El juez penal de garantía, Rolando Duarte, admitió la imputación por testimonio falso contra la exfiscal Casse Giménez y el defensor público Fermín Bogado. Ambos fueron imputados por el Ministerio Público por las presuntas contradicciones en las que incurrieron durante su testimonio como testigos en el juicio al exsenador Jorge Oviedo Matto.
Asimismo, el juez Duarte fijó para el 2 de octubre a las 8:30 y 8:45 respectivamente la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los procesados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
Imputación
La fiscal Claudia Aguilera presentó imputación por supuesto testimonio falso a la exfiscal Casse Giménez y contra el actual defensor Público Fermín Bogado, quienes mintieron en el momento de prestar declaración ante un tribunal de sentencia que había juzgado y absuelto de culpa y pena al exsenador Jorge Oviedo Matto, en el proceso penal conocido como audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo, el órgano juzgador de magistrados había destituido en sus funciones a la entonces fiscal Casse Giménez por haber incurrido en mal desempeño en sus funciones.
El exsenador Oviedo Matto fue acusado y enfrentó juicio oral por supuesto tráfico de influencias, del que fue absuelto el 28 de diciembre de 2020, cuando el tribunal integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García encontró inconsistencias, contradicciones e incongruencias en las declaraciones de la hoy imputada.
La absolución de culpa y pena de Oviedo Matto fue confirmada en la Corte Suprema de Justicia por lo que decidió denunciar penalmente a la hoy ex fiscala Giménez. Ante esta denuncia y luego de ser destituida de su cargo se procedió a la imputación contra la exfiscala Giménez.
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Controversia en EE. UU.: juez prohíbe exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas
Un juez federal de Estados Unidos falló en contra de una ley en Texas que ordenaba a los colegios públicos exhibir los Diez Mandamientos en todas las salas de clase.
El juez Fred Biery ordenó una restricción preliminar de la implementación de la ley, que entraría en vigencia a partir del 1 de septiembre y que fue cuestionada ante la justicia por familias de diversos credos con hijos en escuelas públicas.
La ley del estado de Texas, conocida como el Proyecto de Ley 10 del Senado, es inconstitucional y “toma posición, de manera inadmisible, en asuntos teológicos y favorece oficialmente a creencias cristianas por encima de otras”, escribió Biery en el fallo de 55 páginas.
“Es probable que la exposición envíe un mensaje de exclusión y de carga espiritual a los hijos de los demandantes que no suscriban la versión aprobada de los Diez Mandamientos, que los considerarían que ‘no pertenecen a su comunidad escolar’”, afirmó.
El rabí Mara Nathan, uno de los demandantes, sostuvo la decisión.
“Las creencias religiosas de niños y niñas deben ser promovidas por sus padres y por sus comunidades, no por políticos y colegios públicos”, declaró Nathan.
Rachel Laser, presidenta de la asociación Americanos Unidos para la Separación Iglesia-Estado, también aplaudió la decisión de enviar un “fuerte mensaje que resonará en todo el país sobre la libertad de credo de cada estudiante en nuestras escuelas públicas”.
Otro juez federal bloqueó en noviembre de 2024 una ley en Luisiana que requería la exposición de los Diez Mandamientos en todas las aulas de escuelas públicas de ese estado conservador del sur de Estados Unidos.
El juez John deGravelles aseguró que la norma es inconstitucional porque violar la Primera Enmienda.
La separación de iglesia y Estado es un principio fundacional de Estados Unidos y la Constitución prohíbe que se establezca una religión nacional o se dé preferencia a una creencia por encima de otras.
En un caso similar, en 1980, la Corte Suprema decidió que la exposición de los Diez Mandamientos en los colegios de Kentucky era inconstitucional.
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En Oklahoma, la máxima autoridad educativa de ese estado conservador ordenó recientemente que se enseñe la Biblia en escuelas públicas, una decisión que también enfrenta desafíos legales.
Fuente: AFP
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Juez presentó su obra jurídica sobre garantías constitucionales en el proceso paraguayo
En el Salón Auditorio “Doctora Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción se realizó la presentación de la obra jurídica “Garantías Constitucionales en el Proceso Paraguayo”, del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de Lambaré, Guillermo Manuel Delmás, que aborda el debido proceso desde un enfoque garantista y comparativo.
La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como de referentes del ámbito jurídico nacional César Diesel Junghanns, y de los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Joaquín Martínez Simón y Gustavo Santander Dans.
La obra constituye un aporte al análisis de las garantías constitucionales aplicadas al proceso judicial civil, con énfasis en el derecho a la defensa, la igualdad procesal y la imparcialidad del juzgador. Durante la actividad, el ministro Alberto Martínez Simón valoró el contenido de la obra como una exposición estructurada de pensamiento jurídico que enriquece el debate académico e institucional.
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La obra presenta una revisión crítica de las facultades ordenatorias e instructorias del juez, a la luz del artículo 18 del Código Procesal Civil, desde una visión garantista y con referencias a sistemas jurídicos comparados.
La publicación está estructurada en cuatro capítulos, además de anexos que incluyen jurisprudencia y acuerdos relevantes. En el primer capítulo, se expone el objeto de investigación y el método adoptado. El segundo capítulo, el más extenso, desarrolla el marco teórico, analiza antecedentes nacionales y extranjeros, y reflexiona sobre principios procesales y medidas como las de mejor proveer.
El tercero aborda un análisis doctrinal y comparativo con experiencias de otras jurisdicciones. En tanto que el cuarto capítulo presenta conclusiones y recomendaciones, orientadas a fortalecer la formación jurídica con enfoque de garantías. El libro fue prologado por el jurista argentino Adolfo Alvarado Velloso, referente internacional del derecho procesal.
