La jueza interina Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Estela Colmán Otazú (51), dueña de Carros Vía Chile, e Isabelino Jiménez (62), del comercio Caza y Pesca Santa Rosa de Lima, quienes están investigadas e imputadas por tráfico internacional de armas. La mujer guardará reclusión en el Buen Pastor, en tanto que Jiménez, en la Penitenciaría de Tacumbú.
Estas personas fueron detenidas en el marco de la Operación Andina, desarrollada en Asunción y en Fernando de la Mora por la desaparición de 2.596 armas, que presuntamente fueron traficadas al Brasil.
Colmán y Jiménez fueron imputados por la Fiscalía por violación del artículo 98, de la Ley 4036/2010 “De Armas de Fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, en concordancia con el Art. 29, Inc. 1°, del Código Penal, cuyas expectativas de pena van de 6 meses a 10 años de penitenciaria.
Jiménez pidió prisión domiciliaria por su condición de persona de la tercera edad y por padecer de tuberculosis, sin embargo la jueza rechazó el pedido.
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Los antecedentes refieren que el miércoles pasado, una comitiva fiscal y policial realizó una serie de allanamientos en búsqueda de un importante lote de armas de fuego, que forma parte de las armas desaparecidas del radar de la Dirección de Material Bélico. en la ocasión, Lograron incautar 119 fusiles y pistolas y la detención de dos personas.
Uno de los allanamientos se desarrolló en una playa de autos, en la ciudad de Fernando de la Mora, esto en el marco de una investigación, ya que desaparecieron 3.000 armamentos de un lote de 17.000 armas de fuego registradas en la Dimabel.
Las armas son importadas al Brasil de forma legal y pueden ser vendidas dentro del territorio, pero estas son llevadas al vecino país para la venta ilegal y ya cayeron varias en manos de criminales.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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CDE: detuvieron a padre e hijo como supuestos autores de asalto con chalecos de la Senad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes de la subcomisaría 12 de Presidente Franco detuvieron a dos personas, supuestamente involucradas en un asalto domiciliario que resultó en el robo de dinero y joyas, en perjuicio de Elvio Alcides Alvarenga (45). Se trata de Felino Antonio Ledezma (52) y su hijo Rodrigo Fabián Ledezma Ortigoza (26), ambos con antecedentes por el supuesto hecho de apropiación del año 2026.
Los mismos se desplazaban en una furgoneta de la marca Toyota, modelo Noah, que fue incautada por el personal policial interviniente. El procedimiento fue anoche, a las 20.30 sobre la calle Naranjito, casi calle Huairá, del barrio San Alfredo de Ciudad del Este.
La medida se da en el marco de la investigación del asalto y robo de 20 millones de guaraníes ocurrido en una vivienda del barrio Santa Clara de Presidente Franco, en la madrugada del 5 de noviembre.
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En esa ocasión, unos cuatro hombres con armas de fuego largas y cortas, vestidos con chalecos con inscripción de Senad, irrumpieron a la casa y redujeron al propietario. Habían utilizado un automóvil de la marca Toyota, modelo Allion, sin chapa y llanta deportiva.
De acuerdo al reporte, en la tarea investigativa sobre el hecho se procedió a la búsqueda de circuitos cerrados y, en base a lo recolectado, se definió el trayecto y recorrido del automóvil en el cual se desplazaron los presuntos autores.
En ese marco, los agentes de Investigación obtuvieron imágenes del lugar donde ingresó el citado vehículo de los supuestos asaltantes, la casa de los hoy detenidos.
Desde esa vivienda salieron en una motocicleta y una furgoneta de color oscuro que el personal siguió y luego hizo parar una verificación y detención de sus ocupantes, padre e hijo, quienes fueron trasladados a la sede policial, a disposición del Ministerio Público.
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Abogado exige que la investigación del caso ueno bank se extienda a autoridades del BCP
El abogado Óscar Tuma expresó que la investigación del Ministerio Público no debe limitarse a los directivos de ueno bank, refiriendo que existe una alta responsabilidad de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), al no generar los controles y las alertas en torno a la insolvencia de la entidad bancaria.
Mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM, Tuma mencionó que “no nos quedemos únicamente con los dueños de la institución financiera. Las instituciones públicas que desembolsaron millones de dólares lo hicieron porque justamente el Banco Central del Paraguay no estaba actuando o advirtiendo”.
Agregó que “la complicidad del Banco Central del Paraguay al no generar los controles, de no hacer los informes correctos y emitir las alertas, inducía a que las instituciones públicas cometan el error en depositar su dinero en este banco”.
Para la investigación, el Ministerio Público designó a los agentes fiscales Jorge Arce, Yeimi Adle, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Nancy Salomón. Entre los posibles hechos punibles a ser indagados figuran lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra. “En la investigación se pueden ir abriendo diferentes frentes. Esta será una investigación muy amplia; acá evidentemente hubo varios modus operandi”.
Tuma asumió la representación de varios ahorristas quienes ya se encuentran impulsando una denuncia penal contra las autoridades de ueno bank. “Dentro del ámbito jurídico, ayer nosotros presentamos la primera denuncia. También hay otros abogados que ya lo hicieron y seguramente entre hoy, mañana y la semana que viene se irán presentando más y más denuncias. Nosotros hemos optado por dividir las denuncias, porque cuando terminábamos de confeccionar una denuncia, caían otros afectados”, detalló.
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Directivos de ueno bank se presentaron ante la Justicia y ya quedaron detenidos
La Fiscalía había dictado orden de detención para ocho directivos de la entidad financiera, quienes se fueron presentando ante las autoridades.
Diana Leticia Mongelós González, la última directiva de ueno bank, investigada por la Fiscalía, se entregó a la Policía Nacional ayer alrededor de las 18:00 y se puso a disposición de la Justicia.
La misma está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que ordenó la captura de Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Miguel Angel Almada Frutos, y de Diana Mongelós.
En el caso del investigado Miguel Ángel Almada Frutos, quien se encuentra en el interior del país, sus abogados se presentaron ante el Departamento de Investigaciones de la Policía para reportar que su cliente se pone a disposición judicial.
ueno bank entró en un proceso de disolución, luego de que se hallara inconsistencias detectadas en el índice de solvencia de la entidad por parte de la Superintendencia de Bancos.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción había ordenado la captura de estos directivos de la entidad bancaria en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados de la crisis por la falta de solvencia e intervención del mencionado banco.
SE ENTREGÓ MIGUEL VÁZQUEZ, CEO DE UENO BANK
El CEO de ueno bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti, se entregó el día de ayer a las 16:00 ante la Policía Nacional, con el que ya suman tres los detenidos por el caso del proceso de disolución de la entidad bancaria.
Los abogados Cristóbal Cáceres, Álvaro Cáceres y Víctor Dante Gulino presentaron a su defendido en la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, de la calle Azara casi Estados Unidos, de Asunción.
“Exigimos al BCP proteger los depósitos”
““Expresamos profunda preocupación por la crisis de ueno bank. Miles de ciudadanos no pueden acceder a sus recursos. Nuestra prioridad es proteger a los ahorristas y exigimos al Banco Central del Paraguay garantizar los depósitos y restablecer el acceso a los fondos. Demandamos investigación exhaustiva, incluida la vía penal. Ninguna responsabilidad debe quedar sin investigar”.
“La ley garantiza la devolución de fondos públicos”
“Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay. Además, acordamos con los presidentes de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas. Asimismo, esta ley garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas”
“Se debe proteger a los ahorristas y sus recursos”
“La Vicepresidencia de la República considera imprescindible que las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) actúen con la máxima firmeza, celeridad y rigor ante la delicada situación que atraviesa la entidad ueno bank, colocando en el centro de todas las decisiones la protección de los ahorristas y sus recursos”.
“Detrás de cada cuenta hay familias”
“El dinero de los trabajadores, jubilados y ahorristas no puede quedar a merced de decisiones irresponsables ni de eventuales irregularidades financieras. Detrás de cada cuenta bancaria hay familias, medicamentos que comprar, alimentos que llevar a la mesa y obligaciones que cumplir. La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de errores ajenos”, manifestó el defensor del Pueblo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las instituciones competentes respuestas inmediatas, información transparente y garantías efectivas para la recuperación de los depósitos, sin someter a los afectados a trámites interminables ni a una incertidumbre injustificada.