El diputado colorado Rodrigo Gamarra se refirió al caso Dalia López y las supuestas amenazas de muerte que habría recibido y que la detuvieron para presentarse ante la Justicia en todos estos años. El legislador indicó que, en primer término, la Justicia debe investigar a fondo la veracidad de esa amenaza y llegar a los responsables, caiga quien caiga, dejando atrás los “silencios selectivos”.

En una comunicación con La Nación/Nación Media, el parlamentario señaló que, en este caso, hay dos cosas graves que no se pueden pasar por alto. Apuntó igualmente, como hecho llamativo el silencio de algunos sectores y de ciertos medios que hoy miran para otro lado. “Cuando los hechos incomodan o involucran al gobierno anterior, parece que el interés por informar desaparece. Eso también es parte del problema”, expresó.

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No obstante, indicó que, en primero, sí es que hubo dichas amenazas de muerte contra la empresaria declarada en rebeldía por la Justicia. “Estamos hablando de un hecho de extrema gravedad que la Justicia tiene la obligación de investigar y esclarecer, quiénes fueron, por qué y bajo qué contexto. Eso no puede quedar en la nada”, enfatizó.

Asimismo, enfatizó en dejar en claro que ninguna amenaza —si es que existió— puede justificar eludir a la Justicia durante tanto tiempo. “Las instituciones están para ser usadas, no para ser evitadas. Hoy lo que corresponde es una investigación seria, sin protección para nadie, caiga quien caiga. Pero real, no discurso para encubrir como antes; Paraguay necesita la verdad, no relatos ni silencios selectivos”, concluyó.

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El fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad 1 Fiscalía Barrial N° 2 del barrio Herrera, de Asunción, brindó algunos detalles del operativo que culminó con la captura de la empresaria Dalia López, luego de 6 años de permanecer en la clandestinidad, pese a contar con orden de captura nacional e internacional en su contra.

Durante una entrevista en la radio 1020 Am, mencionó que López había manifestado al momento de su detención que no se había presentado ante la Justicia durante todo este tiempo, porque recibió supuestas amenazas de muerte que habrían condicionado su decisión.

El fiscal explicó que la mujer manifestó que su intención en un principio fue ponerse a disposición de las autoridades judiciales, pero que una advertencia recibida a último momento cambió el rumbo de los hechos.

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“Ella dijo que se iba a presentar, pero que la noche anterior le llamaron a decir que, si pisaba una comisaría, estaría muerta. La señora señaló que tenía toda la intención de presentarse, pero cuando recibió esas amenazas retrocedió por miedo”, expresó.

En lo que respecta al operativo, destacó que fue muy tranquilo, ya que justo al momento de realizar el procedimiento, una persona se predisponía a salir de la casa.

“Coincidió que justo al abrirse el portón ya nos encontrábamos ahí en frente, por lo que no se forzó ni el portón ni las puertas. Les informamos sobre el operativo, y todas las personas en la casa se sometieron tranquilamente, confirmando que la señora Dalia López se encontraba en la habitación de la casa y se procedió a la detención de la misma”, precisó.

Mencionó que al momento de su detención la mujer se encontraba lúcida, colaboradora, pero se la veía decaída. Informó que solicitó la constitución de paramédicos para corroborar que todo estaba en condiciones respecto a su salud, ya que se encontró gran cantidad de medicamentos en su habitación y manifestó una serie de enfermedades de base.

“Ella manifestó ser diabética, con presión alta y de tener algún tipo de arritmia. Se encontraron mucha cantidad de medicamentos en la habitación”, añadió.

En cuanto a las evidencias incautadas indicaron que se levantaron una importante cantidad de documentos, así como una millonaria suma de dinero en efectivo tanto en guaraníes como en dólares americanos. El fiscal Federico Leguizamón detalló que el monto alcanzaba los G. 440 millones y 220.000 dólares, distribuidos en distintos sectores de la habitación, principalmente en el placard y diversos armarios de la casa incluso en frascos de cafés.

“Según manifestaron, el origen de ese dinero es de sus actividades comerciales de la empresa”, dijo el fiscal. “Expresaron que a partir de la orden de captura de la señora Dalia las cuentas de la empresa fueron congeladas y que no tenían forma de bancarizar, pero que estaban todo contabilizados, registrados y que tenían forma de justificar. Eso manifestaron”, sostuvo.

Leguizamón señaló que fue el departamento de Inteligencia el que manejó la investigación para dar con el paradero de López, y que el Ministerio Público actuó en el momento que recibió la información de que la policía contaba con alto indicio del lugar de su paradero.

