La madre, cuya hija fue víctima de un supuesto abuso sexual por parte de un tío paterno en la ciudad de Hernandarias, urgió la resolución de la la Fiscalía ante la presentación de una recusación.
El hecho había ocurrido en el año 2021 en la ciudad esteña. La denuncia refiere que la menor fue abusada cuando tenía tres años de edad por parte de un familiar cercano. A pesar de la existencia de la declaración realizada en el 2022 en Cámara Gessell, la causa (a cargo de la fiscal Vivian Coronel) no sigue su curso, por lo que el supuesto responsable sigue impune.
La madre, cuya identidad se resguarda por protección de la menor, relató a La Nación que ella vivía en un complejo habitacional de Hernandarias con el padre de sus dos hijas y que luego de la separación de su marido –por violencia doméstica- tuvo que mudarse a la ciudad de Fernando de la Mora. Allí notó comportamiento extraño en una de sus hijas, por lo que la llevó al Hospital de Acosta Ñu, donde se constató la existencia de abuso sexual de parte de otro familiar.
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El caso comenzó con su denuncia realizada en Fernando de la Mora, pero la imputación presentada por un fiscal de esa ciudad fue rechazada en el juzgado por el sitio donde habría ocurrido el delito. Es por ello que se dispuso el traslado del expediente a Hernandarias, donde finalmente se estancó la investigación. Es de recordar que la carpeta titulada “abuso sexual en niños” fue directamente a Ciudad del Este, porque allí está la unidad fiscal a cargo de la fiscala Coronel.
Igualmente, autoridades del Hospital Pediátrico Acosta Ñu realizaron la denuncia ante la existencia de un diagnóstico médico y sicológico. La madre mencionó que la forense de la Unidad 4 de la fiscalía de Fernando de la Mora confirmó sobre el abuso sexual, por lo que el fiscal de esa unidad procedió a la imputación del supuesto abusador, quien sería el tío paterno de la menor.
Debido a que el hecho ocurrió en la ciudad de Hernandarias, la unidad fiscal de Fernando de la Mora resolvió el traslado de la carpeta a la jurisdicción de Ciudad del Este. Allí, el expediente a cargo de la fiscala Coronel, quedó encajonado por más de un año, denunció la madre.
Procesos legales
La abogada Carol Arias detalló en una entrevista concedida a la radio Universo y canal GEN que el supuesto autor del hecho es un ciudadano libanés con doble nacionalidad, y el mismo enfrenta procesos legales debido a documentación con inconsistencias entre Brasil y Paraguay, incluyendo el uso de nombres distintos en ambos países.
La profesional expresó su frustración por la lentitud judicial en el caso, y ahora aguarda la resolución del Ministerio Público acerca de la recusación presentada por la familia afectada, para que de esa manera pueda proseguir la causa penal, en la que estaría involucrado el ciudadano libanés.
En tanto, la menor sigue un tratamiento psicológico debido a las secuelas. “Lo más triste es que la familia afectada debe demostrar qué ocurrió, poniendo en duda la credibilidad de la Cámara Gessel”, afirmó la abogada.
El supuesto abusador es descendiente libanés de nacionalidad brasileña, presuntamente con documentos falsos paraguayos. Sobre este punto, hay una causa abierta en Hernandarias, a cargo de la fiscala Natalia Montanía.
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El manuscrito de Hernandarias que vuelve al país un siglo después
- Jorge Zárate
- jorge.zarate@nacionmedia.com
- Fotos: Archivo/Gentileza
“Los documentos fechados en el siglo XVI escritos en el Nuevo Mundo se han vuelto poco comunes y muy buscados”, ofertaba la página web de una librería de textos antiguos de Nueva York que lo puso a la venta. Una alerta movilizó al Archivo Nacional a recuperarlo. Es importante para entender la brutal aplicación del régimen esclavista de la encomienda, cómo se peleaban los conquistadores por lotes de indígenas para ser explotados en sus tierras, ayudando a derribar el mito romántico de la conquista. Aquí la historia de su recuperación.
“Ay y a avido gran deshorden y descuido en los encomenderos en la doctrina y enseñamyento de los naturales a ellos encomendados y en les poner en policia como eran y son obligados por lo qual la mayor parte de los yndios se an muerto sin conffision ni baptismo y se an servido dellos con gran cargo de sus conciencias”, describe Hernando Arias de Saavedra.
