El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, presidió el acto de posesión de cargo de Alicia Sapriza, nueva fiscal adjunta del Área XI, de San Pedro del Ycuamadyyú. En el acto estuvieron presentes además la fiscal adjunta Matilde Moreno, agentes fiscales, directores, funcionarios de la institución e invitados especiales.
Por su parte, la fiscal adjunta Alicia Sapriza agradeció al fiscal general la confianza asumida en su persona. “Mi compromiso con la institución viene de hace años. Hoy este nuevo desafío es para dar respuestas rápidas a la sociedad”, señaló.
Asimismo, el titular del Ministerio Público celebró la incorporación de la nueva fiscal adjunta, quien tendrá la ardua tarea constitucional e institucional de velar por los intereses de la ciudadanía de la zona. Además, destacó la importancia asumida con la misión de llegar a todos los rincones de país con cada fiscal adjunto en sus respectivas áreas para un mejor funcionamiento de las sedes fiscales.
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Rolón Fernández se refirió también en la necesidad de ocupar espacios para la proyección clara de la misión concreta del Ministerio Público, en favor de la sociedad. Sin embargo, manifestó la necesidad de contar con mayor presupuesto a fin de incorporar a más agentes fiscales y funcionarios especializados en la institución.
Canindeyú
Igualmente el fiscal General del Estado Emiliano Rolón participó del acto de posesión de cargo del fiscal adjunto de Canindeyú Diego Arzamendia.
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General brasileño planeó asesinar a Lula da Silva
Como parte de las investigaciones acerca del supuesto intento de golpe de Estado en enero de 2023, el general de la reserva del Ejército brasileño, Mário Fernandes, reconoció ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil ser autor de “Puñal verde y amarillo”, un documento en el planeaba el asesinato de varios altos dirigentes que incluía incluso al presidente Lula da Silva, el juez Alexandre de Moraes y el vicepresidente Geraldo Alckmin.
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El militar explicó que el texto fue redactado e impreso en el Palacio del Planalto, lugar en el que prestaba servicio en ese momento, pero agregó que “fue destruido inmediatamente y jamás fue compartido con nadie”.
También se excusó diciendo que el archivo “era solo una idea digitalizada” tras las elecciones de 2022 em las que el actual mandatario Da Sila resultó vencedor ante su rival Jair Bolsonaro.
“Es un archivo digital. No es más que un pensamiento mío digitalizado. Una recopilación de datos, un estudio de situación, un análisis de riesgos que realicé, y por costumbre, decidí digitalizarlo. No se lo mostré a nadie, no se lo compartí a nadie. Hoy me arrepiento de haberlo digitalizado”, declaró según se hace eco el medio RT.
Los investigadores de la Policía Federal concluyeron que el plan fue redactado por Fernandes en noviembre de 2022, apenas un mes después de que se conociera el resultado electoral que favoreció a Luiz Inácio Lula da Silva.
Y más, este plan fue debatido por militares en la vivienda particular del general Braga Netto, exministro de Jair Bolsonaro y compañero de fórmula en la campaña presidencial.
Según el medio, “Fernandes también reveló que en el entorno más cercano de Bolsonaro se debatía un posible decreto presidencial que permitiese una intervención del Ejecutivo sobre otros poderes, bajo argumentos supuestamente constitucionales. “Le hice un llamado al general Ramos, entonces asesor de Bolsonaro: si ese movimiento existe y está dentro de la Constitución, ¿por qué no reforzarlo?”, relató“.
El plan es descubierto
Sin embargo, la confabulación no logró mantenerse en secreto. La intriga se filtró tras la delación del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien “declaró que Braga Netto incluso habría financiado parte de la operación y que entregó dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira, otro implicado”.
Como parte del proceso que se le sigue al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, la semana pasada, el magistrado Alexandre de Moraes ordenó medidas cautelares a Bolsonaro, entre ellas, el uso de una tobillera electrónica.
Los defensores de Bolsonaro se apresuraron ayer jueves a explicar ante la Justicia que su defendido no había violado ninguna medida cautelar judicial luego de que aparecieran las declaraciones del expresidente en redes sociales, puesto que que el mandatario recibió la expresa prohibición de utilizar esos medios.
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Bolsonaro arguyó que él no podía ser responsable de los hechos de terceros si otros utilizaban sus declaraciones en las redes.
