Agentes del Ministerio Público se trasladaron hasta la residencia del exministro de Economía y actual consejero de la Itaipú Binacional, Carlos Fernández Valdovinos.

Los intervinientes estarían buscando documentos y otras evidencias, en el marco de las investigaciones sobre Ueno Bank.

Según los primeros informes, el fiscal Cristian Benítez está liderando el allanamiento en la vivienda en el barrio Santo Domingo de Asunción.

La lujosa vivienda se encuentra en las inmediaciones del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre la avenida Sacramento.

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Hasta este sitio llegó la comitiva fiscal, aunque Fernández Valdovinos no está procesado aún, pero ya está siendo investigado ya que podrían hallarse algunos documentos a ser incautados que puedan aportar a las pericias del Ministerio Público.

Los intervinientes estarían buscando datos y otros elementos que podrían ser relevantes para la investigación. El procedimiento se desarrolla en medio de las recientes diligencias fiscales vinculadas al caso del banco que está en proceso de disolución por problemas de solvencia financiera.

Fernández Valdovinos se desempeñó como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) entre octubre de 2013 y agosto de 2018.

Durante el gobierno de Santiago Peña ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas desde el 15 de agosto de 2023 hasta el 31 de marzo del 2026. Luego fue nombrado como consejero de Itaipú.

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La causa investiga a los directivos de Ueno Bank (8 personas) y a otros 19 representantes de empresas vinculadas que tuvieron intervención en el sistema bancario.

Los agentes fiscales que encabezan las investigaciones en el marco de la causa Ueno Bank realizaron una con­ferencia de prensa en la cual dieron detalles sobre los procedimientos realiza­dos hasta la fecha, desde el inicio de esta investigación, incluyendo el allanamiento realizado a la mansión del expresidente de la Repú­blica, Santiago Peña, en la ciudad de San Bernardino.

La causa investiga a los directivos de Ueno Bank (8 personas) y a otros 19 representantes de empre­sas vinculadas que tuvieron intervención en el sistema bancario, como al expre­sidente Santiago Peña, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, todos imputados por el Ministe­rio Público.

“La investigación es inci­piente, estamos analizando todas las aristas, las hipótesis posibles que puedan justamente derivarse de estas investigaciones. Infor­mar también que inclusive, ayer domingo, el Ministerio Público ha realizado varios procedimientos, no sola­mente en la residencia de San Bernardino del expre­sidente de la República, sino también varios procedi­mientos relacionados direc­tamente al caso Ueno Bank”, indicó Nancy Salomón, fis­cal adjunta de la Unidad de Delitos Económicos.

Además, informó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la incorporación de cuatro agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción a los equipos de trabajo confor­mados para intervenir en las causas penales relacionadas con Ueno Bank.

“Es una investigación bas­tante compleja, es una de las investigaciones en estos últimos tiempos que genera la intervención de más agentes fiscales, es por eso que el día de la fecha ha salido una resolución desde la Fiscalía General del Estado para tener el apoyo de otros agentes fis­cales y poder realizar todos los procedimientos que deban realizarse a los fines de incorporar elementos de investigación”, detalló.

Por su parte, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, señaló que se está trabajando para ubi­car y asegurar bienes en el exterior con el fin de lograr embargos que permitan indemnizar a las víctimas. Para ello, se mantiene con­tacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, además de contar con el ofre­cimiento de colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera detalló que la causa se inicia el día 3 de noviembre con la comunicación de hechos irregulares por parte del Banco Central del Paraguay, a partir de allí se dic­taron órdenes de detención y al día siguiente se formularon las imputaciones contra las personas que tendrían la responsabilidad penal en el asunto.

Así también adelantó que, de acuerdo al avance de las investigaciones se realizarán más imputa­ciones. “El caso en esa etapa inicial abarcó la imputación de 27 personas y la vinculación de unas 8 empresas, hoy en día, la investigación en su avance ya pudo identificar a 37 empresas jurídicas, y 35 personas vinculadas. En los días siguientes también se están esperando nuevas imputaciones y nue­vas medidas cautelares contra los vienes”, detalló el agente fiscal.

Por su parte, Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, explicó que se encuentra en la causa en cooperación con la investigación del caso Ueno, con el objetivo de identificar jurisdiccio­nes cooperantes, localizar bienes y determinar los exhortos o cartas rogatorias necesarios para incor­porar pruebas.

