El Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un allanamiento en una vivienda en el barrio Obrero, Fracción los Colonos de la ciudad de Obligado, en el marco del combate contra el microtráfico del Plan Sumar y como eje de Gobierno del Paraguay, donde se detuvo a un hombre de 30 años de edad y a una mujer de 23 años.
Durante el procedimiento fueron incautados varios gramos de supuesta cocaína, dinero en efectivo, un arma de fuego, varios cartuchos sin percutir, tres aparatos celulares, dos machetillos, entre otros elementos que están a disposición del Ministerio Público.
El procedimiento estuvo a cargo del personal del Departamento de Antinarcóticos, bajo dirección del Agente Fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Itapúa. Los dos detenidos tendrán que declarar ante el Ministerio Público.
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Luego de la diligencia fiscal, ya se podrá presentar la imputación contra las personas aprehendidas. Posteriormente ambas deberán comparecer ante un juzgado penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si son remitidos a una penitenciaria.
El Ministerio Público tiene seis meses para investigar y cerrar el caso. En dicho periodo deberá recolectar todos los elementos probatorios para presentar la acusación correspondiente.
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Policía recupera cargamento de celulares tras asalto a depósito en Saltos del Guairá
La Policía Nacional realizó un allanamiento y decomisó varios celulares que habrían sido robados de una transportadora en el departamento de Canindeyú.
El asalto se registró la semana pasada donde los maleantes se alzaron con ocho cajas que contenían más de 300 celulares de alta gama.
El procedimiento se realizó en la colonia San Juan de Puente Kyjhá, donde hallaron un total de 23 celulares que formarían parte del botín que fue robado de la transportadora TransSur del barrio San Miguel de Saltos del Guairá. Hasta el momento se cuenta con tres personas detenidas.
Fue convocado el propietario de la casa quien indicó que había alquilado la propiedad a una pareja que no se encontraba en el sitio en ese momento. “Allanamos la casa y solo encontramos restos del botín que son 23 aparatos celulares”, expresó el comisario Jorge Vidallet, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Afirmó que la información llegó tarde, por lo que lastimosamente no lograron aprehender a las personas que serían las que estaban residiendo en el sitio. Aparte de los celulares, de los cuales algunos ya estaban abiertos y otros en cajas, encontraron cables, cabezales de cargadores y carcasas para celulares.
“Ya tenemos identificados a los supuestos autores que tendrían vinculación con el hecho y que residían en esta propiedad. Actualmente, seguimos con los trabajos de investigación para dar con todos los implicados en este millonario asalto a esta transportadora que se registró hace unos días”, puntualizó.
Resaltó que hasta el momento se cuenta con tres personas detenidas por este caso, todas capturadas en distintos procedimientos. Uno de los detenidos fue encontrado en La Paloma y dos en Saltos del Guairá. Los últimos dos presentaron una coartada de que estuvieron en un cumpleaños durante la noche del asalto, pero los investigadores están seguros de que están vinculados.
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En el Este incautaron un camión y 16 toneladas de ganado porcino en pie sin documentos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional reportaron la incautación de un camión y ganado porcino en pie que estaba siendo transportado sin la documentación requerida. El procedimiento fue ayer a las 16:45 sobre la Ruta PY02, en el Km 7.5 de Ciudad del Este, y estuvo a cargo del subcomisario Antonio González.
La medida fue en prosecución a denuncias realizadas por la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC) y tras varios días de tareas de inteligencia, se logró ubicar en el lugar señalado a un camión de la marca Scania, color verde, chapa AAJG790, con acoplado de tres ejes, chapa AAXM041, que transportaba animales porcinos.
El conductor, Adrián Recalde Garrido se encontraba acompañado por Plutarco Fleitas. Al ser requerida la documentación correspondiente, presentó únicamente la factura, constatándose que faltaba la respectiva Guía de Traslado.
Con la intervención de funcionarios del área anticontrabando de la Dirección Nacional Ingresos Tributarios (DNIT) y del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) fueron verificados los animales, constatándose que los mismos no cumplían con las condiciones de identificación establecidas en la Resolución Nº 533/2019 y que, además, carecían de la correspondiente COTA, según el reporte.
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El hecho fue comunicado al fiscal Israel Villalba de la Unidad Especializada contra el Contrabando y Propiedad Intelectual, quien dispuso la realización de las diligencias pertinentes. En consecuencia, los animales fueron derivados al Frigorífico Itabo, ubicado en la colonia Pikyry, de Alto Paraná, para la realización del rifle sanitario, mientras que el camión con su acoplado, quedaron en la Aduana de Ciudad del Este.
Tanto el conductor como su acompañante quedaron detenidos a disposición del Ministerio Público. De acuerdo a la estimación la pérdida, el camión es valuado en 450 millones de guaraníes y los animales unos 120 millones de guaraníes, correspondiente a un volumen aproximado de 16 toneladas de ganado porcino en pie.
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Policía Nacional: reglamentan ley que protege la maternidad y paternidad de postulantes
El mandatario Santiago Peña firmó el decreto 6.690 que reglamenta la ley 6.634/2020, que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.
La ley refiere que las disposiciones establecidas serán de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos. Determina que todos los postulantes recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de participación, sin discriminación alguna, y el ingreso se determinará exclusivamente en función a las aptitudes, competencias y resultados obtenidos por los postulantes en base a los criterios de evaluación establecidos.
También se hace mención a la objetividad en las decisiones que se adoptarán sobre la base de criterios técnicos, verificables y previamente establecidos, libres de arbitrariedad y la transparencia, y que el proceso se desarrollará con publicidad de las actuaciones y de los resultados, garantizando el acceso a la información conforme a la normativa vigente.
Autoridad de aplicación
La reglamentación detalla que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión.
Mientras que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Comité interinstitucional
A la vez, se establece la conformación de un Comité Interinstitucional para la transparencia e igualdad en los procesos de admisión en donde el Ministerio del Interior se desempeñará como coordinador. También indica que la Comandancia de la Policía Nacional será responsable de designar e integrar, para cada unidad académica de formación, una Comisión de Admisión, la cual tendrá a su cargo la conducción del proceso de selección y admisión correspondiente, con las atribuciones y competencias contempladas en el presente Reglamento además de las que le sean asignadas por resolución de la máxima autoridad institucional.
Requisitos para la admisión
Podrán postularse y concursar para ser admitidos en las unidades académicas de la Policía Nacional, quienes reúnan los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya natural, tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 23 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”.
Tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 26 años, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, haber concluido la enseñanza media, tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.
No poseer tatuajes con contenido simbólico relacionado a grupos criminales, nacionales o extranjeros, o que expresen homofobia, xenofobia, mensajes violentos u ofensivos, hagan apología al consumo de estupefacientes o representen a partidos o movimientos políticos, no haber sido condenado por la comisión de un hecho punible o cuya condena esté en ejecución.
No contar con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no haber sido dado de baja o excluido de la institución policial, de las Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas o privadas afines y no ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependientes.
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Fiscal general exige reforzar seguridad para agentes fiscales ante amenazas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.
La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.
“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.
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Asociación de Fiscales
De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.
La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.
Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.