La Cámara de Senadores a través de la Declaración Nro 208 (documento que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia) exhortó a los Poderes Ejecutivo y Judicial a emitir pronunciamiento e impulsar acciones pertinentes para evitar la violación de la Ley 2532/2005 que establece la zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay a los efectos de impedir que cualquier resolución o acuerdo vulnere el cumplimiento de disposiciones vinculadas con la seguridad nacional.
Asimismo, el Senado exhorto al Poder Ejecutivo vía Procuraduría General de la República a impulsar las acciones para que se respeten las normas que protegen la seguridad fronteriza de nuestro país. Misma recomendación se extiende al Ministerio de Defensa Nacional.
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Proceso penal contra exjueza
Semanas atrás el juez penal de Garantía Yoan Paúl López elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, acusada por prevaricato por entregar presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en el departamento de Alto Paraguay.
La acusación de la fiscala adjunta Soledad Machuca fue contundente en vista de que describe los hechos irregulares que cometió la exmagistrada Irún.
El caso judicial está en el tribunal de apelación, donde los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez deben confirmar la resolución del juez López, quien elevó a juicio oral el proceso penal.
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“Gobierno de Abdo usó el Estado como garrote contra H. Cartes”
Los senadores del movimiento Honor Colorado, Derlis Maidana y Gustavo Leite, se refirieron a la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.
“La desestimación de la causa solo nos afirma que estuvimos acertados en todo momento, pero lo más grave de este hecho es que se demuestra cómo se utilizó el aparato del Estado para dañar la reputación y la vida de ciudadanos paraguayos. Con esto no solo se perjudicó a Horacio Cartes, sino que se atentó contra la institucionalidad y el Estado de derecho”, sostuvo Maidana en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.
“Esperemos que nunca más facciones políticas utilicen el poder político como garrote contra los adversarios coyunturales. La lucha por un Paraguay mejor debe ser democrática, transparente y debe unir a los paraguayos; el gobierno no está para fomentar odios como lo hizo en este caso. Esta desestimación es una reivindicación del Estado de derecho y de la institucionalidad de la República”, refirió el legislador.
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la realizó en carácter personal, aunque con el aval del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre de 2022.
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En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
“Si el Ministerio Público desestima las denuncias quiere decir que no hubo méritos. Para todo el show mediático que se armó es evidente que hubo mala fe y denuncias falsas con la sola finalidad de dañar al expresidente Cartes“, refirió Leite respaldando las afirmaciones de su colega Maidana.
El requerimiento de desestimación fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer. En la solicitud, manifestaron que se conformaron diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con el fin de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.
Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.
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Más de USD 630 millones se negociaron en el mercado bursátil en mayo
Poco más de G. 5 billones se negociaron en el mercado bursátil en mayo, USD 631 millones aproximadamente, al tipo de cambio actual, de acuerdo con el reporte mensual de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA). Se trata de una cifra que supera en 1,74 % al monto negociado en abril, cuando fue de G. 4,92 millones. En términos acumulados, el monto llega a G. 22,9 billones, unos USD 2.886 millones, lo que es 32 % superior al registrado en los primeros cinco meses del año pasado.
En el quinto mes del año, el mercado bursátil continuó con operaciones levemente al alza en términos mensuales, nuevamente con los bonos protagonizando las operaciones con G. 4,8 billones del total, mientras las acciones tuvieron un volumen de negocios de G. 177.800 millones.
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El mercado secundario, donde se negocian valores ya existentes, fue en donde más transacciones se concretaron con G. 3,9 millones, mientras que en el primario, donde se compran valores recién emitidos, fue de G. 1,08 billones, monto significativo comparando con los G. 884.000 millones de abril.
En las operaciones por moneda, las realizadas en guaraníes lideraron los negociados con un volumen de G. 3 billones, mientas que en moneda extranjera fueron de G. 2 billones. En cuanto a la renta fija, en mayo el promedio ponderado fue del 8,44 %, mientras que el promedio ponderado de plazos fue de 5,93 años, ambas para la moneda local.
