La agente fiscal Laura Guillén imputó a Roberto Diaz González por incumplimiento del deber legal alimentario. El hombre, que adeuda 9 meses de prestación a su hijo, fue denunciado por la madre del menor en junio pasado.
En conversación con La Nación, la fiscal había asegurado que el denunciado se comprometió a saldar su deuda a finales de agosto, pero no lo hizo. Había argumentado que se quedó sin trabajo y que por esa razón no podía honrar su deber como padre.
“La señora realizó la denuncia el 14 de junio del corriente en sede del Ministerio Público por supuesto hecho punible de incumplimiento en el deber legal alimentario; en marco de la causa se solicitaron informes, oficios y también una declaración del acusado”, detalló la fiscal.
Guillén resaltó que ante un incumplimiento del deber alimentario, el Ministerio Público debe demostrar el dolo y en este caso en particular, indicó que deberán comprobar si el hoy imputado cuenta con propiedades, bienes o solvencia para efectuar el pago de la prestación alimentaria a su hijo.
Se solicitaron informes para comprobar si Díaz no cuenta con automóvil, motocicleta, propiedad, entre otros, para demostrar su capacidad económica.
Fue funcionario de Niñez
Díaz fue funcionario del Poder Judicial y llegó a cumplir labores en la sede de la Secretaría de Atención a la Niñez en J. A. Saldívar, pero habría sido desvinculado por un caso de supuesto abuso sexual en niños, del que posteriormente fue sobreseído provisoriamente.
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Fiscalía de Bolivia investiga a expresidente Morales por asesinato en operación policial de 2009
La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.
Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.
El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.
La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.
Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.
El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.
Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.
Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.
Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.
- Fuente: AFP
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Lambaré: imputan por feminicidio y homicidio doloso al presunto autor del crimen de una joven de 22 años
Un trágico caso de violencia que conmociona a la ciudad de Lambaré dio sus primeros pasos procesales en el ámbito judicial. La agente fiscal de dicha localidad, Amelia Bernal Jara, formuló la imputación formal contra un hombre por la presunta comisión de los hechos punibles de feminicidio y homicidio doloso, en relación a la muerte violenta de Deisy Paola Giménez, una joven de apenas 22 años.
El trágico suceso se registró el pasado jueves 8 de octubre de 2026. Tras las primeras diligencias e investigaciones encabezadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, las autoridades lograron la localización y aprehensión del sospechoso durante la noche del viernes 9 de octubre, alrededor de las 23:20, momento en que fue puesto a disposición de la Justicia.
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Se abstuvo de declarar
Durante la mañana de este sábado 10 de octubre, el procesado fue trasladado hasta la sede fiscal para cumplir con la audiencia de declaración indagatoria, trámite previsto en el artículo 84 y siguientes del Código Procesal Penal. Acompañado por el defensor público de turno, el hombre hizo uso de su derecho constitucional y optó por abstenerse de declarar ante la representación fiscal.
Tras el acto, la representación del Ministerio Público presentó formalmente el requerimiento de imputación con los antecedentes correspondientes ante el Juzgado de Atención Permanente de San Lorenzo. Desde la Fiscalía confirmaron que las investigaciones prosiguen intensamente a fin de acopiar elementos de convicción, esclarecer en detalle las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales definitivas.
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Feminicida de Deisy Paola compareció en la Fiscalía entre escraches y repudio ciudadano
Tras su detención de anoche en Villeta, Aldo Alexis Duarte, autor confeso del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, fue trasladado a la sede de la Fiscalía de Lambaré para su comparecencia. A su llegada, un grupo de vecinos y automovilistas que transitaban por la zona detuvieron su marcha para repudiar al agresor con gritos e insultos, exigiendo justicia para la joven de 22 años y cuestionando con firmeza el tardío accionar de las autoridades tras las denuncias por violencia de género presentadas por la víctima.
Durante la manifestación espontánea frente al edificio del Ministerio Público, los indignados ciudadanos expresaron su profundo malestar por el estricto dispositivo de seguridad desplegado para resguardar al detenido. Los presentes criticaron la severa desproporción entre la custodia otorgada al criminal y el total desamparo e inacción que sufrió Deisy Paola antes de ser brutalmente asesinada, el jueves pasado por la noche, cuando iba a su trabajo en un minimercado de Lambaré.
“Que se pudra en la cárcel. A cualquier pelotudo se le da seguridad y a una chica con un futuro prometedor no. Esta joven tenía que tener seguridad a cualquier pelotudo se le da y no a una chica que está haciendo un sacrificio, pero este bandido tiene una alta protección y a cara cubierta”, detalló un ciudadano, en Telefuturo, en alusión a que la víctima estudiaba derecho.
El entrevistado casual afirmó que todo esto le duele mucho a la ciudadanía y que como padre de familia no puede imaginar el dolor de la familia. “Como paraguayo me siento muy mal y todo esto es una vergüenza. Esta persona es un bandido, un asesino y no hay seguridad, por favor esto no hay que perdonar esto”, apuntó.
“No podemos seguir desprotegidas”
Una automovilista identificada como Monserrat García manifestó al medio televisivo que se dio cuenta de que Duarte estaba llegando a la sede Fiscal y que decidió detener la marcha de su rodado para demostrarle que todo el país repudia su actuar y que piden fuertemente que se haga justicia por Deisy.
“No le podemos llamar persona porque es un asesino y criminal, yo también fue víctima de violencia y me duele muchísimo esta situación que las mujeres tengamos que pasar. No puede ser que sigamos así de desprotegidas, pido a la Justicia que nos puedan acompañar, en mi caso hoy, después de tres años, el papá de mi hija fue imputado”, comentó.
García pidió a las autoridades tomar con seriedad las denuncias presentadas por las mujeres que son víctimas de violencia y que actúe con celeridad. “Nadie puede arrebatarle la vida a nadie, otra persona no tiene derecho sobre una. Que este hombre vaya a la cárcel y que se le caiga todo el peso de la ley. Las mujeres víctimas de violencia necesitamos más respaldos”, concluyó.
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Fiscalía exige informes sobre la búsqueda de adolescente desaparecida en Lambaré
El Ministerio Público solicitó a la Policía Nacional detalles sobre las diligencias efectuadas para localizar a Johana Mikaela Álvarez Ortega, una adolescente de 14 años, cuya desaparición fue denunciada el jueves 8 de octubre de 2026.
El requerimiento fue presentado por la fiscala Amelia Bernal, de la Fiscalía de Lambaré, quien pidió a la comisaría interviniente un informe pormenorizado de los procedimientos desarrollados desde la recepción de la denuncia.
Entre los puntos solicitados, la representante fiscal requirió confirmar si ya se ordenaron formalmente las acciones para la búsqueda y localización de la menor. En caso de que estas medidas todavía no se hayan puesto en marcha, pidió que sean activadas de manera inmediata.
Asimismo, recordó a los agentes policiales la obligación de cumplir con los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, que establecen disposiciones relacionadas con las actuaciones y comunicaciones dentro del proceso investigativo. El informe requerido deberá ser remitido en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción del pedido.
La Fiscalía también instó a verificar y aplicar los protocolos vigentes para la actuación ante denuncias de personas desaparecidas.
La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias del caso y determinar el paradero de la adolescente.
Cómo aportar información
Las personas que cuenten con datos que puedan ayudar a encontrar a Johana pueden comunicarse al 147, al sistema de emergencias 911 o al número corporativo de la unidad fiscal 0983 300 919.