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Fiscalía confirma que iniciará una investigación contra Abdo
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó que la institución a su cargo iniciará una investigación al expresidente Mario Abdo Benítez por los supuestos USD 21 millones no declarados que tiene en un paraíso fiscal, específicamente en Seychelles, África. Ante la relevancia de la información dada a conocer por medios argentinos, afirmó que necesitan recolectar elementos para determinar si existe la presunción de un hecho punible
“Tiene que haber una investigación preliminar a cotejar esas informaciones y todo lo que sale en primera plana, se recurre a la fuente, normalmente si el hecho punible amerita se conforma un equipo de trabajo y el resultado de esa investigación ameritará la toma de una decisión”, indicó en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
Rolón aclaró que recién están en la etapa inicial y que aún hay mucho trabajo por delante ya que cuando se cuenta con informaciones de esta característica y que afectan a personas de gran trascendencia como lo es un expresidente de la República, se debe actuar de forma equilibrada y evaluar toda los datos de modo a evitar que el caso se contamine. “Nos toca, es difícil y arduo“, sostuvo.
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La etapa preliminar de la pesquisa hacia el exmandatario podría desencadenar en la conformación de un equipo, esto si se determina que el caso es muy complejo, explicó el fiscal general. “La Fiscalía debe hacer lo que le corresponde, comenzar a realizar los trámites ordinarios de la investigación para que esos elementos iniciales de esa información se conviertan en evidencia“, detalló.
La información difundida por el medio de comunicación argentino PeriodismoyPunto habla de que el expresidente tendría USD 21 millones en Seychelles. El dinero no ingresó de un solo depósito, sino que se hizo de manera fraccionada y tendría como origen otras empresas. “Es el mecanismo que se hace en todo el mundo para lavar dinero“, advirtieron periodistas argentinos.
Desde la Fiscalía no se intentó sacar relevancia a la investigación periodística y aseguró que se trabajará de modo a determinar la veracidad. “Son realidades que el Ministerio Público debe cotejar, la formulación de garantías de nuestra Constitución Nacional y de nuestro ordenamiento procesal exige ese tipo de información para que los requerimientos del fiscal tengan sustento y que el juez penal pueda otorgar la requisitoria que se plantea”, expuso.
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Rige nuevo sistema de inscripción electrónica de sentencias judiciales
Se realizó el acto de lanzamiento oficial de la nueva plataforma para la inscripción electrónica de sentencias judiciales en el Registro del Estado Civil (REC), desarrollada en conjunto con el Ministerio de Justicia. Participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel; los ministros Carolina Llanes Ocampos, Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera.
La herramienta ya se encuentra disponible desde el lunes 21 de julio para el registro digital de sentencias relativas a divorcios, filiaciones y otras decisiones judiciales. La implementación de esta plataforma representa un avance significativo en la agilización de los servicios judiciales, ya que permite a los juzgados y tribunales remitir sentencias de forma electrónica, eliminando la necesidad de gestiones presenciales y el uso de papel, y garantizando al mismo tiempo transparencia y trazabilidad en los procesos.
También participaron del acto el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; el viceministro de Justicia, Juan Rafael Caballero; el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel; el director del REC, Maximiliano Ayala; y la titular de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación (DGTIC), Rosaliz Chamorro.
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El ministro César Diesel destacó que esta herramienta busca facilitar el acceso al servicio de justicia, especialmente para usuarios y profesionales del derecho del interior del país, quienes ya no tendrán que trasladarse físicamente para gestionar estas inscripciones.
A su turno, el ministro Alberto Martínez Simón señaló que “trabajamos en conjunto con el Ministerio de Justicia para lanzar una plataforma que permitirá la inscripción electrónica de sentencias judiciales, como las de divorcio, filiación y adopción. Desde hoy, estas inscripciones se realizarán a través del sistema de oficios judiciales electrónicos”. Además, resaltó que la iniciativa contribuye a transparentar los procesos, evitar gestiones intermediarias innecesarias y reducir costos para los usuarios.
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“Era un reclamo constante de los abogados y de la ciudadanía. Con este sistema, se evitarán trámites largos y presenciales. Hoy el procedimiento será completamente electrónico, beneficiando directamente a litigantes y ciudadanos”, agregó el ministro, quien también valoró el trabajo conjunto entre los equipos técnicos del Poder Judicial y del REC.
Finalmente, el director del Registro del Estado Civil, el abogado Maximiliano Ayala, expresó: “Este es el primer paso hacia la informatización y modernización del Registro del Estado Civil. Para nosotros es muy satisfactorio poder anunciar este avance”.
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Estafa a colonos: fiscal general debe destrabar caso penal de imputados
El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, debe destrabar el proceso penal que enfrentan el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano, José Francisco Ljubetic, y otras dos personas procesadas penalmente por estafa, cuyas víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.
Rolón debe resolver la impugnación que se presentó contra la confirmación del fiscal del presente caso, Luis Alberto Godoy, quien fue recusado por el imputado José Francisco Ljubetic al solo efecto de dilatar que el presente proceso penal siga su curso.
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
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