La fiscala Yeimy Adle formuló imputación contra la mujer que habría intoxicado a sus hijos de 3 y 9 años con cocaína, en un hecho ocurrido en el barrio Chacarita de Asunción, el pasado 18 de octubre en horas de la madrugada.
Los hechos punibles cometidos presuntamente por la madre son: lesión grave, violación del deber de cuidado y educación y abandono.
Las menores dieron positivo al análisis toxicológico para cocaína realizado en el Hospital de Barrio Obrero, donde las mismas se encuentran aún internadas y en estado de observación, en tanto se sustancie la investigación fiscal.
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Los antecedentes señalan que ese mismo día, una hija mayor había llegado a la casa encontrando a su madre durmiendo, luego de estar ingiriendo aparentemente bebidas alcohólicas y estupefacientes. Ante esta situación, vecinos llamaron al sistema 911, a lo que la Policía Nacional logró detener a la mujer de 38 años.
Funcionarios del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia eventualmente podrían intervenir en el caso de las menores para la guarda respectiva, según el Programa Nacional de Cuidados Alternativos y Adopciones, de la Dirección General de Cuidados Alternativos (Dicuida), dependiente del ente ministerial.
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Dos hombres fueron imputados por omisión de auxilio, tras convulsión de una mujer en pasillo de edificio
Ciudad del Este. Agencia Regional.
A las 20:15 aproximadamente de ayer sábado, una mujer fue expulsada de un departamento y abandonada en el pasillo del edificio, donde convulsionó y fue auxiliada por los vecinos para luego ser trasladada por bomberos voluntarios al Pabellón de Emergencia del Hospital Regional. Es lo que reportó la Comisaría 1ª.
Fue víctima una mujer de 35 años, domiciliada en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este, quien fue dada de alta hoy domingo. El hecho ocurrió en el departamento 1610, piso 16 del edificio España, ubicado sobre la calle Curupayty del centro comercial de Ciudad del Este.
Dos hombres, padre e hijo, moradores del departamento de donde fue expulsada la mujer, fueron aprehendidos anoche y hoy imputados por omisión de auxilio, según dijo a La Nación/Nación Media, el fiscal Luis Trinidad. Los procesados son Ricardo Angelo Da silva (57) y su hijo Ricardo Víctor Eduardo Angelo (25), ambos de nacionalidad brasileña, domiciliados en el referido edificio.
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El fiscal indicó que con intervención de la jueza Teresita Cazal, pudo allanar el departamento para luego ordenar la detención de los dos nombrados, además de incautar los siguientes objetos: tres notebooks, de las marcas Acer, Sony y Apple, además de tres aparatos celulares de alto estándar y un arma blanca (cuchillo tipo asadero).
Trinidad explicó que el personal policial encontró a la mujer en los pasillos, rodeada de personas y convulsionando, por cuya causa fue derivada en forma urgente el hospital. Mencionó que, el pedido de auxilio fue por supuesta violencia familiar, pero los indicios indican, por ahora, omisión de auxilio por parte de las personas que la expulsaron y la dejaron en el pasillo.
Luis Trinidad dijo que pudo acceder al circuito cerrado y en las imágenes se observa que fue expulsada dos veces del departamento y quedó en el piso del pasillo. Agregó que la mujer todavía no declaró y una vez que la escuche sabrá si se configura algún otro hecho punible que pudiera haber pasado en el interior del departamento. Asimismo, espera el resultado de la inspección médica.
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El dilema de prohibir las redes sociales a los menores
La propuesta de una comisión parlamentaria en Francia para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 15 años sigue una tendencia mundial lanzada por Australia, pero hasta ahora no se ha encontrado una solución técnica infalible para llevarla a cabo.
El uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes ha suscitado preocupación en los últimos años, sobre todo en lo que respecta al tiempo que pasan frente a las pantallas y la falta de moderación en los contenidos. Según Lucile Coquelin, profesora de Ciencias de la Información y la Comunicación, existe “un riesgo considerable de exposición a contenidos claramente inadecuados para menores”, como “comentarios misóginos”, “imágenes violentas” y “discursos extremos”.
También señala el riesgo de su propia exposición “mediante fotos, videos e información de carácter personal” que luego pueden utilizarse en su contra. En junio, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya afirmó que quería prohibirlas a los menores de 15 años frente “una epidemia de acoso en estas redes y el desequilibrio en la relación entre niños y niñas”.
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¿Qué países han prohibido?
Australia dio un paso importante a finales de 2024 al votar la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. Esta ley, que entrará en vigor el 10 de diciembre, ofrece no obstante pocos detalles sobre sus modalidades de aplicación. A finales de julio Reino Unido puso en marcha una nueva normativa que obliga a aplicar controles estrictos de edad a las páginas web, redes sociales y plataformas de videos.
