La fiscal Claudia Aguilera presentó imputación por supuesto testimonio falso a la exfiscal Casse Giménez y contra el actual defensor Público Fermín Bogado, quienes mintieron al momento de prestar declaración ante un tribunal de sentencia que había juzgado y absuelto de culpa y pena al exsenador Jorge Oviedo Matto en el proceso penal conocido como audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo el órgano juzgador de magistrados había destituido en sus funciones a la fiscala Casse Giménez por haber incurrido en mal desempeño en sus funciones.
Ahora el juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación con relación a la exrepresentante del Ministerio Público Giménez, quien una vez que se fije la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares deberá presentarse ante el juzgado pertinente.
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Absuelto de culpa y pena
El exsenador Jorge Oviedo Matto fue acusado y enfrentó juicio oral por supuesto tráfico de influencia, del que fue absuelto el 28 de diciembre de 2020, cuando el tribunal integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García encontró inconsistencias, contradicciones e incongruencias en las declaraciones de la hoy imputada.
La absolución de culpa y pena de Oviedo Matto fue confirmada en la Corte Suprema de Justicia por lo que decidió denunciar penalmente a la hoy ex fiscala Giménez. Ante esta denuncia y luego de ser destituida de su cargo se procedió a la imputación contra la exfiscala Casse Giménez.
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Fiscal liberó a chinos que habrían ingresado ilegalmente al país
El agente fiscal de Filadelfia, Lucrecio Cabrera, de forma llamativa dispuso la libertad de dos ciudadanos chinos que habrían ingresado a nuestro país a través de la frontera con Bolivia, cuando los mismos, transitando por la ruta Transchaco fueron interceptados por agentes policiales de Mariscal Estigarribia.
El representante del Ministerio Público dispuso la libertad de los orientales Jinxing Zhuang (35), y de Yan Xiwu (48), ambos sin documentos de entrada al país por Migraciones.
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Igualmente, el fiscal Cabrera dispuso la libertad de otras dos personas que estaba en compañía de los extranjeros y que fueron identificados como Miguel Ángel Cardozo Ramírez (58) quien estaba al mando de una camioneta de la marca Toyota Fortuner, y Pablo Emanuel Arequipa, de nacionalidad argentina pero con cédula paraguaya. Ambos estaban con los ciudadanos chinos al momento de ser aprehendidos.
Lo llamativo del presente caso es que el fiscal Cabrera dispuso directamente la libertad sin ningún tipo de control de que los ciudadanos orientales puedan abandonar nuestro país vía Bolivia.
Del mismo modo, Cabrera evitó comunicar el hecho a la Dirección General de Migraciones para que está institución sea quien ordene la expulsión de los extranjeros que habrían ingresado de forma ilegal a Paraguay. Esto, debido a que para ingresar a nuestro país los extranjeros debían contar con una visa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aparentemente los dos chinos no contaban con esas documentaciones.
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Carta abierta de la viuda de Marcelo Pecci a 3 años de su muerte
Al cumplirse este sábado tres años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, su esposa Claudia Aguilera divulgó una emotiva carta abierta haciendo un nuevo reclamo para que se haga justicia al recordar los terribles momentos que le tocó vivir el 10 de mayo de 2022 en la playa de Barú.
“Me desgasto día a día al pensar en lo que ocurrió. Perdóname, amor, por no poder recordarte sonriendo, por no recordar la calidez de tu abrazo y solo ver y escuchar los tres disparos; por recordar tu cuerpo ensangrentado y tu corazón desvaneciéndose poco a poco”, expresa la periodista.
También menciona que su hijo Marcelito ya ha cumplido 2 años de edad, que cada vez se le parece más y está comenzando a hablar muy bien. Le comenta que le habla de su padre, pero tal vez no lo suficiente. Resalta que desea protegerlo de todo lo malo que les ha tocado vivir como familia, “de la infamia de vivir en un país sin justicia”.
Aguilera manifiesta que la memoria de su esposo asesinado aún “molesta a las autoridades, a actores judiciales y a políticos de este país. Personas que tal vez prefieren encubrir, no sé a quién o a quienes, y borrar, de paso, tu legado".
“Te pido perdón, Marcelo Pecci, por la inacción de tus pares de la Fiscalía, que solo usan tu nombre para reivindicar valores que no los representan”, continúa su carta. Así también, reconoce pesar por sentirse alejada de Dios en los momentos que le abruma la tristeza
“Perdóname por ya no creer en la justicia. Te pido perdón por sentirme impotente ante la crueldad e inmensidad de los hechos. Amor, son tres años aciagos. Perdóname por no escribirte líneas más esperanzadoras”, comparte en un tramo final.
Aguilera se despide pidiéndole a su esposo que le de la fuerza para no claudicar y mantener la fe. Señala que tanto sus padres, hermanos, sobrinos, amigos y tantas personas que lo han amado lo van a recordar y seguir honrando su memoria buscando que se haga justicia en algún lugar del mundo.
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Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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