El juez de ejecución Carlos Mendoza informó al Ministerio Público sobre la denuncia presentada por el condenado a 20 años de cárcel por narcotráfico, Cristian Turrini, quien denunció que su vida corre peligro en su lugar de reclusión en la cárcel de Concepción.
De acuerdo a la defensa del condenado, el homicida Bruno Marabel, sentenciado a 30 años de cárcel más 10 de seguridad, habría recibido un ofrecimiento para acabar con la vida de Cristian Turrini Ayala.
La abogada Nidia Pintos Benítez, defensora de Turrini presentó un incidente de tutela jurisdiccional para solicitar su traslado de la Penitenciaría de Concepción a la Cárcel Militar de Viñas Cué, debido a las constantes amenazas de muerte que recibe su defendido.
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“Cristian César Turrini se encuentra bajo depresión y con ideas suicidas por la constante amenaza de muerte”, refiere el profesional médico Forense Hugo Medina Huerta en su informe elevado al juzgado.
Según se denunció que pasado el 11 de marzo del 2024, Bruno Marabel, otro de los internos, envían mensajes de Whatsapp donde advierten que recibió una propuesta para acabar con la vida de mi defendido y mencionó en dicho chat que se le propuso acabar con la vida de César Turrini gente que tiene contacto en todas las penitenciarías del país ya que responden a una facción.
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Fiscalía refuerza pesquisa por denuncias en Mburuvicha Róga durante gobierno de Peña
La Fiscal General del Estado, Alba Cantero, resolvió reforzar la pesquisa por presuntas vulneraciones de derechos denunciadas contra la gestión de Santiago Peña a partir del relato de una extrabajadora de Mburuvicha Róga y su entorno. Por medio de la Resolución n.º 4694/2026, incorporó a Sonia del Carmen Sanguinés Bidondo, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos n.º 2, para actuar junto con Zully Concepción Figueredo Silva, de la Unidad n.º 1, bajo la coordinación de la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal.
Ambas agentes podrán intervenir de forma conjunta, alternada o independiente en el expediente caratulado como “Santiago Peña Palacios y otros s/ a determinar”, ante la magnitud y complejidad de las diligencias previstas. La medida se conoció tras las declaraciones del esposo, el hijo y la hermana de Luz Maribel Candado Romero —quien postergó su audiencia por motivos de salud—, asistidos por el abogado Juan Pablo Mendoza.
El núcleo familiar de Candado denuncia haber atravesado pruebas de polígrafo sin aval legal y reclamos por una supuesta devolución de dinero sin cifra definida, antes de perder sus empleos en lo que califican como una persecución. Según el escrito ingresado hace cerca de un año, el grupo empezó a prestar servicios para la familia de Peña en 2019 y, tras el inicio de su mandato en 2023, pasó a desempeñarse en Mburuvicha Róga, donde ella asumió como coordinadora.
En su testimonio, la exfuncionaria afirmó que halló dos sobres con USD 100.000 cada uno, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y que se los entregó directamente al entonces presidente, quien le habría dicho que los fondos eran suyos y pidió replicar la conducta ante eventuales hallazgos similares.
A raíz de estos hechos, Peña impulsó una causa por supuesto hurto contra Candado, mientras que ella asegura que posteriormente el grupo enfrentó interrogatorios y pruebas de polígrafo a cargo de personal militar, además de la desvinculación laboral y dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.
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Ordenan la captura de Miguel Cuevas para cumplir su condena
La jueza María Lidia Wyder dispuso la orden de captura del exdiputado Miguel Cuevas para el cumplimiento de la condena de 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra el fallo de segunda instancia que había confirmado la sentencia condenatoria.
Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel integraron el tribunal de sentencia que condenó al exlegislador el 15 de setiembre de 2023, luego de casi tres años del proceso judicial.
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A través de la decisión quedó firme el comiso especial y comiso sustitutivo de sus bienes, además del mantenimiento de embargos e inhibiciones de gravar y enajenar bienes inmuebles por valor de G. 1.934.000.000. Cuevas también se encuentra inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
El exdiputado y dirigente político en Paraguarí fue condenado por no poder justificar un incremento patrimonial de G. 1.934.584.283 entre los años 2009 y 2019, periodo en el que se desempeñó en la función pública ocupando un curul en la Cámara de Diputados.
