La jueza penal de garantía Alicia Pedrozo rechazó el pedido de permiso para trabajar y ratificó el arresto domiciliario del empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, procesado por lesión del derecho a la comunicación y la imagen por presumiblemente filtrarse contenidos sexuales sin consentimiento.
La defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá que analizar y decidir si corresponde confirmar la resolución firmada por la jueza Alicia Pedrozo.
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Actualmente, Montanaro guarda reclusión domiciliaria en un edificio céntrico de Asunción. Asimismo se dispuso varias reglas de conducta, como la prohibición de salida del país, prohibición de cambiar de domicilio, la obligación de acudir a la audiencia preliminar y una fianza real de G. 990 millones.
De acuerdo a la investigación, en fecha 10 de julio de 2024, Montanaro Bedoya habría compartido sin consentimiento a través de distintas plataformas de mensajería numerosas imágenes y vídeos de carácter sexual, presuntamente de su expareja.
Este hecho motivó que se realice la denuncia que descubrió el ilícito. La defensa del imputado puede apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que analizará si corresponde confirmar la resolución de la magistrada de Garantías.
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Ministro de la Corte cuestiona a fiscal por larga espera a jueza imputada
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, cuestionó durante la sesión plenaria de la máxima instancia judicial al fiscal Leonardi Guerrero por hacer esperar durante varias horas a la jueza de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, imputada por usar documentos falsos para sumar puntos y obtener ventaja en un concurso ante el Consejo de la Magistratura.
Ríos criticó al citado agente fiscal debido a que la magistrada estuvo en la unidad fiscal a cargo de Guerrero por varias horas para que la atendiera sobre el proceso penal que enfrenta, pero el fiscal no la recibió.
Asimismo, los ministros Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander se sumaron a la crítica de Ríos y señalaron que este tipo de actuaciones por parte de los fiscales deben ser tenidas en cuenta al momento de que la Corte estudie su confirmación o no en el cargo.
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Ríos refirió que a más de una semana de haber presentado la imputación, Guerrero no se “digna” a presentar la carpeta fiscal y la imputación a la magistrada, quien se enteró de su proceso penal a través de los medios de comunicación.
“La pregunta es, ¿con qué estándar se manejan algunos fiscales?, ¿primero comunican a los medios de comunicación la imputación y después, cuando se les antoja, comunican a la persona afectada?”, se preguntó Ríos. Agregó que el fiscal hizo esperar a la jueza desde las 8:00 hasta las 15:00 y no la recibió.
El ministro cuestionó el trato que recibió la magistrada y dijo que si algunos fiscales tratan así a una jueza, uno “se imagina” cómo será el trato a los ciudadanos “comunes y corrientes”. Apuntó directamente al fiscal Leonardi Guerrero y refirió que “ni Federico el Grande se creyó tanto”.
Además, el ministro se dirigió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, recordando que la Corte Suprema de Justicia siempre lo recibe a él y a los fiscales, por lo cual pidió que haya un trato de reciprocidad hacia los que integran el Poder Judicial.
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México captura a un sobrino de “El Chapo” Guzmán solicitado por EE. UU.
Fuerzas mexicanas capturaron en un operativo a un sobrino del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, informó este martes la secretaría de Seguridad.
Identificado como Isai “N”, fue detenido en el estado fronterizo de Sonora y es requerido por la justicia de Estados Unidos.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló en X que el detenido es “sobrino de ‘El Chapo’”, quien fuera jefe del poderoso cartel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.
La prensa mexicana identifica al detenido como Isai Martínez Zepeda, de quien hay reportes de que había sido capturado anteriormente, en junio de 2008, en posesión de armas de gran calibre.
Isai “N” es considerado uno de los operadores del cartel de Sinaloa y es designado de coordinar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Costa Rica, dijo a la AFP una fuente federal que pidió el anonimato por no estar autorizada a declarar.
Añadió que se le considera responsable de “la venta de 10.000 píldoras de fentanilo en Estados Unidos”, la droga relacionada con decenas de millas de muertes cada año en ese país.
Un pedido de extradición pesa en su contra por los delitos de delincuencia organizados y narcotráfico, apuntó la fuente.
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A consulta de la AFP, las autoridades dijeron desconocer al momento detalles sobre la captura anterior.
Presiones de EE. UU.
Con amagos de sanciones en forma de aranceles, el gobierno del republicano Donald Trump exige a México detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en especial del letal fentanilo.
Esta captura se produce en momentos en que México negocia con Estados Unidos y Canadá la revisión de su tratado de libre comercio, el T-MEC, proceso que debe concluir a más tardar el 1 de julio.
La Casa Blanca diseñó además a cárteles de las drogas como organizaciones terroristas, entre ellos el de Sinaloa, sumido actualmente en una sangrienta pugna interna. Dos hijos del “Chapo”, Ovidio y Joaquín, también están encarcelados en Estados Unidos por narcotráfico.
Según medios estadounidenses, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, otros dos hijos de Guzmán que también participarían en el cartel, negocian actualmente su entrega a las autoridades estadounidenses.
El veterano capo Ismael “El Mayo” Zambada, que fue socio del “Chapo” en el liderazgo del cartel, también se encuentra encarcelado en Estados Unidos a la espera de juicio.
Fue capturado en julio de 2024 en un aeropuerto de El Paso, Texas, a donde llegó en avión privado supuestamente engañado por Joaquín hijo.
Tras denunciar una traición, las facciones afines a Zambada, denominadas por la prensa como “la mayiza”, se enfrascaron en una pugna interna con los afines a los hijos de Guzmán, conocidos como “los chapitos”.
En casi dos años, las disputas han dejado más de 1.000 muertos en Sinaloa, asolado además por robos, secuestros y extorsiones.
- Fuente: AFP
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Presentan acusación ante el JEM contra jueza de Encarnación por mal desempeño en sus funciones
El presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, presentó una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, por anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre de 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se ordene la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada. Ahora, el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar la investigación y dar curso al pedido.
La acusación señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejándose expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.
Refiere que “en fecha 5 de noviembre de 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval, y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.
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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.
Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.
La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo de 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.
Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.
También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas.
Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.
Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales.
La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.
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Caso Tajy: destraban proceso penal contra el exintendente de CDE, Miguel Prieto
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como Tajy y destrabó el proceso penal del exjefe comunal acusado por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direccionadas a empresas vinculadas al exintendente.
La acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.
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