Los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta intervinieron en un procedimiento en Ueno Casa de Bolsa, durante el cual fue detenida una funcionaria que se desempeñaba como jefa de Operaciones de la entidad, Andrea Benítez, por su presunta vinculación con el hecho punible de frustración de la ejecución penal.

Según los datos preliminares, al momento de la llegada de la comitiva fiscal, la funcionaria habría estado destruyendo documentos relacionados con inversiones bursátiles del expresidente de la República, Santiago Peña. Ante esta situación, la agente fiscal Ruth Benítez dispuso su detención en el marco de las diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público en el caso Ueno Bank.

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El procedimiento forma parte de las actuaciones fiscales destinadas a recabar y preservar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados. La mujer podría ser imputada en las próximas horas, y se solicitaría su prisión preventiva ante la gravedad del suceso registrado al momento del ingreso de los fiscales a la mencionada firma.

En caso de que la mujer sea imputada tendrá que comparecer ante un juez para la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si la misma estará privada de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada o será beneficiada con libertad ambulatoria.

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La Contraloría General de la República (CGR) impulsa dos iniciativas que apuntan a fortalecer el control público y el régimen de prevención de conflictos de intereses.

Ambos anteproyectos fueron entregados este lunes por el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Uno de ellos propone derogar la Ley N.º 7236/2024 y restablecer el texto original de la Ley N.º 7089/2023, “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.

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Según los proyectistas de esta manera se recuperará dos salvaguardas esenciales: las restricciones posteriores al cese en el cargo y la inclusión del grupo familiar en la prevención de conflictos de intereses.

El segundo plantea una nueva Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República.

El contralor fundamentó que el actual momento de crisis nacional convoca a todas las instituciones de la República a adoptar medidas urgentes y coordinadas para esclarecer lo acontecido. Asimismo es necesario deslindar las responsabilidades correspondientes y promover las acciones pertinentes contra los funcionarios públicos responsables, conforme expresó.

En ese contexto, sostuvo que la CGR, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, dispuso las actividades de control pertinentes.

Sin embargo, durante su desarrollo, la institución encontró limitaciones derivadas de la normativa legal vigente, que restringen el alcance y la eficacia de su labor.

Ante esta situación, consideró indispensable contar con el apoyo del Parlamento para analizar conjuntamente las limitaciones de orden legal que enfrenta el ente contralor.

Por ello, Benítez consideró necesario impulsar, desde el ámbito legislativo, las acciones que permitan fortalecer la capacidad de control del Estado.

El proyecto de ley, conocido como “puertas giratorias” incorpora un artículo 24 bis que establece un plazo especial de dos años para los miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores, y los funcionarios de esas entidades que hayan tenido intervención determinante.

Durante ese periodo, estas personas no podrán ejercer cargos de dirección, gerencia, sindicatura o asesoría en las entidades supervisadas ni en empresas pertenecientes a su mismo grupo económico.

En cuanto a la Carta Orgánica, la propuesta no amplía las competencias constitucionales de la CGR, sino que busca adecuar las responsabilidades ya asignadas a la institución al contexto de modernización.

1-Acceso a los datos del Estado en tiempo real. Se pasa del control basado en la documentación que cada organismo decide entregar al acceso digital directo y permanente a los registros estatales.

2-Cobro de multas. Se crea un mecanismo de percepción y ejecución del que carece la legislación vigente. La resolución firme constituirá título ejecutivo y se prevén la retención sobre haberes y la creación de un Registro Público de Sanciones.

3-Inteligencia Artificial con garantías. Se habilita el uso de analítica de datos e inteligencia artificial para la detección temprana de anomalías, con supervisión humana obligatoria, trazabilidad y derecho de explicación.

4-Declaraciones juradas sin vacíos. Se permite el examen de correspondencia incluso con una sola declaración jurada y durante el ejercicio del cargo, sin necesidad de esperar al cese del funcionario.

5-Rectoría anticorrupción y recupero. Se consolidan la rectoría del Régimen Nacional de Integridad y el régimen de conflictos de intereses. Además, se incorpora la remisión a la Procuraduría General para la persecución civil orientada al recupero de los recursos públicos.

6-Control en emergencias. Ante una emergencia declarada, la Contraloría queda facultada de pleno derecho para activar auditorías concurrentes e inmediatas sobre los recursos afectados.

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