El Ministerio de la Defensa Pública realizó el Encuentro Nacional de Mediadoras y Mediadores con el tema “La Ética en la Mediación”. El acto de apertura, presidido por el Defensor General, Javier Dejesús Esquivel, contó con la participación de la doctora María Victoria Rivas, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales; el defensor adjunto en lo Laboral y Contencioso Administrativo, Paublino Escobar y otros invitados.
El encuentro nacional tiene como propósito construir un espacio de diálogo, aprendizaje e intercambio de experiencias en torno a la Ética en la Mediación, con miras a la socialización y análisis de la Propuesta de Código de Ética para Mediadoras y Mediadores del Ministerio de la Defensa Pública.
El evento, realizado en el marco del Proyecto “Derechos y acceso a la justicia en nuestra comunidad”, estuvo organizado por el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la institucionalización de la mediación como política pública de acceso a la justicia y una herramienta crucial en la construcción de una cultura de paz.
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Defensa de Peña sostiene que juicio político sería nulo y cuestiona rechazo de su renuncia
Los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda se presentaron ante la Cámara de Senadores, que cumple el rol de tribunal en el juicio político al presidente Santiago Peña, para ejercer la defensa del acusado. Los profesionales alegaron que este proceso podría ser declarado nulo en instancias internacionales por no respetar el debido proceso y que la línea que se debió seguir en el legislativo fue aceptar la renuncia del presidente.
“Estamos en una situación, en un evento de gran trascendencia para la República, y quiero recordar como una reflexión inicial que cuando se juzga a alguien se juzga también al sistema que lo juzga, y este es el caso, en el que por lo menos yo, en mi experiencia, que ya he transcurrido este proceso en más de una oportunidad, veo que existen ciertos desacuerdos fundamentales sobre lo que estamos haciendo en términos de procedimientos establecidos y de principios a ejecutarse en cualquier enjuiciamiento que implique pena o sanción, que son las garantías procesales”, expuso Ferreiro.
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Negación de pedido de prórroga
Citó además que en el país hubo casos en los que no se respetó el debido proceso, como en este caso, al no aceptar la prórroga de 72 horas y no aprobar la renuncia de Peña presentada previamente al tratamiento del Senado, que ocasionaron condenas al Estado paraguayo por instancias juzgadoras a nivel internacional.
“Por instrucciones de nuestro mandante, el señor presidente de la República, dejamos establecidas todas las reservas legales disponibles en beneficio de su defensa desde la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, hasta los tribunales internacionales de Derechos Humanos, a los cuales ya han recurrido varias personas juzgadas políticamente y han obtenido satisfacciones que habíamos anunciado como posibles y riesgosas para el Estado, y estamos nuevamente ante esa situación”, citó Ferreiro.
También señaló que este juicio político sería nulo “por razón de que está previsto en la Constitución Nacional aplicarse a ciertos funcionarios del Estado como una norma protectora a ese funcionario, no como una norma inhibidora de sus derechos. El juicio político está para defender a ciertos funcionarios expuestos en la función a agravios, persecuciones o impedimentos de su labor, por la instrucción de procesos judiciales o administrativos si se quiere, destinados a inhibirle en el cumplimiento de sus funciones”.
Ya presentó su renuncia
Sobre la renuncia, expuso que en este caso no se puede juzgar a una persona que ya renunció, por lo que también podría ser considerado nulo este juicio. “Cuando él manifiesta que quiere renunciar, la institución congresal o quien sea tiene que aceptarle su renuncia, y ¿cuál es el efecto de esto?, el efecto es que se está poniendo a disposición en la misma situación que le echan”, explicó.
Por otra parte, se refirió a la postura de algunos senadores, que consideró como una posición con concepción ideológica, que es sacar al presidente por juicio político y no aceptando su renuncia. “Esta es otra cuestión fundamental y por la cual argumentamos la nulidad de este juicio, porque implica una concepción ideológica”, apuntó el abogado.
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Adolfo Ferreiro ejercerá defensa de Peña ante el Senado
El abogado Adolfo Ferreiro será el defensor del presidente de la República, Santiago Peña, en el marco del proceso de juicio político ante la Cámara de Senadores. El mandatario ya fue notificado en la noche de ayer tras la presentación de los alegatos de los fiscales acusadores (diputados) y este viernes solicitó una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa.