Hernandarias, como era conocido popularmente, señala la falta al deber de la enseñanza religiosa a los indios como uno de los elementos para fundamentar su ordenanza en la que dicta algunas normas que regulan el ejercicio de la encomienda en el Paraguay antiguo.
Firma el documento “en la ciudad de la Asumpcion cabeça de esta dicha governacion y en las demas destas provincias” y lo fecha el 12 de diciembre de 1598.
Se trata de un manuscrito de 14 páginas que apareció a la venta a un precio de 28.500 dólares en la página web de Martayan Lan, una tienda de libros antiguos de Nueva York, Estados Unidos.
EJE DEL SISTEMA COLONIAL
Así define a la encomienda el texto de la oferta de la librería: “El eje central del sistema colonial español en Sudamérica fue la encomienda, en la cual un número fijo de indígenas era asignado a conquistadores o soldados como recompensa por sus servicios. Estos pueblos indígenas estaban obligados a pagar tributo a sus amos, con un porcentaje reservado para la Corona. Las proclamas de Hernandarias de 1598, contenidas en el presente documento, muestran un avance significativo, aunque gradual, respecto a las duras condiciones del sistema de encomiendas”.
Vicente Arrúa, director del Archivo Nacional, recibió una alerta anónima sobre el particular: “Lo revisamos y nos dimos con que era un documento de fines del siglo XVI porque tenía la foliación de ese momento”, cuenta.
Según entiende, “el documento pudo haber sido sustraído después de la guerra contra la Triple Alianza a partir de 1870. Y también teníamos un dato de que el documento se había consultado, porque se publica en un trabajo de investigación, en 1905, y fue la última vez que se lo revisó. Entonces, en nuestro rango, el tiempo en que pudo haber desaparecido era entre 1870 y la primera década del siglo XX”.
UNA CONSULTA DECISIVA
En diciembre del año pasado decidieron consultar a Guillaume Candela, historiador francés especialista en el Paraguay antiguo, que determinó que era un acta de Cabildo y que debió pertenecer al Archivo Nacional.
En contacto con La Nación/Nación Media desde Southampton, Inglaterra, Candela manifiesta su “profunda satisfacción y enorme alegría por haber contribuido a la recuperación y repatriación de este manuscrito al Archivo Nacional de Asunción”.
Respecto a cómo habría llegado este documento a Nueva York, este historiador de la Universidad de Cardiff entiende que “podemos plantear varias hipótesis. Una de ellas sería la extracción del documento por el expresidente Manuel Gondra (1871-1927), quien según esta fuente donó a la Universidad de Texas su colección, que contaba con más de 7.283 libros, 2.633 panfletos, más de 20.000 páginas de manuscritos y 270 mapas.
La colección Manuel Gondra se encuentra hoy en día en la Benson Collection de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin, EE. UU. Lo que nos llama más la atención son estas 20.000 páginas de manuscritos. ¿De dónde proceden? ¿Del Archivo Nacional? Esta hipótesis resulta plausible considerando el buen estado de conservación del documento y el análisis realizado a principios del siglo XX. No obstante, no debemos descartar la posibilidad de un robo en épocas posteriores”, considera el especialista.
“Espero que algún día podamos acceder a los resultados de la investigación de la fiscalía de Manhattan para obtener información adicional que nos ayude a reconstruir la trayectoria de esta ordenanza promulgada por el gobernador Hernando Arias de Saavedra”, dice.
A partir de esa clarificación surgió el reclamo diplomático a la ciudad de Nueva York, que dio intervención a los fiscales de Manhattan, que procedieron a la incautación del mismo. “Estoy encantado de que, por primera vez, podamos devolver un objeto robado al pueblo de Paraguay”, indicó el fiscal neoyorquino Alvin Bragg al momento del procedimiento.
TEXTO CLAVE
Arrúa describe como “fundamental” la importancia de estas 14 páginas que regresarían en el transcurso del año al país desde Nueva York.
“Hernandarias fue la primera persona nacida en América en convertirse en gobernador de una colonia europea en el Nuevo Mundo”, apuntaba Martayan Lan en el texto de presentación de la oferta. Agregaba que “si bien la burocracia del sistema colonial español produjo una gran cantidad de documentación manuscrita, los documentos fechados en el siglo XVI escritos en el Nuevo Mundo se han vuelto poco comunes y muy buscados”.
