El Tribunal de Apelación ratificó las condenas de 2 años y 6 meses de cárcel de Nélida Huespe y de Celina Villalba, encontradas culpables por el perjuicio G. 1.240.971.193 a la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay. El desvío del dinero se realizó mediante la expedición de más de 100 cheques en el periodo comprendido entre diciembre del 2014 y marzo del 2015, según se probó en juicio oral.
Ahora la defensa de las condenadas tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, serán los altos magistrados quienes deberán estudiar y resolver si corresponde confirmar las condenas dictadas en primera instancia y ratificada en segunda.
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El tribunal de sentencia, cuyo presidente fue el magistrado Héctor Escobar y estuvo integrado por Federico Rojas y Carlos Hermosilla, condenó a 2 años y 6 meses de prisión a Nélida Huespe y a Celina Villalba, por el delito de lesión de confianza.
Según la condena, las procesadas, en carácter de presidente y tesorera de la Asociación, habrían librado cheques contra la cuenta corriente y extracciones de dinero de la caja de ahorro en reiteradas ocasiones hasta el respectivo vaciamiento de las cuentas.
En su momento el caso fue muy chicaneado por la defensa de las dos acusadas, quienes en todo momento pretendieron evitar que se haga justicia.
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Fiscal aboga que tribunal valore pruebas contra Rafael Filizzola
“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.
“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, manifestó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comisarías de oro”.
“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comunicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos planteado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.
PROCESO JUDICIAL SE ALARGA
El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente opositor, en su carácter de ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la licitación para la construcción de baños sociales y 24 celdas en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsables de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definitivamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy importante”, puntualizó la agente.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Igualmente, aprobó el pliego de bases y condiciones y dispone que el pago sea efectuado en su totalidad con fondos del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.
“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está interesada ya que el Estado paraguayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una respuesta”, manifestó González. La fiscala siguió argumentando que “el Ministerio Público se opuso a la prescripción, como representantes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un análisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.
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En CDE condenan a Rodrigo Tamarasco por robo de electricidad para criptominería
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Tribunal de Sentencia Permanente N.° 2 de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, dictó fallo condenatorio a Rodrigo Sebastián Tamarasco, a 2 años de pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. Es porque usaba electricidad de manera ilegal para la operación de una criptominería. El fiscal de la causa fue Alcides Giménez Zorrilla.
El proceso se había iniciado hace tres años a raíz de la denuncia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), por robo de energía eléctrica. En el juicio fue comprobada la utilización clandestina de electricidad para la operación de una criptominería.
El caso se originó a partir de una intervención realizada por funcionarios de la Ande el 11 de abril de 2023, en un inmueble ubicado en el barrio Pablo Rojas, de Ciudad del Este. En dicho lugar, los técnicos de la Ande detectaron una conexión clandestina e irregular directamente a una línea de Media Tensión trifásica de la Ande, antes del medidor, permitiendo el consumo de energía eléctrica, sin registro ni facturación legal.
Durante el procedimiento fiscal y policial con orden de allanamiento, se constató que la conexión irregular alimentaba un transformador de 300 kVA y equipos utilizados para criptominería, actividad caracterizada por el elevado consumo de energía eléctrica. En tal sentido, la conexión ilegal y el robo de energía constituyeron un perjuicio patrimonial a la Ande por más de 2.300 millones de guaraníes. (G. 2.366.129.189).
El Tribunal de Sentencia Permanente, bajo la presidencia del juez penal de Sentencia, Fabio Aguilar Benítez e integrado por los jueces Serafín González y Vitalia Duarte, declaró probada la existencia del hecho punible de sustracción de energía eléctrica, así como la culpabilidad y responsabilidad del acusado Rodrigo Sebastián Tamarasco.
Asimismo, el Tribunal dispuso el comiso de los bienes incautados durante el operativo, entre ellos cables, crucetas, descargadores, cartuchos porta fusibles, separadores y un transformador de 300 kVA.
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Caso agua tónica: ratifican condena por corrupción de la extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo
Patricia Delia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tendrá que cumplir una pena de 4 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada. Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, ratificada en segunda y, ahora, en la máxima instancia judicial.
Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, fueron condenados por el delito de lesión de confianza debido a la compra irregular de agua tónica durante la pandemia de covid-19. Esta maniobra ocasionó a la institución estatal un perjuicio patrimonial que supera los G. 300 millones.
Los ministros de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazaron el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de la expresidenta de Petropar, Delia Patricia Samudio Torras, y de su esposo, José Manuel Costa Perdomo (condenado a 3 años y 9 meses). Con este fallo, la Corte ratificó de forma definitiva las penas de prisión para ambos por el hecho punible de lesión de confianza.
El caso
De acuerdo con la investigación penal, Samudio autorizó la adquisición de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 mascarillas KN95, 60 tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 pallets y 15 termómetros láser que nunca ingresaron al ente público.
Para la Fiscalía, desde un principio fue evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez, algo que logró demostrarse mediante la pesquisa y los elementos presentados en el juicio oral.
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Condenan a 30 años de cárcel a un hombre por el asesinato de un vecino en Itacurubí del Rosario
El Tribunal de Sentencia de San Estanislao, integrado por Walter Armando Ramírez, Mercedes Uruñaga y Romina Onieva, condenó a 30 años de cárcel a Elvio Denis tras ser encontrado culpable de robo agravado y homicidio doloso. El agente fiscal Walter Melo fue quien representó al Ministerio Público en el caso.
De acuerdo con los antecedentes probados en el juicio, el hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2022, alrededor de las 16:40, en la compañía Peguajho, distrito de Itacurubí del Rosario. En aquella ocasión, el ahora condenado interceptó a Verónica Osorio, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta por un camino vecinal. Bajo amenaza con un arma de fuego, la despojó de la suma de G. 1.400.000 para posteriormente darse a la fuga.
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Seguidamente, Mike Traub Ediger tomó conocimiento de lo sucedido tras comunicarse con la víctima, quien le proporcionó las características físicas del asaltante. Ante esta situación, el hombre emprendió la búsqueda del sospechoso y se dirigió hacia un camino interno de una propiedad privada ubicada en la compañía Cabayu Ra’y.
Durante el trayecto, Mike Traub Ediger se encontró con Elvio Denis, quien al verse descubierto efectuó un disparo con arma de fuego en la cabeza de la víctima, ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Durante el desarrollo del juicio oral, el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad penal del acusado mediante la producción de pruebas testificales y documentales que acreditaron plenamente su autoría en los hechos investigados.
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