Informó, además, que su función como fiscal, culminó el jueves por la noche cuando finalizó la primera indagatoria donde López se abstuvo de declarar.

Confirmó además, que el caso ahora ya quedó a cargo de la Unidad de Crimen Organizado, a cargo del equipo de fiscales que ya cuenta conlourdes la causa, que son los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo y Juan Sandoval.

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La complicidad del gobierno de Mario Abdo Benítez con la estructura de Sebastián Marset está plenamente confirmada y documentada. Ahora queda saber el trasfondo deliberación de los puertos para la narco exportación, los informes de pistas de arribo de cocaína, establecimientos, depósitos utilizados en la logística del ilícito cajoneados desde 2020.

Los archivos de inteli­gencia son contunden­tes sobre el proceso investigativo que detonó en el sonado operativo antinarco, A Ultranza Py. Los documen­tos confirman cronológica­mente la abierta complicidad del gobierno de Mario Abdo Benítez en la logística narco sin precedentes en la histo­ria del Paraguay, desarrollada por estructura del uruguayo, hoy preso en Estados Unidos, Sebastián Marset.

El gobierno de Abdo, a tra­vés de la Secretaría Nacio­nal Antidrogas (Senad) con Arnaldo Giuzzio a la cabeza facilitaron el arribo, la con­solidación de Marset y grupos criminales aliados a su estruc­tura. El siguiente capítulo es conocer el trasfondo de estas concesiones que tuvo el uru­guayo para operar libremente en el territorio nacional.

La cronología de los hechos replicada en el mismo análisis de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) del operativo A Ultranza Py, señala que el gobierno de Mario Abdo Bení­tez, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía identificada a la estruc­tura Marset en el 2018, sus pri­meros movimientos en el pro­ceso de radicación y en el 2020 ya contaba con toda confirma­ción de la ruta de Marset.

Las informaciones de inteli­gencia reportadas en el marco de los operativos ARAI I y II fueron claves en los análisis de SIU. Precisamente estos informes fueron realizados por la Dirección de Investiga­ción Área Fluvial y Terrestre (DIAFT), alertando en el 2018 sobre la estructura que ingre­saba al país y la respuesta que recibieron fue el cierre de sus oficinas en los puertos y el retiro de las bases por reso­lución de Giuzzio.

La Senad y por ende el Gobierno sabía de la orga­nización criminal, pero los radicó, otorgó documenta­ción a Marset, su familia y además le allanó el camino para su negocio narco.

Agentes de SIU en proceso de reconocimiento se paseaban en el 2020 por pistas clandestinas identificadas ya desde el 2028 con ARA I y II. Videos, fotogra­fías, datos geográficos, equipos, toda la ruta, la estructura, esta­ban confirmados en el 2020, pero dilataron la conclusión de los informes y por ende los ope­rativos de desmantelamiento de la organización Marset.

Las investigaciones sufrie­ron también varias filtracio­nes y recién el 21 de febrero de 2022, conclusiones fueron remitidas a la Fiscalía. Con este reporte el Ministerio Público madrugó y activó un megaoperativo con 100 alla­namientos en simultáneo en menos de 24 horas.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sostuvo que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset también debe ser juzgado en Paraguay por las causas abiertas en su contra. Marset es investigado en el marco del operativo A Ultranza Py y sindicado como presunto líder de una organización para el tráfico de drogas y lavado de dinero.

“Nosotros tenemos que asentar nuestra soberanía, obviamente, los tratados de extradición obedecen a la reciprocidad internacional y tiene un caso de bulto en Estados Unidos; a lo mejor por eso evaluamos todavía la información en el momento, porque finalmente no se va a clarificar en poco tiempo, por lo menos”, expuso el fiscal general en entrevista a la 780 AM.

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Así mismo, señaló que desde la fiscalía paraguaya “también haremos valer nuestro derecho de juzgarlo en nuestro país, por lo menos luego del cumplimiento de la sentencia; son cosas que hay que asentar hoy como derecho”.

Sebastián Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y llevado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo, y está acusado de utilizar bancos de EE. UU y Europa para lavar millones en ganancias de su organización.

Con respecto a las sospechas de que Marset haya sido el mandante del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, el 10 de marzo del 2022. “El caso Pecci para nosotros es emblemático, nos interesa sobremanera, siempre hemos mantenido una línea firme, conversaciones con la gente de Colombia; el escenario es Colombia, la justicia operante es Colombia, pero de todos modos estamos muy atentos a todo lo que se pueda decir”, concluyó Rolón.

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