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Directivo de empresa de seguridad va a prisión por faltante millonario
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, decretó la prisión preventiva de Fabricio Martín Martínez Appleyard, directivo de la firma Grupo Seguridad y Respuesta (GSR Security), en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú).
Asimismo, el magistrado recalificó la conducta del imputado y excluyó el hecho punible de hurto agravado. Con la resolución del juez Estigarribia, el imputado fue procesado por apropiación y frustración de la persecución y ejecución penal.
Martínez Appleyard presentó ayer un cheque por G. 3.090 millones para reparar el supuesto perjuicio patrimonial. Sin embargo, el juez señaló que todavía no está acreditada la devolución efectiva del dinero, ya que no se verificó la disponibilidad de los fondos. Por ello, la presentación del cheque no fue suficiente para descartar los riesgos procesales y evitar la prisión preventiva.
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Imputación
De acuerdo con la carpeta fiscal, los registros contables y los documentos de tesorería, al 3 de noviembre se encontraban depositados en su bóveda principal aproximadamente G. 18.102 millones y USD 189.396, pertenecientes a ambas entidades.
Según la hipótesis de los investigadores, el 3 de noviembre pasado el imputado habría dispuesto el retiro anticipado de funcionarios administrativos y la desconexión de las cámaras de seguridad ubicadas en los sectores de tesorería, bóveda principal y salida de vehículos transportadores de valores.
Luego, el investigado habría realizado el traslado de dinero en efectivo desde la bóveda hasta un vehículo blindado de la propia empresa. Los registros del sistema de posicionamiento global (GPS) permitieron identificar el desplazamiento del móvil hasta un inmueble ubicado en el barrio Trinidad de Asunción.
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Fiscalía imputó a dos mujeres por supuesta venta de medicamentos en el Hospital IPS de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Elvio Aguilera imputó a dos mujeres por comercialización de medicamentos no autorizados, tras el descubrimiento del supuesto hecho por parte de familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional IPS de Ciudad del Este. Ayer se realizó una intervención policial en el área de familiares de pacientes y se incautaron de insumos y medicamentos.
Con membrete del IPS fueron incautados 60 unidades de jeringas, vendas, bisturí y otros, además de distintos medicamentos. Con identificación del Ministerio de Salud Pública hallaron 123 unidades de 11 fármacos distintos.
Las procesadas son Elizabeth Guerrero Vera (35), supuesta propietaria de los medicamentos e insumos y, Mirian Elizabeth Insfrán Medina (52), supuesta encargada y vendedora de los medicamentos.
La misma se encontraba ayer en el hospital cuando se realizó la intervención policial, según reportó el personal de la Comisaría 7ª. Fue derivada a la unidad policial y tras la intervención de la Fiscalía y luego dejada en libertad, sujeta a la investigación. La otra procesada, sería su patrona, según declaró Mirian Elizabeth en el hospital, pero no se encontraba en el sitio en el momento de la presencia policial.
Medicamentos sobrantes en poder familiares
La doctora Sandra Rocío Martínez, directora del Hospital Regional del IPS, explicó a La Nación/Nación Media que los medicamentos supuestamente vendidos correspondían a los destinados a determinados pacientes que luego no son usados en su totalidad, ya sea porque fueron dados de alta o fallecieron, quedando en poder de los familiares.
Mencionó que los familiares de pacientes comparten mucho tiempo en un sector del área de UTI, donde se ayudan con los medicamentos e insumos que ya no van a usar y entregan como donativos. Indicó que allí apareció una de las mujeres mencionadas, a quien nadie conocía supuestamente, diciendo que era la encargada de esos insumos y fármacos.
Uno de los familiares de paciente habría advertido sobre la venta de medicamentos que son gratuitos en el IPS y fue a preguntar al administrador del hospital, el licenciado Pedro Miguel Brizuela Rivas, quien comunicó el hecho a la directora y se realizó la denuncia pertinente, según relató la directora Martínez.
La médica dijo que con presencia policial se preguntó quién estuvo ofreciendo en venta medicamentos del IPS y surgió el nombre de una de las procesadas. La mujer se presentó en el lugar para señalar que ella es solamente la encargada y que fue enviada por su patrona, quien está imputada.
El fiscal Aguilera manifestó que la investigación recién empieza y se verificará todo lo que sea necesario para saber quiénes estaban vendiendo medicamentos cuya comercialización está prohibida y quiénes son los responsables, ya sea dentro o fuera de las instituciones comprometidas.