Igualmente, el evento contó con la participación de:
- la vicepresidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Beatriz Pucheta Vda. de Correa,
- la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Peña
- el profesor doctor Oscar Alejandro Amaya (Universidad de Bolonia, Italia)
- el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, doctor Delio Vera Navarro
- autoridades de tribunales
- universidades
- gremios jurídicos
- operadores del sistema de justicia
La presentación fue transmitida a través de la plataforma Google Meet, y concluyó con una entrega simbólica de reconocimiento al autor por parte de sus colegas, destacando el valor académico de su contribución a la doctrina jurídica nacional.
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Bolsonaro abandona la prisión domiciliaria para que le realicen exámenes médicos
Un juez de la corte suprema de Brasil autorizó este martes al expresidente Jair Bolsonaro a dejar temporalmente la prisión domiciliar para realizar una serie de exámenes médicos en un hospital.
El exjefe de Estado (2019-2022) está confinado desde la semana pasada en su residencia en Brasilia, por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales en el marco del juicio que enfrenta por presunta intentona golpista.
Sus abogados habían indicado, en una solicitud presentada este martes a la corte, que Bolsonaro, de 70 años, tiene “síntomas de reflujo e hipo” crónicos y debe ir esta semana a un hospital en Brasilia para realizarse exámenes, incluyendo una endoscopia del tracto intestinal.
El expresidente ultraderechista aún sufre las consecuencias de una puñalada que recibió en 2018, con problemas gástricos y hospitalizaciones recurrentes.
El juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro, autorizó la visita hospitalaria.
El expresidente deberá presentar ante la corte un “certificado de comparecencia” al centro médico en un plazo de 48 horas después de los procedimientos, según determinados por el magistrado.
Las pruebas médicas deben hacerse el 16 de agosto, y Bolsonaro podría necesitar permanecer hasta ocho horas en el hospital, según sus abogados.
No descartan que los médicos recomienden acciones adicionales.
Bolsonaro se enfrenta a un juicio ante el Supremo Tribunal Federal acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Además es objeto de una investigación por obstrucción judicial, que se desprende de la campaña que su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro avanza en Estados Unidos para que la Casa Blanca presione a las autoridades brasileñas a favor de su padre.
En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles del 50 % a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones a Moraes.
Debido a la presunta obstrucción judicial, desde mediados de julio el excapitán del Ejército debe llevar una tobillera electrónica, y le está prohibido expresarse en redes sociales.
El 4 de agosto Moraes ordenó la prisión domiciliaria de Bolsonaro por incumplir esa última prohibición. Desde entonces, con excepción de sus abogados y familiares cercanos, toda visita a su residencia quedó proscrita, salvo autorización previa.
Moraes aún no ha respondido a un pedido presentado la semana pasada para revocar la prisión domiciliar del expresidente, que sus abogados denunciaron como “censura”.
Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar unos 40 años de cárcel por el juicio en curso.
Fuente: AFP
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Salud advierte: padres que no vacunen a sus hijos podrían ser imputados
El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, advirtió que los padres o tutores que se nieguen a vacunar a sus hijos podrían ser imputados por falta del deber de cuidado. La situación podría agravarse en caso de que el menor enferme o incluso fallezca como consecuencia de la falta de inmunización.
“Si llega a enfermarse el niño, se caratula como falta del deber de cuidado, y si llega a fallecer, podría cambiar la carátula, incluso”, explicó Cousirat en declaraciones a la 780 AM. La advertencia busca reforzar la importancia de cumplir con el esquema de vacunación obligatorio establecido por el Ministerio de Salud.
El director del PAI señaló que antes de llegar a instancias judiciales, se agotan mecanismos administrativos y sociales. “Primeramente, agotamos las instancias; interviene, muchas veces, la Codeni, ahí ya podemos resolver las dudas que existen y, si no ocurre, se pasa al siguiente nivel, que sería una denuncia fiscal”, precisó.
La vacunación infantil en Paraguay es gratuita y obligatoria para prevenir enfermedades como sarampión, poliomielitis, tos convulsa y otras patologías de alto riesgo. El incumplimiento no solo expone al niño a un peligro sanitario, sino que también puede acarrear consecuencias legales para los responsables.
Cousirat recordó que la inmunización es una medida de salud pública y una responsabilidad compartida que protege tanto al menor como a la comunidad. Las autoridades sanitarias instan a los padres a acercarse a los puestos de vacunación y cumplir con las dosis correspondientes para evitar sanciones y, sobre todo, salvaguardar la vida de los niños.
Brote de sarampión
El pasado lunes 4 de agosto, el Ministerio de Salud confirmó que se detectó el primer caso de sarampión en Paraguay después de una década. El afectado fue un niño de 5 años, quien recientemente tuvo contacto con una persona proveniente del exterior, con brote activo de la enfermedad.
Tras este primer caso, la Dirección General de Vigilancia de la Salud emitió una alerta epidemiológica ante el riesgo de dispersión de sarampión, luego de confirmarse casos relacionados con importación de la enfermedad. Instaron a la población a controlar las libretas de vacunación de los niños y niñas para que puedan completar el esquema vigente.
Datos claves
- Los padres que no vacunen a sus hijos pueden ser imputados por falta del deber de cuidado, y la carátula del caso podría agravarse si el menor enferma o fallece.
- Antes de llegar a la vía judicial, intervienen instancias como la Codeni para resolver dudas y buscar que se cumpla la vacunación.
- La vacunación infantil en Paraguay es gratuita y obligatoria, y su incumplimiento implica riesgos sanitarios y legales.