En Noruega, el gobierno se fijó el objetivo de establecer la edad mínima de acceso a los 15 años, pero por ahora no definió un plazo límite ni una hoja de ruta para su aplicación. En Francia, una ley aprobada en junio de 2023 estableció una “mayoría digital” a los 15 años, pero nunca entró en vigor debido a las dudas sobre su conformidad con la legislación europea. Desde principios de año, se ha impuesto a los sitios web pornográficos una estricta verificación de la edad de los internautas.
En China, donde internet está estrictamente controlado, existen desde 2021 medidas de restricción del acceso a los menores, con la obligación de identificarse mediante un documento de identidad. Los menores de 14 años no pueden pasar más de 40 minutos al día en Douyin, la versión china de TikTok, y el tiempo de juego en línea de los niños y adolescentes está limitado.
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Dificultades para la aplicación
Para Olivier Ertzscheid, profesor de Ciencias de la Información en la Universidad de Nantes (Francia), la aplicación de estas medidas plantea esencialmente problemas de compatibilidad entre el derecho y la técnica. “Desde el punto de vista jurídico, esto ya existe: cuando te registras en una plataforma, te piden tu edad”, señala. Pero para establecer un control eficaz, “estamos obligados a abrir una brecha en el ámbito del respeto a la vida privada”, comenta.
Algunas aplicaciones, como la red social francesa Yubo, recurren a la empresa británica Yoti, que ha desarrollado un sistema de evaluación de la edad basado en la inteligencia artificial a partir de una imagen. Pero este tipo de dispositivos son muy poco frecuentes. La Comisión Europea anunció a mediados de julio que ponía a disposición de cinco países de la UE, entre ellos Francia y España, una herramienta informática para la verificación de la edad.
Varias aplicaciones como TikTok ya comprueban una edad mínima en algunos casos, como para iniciar un directo o comercializar servicios digitales, señala Lucile Coquelin. Pero la plataforma de video breves se niega por el momento a generalizar esta medida a todas las cuentas, ya que, según declaró en su comparecencia ante una comisión parlamentaria francesa en junio, “esta reflexión” debe hacerse “a nivel de todas las plataformas”.
Fuente: AFP.
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“El hombre de las mil voces” y sus cómplices lograron una estafa millonaria desde Tacumbú
Desde el Ministerio de Justicia informaron que durante la mañana de este miércoles se realizó el allanamiento de varias celdas del pabellón D del penal de Tacumbú, en el marco de una investigación de estafa telefónica de la cual habría sido víctima un alto directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Según manifestó el fiscal Jorge Escobar, el hecho se perpetró mediante una llamada telefónica recibida por el gerente general y apoderado de la APF, Hugo Kuroki, supuestamente de parte del Monseñor Ricardo Valenzuela, quien le solicitaba una donación para reparaciones de la Basílica de Caacupé, donación que se hizo efectiva días después.
“Se suelen hacer donaciones de la APF y luego se contrasta con la factura. En este caso se hizo la transferencia de 50 millones y luego constataron que fue un engaño”, comentó el fiscal en contacto con la 730 AM.
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Tras el rastreo de la cuenta a la que fue acreditado el dinero, se pudo constatar que estaría ligada a dos mujeres, quienes a su vez tendrían vínculos con personas que se encuentran recluidas en la penitenciaría de Tacumbú, por lo que se procedió al allanamiento, donde además de la identificación de los reclusos, se procedió a la incautación de varias evidencias.
Los reos quienes serían los responsables de esta millonaria estafa son Cristian Antonio Brítez, alias “El hombre de las mil voces”, Francisco Espínola, Cristian Brítez y Juan Salvador Echeverría, quienes cumplen condenas por narcotráfico, estafas y otros delitos. Ahora el fiscal de la causa confirmó la imputación de estas personas por asociación criminal y estafa.
Hasta el momento, las autoridades corroboraron que de la cuenta que recibió los 50.000.000 de guaraníes se realizaron otras tres transferencias a diferentes cuentas, de las cuales se fueron efectivizando una importante cantidad de dinero utilizada para la compra de celulares y prendas de vestir.
Desde el Ministerio Público continúan las investigaciones en torno al caso, para así conocer el alcance de las acciones de todos los involucrados, ya que no se puede descartar que los mismos se encuentren detrás de otras estafas de este tipo.
El Ministerio de Justicia, a través de su comunicado, remarcó que continuarán trabajando en la colaboración institucional para brindar apoyo a las autoridades competentes para el esclarecimiento total del caso.
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El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.