Durante un procedimiento realizado en San Lorenzo, la Policía Nacional incautó una camioneta Toyota Fortuner de color negro con documentos clonados, que había sido robada en junio del 2024 en Brasil. El vehículo tenía los datos de otro rodado de similares características perteneciente al coronel retirado Heriberto Galeano, excomandante del Regimiento Escolta Presidencial (REP).

La intervención se dio en el marco de un control aleatorio hecho por personal del Departamento de Automotores, confirmó el comisario Juan Pereira. “Esta incautación se da porque encontraron irregularidades al momento de la verificación, es trasladada hasta la base de Automotores con el conductor que en un primer momento quedó en carácter de aprehendido”, señaló a la 1020 AM.

Explicó que ante la inspección ocular y la intervención del perito especializado se pudo constatar que el vehículo presentaba adulteración en la numeración de chasis, las placas apócrifas y la documentación falsa.

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“También se realizó la consulta pertinente con la Policía Federal del Brasil en donde se constató que el vehículo en mención fue robado el año pasado en el mes de junio en el estado de Santa Catarina. Ante la verificación de todos estos datos nos pusimos en comunicación con el coronel retirado Heriberto Galeano excomandante del Regimiento Escolta Presidencial. Es así que el día de ayer él se presentó acá con su camioneta original, con toda la documentación”, expresó.

Los intervinientes comprobaron que el titular de la camioneta es víctima de un hecho de clonación de su vehículo con todos sus datos. “Fue robado en Brasil el vehículo, se le generó una documentación apócrifa, estaba circulando de esa manera. Pero ante el control del personal especializado de este departamento se puede dar ya la incautación. Y también el propietario de la camioneta original, ya tiene la tranquilidad de que ese vehículo clonado ya se encuentra incautado a cargo del Ministerio Público”, puntualizó.

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Este lunes, la Policía Nacional desarrolló un allanamiento en la ciudad de Areguá en donde lograron detener a tres personas en el marco del “Operativo Morfeo”. De esta forma desbarataron una red de estafa que ofrecía la construcción de viviendas a precio más accesible, pero nunca terminaban la obra y en algunos caso ni iniciaban. Se tienen denuncias de más de 30 víctimas en diferentes puntos del país.

Según el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, se trató de una exhaustiva investigación por varias denuncias de estafas y otros hechos punibles. En una de las unidades fiscales se tienen 12 denuncias contra esta constructora, pero se tienen contabilizadas un total de 30 en distintos puntos del país. Durante el procedimiento detuvieron a tres personas y se recogieron varias evidencias.

“Ofrecían la construcción de la vivienda propia, especialmente para aquellos que tienen terrenos. La oferta es la más accesible dentro del mercado y ese sería el gancho principal, además, daban un contrato correspondiente, pero nunca terminaban la obra o ni siquiera iniciaban”, manifestó el jefe policial en entrevista con el programa “Tardes de Perros”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Aclaró que dentro de la investigación ya fueron individualizadas cuatro personas, de las cuales tres fueron detenidas. “Una de las personas sigue prófuga, pero habrían más personas que colaboran con este grupo. Las investigaciones del caso siguen y se espera que haya más detenidos”, apuntó.

Afirmó que las propuestas son lanzadas en redes sociales y que hay todo un esquema detrás, una personas que se encarga de publicar las propuestas con fotos y planos. Otro recibe las llamadas y luego está el que se reúne con las personas en la escribanía para firmar el contrato. “Hay una empresa constituida legalmente, pero son de maletín. Estos solicitaban una entrega para iniciar la obra”, puntualizó.

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Un grupo de 224 agentes se incorporó desde este jueves al Grupo Lince o “Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas” (UOTM), tras culminar el curso de especialización. El acto de graduación se realizó en la base de operaciones de la ciudad de Luque.

Los efectivos policiales egresan de la XIV edición del curso de operaciones especiales motorizadas. Entre los egresados se encuentran 43 mujeres y, con este grupo, ya suman 70 agentes mujeres en esta unidad especializada de la Policía Nacional. Dos becarios de nacionalidad peruana también forman parte de la nómina de nuevos policías.

El ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, participaron de la ceremonia de graduación. El comisario Gustavo Ruiz Díaz, director interino del Grupo Lince, destacó el apoyo de varias instituciones para el “fortalecimiento de la preparación conjunta y el intercambio de experiencia en la lucha de la delincuencia que afecta a la región”.

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El jefe policial manifestó que los agentes estarán operativos en las calles en los próximos días, ya entrenados y con una preparación compleja. “Nosotros siempre estamos cumpliendo y entrenando al personal y eso para nosotros es un legado muy importante del historial del Grupo Lince”, señaló a Unicanal.

Mencionó que en esta oportunidad se formó la tercera promoción de mujeres y es la más numerosa. “El trabajo de las mujeres es muy importante hoy día, especialmente trabajar con sus congéneres. Hay que entender que también hay mujeres que están en la delincuencia, por supuesto el apoyo a las víctimas y el fortalecimiento en los centros educativos. El trabajo de las mujeres está sobresaliendo en esas áreas”, remarcó.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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