Se puso en marcha una campaña para digitalizar acciones dentro del mercado de valores, un paso que apunta a simplificar procesos, mejorar la seguridad y alinear al país con estándares internacionales.

El cambio clave, impulsado por la Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY), es el paso a las acciones escriturales, es decir, títulos que dejan de gestionarse en formato físico para registrarse de manera electrónica.

Esto permite a las empresas tener un mayor control sobre la tenencia de sus acciones, agilizar transferencias y reducir riesgos operativos, según explica la caja.

En esta primera etapa, el servicio está dirigido a empresas que cotizan en bolsa, como las SAECA y SAE, además de casas de bolsa y administradoras de fondos.

En una segunda fase, se prevé extender el sistema a todas las sociedades anónimas, que ya pueden comenzar a prepararse para este proceso.

Más allá del cambio operativo, el impacto es concreto: la digitalización permite actualizar automáticamente el libro de accionistas, mejorar la trazabilidad de las operaciones, facilitar reportes regulatorios y gestionar eventos corporativos de forma más eficiente.

El proceso cuenta con respaldo de la Superintendencia de Valores y se enmarca en la nueva Ley del Mercado de Valores, que ya establece la obligatoriedad de este registro para ciertas empresas.

Esta iniciativa se suma a otros avances recientes del mercado, como la incorporación de sistemas tecnológicos como Montran y Nasdaq, consolidando un proceso de transformación más amplio.

Desde CAVAPY sostienen que este tipo de herramientas no solo ordena el funcionamiento interno de las empresas, sino que también responde a una demanda clave: generar confianza en inversionistas, especialmente internacionales, a través de información más estandarizada, segura y comparable.

En ese contexto, la digitalización de acciones aparece como un paso concreto para que más empresas se integren al mercado de capitales y aprovechen nuevas oportunidades de financiamiento.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, se refirió a la decisión del Senado de retirarle la administración y ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná. La propuesta deberá ser evaluada próximamente por Diputados y genera un fuerte rechazo por parte de los jefes departamentales, quienes alegan que centralizar la iniciativa será un retroceso.

“Acá todos tenemos que ponernos en la línea del compromiso de proteger la sostenibilidad del programa. Debo decir que el ministerio, por supuesto, no tiene por qué ser consultado si los senadores consideraron que no es necesario, pero en este caso en particular no fue requerida la opinión del Poder Ejecutivo, como suele ocurrir en otras ocasiones", manifestó al programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media.

Rojas acotó: “Siempre es importante someter el planteamiento a discusión por ambas partes, para tratar de ver coincidencias y proteger el programa. Debemos ver cuáles son las razones reales, si son realmente cuestiones circunstanciales nada más o si hay hechos reales. Estamos muy pendientes de lo que pueda decidir el Congreso Nacional y ojalá que realmente sea lo más conveniente y que no haya una suerte de confrontación que perjudique a Hambre Cero“.

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En caso de que la propuesta del Senado logre su sanción y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar en ambos departamentos quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

Semanas atrás, el Consejo de Gobernadores, liderado por César Sosa, mantuvo un encuentro con el presidente de la República, Santiago Peña, donde argumentaron que la decisión de los senadores obedece a disputas políticas, teniendo en cuenta que no existen denuncias formales sobre irregularidades en la administración y ejecución del programa emblema impulsado por el gobierno del economista Santiago Peña.

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La mesa directiva de la Cámara de Senadores definió el orden del día de la próxima sesión ordinaria, que incluirá el estudio del proyecto de ley del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo (Caja Parlamentaria), junto con iniciativas de carácter social, económico y territorial, pedidos de informes, pensiones graciables, expropiaciones y acuerdos internacionales.

La reunión fue encabezada por el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, con participación de líderes y vicelíderes de bancadas, acordaron los temas que serán analizados en la sesión ordinaria de este miércoles.

Uno de los puntos más importantes a ser analizados tiene que ver con la propuesta de reforma de la Ley de la Caja Parlamentaria, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

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Entre las principales propuestas de modificación que incluye la iniciativa aprobada en la cámara Baja establece que queda prohibido el financiamiento del Estado, de tal modo a que no reciba más aportes estatales, buscando que sea autosostenible. También, el documento eleva la edad mínima de jubilación, quedando en 55 años de forma extraordinaria, y 60 años de manera ordinaria.

Otros puntos a ser analizados tienen que ver con la transparencia en precios de combustibles, protección del consumo de carne y ampliación presupuestaria.

Además analizarán varios proyectos de resolución mediante los cuales se solicitarán informes a distintas instituciones del Estado y entes autárquicos. Seguidamente, tratarán el Mensaje N.º 3.339 de la Cámara de Diputados, que remite la Resolución N.º 4.123, por la cual se rechazan las modificaciones introducidas al proyecto de ley que declara el 2 de mayo como Día Nacional de la Microbiota.

Los líderes de bancada acordaron además incluir los proyectos relacionados con sistemas de alerta temprana y temas de política internacional, entre ellos el proyecto de Resolución presentado por el senador Ramón Retamozo, que exhorta al Gobierno de Estados Unidos al levantamiento de sanciones que afectan al exvicepresidente Hugo Adalberto Velázquez Moreno y a otros ciudadanos paraguayos.

Además, se incluirá para el análisis los instrumentos internacionales vinculados al Mercosur, educación superior y cooperación consular como ser:

• Convenio regional de reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe.
• Acuerdo Mercosur de coproducción cinematográfica y audiovisual.
• Protocolo de cooperación y facilitación de inversiones intra-Mercosur.
• Acuerdo sobre el mecanismo de cooperación consular entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados.

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El uso de las llamadas reservas facultativas por parte de algunas empresas está bajo análisis del gobierno, ante indicios de que esta figura podría estar siendo utilizada para reducir el pago de impuestos. Así explicó en Universo 970 AM/Nación Media, el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, quien adelantó que se trabaja en una reglamentación para ordenar su aplicación.

El director de Ingresos Tributarios indicó que las reservas facultativas son utilidades que las empresas deciden no distribuir entre sus accionistas ni capitalizar formalmente, sino mantener dentro de la firma. Esta práctica es legal y, en muchos casos, permite fortalecer la empresa o prepararse para futuras inversiones.

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Sin embargo, el problema detectado por la DNIT es que algunas compañías estarían utilizando este mecanismo de forma prolongada, sin justificar el destino de esos recursos. Al no distribuir las ganancias, evitan pagar el impuesto a los dividendos, lo que impacta en la recaudación del Estado.

“Si una empresa decide capitalizar, debe emitir acciones y registrar ese movimiento. Si distribuye, paga impuestos. Pero cuando deja las utilidades en reservas facultativas por mucho tiempo sin explicación, se genera una laguna”, precisó Orué.

Según indicó, existe la presunción de que en algunos casos las utilidades sí están siendo utilizadas, pero permanecen registradas como reservas, lo que permitiría postergar o evitar el pago de impuestos.

Por ello, la DNIT, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), trabaja en una reglamentación que será presentada al Congreso, con el objetivo de dar mayor claridad y evitar posibles abusos.

Este análisis se da en un contexto de menor recaudación tributaria, que responde tanto a factores internos como externos. Entre estos últimos, Orué destacó la caída del dólar, que afecta directamente los ingresos fiscales.

Esto ocurre, señaló, porque muchas operaciones, especialmente las importaciones, se realizan en dólares, pero los impuestos se pagan en guaraníes. Cuando el tipo de cambio baja, el valor en moneda local también disminuye, lo que reduce la base imponible y, en consecuencia, la recaudación, especialmente en Aduanas.

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