Ratifican prisión de tarotista Diego Parra, imputado por estafa y otros delitos
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El juez Rodrigo Estigarribia ratificó la prisión preventiva del tarotista Diego Parra, imputado por estafa mediante sistemas informáticos y lavado de dinero. El magistrado decidió mantener la prisión teniendo en cuenta la gravedad de los tipos penales por los que está procesado el imputado.
Parra Arboleda está siendo investigados por hechos punibles graves, que son estafa mediante sistema informático y el lavados de activos en la modalidad de transacciones de tarjetas de créditos fraudulentas, y que posiblemente se habría causado un daño patrimonial al ente financiero emisor de la tarjeta de crédito por un valor en guaraníes que superan presuntamente los mil millones.
La resolución judicial puede ser apelada por la defensa del imputado y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que deba estudiar si corresponde confirmar el fallo judicial firmado por el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
El tarotista y parapsicólogo Diego Parra, su esposa Karina de Parra y Milka López González fueron imputados por la fiscal Ruth Benítez por estafa, lavado de dinero y otros delitos en el marco de una investigación por el perjuicio de G. 1.800 millones a una entidad financiera.
Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. Foto: Archivo
Fiscalía imputa a empresario y decenas de personas por fraude de G. 1.200 millones al IPS
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Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.
Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.
El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.
La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.
De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.
Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.
Corte debe estudiar si confirma a jueza, o designa a criticada exasesora jurídica del JEM
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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar en la sesión ordinaria de este miércoles la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial de Asunción, cuyos ternados son la actual magistrada Mafalda Camerún Luque, la muy criticada exdirectora jurídica del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Amy Beverlyn Lezcano, y Sergio Zacarías Pereira Salinas, quien es funcionario judicial de respetada carrera.
De acuerdo a altas fuentes judiciales cercanas a los propios ministros de la máxima instancia judicial, existiría un grupo de altos magistrados que ya no votarán por la confirmación de la jueza Camerún Luque mientras que un sector dependiente de ciertos actores políticos pretende imponer a la criticada exdirectora jurídica del JEM, Lezcano. Asimismo, un grupo de ministros está evaluando el nombre del tercer ternado, atendiendo a su correcta carrera judicial por lo que este miércoles se podría definir la mencionada terna para el cargo de juez en lo civil y comercial de la capital.
Sobre la magistrada Camerún Luque se había presentado meses atrás una denuncia en sede del Ministerio Público. Mientras que el abogado Pedro Lobo denunció a la exdirectora jurídica del JEM por formar parte de un esquema para poder despojar de un valioso inmueble.
Entre los mencionados ternados los integrantes de la Corte Suprema de Justicia deberán definir quien va a ocupar el cargo de juez en lo civil y comercial de la capital.
Imputan a presuntos microtraficantes tras allanamientos en San Antonio
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El agente fiscal Fernando Meyer encabezó un operativo que derivó en la detención de tres personas, presuntamente dedicadas al microtráfico de drogas, así como en la incautación de sustancias estupefacientes, armas y dinero en efectivo.
Los procedimientos se llevaron a cabo en los barrios San Roque y La Merced de la ciudad de San Antonio, en coordinación con la Oficina Técnica n.° 1 de Ñemby de la Policía Nacional, en el marco del Plan contra el Abuso de Drogas – Sumar.
Durante los allanamientos, la comitiva fiscal-policial logró incautar cocaína y crack, un revólver calibre 32, además de dinero en efectivo en diversas denominaciones y otros enseres relacionados con la comercialización de estupefacientes.
En el marco de los procedimientos, resultaron detenidos un hombre de 40 años, un joven de 20 años y una adolescente de 17 años. El primero fue imputado por los hechos punibles de posesión y comercialización de drogas, así como por tenencia de arma de fuego, conforme al artículo 260 de la Ley 7411/24. Los demás detenidos también fueron imputados por hechos vinculados a la comercialización de estupefacientes.
La Fiscalía solicitó al juzgado la medida cautelar de prisión preventiva para las personas mayores de edad y medidas socioeducativas para la adolescente.
Ahora se deberá convocar a los adultos a un audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si son derivados a una penitenciaria o son beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
El juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva en la Senad del capo narco mexicano, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”. Foto: Gentileza
Juez decretó la prisión en la Senad de Hernán Bermúdez, alias “Comandante H” o “El Abuelo”.
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El juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva del capo narco mexicano, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, quien pasará a guardar reclusión en la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad). La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de identificación llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Igualmente, durante la audiencia, el juez Legal puso a conocimiento de Bermúdez que podía prestar su acuerdo para la extradición abreviada, pero el capo narco mexicano se negó a someterse a la misma y por ende se dio inicio al proceso de extradición ordinario en el que el país requirente tendrá que presentar toda la documentación para poder hacer lugar a la extradición.
El operativo de precisión se llevó a cabo en la madrugada de este sábado en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde el detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento.
El exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco (sureste), Hernán Bermúdez Requena, fue capturado en un barrio cerrado en Mariano Roque Alonso. El detenido está acusado de ser jefe de la banda criminal La Barredora, ligada al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación y quien salió de México para escapar de la justicia desde enero pasado.
Sobre Bermúdez Requena pesaba una ficha roja emitida por la Interpol a mediados de julio pasado para dar con su paradero. Se le acusa “de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco”.