En el marco de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se desarrollan en Paraguay, uno de los paneles abordó el tema “Mercados y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas”.

En este espacio participó Javier Bernardes, gerente del Grupo JBB, quien analizó las condiciones económicas del país y la necesidad de fortalecer la competencia para sostener el crecimiento.

Durante su intervención, el empresario destacó que Paraguay cuenta con ventajas estructurales que lo posicionan como un destino atractivo para las inversiones. Entre ellas mencionó la estabilidad geográfica y la ausencia de riesgos naturales significativos, factores que contribuyen a generar un entorno favorable para el desarrollo económico.

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“Paraguay es un país tranquilo, sin grandes riesgos geográficos. Eso es una ventaja importante para atraer inversiones y desarrollar negocios”, señaló.

Sin embargo, Bernardes advirtió que, pese a los avances económicos registrados en los últimos años, nuestro país necesita ampliar la participación de más actores en distintos sectores productivos para impulsar una mayor competencia en el mercado.

“Debemos tratar de que existan más actores en el mercado para que podamos competir. La competencia es clave para sostener el crecimiento y mejorar la calidad de vida de los paraguayos”, afirmó.

El empresario también mencionó que aún existen ciertas regulaciones o interpretaciones normativas que pueden dificultar el ingreso de nuevas empresas o inversiones, lo que limita el dinamismo del mercado. A su criterio, avanzar hacia un marco regulatorio más claro y competitivo permitirá generar más oportunidades de negocio y fomentar la innovación.

Otro de los puntos que destacó fue el potencial energético del país. Bernardes recordó que Paraguay es uno de los mayores productores de energía renovable per cápita del mundo, gracias principalmente a sus represas hidroeléctricas.

“Paradójicamente, siendo uno de los mayores productores de energía renovable per cápita, todavía necesitamos más inversión para aprovechar plenamente ese potencial”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que una mayor inversión y competencia en los mercados puede generar impactos positivos en la economía, especialmente en la creación de empleos y en la mejora de los servicios.

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La jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, decretó la prisión preventiva de Carlos Báez, alias “Lulu”, detenido por la muerte del militar Guillermo Moral, ocurrida frente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de Trinidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares realizada vía telemática.

Días atrás, la Policía Nacional capturó a un hombre que estaría implicado en el crimen de Guillermo Moral, personal militar que fue asesinado frente a la Facultad de Derecho. Se presume que el detenido fue quien contrató a los sicarios y luego eliminó a uno de ellos. Según el reporte dado por los intervinientes, la aprehensión de Carlos Báez Guillén se logró en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.

En el momento de su detención, el hombre portaba un arma de fuego e intentó huir, pero finalmente se entregó a las autoridades.

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Báez Guillén ya fue derivado al Departamento de Homicidios de la Policía en la ciudad de Asunción, donde brindó declaración e indicó que él no tendría vinculación con el crimen. El hombre contaba con orden de captura internacional porque está acusado de matar a tres personas en Argentina. El personal militar fue ase­sinado en la tarde del 2 de octubre del año pasado.

Uno de los sicarios fue identificado como Rogelio Díaz Brítez, que sigue con paradero desconocido, en tanto que un adolescente de 17 años fue sindicado como el que realizó los disparos. Este último fue hallado muerto en el río Paraná días después y habría sido ultimado por el ahora detenido.

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La abogada Gessy Ruiz Díaz presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, solicitando una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la jueza de Primera Instancia de Curuguaty, Sonia Medina Paredes. La denuncia se centra en el manejo de dos juicios de interdicto y la celeridad inusual con la que se resolvió uno de ellos.

Lo más llamativo del caso es que Ruiz Díaz promovió un juicio de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble el pasado 2 de febrero, en representación de colonos de Nueva Durango. Sin embargo, un segundo expediente, caratulado “Abrahan Krahn contra Isaak Wall Schmidt y otros sobre interdicto de retener la posesión”, fue presentado ante la misma magistrada recién el 5 de febrero y recibió un tratamiento privilegiado.

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La jueza Medina hizo lugar a una medida cautelar a favor del accionante del segundo juicio en un plazo extremadamente breve, dejando sin análisis el proceso presentado originalmente el 2 de febrero. Según la denuncia, esta “velocidad luz” en el despacho judicial levanta sospechas que deberían ser analizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).”

“Verificamos que se ha dictado una medida cautelar de forma prácticamente ‘express’, a diferencia de lo ocurrido con la demanda que presentamos con anterioridad. Hemos analizado dos expedientes que tenían básicamente el mismo objeto procesal”, indicó Ruiz Díaz.

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La jueza de Salto del Guairá, Ruth Contrera Martínez, garantizó que el productor de soja Leandro Aparecido Pereira di Camargo, pueda seguir cosechando en la propiedad de 16 mil hectáreas, ubicada en la zona de Pindoty Porã, departamento de Canindeyú. El mismo es legítimo ocupante de la propiedad y posee una sentencia firme de interdicto de retener la posesión, dictada por un juzgado competente.

La magistrada hizo lugar a una medida cautelar de urgencia de prohibición de innovar ante el posible atropello de terceras personas que pretenden evitar que el accionante siga trabajando en la propiedad mencionada.

En su resolución para otorgar la medida, la magistrada señaló que “se ha acreditado la verosimilitud del derecho invocado, justificado prima facie con los documentos agregados por los recurrentes” —representados por el abogado Aldo Gabilán—. Específicamente, se presentaron pruebas documentales consistentes en un contrato privado de reconocimiento y usufructo de la propiedad entre Leandro Pereira y Diego Troche, representante de la firma Americana Agropecuaria.

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Con la determinación adoptada por la jueza Contrera, ninguna persona ajena está autorizada a ingresar a la Estancia Americana. Asimismo, se estableció una contracautela como garantía de G. 600 millones y se libraron varios oficios al Ministerio del Interior, a la Comandancia de la Policía Nacional, a la Dirección de Policía del departamento de Canindeyú, a los efectos de resguardar el inmueble y evitar cualquier tipo de invasión. Del mismo modo, se envió un oficio al Ministerio Público para que tome conocimiento sobre cualquier situación irregular que se pueda generar.

Cualquier persona, distinta a Pereira di Camargo, que pretenda ingresar a la mencionada propiedad, estaría violando la determinación adoptada por la jueza.

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