ha variado con relación al hecho inicialmente imputado. La funcionaria del Poder Judicial, Tania Galeano, cuenta con arresto domiciliario.
El agente fiscal Federico Delfino formuló imputación contra Carlos Miguel Stehlik Maciel y Tania Giselle Galeano Llanes por extorsión, quienes se contactaron con las víctimas con las que intercambiaron fotos para luego exigir dinero para no publicarlas.
Los antecedentes del caso refieren que en fecha 24 de setiembre del 2024, el Departamento de Antisecuestro de Personas comunicó al Ministerio Público la supuesta comisión de los hechos punibles anteriormente mencionados denunciados por la víctima ante el Departamento Antisecuestro de Personas de la Policía Nacional.
De acuerdo a los datos, surge de la investigación Carlos Miguel Stehlik en compañía de Tania Giselle Galeano Llanes, ambos vecinos, quienes habrían aprovechado esta cercanía para organizarse con el fin de captar a las potenciales víctimas, contactarse con las mismas y solicitar dinero por medio de sus exigencias extorsivas.
La Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), deberá realizar un estudio de factibilidad para la aplicación de una tobillera electrónica a Dalia López. Foto: Archivo
Juez libró oficio judicial para saber si Dalia López puede usar tobillera electrónica
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El juez de Garantías, Francisco Acevedo, libró un oficio judicial a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), a efectos de realizar un estudio de factibilidad para la aplicación de una tobillera electrónica a Dalia López.
La procesada permaneció prófuga, burlándose de la Justicia durante seis años, tras ser imputada por facilitar cédulas de identidad y pasaportes falsos al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y a su hermano.
La medida fue solicitada por la defensa de López, quien busca allanar el camino para obtener el beneficio del arresto domiciliario. Con esta estrategia, se pretende dilatar el proceso penal y asegurar que una eventual condena de cárcel se cumpla en su residencia. Según la determinación judicial —una situación poco habitual—, el personal de la dependencia de monitoreo deberá trasladarse hasta el domicilio propuesto para la reclusión.
De otorgarse la libertad a López para que abandone el penal de mujeres de Emboscada, se sentaría un precedente negativo, considerando su largo historial de evasión judicial. Días atrás, el propio juez Acevedo había ratificado la prisión preventiva de López en Emboscada. Sin embargo, la procesada insiste en abandonar su lugar de reclusión.
Fuentes judiciales mencionan que, presuntamente, políticos e integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) estarían operando para favorecer a la mujer.
Celda VIP
Recientemente se descubrió que Dalia López estaba montando una “celda VIP” en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, hecho que generó un fuerte repudio en la ciudadanía y puso bajo la lupa los privilegios a los que intenta acceder.
La Fiscalía realizó un allanamiento al juzgado penal de Garantía de San Lorenzo en busca de más evidencias sobre un caso de extorsión y cohecho pasivo agravado. Foto: Gentileza
Operativo fiscal: detuvieron a una mujer en un shopping y allanaron juzgado de San Lorenzo
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El Ministerio Público informó sobre un procedimiento realizado en el marco de una investigación por presuntos hechos de extorsión y cohecho pasivo agravado. El operativo derivó en la detención de una mujer, tras una entrega vigilada de dinero en el estacionamiento de un conocido shopping en la ciudad de San Lorenzo, seguido de un allanamiento en el juzgado penal de Garantías de dicha ciudad.
La intervención estuvo a cargo de la agente fiscal Yeimi Adle, de la Unidad Especializada Anticorrupción, con el acompañamiento de personal de la Policía Nacional. La causa se originó a partir de una denuncia que señalaba la supuesta solicitud de dinero por parte de una funcionaria judicial, quien habría ofrecido intermediar para la obtención de medidas sustitutivas a la prisión a favor de una persona procesada en una causa penal.