Para la moneda extranjera, el promedio ponderado de renta fija fue de 6,06 % y un plazo promedio ponderado de 7,30 años. En abril, las tasas y plazos promedios en las negociaciones fueron de 8,28 % y 6,14 años para la moneda local, mientras que para la extranjera fueron de 6,18 % y plazo de 7,47 años.
En cuanto a los instrumentos de negociación, los fondos de inversión tuvieron en total G. 9.000 millones, siendo de este monto G. 8.000 millones de Cadiem Casa de Bolsa S.A. y G. 1.000 millones Basa Casa de Bolsa S.A., ambos en el mercado primario.
En cuanto a acciones, Basa lideró en mayo con G. 305.000 millones en acciones en el mercado secundario, seguido por Investor con G. 18.000 millones, ueno Casa de Bolsa con G. 10.000 millones, entre otros.
En los bonos también se observó una predominancia de Basa con G. 1,8 billones en bonos secundarios principalmente, seguido por Sudameris con G. 1,5 billones, de los cuales G. 1,1 son del mercado secundario. También Cadiem se ubicó en el podio con G. 1,5 billones, siendo G. 1,1 billones del total bonos del mercado secundario.
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México: elección de jueces abre una etapa de incertidumbre
- México, México. AFP.
La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.
Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.
Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.
En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.
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Legal pero no legítima
Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.
La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.
“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.
Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.
Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.
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Sin cambios a la vista
Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).
El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.
“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.
Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.
“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.
Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.
Problema complejo
Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.
Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.
También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.
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Corte IDH sesionará por tercera vez en Paraguay en septiembre próximo
El juez paraguayo, Diego Moreno Ruffinelli, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, confirmó que el órgano judicial continental volverá a sesionar en Paraguay en septiembre de este año, conmemorando los 20 años de realizar sesiones anuales fuera de su sede en Costa Rica.
La Corte IDH tiene previsto llevar a cabo por tercera vez en el país la plenaria de los jueces en Paraguay. Al respecto, resaltó que será una nueva oportunidad en que la sociedad paraguaya podrá conocer la forma en que se realizan las audiencias sobre casos de violación de derechos humanos en el continente, que llegan a esta instancia internacional.
“Será la tercera vez que la Corte sesiona en Paraguay, ojalá que la gente se lleve una buena impresión de nuestro país”, expresó el juez paraguayo Diego Moreno, durante una visita realizada a los estudios de Radio Nacional del Paraguay.
Asimismo, destacó que Paraguay fue justamente el lugar donde, en el 2005, la Corte Interamericana sesionó por primera vez fuera de su sede permanente de Costa Rica.
“Hace unos 20 años atrás la Corte decidió salir de su sede permanente, para llegar a la gente y que se conozca mejor el trabajo que se realiza y pueda asistir a una audiencia pública de la Corte. Por primera vez en 2005 la Corte sesionó fuera de su sede, en Paraguay”, recordó.
Indicó que desde esa época la Corte sesiona por lo menos dos veces al año fuera de su sede. En el presente año ya se realizó una primera sesión en Guatemala, la segunda será en Paraguay. “Vamos a estar conmemorando los 20 años de esa visita a Paraguay y de la primera vez que la Corte sesionó fuera de su sede”, remarcó Moreno.
Responsabilidad con las víctimas
El juez paraguayo destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerce una responsabilidad enorme con relación a las víctimas que no encontraron justicia al interior de sus Estados. Esta instancia determina la responsabilidad internacional del Estado en cumplir con sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos de todas las personas en su jurisdicción.
“La Corte cumple un rol muy importante a través de la jurisprudencia, que tiene un efecto de irradiación a nivel de los distintos ordenamientos domésticos de los países. Pero el desafío principal está en fortalecer la capacidad de los Estados para que puedan atender la cantidad de violaciones que se dan”, expresó.
El juez aclaró que, si bien su rol lo asume a título personal y no en representación del Estado paraguayo, es “una enorme responsabilidad de hacer un buen papel para demostrar que los paraguayos podemos acceder a estas instancias y que sea normal ver a un paraguayo o paraguaya sentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó.
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