El director del Archivo Nacional recuerda que el texto “tiene que ver con el tema de las encomiendas y habla de las consecuencias de los maltratos hacia la población indígena por parte de los conquistadores. Es una documentación que, sumada a otra existente en el Archivo, ayuda a controvertir el mito de la conquista romántica, que sigue aún vigente hoy, que se sigue incluso enseñando en los colegios”, apunta.
Entiende entonces que ofrecer el texto a investigadores y estudiantes “va a servir fundamentalmente para nuevos abordajes historiográficos que van a dar mayor conocimiento sobre estos periodos”.
La idea, según expuso, es que “una vez que recibamos el documento vamos a ver su estado, haremos algunas intervenciones de conservación preventiva para estabilizarlo”, anticipa. “Aparentemente está en buen estado de conservación, vamos a digitalizarlo y reinsertarlo, si conviene, en el mismo volumen en el cual tenía que haber estado”, describe.
“Por supuesto, pretendemos hacer una exposición de este documento junto con otros que tenemos que hablan justamente del tema del trato al indígena, de las relaciones con los conquistadores y los conflictos que existían entre ellos. Este acceso lo haríamos tanto para consultar el material físico, atendiendo a ciertas normas para evitar su deterioro, y para una consulta masiva estará accesible en nuestra plataforma web”, indica.
UN ARCHIVO RESISTENTE
Vicente Arrúa, director del Archivo Nacional, recuerda la difícil historia de la institución: “La guerra contra la Triple Alianza marca a la sociedad paraguaya también en el sentido administrativo, el Archivo se traslada de Asunción a Luque en 1868 y luego a Piribebuy, donde cae en poder del Ejército aliado y ahí se producen saqueos. Tanto la documentación, que es llevada al Brasil y recién es devuelta en la década de los 80 del siglo XX, pero también se producen saqueos, robos de documentos que hasta hoy día nosotros no podemos tener una dimensión”, relata.
El desorden de la posguerra, fines del siglo XIX e inicios del XX permitió también otras pérdidas que todavía se siguen analizando. “Nosotros estamos realmente monitoreando muchas veces páginas webs en donde se ofertan antigüedades. Esta es la segunda vez que se logra una recuperación de documentos sustraídos del Archivo, ya que hace unos años también se rescató un grupo de documentos que estaban siendo ofertados en el Reino Unido”, comenta.
EL BRUTAL RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DEL INDÍGENA
Dice el historiador Candela que “a través de estas 14 páginas, el lector puede transportarse a la Asunción de 1598 y descubrir cuáles eran las cuestiones más relevantes y apremiantes de aquel momento histórico”.
Destaca a su vez que “en 1598, Buenos Aires continuaba siendo únicamente un puerto anexo a la ciudad de Trinidad, aun después de 18 años desde su segunda fundación. Por ello, resulta fundamental recalcar la relevancia de este archivo para toda la región (Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay). Si se pretende estudiar el Río de la Plata de los siglos XVI-XVII, el Archivo Nacional de Asunción es imprescindible, puesto que numerosos documentos y papeles debían llegar al centro administrativo y de gobierno de toda la región, que era Asunción”.
En el texto de presentación de la oferta, la librería neoyorquina Martayan Lan expone respecto al contenido del manuscrito de Hernandarias (1561-1634): “Las regulaciones 5, 6 y 8 prohíben el traslado forzoso de indígenas de una encomienda a otra sin permiso del gobernador; las regulaciones 10, 11 y 12 prohíben el maltrato generalizado a los indígenas, la interferencia con sus costumbres de pesca y caza, la disolución inhumana de familias, etc. Sin embargo, no todas las ordenanzas fueron tan clementes: la n.° 18 restringe el derecho de los indígenas a migrar o viajar”, apunta.
Para Candela, el gobernador “retoma las numerosas alertas lanzadas 42 años atrás por el cura Martín González. Sigue describiendo un Paraguay colonial temprano violento para con los pueblos originarios y una sociedad sumida en el desorden, en la cual los conquistadores incumplían sistemáticamente las normas. Hernandarias señala que la implementación del sistema de encomienda por parte del gobernador Domingo Martínez de Irala en 1556 resultó desastrosa, puesto que los títulos de encomienda nunca fueron transmitidos ni, por consiguiente, reconocidos por el Consejo de Indias y el rey Felipe II, lo que generó una situación incontrolable”.
Así, los encomenderos se disputaban la propiedad de contingentes enteros de indígenas, de cientos y hasta miles de personas.
