Jueza estudia admitir imputación contra dueña de guardería
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La jueza penal de garantía Diana Carvallo salió sorteada para entender en la imputación contra Gisselle Hilda Beatriz Gill Sanabria, presunta propietaria de la guardería donde falleció ahogado un niño de dos años, en un hecho ocurrido el martes en horas de la mañana.
La magistrada deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si la imputada estará en libertad o será recluida en una cárcel de nuestro país.
La fiscala Natalia Cacavelos imputó a Gill Sanabria debido a que existen suficientes elementos de sospecha sobre homicidio culposo por el fallecimiento de un niño en la casa donde funcionaba la guardería. La mujer se expone a una pena de hasta 5 años de cárcel.
Según la investigación inicial, se menciona que Gisselle sería la titular del establecimiento en donde se habría producido el deceso del menor, siendo la misma la responsable en haber dado cumplimiento a las medidas de seguridad inobservadas, generando con ello una omisión abiertamente descuidada, produciéndose la muerte, la cual, justamente habría ocurrido dentro del ámbito de protección de la norma.
Sobre el mismo, es necesario destacar que la conducta descrita es culposa, lo cual significa que el autor conoce de su imprudencia, es decir, sabe que está omitiendo realizar y cumplir con disposiciones obligatorias, cuyas inobservancias no le son permitidas, a la luz del riesgo generado, según la imputación fiscal.
Antecedentes
Agentes de la Comisaría 6ª de Asunción habían reportado un supuesto hecho de ahogamiento en una guardería ubicada en el barrio Recoleta de la ciudad de Asunción, donde resultó víctima un niño de 2 años.
Según el informe policial, en el lugar había una pileta que contenía agua a la que habría caído el niño en medio de un descuido de los encargados del establecimiento, que tras percatarse del hecho sacaron rápidamente al menor del lugar y lo socorrieron, pero ya estaba sin signos de vida.
“La pileta no tenía ninguna valla de seguridad, la misma está ubicada en el fondo del predio, la pileta está al aire libre sin medidas de seguridad”, indicó el subcomisario Juan Medina en conversación con la 1020 AM.
La trágica escena se reportó tras un altercado vial, en el que un automovilista le cerró el paso a la víctima fatal y lo atacó a golpes. Foto: Captura de pantalla
Buscan identificar al conductor que golpeó al automovilista fallecido en Asunción
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Este miércoles, un violento incidente de tránsito se reportó en la ciudad de Asunción, que terminó con una persona fallecida. Uno de los implicados huyó del sitio y es buscado por las autoridades. La trágica escena se reportó tras un altercado vial, en el que un automovilista le cerró el paso a la víctima fatal y lo atacó a golpes.
Según el reporte de la Comisaría 18.ª, el hecho se registró cerca del mediodía de hoy sobre la avenida Félix Bogado de la capital del país. Todo fue grabado por una conductora que se percató de la escena y que luego trató de auxiliar al conductor. En el percance se vieron involucrados dos automovilistas.
La testigo confirmó que el atacante le cerró el paso a la víctima fatal y luego descendió del rodado un hombre, con remera y short oscuros, para hacerle un reclamo, ante la falta de respuesta del hombre comenzó a atarlo. Se puede ver que le propina varios golpes con los puños cerrados.
Así también, en el vídeo se aprecia que la víctima intenta evita los golpes, pero teniendo en cuenta que estaba sentado y que su atacante era corpulento, no pudo hacer casi nada. Tras cometer el hecho, el hombre nuevamente abordó su rodado y huyó del sitio dejando a la víctima sola.
En ese momento, la mujer que captó el momento descendió de su rodado, al ver que el conductor no avanzaba, y lo auxilió. Llamó a los bomberos y paramédicos de SEME, quienes no pudieron hacer nada para salvar su vida, pese a la serie de reanimaciones que le practicaron.
La víctima fatal fue identificada como Walter Adolfo Cuevas Mendoza (48), quien se presume sufrió una descompensación fatal dentro de su vehículo tras recibir varios golpes de puño. El Ministerio Público busca imágenes de circuito cerrado en la zona para esclarecer el crimen e identificar y detener al autor.
Imputan a un hombre que habría perseguido a su expareja hasta la comisaría para amenazarla
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la Fiscalía de Presidente Franco inician proceso contra un hombre por violencia familiar y coacción. Se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia de una mujer en contra de su expareja tras haberla perseguido supuestamente hasta la comisaría para impedir que lo denunciara por violencia familiar y amenazarla de nuevo.
El fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal N.º 3 es quien investiga el caso en el que imputó a un hombre de 26 años, tras denuncia presentada por su expareja, de 24 años.
Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre pasado, alrededor de las 16:00, cuando el hombre intentó obligar a su expareja a ingresar a su departamento en contra de su voluntad, en el edificio María Celeste de Presidente Franco. Pero, la joven no quería y consiguió escapar, siendo auxiliada por un automovilista que la trasladó a una comisaría.
El presunto agresor, según la denuncia, siguió hasta la comisaría donde nuevamente habría amenazado de muerte a la víctima. Tras el incidente, el fiscal de turno ordenó la detención preventiva del supuesto victimario.
Al prestar declaración ante el Ministerio Público, la mujer manifestó que durante la convivencia de la pareja sufrió agresiones físicas y reiterados maltratos verbales y psicológicos, de parte del citado.
Manifestó además que los hechos de violencia se prolongaron durante un largo tiempo y motivaron el fin de la relación. No obstante, supuestamente, su expareja continuó persiguiéndola y coaccionándola a retomar la relación, incluso con amenazas de tomar acciones más drásticas contra sí mismo, si ella lo abandonaba.
La Fiscalía cuenta con la denuncia y los informes policiales de la Subcomisaría 11.ª del Área 5 de Presidente Franco, un informe médico y otro de contención, además de los otros escritos de rigor por las cuales inició proceso contra el denunciado, quien quedó a disposición del Juzgado de Garantías.
La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
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Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Un fuerte contingente de seguridad hubo ayer en Palacio de Justicia. Foto: Matías Amarilla/LN
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
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Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
LOS HECHOS ATRIBUIDOS Y EL ROL DE LOS IMPUTADOS
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
VOLUMEN DE FONDOS Y SEVERIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá guardando reclusión en el REP
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Un fuerte contingente de seguridad hubo ayer en Palacio de Justicia. Foto: Matías Amarilla/LN
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.