El fiscal de Filadelfia, Chaco, Andrés Arriola, imputó por tráfico de drogas, introducción y exportación de sustancias y asociación criminal a diez ciudadanos extranjeros que habían sido detenidos el 23 de febrero de 2024 durante un procedimiento realizado en la zona de Lagerenza, Chaco, límite con la frontera con Bolivia.
Los imputados fueron capturados luego de denuncias de que desde la pista clandestina denominada “El Codo” partían avionetas que transportaban drogas hacia Argentina, Perú y Uruguay. El Ministerio Público imputó a Glauber Fernández Dubai, Adalberto Riveiro Machado, Jonathan Da Silva Brum, Bruno Wesly Borges Amador y Rhuan Da Silva Aires, ciudadanos de nacionalidad brasileña.
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También fueron imputados los bolivianos Carlos Andrés Cuellar Garrido, Franklin Muñoz Sossa, Jesús Wilfrido Muñoz Espínola, Isaías Ayala y Eduin Osinaga Vias. Los citados fueron imputados por segunda vez ya que los mismos ya fueron inicialmente sometidos al proceso penal por del delito de transgresión a la Ley de Armas.
La nueva imputación se genera luego del resultado del aspirado que se llevó a cabo como acto investigativo con el que se pudo probar que la avioneta incautada en el procedimiento era para transportar cocaína.
Los imputados deberán ser citados por el juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si seguirán presos en el proceso penal.
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Fiscal indagará veracidad y datos de audios atribuidos a los senadores Aquino y Vera
El fiscal Luis Piñánez aclaró que los audios filtrados y divulgados en medios de comunicación, que son atribuidos a los senadores Norma Aquino “Yamy Nal” y Javier “Chaqueñito” Vera, solamente sirven como indicios o sospecha, que permiten iniciar una investigación, pero que no pueden ser utilizados como elementos probatorios.
“Muchas veces surge la información y a través de las mismas se tiene un camino, un canal de investigación para que mediante de otros medios de prueba se pueda certificar esa información”, indicó el agente de Delitos Económicos y Anticorrupción, este martes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
En los audios, ambos legisladores hablan sobre una supuesta sobrefacturación en la compra de ascensores para el Congreso Nacional y un reparto de dicha donación, equivalente a USD 8 millones. En el citado audio, la senadora Aquino decía a Vera que la donación de Taiwán iba a ser repartida entre los senadores Basilio Núñez, Lizarella Valiente, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Silvio Ovelar y Natalicio Chase.
La apertura de una causa penal se fundamenta en el memorando D.G.F. n.º 914, emitido el 15 de setiembre, y en el informe 2071/2025 de la Dirección de Análisis de Información Estratégica, donde se detallan los antecedentes que motivan la investigación. El documento señala la existencia de una notitia criminis que habilita al Ministerio Público a actuar de oficio.
De acuerdo con el dictamen, los audios en cuestión ameritan la verificación de posibles conductas tipificadas en el Código Penal, por lo que corresponde la persecución de hechos punibles de acción pública. “Ayer lunes se iniciaron los primeros actos investigativos en aras de buscar la certeza en cuanto a las informaciones que se tienen”, comentó Piñánez.
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Estados Unidos retiró la certificación de aliado antidrogas a Colombia
Estados Unidos retiró ayer lunes la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que confirma el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos. La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.
“Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, de soldados de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína“, dijo el presidente Gustavo Petro en Bogotá. Colombia se une a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial, han “fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas” según la legislación estadounidense.
Es la primera vez desde 1996 que Washington descertifica a Colombia en su lucha antinarcóticos. Los otros países llevan años siendo señalados por los gobiernos tanto demócratas como republicanos. “El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis” considera la determinación presidencial firmada por el presidente Donald Trump.
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“El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político”, añade. En el texto, Trump asegura que considerará cambiar la designación si el gobierno de izquierda de Petro toma medidas “más agresivas”.
“Colombia ha sido un gran socio a lo largo de la historia. Lamentablemente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentarse a los carteles de la droga”, añadió el secretario de Estado, Marco Rubio, crítico acérrimo de los líderes izquierdistas de América Latina, durante una visita a Israel. “Creo que tenemos aliados dispuestos, si dependiera del ejército, de la policía. Llevamos décadas trabajando”, dijo Rubio a los periodistas, al expresar su esperanza de que Colombia pueda volver a ser acreditada en el futuro.
Un desaire
La descertificación de Washington es un desaire para el gobierno Petro en plena lucha contra carteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN, y las disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Bogotá considera que sigue haciendo lo suficiente. En lo que va del año 2025 Colombia ha decomisado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos, según datos del ministerio de Defensa.
La descertificación no implica la cancelación de toda la ayuda, sino que Trump tiene ante sí todo un abanico de medidas. Parte importante de la cooperación militar es por ejemplo la entrega y mantenimiento de helicópteros como los Blackhawks, valiosos para la lucha antinarcóticos.
“Se acaba la dependencia de las fuerzas militares colombianas de Estados Unidos (...). Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus propias armas”, declaró Petro. Fuentes oficiales destacan igualmente que Colombia ya había sufrido un importante recorte con el fin de los fondos de la agencia de ayuda Usaid, decidida por Trump al principio de su mandato.