De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento incluyó la coordinación de una entrega vigilada de dinero, diligencia que permitió la detención de la sospechosa. En prosecución de las averiguaciones, se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la sección Estadística y de la secretaría del juzgado penal de Garantías n.º 1 de la jurisdicción de San Lorenzo, en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado penal de Garantías especializado en delitos económicos del primer turno.
Durante el operativo se incautaron documentos originales, copias certificadas y dispositivos de almacenamiento con información relevante para el esclarecimiento del hecho. Asimismo, se autorizó la extracción de datos de equipos informáticos para profundizar el análisis de los elementos colectados. El Ministerio Público prosigue con las diligencias para determinar la participación de otras personas y esclarecer plenamente las circunstancias del caso.
Conductor de plataforma fue imputado por la muerte de su pasajero
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La Fiscalía formuló imputación contra el conductor de plataforma que agredió a un pasajero y provocó su muerte luego de que el mismo cayera al piso.
La fiscal Hermenegilda Cubilla imputó por homicidio doloso y omisión de auxilio a Cristian Narváez (37), presunto responsable de la muerte de su pasajero Arnaldo Grance (44), quien cayó al empedrado tras recibir un golpe en el rostro.
El chofer fue detenido luego de verse involucrado en una discusión que derivó en el posterior fallecimiento de un usuario de la plataforma de transporte, en el barrio Trinidad de la capital el viernes, 1 de mayo, en horas de la noche.
De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, el imputado se enfrentó verbalmente con su pasajero, a quien propinó varios golpes en el rostro, supuestamente porque le reclamó el vuelto.
Al ser agredido físicamente, la víctima cayó al empedrado y sufrió una herida contundente en la zona de la cabeza, la cual acabó provocando su deceso, luego de perder una gran cantidad de sangre, según confirmación forense.
En ese sentido, el resultado de la autopsia practicada en la morgue judicial determinó que la causa de muerte fue un traumatismo severo del tipo craneoencefálico, que a su vez desencadenó en una hemorragia cerebral. La Fiscalía cuenta con elementos que sostienen la hipótesis de un homicidio doloso.
Entre las evidencias recabadas se encuentran imágenes de circuito cerrado en las que se observa que el presunto autor se retiró del lugar sin brindar asistencia al ahora fallecido. La representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado.
Caso Centenario: Renaut ya se encuentra en prisión
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El condenado por un caso de abuso ocurrido en el 2012 ya fue ingresado a la Unidad Esperanza del penal de Tacumbú.
Ayer a la mañana ingresó a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza de Tacumbú Rodrigo Daniel Renaut (28), condenado por abuso sexual. Su remisión desde el Departamento de Judiciales se concretó alrededor de las 10:30.
Fue remitido al sitio por disposición de la jueza Sandra Noelia Kirchhofer. Deberá cumplir una condena de cinco años y medio por abuso sexual a una adolescente ocurrido en el Club Centenario en el 2012. Fue capturado el pasado martes luego de permanecer prófugo por 14 años.
En el recinto penitenciario se hallan las personas privadas de libertad ya condenadas. Según los datos, al ingresar al penal es controlado por una sala de revisión, donde le sacan la ropa y se les verifica si tiene tatuaje, porque según la jerga penitenciaria, delata mucho este símbolo.
Posteriormente, es ubicado en una de las celdas. Esta penitenciaría alberga a alrededor de 200 internos, condenados todos, divididos en pabellones, según sean obreros, adultos mayores u otras características.
NUNCA SE PUSO A DISPOSICIÓN
La sentencia fue dictada por el tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y Cynthia Lovera. La condena quedó firme en el 2021 cuando la Corte confirmó la sentencia a cinco años y medio de prisión para el autor. Desde entonces, estaba prófugo.
“Él nunca se puso a disposición de la justicia. Siempre estuvo en calidad de prófugo a los efectos del cumplimiento de su condena”, manifestó Cecilia Pérez, abogada de la familia de la víctima, en declaraciones al programa “Callejeros” de Unicanal.