La fiscala Claudia Aguilera imputó a la exrepresentante del Ministerio Público, Casse Giménez, por mentir en su declaración en el juicio oral y público que enfrentó el exsenador Jorge Oviedo Matto en el caso conocido como audios JEM. Foto: Archivo
Imputan a la exfiscala Casse Giménez por testimonio falso
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La fiscal Claudia Aguilera presentó imputación por supuesto testimonio falso a la exfiscal Casse Giménez y contra el actual defensor Público Fermín Bogado, quienes mintieron al momento de prestar declaración ante un tribunal de sentencia que había juzgado y absuelto de culpa y pena al exsenador Jorge Oviedo Matto en el proceso penal conocido como audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo el órgano juzgador de magistrados había destituido en sus funciones a la fiscala Casse Giménez por haber incurrido en mal desempeño en sus funciones.
Ahora el juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación con relación a la exrepresentante del Ministerio Público Giménez, quien una vez que se fije la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares deberá presentarse ante el juzgado pertinente.
El exsenador Jorge Oviedo Matto fue acusado y enfrentó juicio oral por supuesto tráfico de influencia, del que fue absuelto el 28 de diciembre de 2020, cuando el tribunal integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García encontró inconsistencias, contradicciones e incongruencias en las declaraciones de la hoy imputada.
La absolución de culpa y pena de Oviedo Matto fue confirmada en la Corte Suprema de Justicia por lo que decidió denunciar penalmente a la hoy ex fiscala Giménez. Ante esta denuncia y luego de ser destituida de su cargo se procedió a la imputación contra la exfiscala Casse Giménez.
Chicanas de Prieto impiden el avance de sus causas judiciales, afirma fiscal Corbeta
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El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.
“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Miguel Prieto aparece junto a algunos de sus funcionarios y el abogado Guillermo Ferreiro, que ejerce su defensa. Foto: Archivo
Kits de alimentos
De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.
“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.
Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.
El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones.Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.
México: asesinan a fiscal fronterizo que investigaba el robo de combustible
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La fiscalía federal de México vinculó ayer martes el asesinato de uno de sus representantes en el estado de Tamaulipas, ocurrido la víspera, con una investigación sobre robo de combustible en la frontera con Estados Unidos. Ernesto Vásquez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), fue asesinado el lunes en la ciudad de Reynosa, vecina del condado estadounidense de Hidalgo, en Texas. Fue rematado a balazos mientras se arrastraba por el pavimento luego de que su camioneta quedara en llamas tras un primer asalto en una transitada avenida a plena luz del día.
El ataque, presenciado por numerosos automovilistas, fue captado en videos que se volvieron virales en redes sociales y espacios de noticias. “Los primeros datos que señalan la violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada”, dijo el martes la FGR en un comunicado.
Recordó además que grupos dedicados al robo de combustible sufrieron “un grave descalabro” a finales de julio, cuando fuerzas de seguridad federales decomisaron más de 1,8 millones de litros de gasolina robada en esa ciudad. En marzo el gobierno federal anunció un decomiso “histórico” de 10 millones de litros de diésel junto con armas de fuego en el puerto de Tampico, en el mismo estado de Tamaulipas, que tiene un amplio litoral en el Golfo de México.
Si bien Tamaulipas registra una baja en los índices de violencia, su vecindad con Estados Unidos la hace una pieza clave en las lucrativas rutas de tráfico de drogas, migrantes e hidrocarburos hacia el país vecino. En ese estado operan los cárteles del Golfo y del Noreste, a los que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump designó a inicios de año como “organizaciones terroristas extranjeras”.
Fiscalía allanó vivienda e imputó a presunto responsable de minería ilegal de criptomonedas
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El agente fiscal Derlys Fanego Otazú realizó un allanamiento de una vivienda ubicada en la colonia Neufeld, en la ciudad de 3 de Mayo. Durante el procedimiento fueron incautadas 12 unidades de equipos informáticos utilizados para la minería de criptoactivos, los cuales operaban mediante el uso ilegal de energía eléctrica de la ANDE.
El dueño de la vivienda allanada fue imputado por el hecho punible de sustracción de energía eléctrica, y se solicitó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.
Las máquinas se encontraban ocultas en un túnel dentro de uno de los depósitos del inmueble, el cual contaba con sistemas de ventilación elaborados y conexiones eléctricas complejas, diseñadas para evitar la detección de la actividad ilícita.
El procedimiento fue acompañado por técnicos de la ANDE y agentes policiales de la Comisaría de Lima, 3 de Mayo, así como por efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO).
Ahora el imputado deberá comparecer ante un juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el imputado estará en libertad o se ordenará la prisión del mismo.
La fiscalía imputó por supuesto cobro indebido de honorarios al exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano. Foto: Gentileza
Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
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El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.