El juez de ejecución Carlos Mendoza informó al Ministerio Público sobre la denuncia presentada por el condenado a 20 años de cárcel por narcotráfico, Cristian Turrini, quien denunció que su vida corre peligro en su lugar de reclusión en la cárcel de Concepción.
De acuerdo a la defensa del condenado, el homicida Bruno Marabel, sentenciado a 30 años de cárcel más 10 de seguridad, habría recibido un ofrecimiento para acabar con la vida de Cristian Turrini Ayala.
La abogada Nidia Pintos Benítez, defensora de Turrini presentó un incidente de tutela jurisdiccional para solicitar su traslado de la Penitenciaría de Concepción a la Cárcel Militar de Viñas Cué, debido a las constantes amenazas de muerte que recibe su defendido.
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“Cristian César Turrini se encuentra bajo depresión y con ideas suicidas por la constante amenaza de muerte”, refiere el profesional médico Forense Hugo Medina Huerta en su informe elevado al juzgado.
Según se denunció que pasado el 11 de marzo del 2024, Bruno Marabel, otro de los internos, envían mensajes de Whatsapp donde advierten que recibió una propuesta para acabar con la vida de mi defendido y mencionó en dicho chat que se le propuso acabar con la vida de César Turrini gente que tiene contacto en todas las penitenciarías del país ya que responden a una facción.
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Vecinos denuncian contaminación ambiental de capa asfáltica en barrio Reducto de San Lorenzo
Vecinos del barrio Reducto de San Lorenzo realizaron una denuncia ambiental y solicitan el cierre definitivo de una planta asfáltica perteneciente al consorcio Victoria. La denuncia fue firmada por 180 vecinos.
En la Municipalidad sanlorenzana les dijeron que irían a verificar el lunes o martes de la próxima semana con el argumento de que tienen que ser inspectores especializados en el rubro.
A fines de julio y principios de agosto se instalaron en un amplio predio que se encuentra en pleno vecindario, generando inconvenientes a los pobladores, refirió Catalina Concepción Insfrán Paredes al diario La Nación de Nación/Media.
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“Son los que trabajan por la Ruta PY01. Primeramente, se instalaron con sus tubos de cemento prefabricado y luego instalaron la planta asfáltica. Empezaron a trabajar y es bastante perjudicial para el barrio”, precisó la vocera de los afectados.
En ese sentido, mencionó que el establecimiento industrial emite partículas y olores tóxicos afectando la salud de las personas, además de generar ruidos molestos y daños materiales a las viviendas. Entonces, recurrieron a la comuna local.
“Ingresamos una denuncia ambiental en el departamento de Planificación de la Municipalidad y supuestamente tienen que enviar sus fiscalizadores para ver cómo está la planta”, expresó la vecina.
Reclaman la clausura definitiva, atendiendo el daño ambiental, sanitario y material que causan a la población de la zona, afirmó.
“Pedimos el cierre, porque está en medio de un barrio, tenemos muchos niños y adultos mayores. No podemos salir al patio por todo lo que implica: ruido, vibración, olores, reseca la nariz, los labios, es imposible de respirar, se llena de hollín la casa”, manifestó.
También se acercaron hasta la empresa constructora para hacer llegar sus inquietudes. “Hablamos con los ingenieros, dijeron que iban a hacer sus mitigaciones, pusieron una chimenea para la emisión de humo, pero es peor porque agarra todo el barrio”, relató.
En caso de no encontrar respuestas a sus reclamos, planean la realización de manifestaciones.
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Metrobús: tribunal rechazó chicana de Wiens y confirmó al juez Humberto Otazú
El Tribunal de Apelación Penal rechazó la chicana del imputado por lesión de confianza, Arnoldo Wiens, y confirmó al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, para que siga llevando adelante el presente proceso penal. El citado magistrado tendrá que resolver varios incidentes pendientes y fijar la fecha para la realización de la audiencia preliminar, en la que se definirá si el acusado irá a juicio oral.
Wiens y su defensa alegaron una supuesta falta de imparcialidad, cuestionando que el juzgado haya recibido el escrito de acusación mientras aún había incidentes pendientes de resolución. En su momento, el juez Otazú aclaró que solo se tuvo por presentada la acusación para ponerla a disposición de las partes y que la audiencia preliminar se pospuso para resolver todas las cuestiones previas.
El Tribunal de Apelación fundamentó que el pedido carecía de sustento, no violaba garantías procesales y solo buscaba efectos dilatorios, por lo que resolvió ratificar la competencia del juez Otazú.
Antecedentes
De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes. Los agentes fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti sostienen que Wiens recibió en el 2018 un proyecto con el 40 % de avance por parte de la administración del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, las decisiones de Wiens mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos.
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Fiscalía pidió a la Corte celeridad y evitar que caso de Rafael Filizzola quede impune
La agente fiscal Silvia González volvió a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destrabe el proceso penal por lesión de confianza contra el exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola. La máxima instancia judicial debe definir quién integrará la Cámara de Apelación que tendrá que estudiar si Filizzola seguirá procesado o no.
Una vez que se defina al camarista, se deberá analizar si corresponde dejar sin efecto la prescripción de la causa que se resolvió en un Juzgado Penal de Garantías. El Ministerio Público apeló dicha determinación y pidió que el proceso siga su curso para que Filizzola continúe procesado en esta causa penal por la supuesta comisión de lesión de confianza.
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación general en contra del A.I. n.° 371 de fecha 6 de mayo de 2025. El Tribunal de Apelaciones Penal, Primera Sala, fue designado para entender en el recurso; sin embargo, se generó un conflicto de competencia entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuya decisión sigue pendiente ante la misma Sala Penal.
“Esta representación penal viene a solicitar respetuosamente que se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal competente y el consecuente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, remarca el documento enviado por la fiscal interviniente a la Corte Suprema de Justicia.
Este recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el A.I. n.° 371. Por ello, la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, ya que el transcurso del tiempo está directamente vinculado con la cuestión que constituye la materia de controversia.
“Resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del Tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”, agrega el escrito.
El caso “Comisarías de oro”, que involucra al senador Rafael Filizzola por su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, sigue sin resolverse. La investigación fiscal comenzó en 2013 y el proceso judicial en el Juzgado Penal arrancó al año siguiente; sin embargo, hasta ahora la causa sigue trabada y no avanza. A pesar del desembolso de G. 1.131 millones a la empresa Todo Verde Emprendimientos, las obras quedaron inconclusas.
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Definirán si funcionario de Diputados y otros van a juicio por estafa
A las 08:45 de este viernes está previsto el inicio de la audiencia preliminar para varios acusados por los delitos de estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. El caso se enmarca en una investigación cuyas víctimas son colonos menonitas de Río Verde, San Pedro. Los acusados son William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados; la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
En esta diligencia se definirá si los tres afrontarán un juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su acusación, al argumentar que cuenta con suficientes elementos probatorios para lograr una condena.
La convocatoria judicial se desarrollará ante el juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, quien ya no puede permitir que se siga dilatando el proceso penal.
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Extracción de datos pendiente
Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.
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