El caso Samper
Colombia fue descertificada una primera vez en 1996. En ese año gobernaba Ernesto Samper, que enfrentó un escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali, que nunca fue comprobada. Entre 2000 y 2018 Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos. Washington es el principal socio comercial y militar de Bogotá.
Desde que llegó al poder en 2022, Petro promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína. Año tras año el país rompe su propio récord de área sembrada con esa planta y de producción del polvo blanco.
En su territorio hay unas 253.000 hectáreas de narcocultivos y se elaboran por lo menos 2.600 toneladas anuales de cocaína, de acuerdo con el último balance de 2023 de la ONU. Las relaciones diplomáticas entre Trump y Petro son malas, especialmente debido a las críticas del mandatario colombiano a su política de deportación de migrantes.
Fuente: AFP.
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Extradición de Bermúdez Requena: fiscal asegura que no hay pedidos contra familiares
El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán afirmó que el pedido de extradición realizado por las autoridades mexicanas radica exclusivamente sobre Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”. El capo narco se mantenía oculto en Paraguay en compañía de su esposa Verónica Encalada de Bermúdez.
“Yo no puedo ir más allá de lo que me soliciten las autoridades mexicanas, yo no tengo ninguna petición extendida a ningún familiar de Bermúdez, el caso es exclusivamente con respecto a él“, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El hombre de 72 años de edad, es considerado uno de los más importantes objetivos criminales de México y vinculado directamente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue capturado en la madrugada del pasado sábado mediante un operativo ejecutado entre instituciones paraguayas y mexicanas, en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Central, donde el detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento.
Durante su detención, Bermúdez Requena, se encontraba acompañado por su esposa, quien según las informaciones proveídas no posee orden de captura en Paraguay ni en México y una compatriota del interior, quien se desempeñaba como servicio doméstico.
“Lógicamente las autoridades locales en el orden migratorio y policial estarán haciendo las averiguaciones con respecto a la permanencia de la esposa y otros familiares en Paraguay. Pudimos corroborar que no hay ningún elemento que nos permita decir que nos mentía (la trabajadora doméstica), nos entregó el teléfono, revisamos. Ambas se quedaron en la casa y le llevamos a Bermúdez”, dijo.
Este lunes, fue dada a conocer la información desde la Secretaría Nacional Antidrogas, que un sobrino de Bermúdez Requena, también se encuentra detenido en Paraguay, en un caso judicial relacionado con juegos de azar ilegales.
“Tengo entendido que existen dos causas en Paraguay vinculadas a su sobrino, es una información que surgió ahora para mí, hablé con los fiscales Marcelo Zaldívar y Aldo Cantero, para pedirles informes sobre los casos. El sobrino tiene su juicio oral el viernes y me tocará hacer la parte de intercambio de información con las autoridades mexicanas a los efectos de ver si existen otras cuestiones que deban ser tenidas en cuenta”, puntualizó.
Por otra parte, Doldán mencionó que Bermúdez Requena se encuentra recluido en una celda transitoria de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). “Esto fue decidido el domingo por el juez Osmar Legal, es una cuestión atendible por su alto perfil, además tiene 72 años de edad. Aparte de esto tenemos que transitar los primeros pasos de la extradición para saber su comportamiento procesal”, dijo.
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Abdo Offshore: fiscalía requerirá informes a otros países para identificar la ruta del dinero
El agente fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, indicó que el Ministerio Público realizó nuevas acciones dentro de la investigación sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficiarios finales al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su esposa Silvana López Moreira, y que no se limita solo al requerimiento de informaciones al gobierno de la islas Seychelles.
Doldán dijo que, en el marco de la causa que investiga al líder del movimiento Colorado Añetete por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el órgano extrapoder también requerirá informaciones a otros cuatro o cinco países con el fin de determinar la ruta de la millonaria suma de USD 21 millones, que fueron ocultos en cuentas bancarias del país localizado en África.
“Estamos trabajando en la redacción de otros varios exhortos para otros países sobre el mismo caso. Hasta ahora identificamos entre 4 a 5 países, pero por cuestiones de investigación no quiero hablar sobre los países”, indicó Doldán, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, el agente fiscal recordó que, en agosto pasado, el Ministerio Público remitió a la Oficina del Fiscal General de la República de Seychelles pedidos de cooperación en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
“Todavía no hay respuestas. Nosotros habíamos remitido el exhorto a la autoridad central que debe recibirlo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de Mérida, pero las autoridades de la Fiscalía nos pidieron que, a la par de eso, hagamos el trámite por vía diplomática, entonces yo inmediatamente volví a enviarlo. Hay dos remisiones de exhortos por la vía de la autoridad central que es la legal y vía Cancillería que es la diplomática que es la que Seychelles nos pidió “, afirmó.
Antecedentes
La apertura de una investigación judicial contra Abdo Benítez surgió luego de una publicación realizada por la prensa argentina, en el portal Periodismo y Punto, el pasado 20 de julio, mediante datos obtenidos por una filtración de fuente confidencial.
La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera de dos cuentas se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44.Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Señala que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira. Mientras quela segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.
De acuerdo al informe confidencial, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02. Figuran también como beneficiarios finales Abdo Benítez y Lopéz Moreira. Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias —desde Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC— por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.
Mientras que Exchange Contracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran dentro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.