Sigue narrando Candela: “Los sucesores de Martínez de Irala podían otorgar las mismas encomiendas a otros españoles y mestizos, declarándolas a la Corona y modificando los propietarios. Como pueden imaginar, este caos legal surgido a partir de 1556 no solo representaba un grave problema para los españoles y mestizos residentes de Asunción, que se veían despojados de sus recompensas, sino que perjudicaba aún más a los nativos encomendados, obligados a trabajar en las casas, chacras, estancias y ranchos de estos encomenderos, siendo frecuentemente trasladados de manera forzosa de una casa a otra y maltratados por las diferentes familias de encomenderos”.
Candela explica que la ordenanza en cuestión “no contempla la abolición del sistema de encomienda en el Paraguay ni en el Río de la Plata colonial. Quisiera enfatizar que nunca fue eliminado como lo evidencian diversos documentos del Archivo Nacional: por ejemplo, una visita realizada entre 1790 y 1791 a las encomiendas de indios de los pueblos de Ypané, Guarambaré, Itá, Yaguarón, Atyrá, Tobatí y Altos, ejecutada por el gobernador Joaquín de Alós; o un documento redactado por Juan de la Cruz Cáceres en el pueblo de Caazapá el 24 de enero de 1794, referente a Gregoria Tacurarí y sus dos maridos, originarios de dos pueblos de encomienda diferentes”, apunta.
Algún efecto parece haber tenido, ya que desde comienzos del siglo XVII la economía paraguaya se sustentó en la encomienda. La extracción y el laboreo de la yerba mate, y más tarde el del tabaco, recayeron pesadamente sobre los indios guaraníes y sus pueblos.
Candela venía investigando sobre los pueblos indígenas esclavizados en Estados Unidos y América en general, línea que continuará esta vez liderando “un proyecto financiado por el Consejo de Investigación en Artes y Humanidades (AHRC) del Reino Unido sobre la esclavitud y el trabajo forzado de los pueblos indígenas, africanos y afroparaguayos en el Paraguay colonial. Este implementará herramientas de inteligencia artificial, está en fase final de diseño y próximamente será sometido a evaluación. Esta ordenanza de Hernandarias tendrá un lugar destacado dentro del corpus documental que estoy constituyendo para la buena realización del mismo”, anticipó.
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Entregan 1.435 tarjetas Tekopora Mbarete a familias de Alto Paraná
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Ministerio de Desarrollo Social entregó hoy 1.435 tarjetas de débito Tekopora Mbarete a familias de Alto Paraná, en dos actos realizados en Hernandarias y en Santa Rita.
Para el efecto, el ministro Tadeo Roja se trasladó al departamento y acompañado del gobernador César Orlando Torres y de los intendentes, procedió a la entrega de las tarjetas.
Informó que el programa protege a 15.006 familias del departamento y eso representa una inyección mensual de más del 3.300 millones de guaraníes (G. 3.322.750.000).
A las 09:30 se realizó la entrega en el auditorio municipal de Hernandarias, mientras que a las 14:30 fueron entregadas las tarjetas de débito en la Municipalidad de Santa Rita, según informaron desde el MDS y el gobierno regional.
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Para el ministro Tadeo Rojas, las actividades de hoy se resumen en “más protección social a familias de Alto Paraná”. Las entregas se centralizaron en Hernandarias, para familias de Ciudad del Este y de municipios del norte, y en Santa Rita para pobladores de comunidades del sur.
“No solo entregamos tarjetas: entregamos dignidad, fortalecimos el tejido social y reafirmamos nuestro compromiso con un Alto Paraná mejor para todos”, dijo a su vez el ingeniero César Torres, titular del ejecutivo regional.
Tanto el ministro de Desarrollo Social como el gobernador, aprovecharon para verificar el servicio de almuerzo escolar de la Escuela Básica No. 1295 “Virgen del Rosario”, y a la vez degustaron el alimento con los escolares.
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Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.
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Filtración de Seprelad: Sala Penal rechaza chicana de abogados abdistas contra FGE
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, planteada por la defensa de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Mediante las chicanas impulsadas apuntaban a bastardear la causa penal con la finalidad de buscar impunidad. Los abogados sostuvieron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar sesgado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.
Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judicial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Candia, entiende que los argumentos esgrimidos por los letrados no constituyen motivos válidos para separar de la causa a Rolón.
Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recusación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscal adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fiscales inferiores. Cabe recordar que la audiencia preliminar para los procesados sigue pendiente.
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Antecedentes
Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.