El próximo 31 de octubre a las 13:00 seguirá el juicio oral y público para Patricia Ferreira, Nidia Godoy de la firma Imedic SA y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. Los mismos están acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos a nuestro país.
La audiencia oral va a continuar con la última parte de la audiencia oral que es la réplica y duplica, palabras finales y luego el tribunal de sentencia ingresará a deliberar la que será la sentencia de primera instancia.
Asimismo, la defensa de los acusados solicitó la absolución de culpa y pena durante la exposición de los alegatos finales y sostiene que el Ministerio Público no pudo probar la responsabilidad de los hechos por los que los acusa.
El tribunal de sentencia que juzga a los tres acusados está integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee.
Piden 7 años de cárcel
El Ministerio Público, durante la exposición de sus alegatos finales, solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel, para Nidia Godoy 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los fiscales sostienen que se ha probado que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
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En octubre debe comenzar un segundo juicio oral al exfiscal general y su esposa
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Adriana Planás Sonia Sánchez y Matías Garcete, fijó para el 1 de octubre a las 8:30, el inicio del segundo juicio oral y público contra el exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Díaz Verón y su esposa serán nuevamente juzgados por resolución del Tribunal de Apelación que anuló la absolución que dictaron los jueces de sentencia Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez.
El Tribunal de Apelación Penal en mayoría, con los votos de los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez anuló la absolución de culpa y pena del exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo.
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La camarista Bibiana Benítez señaló en su voto que “habiendo detectado serias violaciones a las reglas legales, fundamentalmente la inobservancia del artículo 175 del Código Procesal Penal, ya que han omitido referirse a pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la citada norma manda a resolver la causa de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas; se han detectado razonamientos absurdos y arbitrarios, que han provocado una falta de fundamentación, por lo que corresponde anular la determinación de primera instancia”, dice el criterio de la mencionada jueza.
Antecedentes
El proceso penal contra la pareja Díaz Verón, Morínigo se inició a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio Público en el año 2019, que señalaba que entre los años 2008 y 2017 los ingresos de Díaz Verón fueron de G. 10.702 millones, mientras que sus egresos alcanzaron los G. 21.143 millones, generando un déficit injustificado de G. 10.495 millones en su patrimonio y en el de su cónyuge.
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Caso Valenzuela: intendenta liberal enfrentará juicio oral
La jefa comunal del Municipio de Valenzuela, Mirtha Fernández y otras seis personas están acusadas, por lesión de confianza, y otros hechos, por un supuesto daño patrimonial de G. 1.199 millones. El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió elevar esta causa a un juicio oral, luego de que la intendenta liberal se haya presentado a los estrados judiciales el pasado lunes, la misma se encontraba prófuga con orden de detención.
El magistrado también dispuso el arresto domiciliario de la autoridad municipal y de los demás acusados en esta causa, también se le otorgó un permiso para trabajar en horas de la mañana, es decir, continuar al frente de la administración local.
La intendenta liberal fue procesada por supuesta lesión de confianza y otros delitos, por un presunto daño patrimonial al municipio de G. 1.199 millones. Este proceso judicial ya se viene arrastrando desde el 2023 con varias chicanas presentadas por los abogados de la jefa comunal, dilatando la audiencia preliminar.
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La imputación se dio en marzo del 2023 por los fiscales de Delitos Económicos Diego Arzamendia y Néstor Coronel. El proceso de investigación se dio ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes.
Nueva imputación
Por otra parte, el día de ayer la intendenta y otras cinco personas fueron imputadas por la agente fiscal Betti Brítez, de la Fiscalía Zonal de Piribebuy, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso y declaración falsa.
De acuerdo a la fiscalía, esta nueva imputación tiene que ver con un perjuicio patrimonial ocasionado a la municipalidad por aproximadamente G. 300 millones, debido a pagos realizados con recursos del Fonacide, en obras de construcción que presuntamente no se habrían ejecutado. Para justificar los pagos, se habrían utilizado documentos con contenido falso.
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Condenan a 28 años de prisión a septuagenario por abuso sexual de una niña
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En juicio oral fue condenado a 28 años prisión un hombre de 70 años, por abuso sexual en niños y coacción sexual. Fue víctima una niña desde los 6 hasta los 11 años. El fallo se dio a conocer este martes 9 de septiembre en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, por el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano.
La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, fue quien defendió la acusación en el juicio y el fallo condenatorio de 28 años de prisión, fue lo solicitado por la citada representante del Ministerio Público.
El condenado abusó de su hijastra menor de edad durante varios años y también de la madre de la niña. La misma, se enteró del hecho y pasó a ser sometida a agresiones sexuales, de acuerdo a lo presentado en el juicio.
Los antecedentes indican que los abusos comenzaron en el 2018, cuando la niña tenía seis años de edad, y siguieron sucediendo hasta octubre de 2023, cuando ya tenía 14 años. Los hechos ocurrieron en una vivienda familiar ubicada en el kilómetro 14 de Minga Guazú.
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Inicialmente, las agresiones consistieron en manoseos, hasta que la niña fue más violentada físicamente, en ocasiones, el agresor sometía a la niña con una sonda puesta, según la exposición de la fiscal. Todo esto fue relatado con detalles por la niña, a una psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, responsabilizando a su padrastro de los vejámenes.
El hombre actuaba con violencia y la amenazaba constantemente con matar a su madre, si revelaba los abusos, según lo expuesto en juicio. Cuando la víctima finalmente le contó a su madre, y esta confrontó a su pareja, también empezó a sufrir terribles castigos físicos y psicológicos, además de ser sometida sexualmente a la fuerza y amenazada de muerte, según la fiscal Coronel.
El abusador llegó al extremo de someter sexualmente a madre e hija al mismo tiempo. Durante la investigación, el médico forense de la Fiscalía, doctor Aníbal Duarte, había confirmado las agresiones sexuales.
Reportaron 1.959 casos en siete meses
De enero a julio de 2025, el Ministerio Público atendió un total de 12.943 niños, niñas y adolescentes víctimas por diferentes hechos punibles, lo que indica 61 niños por día, según los datos Abiertos del Ministerio Público.
De los hechos punibles contra niños y adolescentes, son 1.959 casos de abuso sexual en niños, de enero a julio de 2025 en Paraguay. De la totalidad, encabezan la lista los departamentos Central, con 724 casos y Alto Paraná con 240 casos. Se mantiene la cifra de 88 % de los casos cometidos que tienen como autores a familiares o a personas conocidas del entorno, como el caso que se reporta en este texto.
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