Emiliano Rolón se reunió con los representantes de la Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS y dio su compromiso con las investigaciones.

Gremios de jubilados del Insti­tuto de Previsión Social (IPS) se movilizaron frente a la sede de la Fiscalía General exi­giendo respuestas a las inves­tigaciones sobre los hechos de corrupción denunciados e investigados en la previsional.

Tras la movilización, el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón, se reunió con los representantes de la Coordi­nadora Nacional de Asegura­dos Activos y Jubilados del IPS, Gustavo Canatta, Nery Quin­tana, Julio López y Cristhian Talavera, a quienes extendió su compromiso con las inves­tigaciones. “A todos los secto­res de la ciudadanía les rea­firmo mi compromiso: desde la Fiscalía General garantiza­mos el estricto cumplimiento del Estado Social de Derecho. En materia penal no existen excluibles; actuaremos con fir­meza y conforme a lo que deter­minen las evidencias”, expresó el fiscal general a través de las redes sociales.

Gustavo Canatta, presidente de la Unión Nacional de Jubi­lados, explicó que el objetivo de esta movilización fue demos­trar el apoyo a la Fiscalía, pero también solicitar que todos los involucrados en los casos denunciados en su momento sean investigados.

“En primer lugar, vinimos a darle nuestro apoyo a la Fisca­lía tomando en cuenta que por primera vez después de mucho tiempo tenemos a 9 personas imputadas, y también al mismo tiempo manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que queremos que esto conti­núe y que se saque realmente a los culpables y que esos culpa­bles tengan que ir a prisión, y si es posible que se devuelva todo lo malversado”, refirió Cana­tta, a los medios de prensa tras la reunión con el fiscal general.

Este martes, gremios de jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) se movilizaron frente a la sede de la Fiscalía General exigiendo respuestas a las investigaciones sobre los hechos de corrupción denunciados e investigados en la previsional.

Tras la movilización, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón se reunió con los representantes de la Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS, Gustavo Canatta, Nery Quintana, Julio López y Cristhian Talavera, a quienes extendió su compromiso con las investigaciones.

“A todos los sectores de la ciudadanía les reafirmo mi compromiso: desde la Fiscalía General garantizamos el estricto cumplimiento del Estado Social de Derecho. En materia penal no existen excluibles; actuaremos con firmeza y conforme a lo que determinen las evidencias”, expresó el fiscal general a través de las redes sociales.

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Gustavo Canata, presidente de la Unión Nacional de Jubilados, explicó que el objetivo de esta movilización fue demostrar el apoyo a la Fiscalía, pero también solicitar que todos los involucrados en los casos denunciados en su momento sean investigados.

“En primer lugar, vinimos a darle nuestro apoyo a la Fiscalía tomando en cuenta que por primera vez después de mucho tiempo tenemos a 9 personas imputadas, y también al mismo tiempo manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que queremos que esto continúe y que se saque realmente a los culpables y que esos culpables tengan que ir a prisión, y si es posible que se devuelva todo lo malversado”, refirió Canata a los medios de prensa tras la reunión con el fiscal general.

Agregó que expresaron su preocupación al titular del Ministerio Público que también otras personas deben ser incluidas en el proceso de investigación penal, y apuntaron como verdaderos responsables a los miembros del consejo de la previsional, y que los mismos también deben ser investigados.

“Lo que manifestó el señor fiscal es que como las denuncias fueron innominadas, incluyendo la nuestra que hicimos al inicio del año, no es tan fácil porque tiene que empezar a buscar dentro del proceso a todas aquellas personas que estuvieron involucradas. Lo que le agradecemos al fiscal es que nos da la seguridad que va a continuar el proceso y las personas que estén involucradas van a entrar dentro de este proceso”, señaló el gremialista.

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El exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens Durksen, acusado por lesión de confianza, sigue recurriendo a chicanas para paralizar su proceso penal. En esta ocasión, recusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El escrito fue presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá que destrabar el caso. La defensa sostiene que Rolón habría vulnerado los principios de objetividad y legalidad al intervenir administrativamente en el trámite de la causa.

El cuestionamiento se centra principalmente en la Resolución F.G.E. N.º 2900, dictada el 11 de agosto de 2026, mediante la cual el fiscal general dispuso que los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle continuaran interviniendo en el proceso, contestaran una excepción de falta de acción y prescripción, y presentaran el requerimiento conclusivo.

Días atrás, el Ministerio Público presentó una acusación por lesión de confianza y daños a obras construidas o medios técnicos contra el exministro, en el marco del caso Metrobús, solicitando que el proceso penal se eleve a juicio oral y público.

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De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patrimonial atribuido a Wiens asciende a G. 14.955.317.035. Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 utilizados en trabajos vinculados al Acta de Entendimiento y G. 6.924.624.006 correspondientes a la construcción de seis estaciones que posteriormente fueron destruidas.

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti mencionan que Wiens recibió un proyecto con obras ejecutadas, financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos. La acusación señala que el perjuicio no consistió únicamente en que el sistema BTR (Bus Rapid Transit) no haya entrado en funcionamiento, sino en que las obras y bienes pagados con recursos públicos fueron inutilizados, dejando de cumplir la función para la cual fueron planificados y construidos.

La Fiscalía también sostiene que se utilizaron recursos del propio MOPC para destruir infraestructura estatal, incluyendo personal, maquinaria y unos 50.000 litros de combustible. Además, el Estado habría destinado G. 8.030 millones para inutilizar obras, cuya construcción ya había sido pagada. Para los fiscales, estas decisiones ocasionaron que un proyecto susceptible de continuidad o reconducción terminara convertido en infraestructura inutilizada, generando un perjuicio directo al patrimonio público. Con base en estos hechos, el Ministerio Público solicita que Wiens sea sometido a juicio oral y público.

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El fiscal adjunto Augusto Salas Coronel, firmó la resolución 329 por la cual rechaza la recusación planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens y ratificó la intervención de los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimi Adle para investigar el proceso penal caratulado “Ramón Jiménez Gaona y otros sobre lesión de confianza y otros”, más conocido como caso Metrobús.

La defensa técnica del exministro, abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, presentaron ayer jueves ante la Fiscalía Adjunta Área I de Asunción, un petitorio para que sean apartados del caso los citados investigadores fiscales, por considerar comprometida la objetividad de los mismos.

Cuestionaron que los fiscales Grisetti, Silva y Adle convocaron nuevamente a Wiens a declaración indagatoria por dos hechos: lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Según la defensa, el juzgado penal de Garantías había admitido la imputación únicamente por lesión de confianza, y esa delimitación ya está firme por no haber sido recurrida.

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Cabe recordar que Wiens fue imputado en febrero de este año por presunto perjui­cio patrimonial de G. 14.955 millones relacionado con el proyecto metrobús. Según el Ministerio Público, el exmi­nistro tendría responsabili­dad penal por las decisiones adoptadas durante la ejecu­ción de la obra.

La imputación sostiene que Wiens no cumplió con la reco­mendación de la Procuradu­ría General de la República de realizar un informe téc­nico antes de la demolición de obras que habían costado al Estado G. 6.924.624.006. Además, señala que autorizó el pago de G. 8.030.693.029 para rehabilitar el tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto en el proyecto original.

El presente caso está parali­zado desde marzo de este año, cuando el juez Otazú decidió admitir la imputación pero debido a las chicanas presen­tadas por la defensa del impu­tado hasta el momento no se pudo desarrollar la audien­cia de imposición de medidas cautelares.

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