“Asumo la defensa de Santiago Peña en el juicio político. Eso (la prórroga) pidió él antes de que sea su abogado. Se le trasladó la demanda ayer a las 10 de la noche, y tener a las 10 de la mañana un juicio, sea político o lo que sea, donde tiene que defenderse contra un libelo acusatorio enorme y contra un montón de pruebas y con un procedimiento que no da ninguna garantía”, indicó el abogado al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación media.
Explicó que recién esta mañana el presidente renunciante se contactó con él para ejercer su defensa y hasta el momento aún no tiene conocimiento de quiénes serán los demás abogados que lo acompañarán en la defensa de Peña.
Consecuencias para Paraguay
Por otra parte, Ferreiro advirtió que este proceso podría costarle mucho a Paraguay en los estrados internacionales, así como ocurrieron en otros casos, por el procedimiento indebido que se estaría incurriendo al no permitir la defensa del acusado. Así también, indicó que se debió aceptar la renuncia del presidente.
“Yo creo que el error fue no haberse aceptado la renuncia y pasar a otro capítulo donde se tenía que ocupar del caso la justicia ordinaria. Una vez más es un procedimiento está siendo retorcido y le puede costar muy caro al Paraguay en las instancias internacionales, como le costó con el caso (Fernando) Lugo (presidente destituido vía juicio político en 2012), como el caso Bonifacio Ríos, y otros más. Paraguay ha sido reiteradamente condenado por ese tipo de cosas”, sostuvo.
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Santiago Peña pide prórroga de 72 horas para ejercer su defensa
A través de un comunicado remitido a la presidencia del Senado, el presidente de la República, Santiago Peña, requiere a la Cámara Alta una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa en el marco del juicio político. El mandatario estaba convocado ante la plenaria para este viernes, a las 10:00.
“Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso, entre ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de derecho”, sostiene el titular del Ejecutivo.
El documento agrega que “sobre esta base, solicito se me conceda una prórroga de setenta y dos horas para el ejercicio de mi defensa”. En la nota Peña detalla que recibió la notificación para formular su defensa y ofrecer pruebas ayer jueves, a las 22:15, el cual fue acompañada por el libelo acusatorio de 15 páginas y los anexos con unas 300 fojas.
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El libelo acusatorio contra Peña consta de cinco causales que, a criterio de los proponentes, son pruebas fehacientes de mal desempeño en sus funciones, centrado principalmente en la crisis financiera de ueno bank.
Las causales contra el mandatario son: conflictos de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las puertas giratorias, manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), sobrepaso de límites crediticios en ueno bank y encubrimiento institucional del Banco Central del Paraguay, beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito, afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistemático.
“Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”, afirmó Peña a través de sus redes sociales oficiales.
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Ministerio de Economía denunció ante la Fiscalía a directivos de ueno bank y a otros
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los directivos de ueno bank, así como contra el propio presidente de la República, Santiago Peña, por presunta malversación de G. 250.000 millones, recursos de la Caja Fiscal depositados en el citado ente bancario, además de G. 123.838 millones en intereses, cerca de USD 40 millones.
La denuncia lleva la firma del ministro de Economía, Óscar Lovera Chávez, con patrocinio del abogado del Tesoro, Fernando Benavente. El objetivo es que el Ministerio Público investigue posibles hechos punibles contra el patrimonio del MEF, relacionados con los recursos excedentes de los programas contributivos civiles de la Caja Fiscal.
Según expone la denuncia, los G. 250.000 millones fueron depositados en ueno uank en julio de 2025, cuando la entidad presentaba públicamente una situación patrimonial que cumplía con las condiciones exigidas para recibir estos fondos. Sin embargo, el escenario constatado posteriormente por el BCP difiere sustancialmente de aquel que sirvió de base para la colocación del dinero.
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El documento señala que el 2 de noviembre de 2026, el Directorio del Banco Central resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, luego de constatar que su índice de solvencia se encontraba por debajo del 50 % del mínimo requerido. Esta situación fue consecuencia de los ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
Uno de los puntos que el MEF pide investigar es cómo la entidad logró cumplir con los requisitos para captar los recursos previsionales y si la información financiera presentada reflejaba realmente su situación patrimonial. La denuncia busca determinar si existieron irregularidades y quiénes serían los responsables.
El Ministerio también solicita que se adopten medidas para resguardar los fondos comprometidos, incluyendo medidas cautelares y embargos sobre los bienes de los eventuales responsables, con el objetivo de evitar que se dificulte una posible recuperación del dinero.
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