El abogado Claudio Lovera, defensor de Rubén González Chaves, quien es juzgado por los delitos de lavado de dinero y declaración falsa, explicó que el Ministerio Público no pudo probar los dos delitos y pretende violar incluso la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Lovera manifestó que “la Fiscalía violó una cosa juzgada al solicitar que el acusado en este caso mi representado pague con sus bienes el comiso, cuando que la propia Corte Suprema de Justicia ya dejó firme la resolución sobre el comiso con sus actuales alcances, por lo que no corresponde el actual pedido de los fiscales”, refirió el mencionado profesional del derecho.
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Asimismo el abogado defensor días atrás pidió la absolución Óscar Rubén González Chaves, por deficiencias en la postura de la Fiscalía sobre los hechos punibles de lavado de dinero y declaración falsa. El pedido fue durante la exposición de los alegatos finales de parte de la defensa del procesado.
A continuación señaló que “la Corte Suprema de Justicia, cuando anuló la condena por lavado de dinero, y cuestionó las argumentaciones de la sentencia de primera instancia, las consideró notoriamente vagas e infundadas”, indico Lovera.
El juicio oral y público prosigue este viernes a las 09.00, cuando se ingresará a la última etapa de la audiencia oral y ya luego el tribunal de sentencia integrado por Matías Garcete, Adriana Planás y Jazmín Cáceres deberán dictar sentencia.
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Sancionan a bancos mexicanos por lavar dinero para cárteles
- Washington, Estados Unidos. AFP.
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer miércoles a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”. El magnate republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.
Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con sustancias procedentes de China, lo cual dejó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos. En este contexto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que esas tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con más de 7.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11.000 millones de dólares, especifica. Washington los acusa de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.
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Las medidas impedirán que “hagan negocios con nosotros”, declaró el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, en rueda de prensa. En un comunicado la secretaría de Hacienda mexicana se quejó de que el Departamento del Tesoro no ha aportado pruebas.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, asegura en un comunicado.
Además, CIBanco afirmó que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” en una publicación en la red social X. Faulkender dio algunos ejemplos de “cómo estas instituciones con sede en México colaboran con los cárteles para blanquear dinero”.
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“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo” y a finales de 2022 “ejecutivos de Intercam se reunieron directamente” con presuntos miembros de la misma organización delictiva “para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China”.
Además de 2013 a 2021, prosiguió Faulkender, un presunto miembro del cártel de Sinaloa “empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares (...) a través de Vector”. Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos, pero no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, explicó en la rueda de prensa una funcionaria que pidió mantener el anonimato.
“A diferencia de la mayoría de las sanciones de la OFAC, las medidas especiales de FinCEN no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas entidades” a todos los estadounidenses, añadió. Las medidas además afectan a los establecimientos en México. Sus sucursales en el extranjero pueden llevar a cabo las transferencias siempre que sean independientes.
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El PCC no opera desde afuera: su amenaza avanza desde adentro en Paraguay
Paraguay se convirtió en el país con mayor número de miembros del Primer Comando da Capital (PCC) fuera de Brasil. El dato, revelado en un mapeo del Ministerio Público de São Paulo y divulgado de manera exclusiva por GloboNews y G1, exhibe con crudeza una realidad que lleva años en gestación: el territorio paraguayo se transformó en una pieza clave para la expansión internacional del grupo criminal más poderoso de América del Sur.
Según el reporte, 699 miembros del PCC operan en Paraguay, de los cuales 341 están en prisión y 358 en libertad.
Esta cifra representa más de un tercio de todos los integrantes de la facción criminal brasileña que se encuentran fuera del país de origen. En total, incluyendo Brasil, el PCC tiene alrededor de 40 mil miembros .
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¿Por qué Paraguay?
Paraguay comparte una frontera extensa y porosa con Brasil, posee una infraestructura penitenciaria con debilidades estructurales y se encuentra en un corredor logístico estratégico para el narcotráfico hacia otros países del Cono Sur y hacia Europa.
Estos elementos, sumados a la alta permeabilidad del sistema carcelario, facilitaron que el PCC no solo se instale, sino que también crezca, reclute y consolide su influencia en territorio nacional.
El caso más crudo ocurrió en 2019, cuando una rebelión en la cárcel de San Pedro —liderada por miembros del PCC— dejó diez muertos y una docena de heridos. Fue apenas un síntoma de una enfermedad más profunda: el control territorial dentro de las prisiones, que es donde la facción encuentra su mayor fuerza organizativa.
“No conozco ninguna organización criminal en el mundo que sea más eficiente en términos de control penitenciario que el PCC. En Paraguay sofocaron facciones locales y bautizaron ciudadanos paraguayos para integrar su estructura”, explicó el fiscal brasileño Lincoln Gakiya.
Más allá de las rejas
Lo que preocupa a investigadores de Brasil, Europa y Paraguay es que la facción ya no solo usa el país como pasaje o punto logístico, sino como base de residencia, influencia y expansión.
La operación no es solo criminal, es transnacional y económica. Incluye tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, sobornos y control en puertos, zonas rurales y terminales estratégicas.
El caso de Portugal y la mafia italiana muestra cómo el PCC aprendió a moverse en escenarios globales. El informe habla incluso de vínculos en Japón, Líbano y Serbia, con estructuras que replican el modelo de reclutamiento y control carcelario iniciado en Paraguay.
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¿Y ahora qué?
El informe del Ministerio Público paulista fue compartido con embajadas y consulados, y busca fortalecer la cooperación internacional. Para Paraguay, esto implica revisar sus sistemas penitenciarios, reforzar controles fronterizos y reconstruir sus mecanismos de inteligencia.
Pero la clave es otra: entender que la presencia del PCC no es una amenaza externa, sino una infiltración interna en marcha.
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Abogado de Boidanich afirma que fiscalía no reunió elementos tras sobreseimiento
El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.
“La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Con la reapertura de la causa, el profesional cuestiona que la fiscalía, un año después aún no cuenta con los argumentos. “Lo que ocurrió en el plazo de un año es que el Ministerio Público realizó las diligencias que indicó y todos los resultados justificaron, o en su caso particular, ratificaron que realmente desde la Seprelad no se realizó ningún tipo de conducta tendiente a beneficiar a ninguna persona en concreto, ni en específico, ni en general”, apuntó.
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Prórroga irregular
La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, alega que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El abogado refirió que todas las diligencias realizadas por el Ministerio Público favorecían la postura de que no había méritos para acusar. “No obstante, contrariando al resultado de estas diligencias, el Ministerio Público presentó una acusación y manejando el provisional como si fuera nada más una prórroga de tiempo para tomar una postura, y no es una figura prevista en ese sentido”, cuestionó.
No acreditaron motivación
Así también, detalló que cuando la fiscalía imputó y llamó a indagatoria a Boidanich se sostuvo la sospecha que denominan como demora injustificada, en el envío de un informe de inteligencia que fue realizado con una motivación en particular y, según la sospecha que la fiscalía tenía o afirmaba en ese momento, esa motivación era evitar el inicio de una investigación penal.
“Hoy en día, cuando ellos presentan su acusación, claramente sostienen que no acreditaron la existencia de ese motivo, es más, sostienen que ese motivo no existía, pero de todas formas acusan”, sentenció el abogado.
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Falsa denuncia de Giuzzio es “congruente” con filtración de Seprelad, señala abogado
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, sostuvo que la desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente, refuerza la denuncia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las instituciones fueron instrumentalizadas para la persecución política y el terrorismo de Estado hacia sus adversarios electorales.
“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a englosar los elementos probatorios en contra de los acusados de persecución política contra Cartes. Todos los elementos probatorios y el análisis realizados por la Fiscalía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado hizo referencia al requerimiento de desestimación de la falsa denuncia impulsada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encontraron sustento para los argumentos lanzados por el exministro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un concierto en San Bernardino.
“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que desestimó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referencia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
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El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fueron acusados los exfuncionarios abdistas Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.
Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado. Pese a que el exmandatario alegó públicamente que se sometería a la justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.
Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores con la finalidad de paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.
“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanismos procesales, así terminaron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal“, refirió Ovelar.