El juez Osmar Legal admitió el proceso penal contra el extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, y su esposa, María Rosa Araujo Gubetich, por presunta estafa y lavado de dinero. El magistrado solicitó medidas alternativas a la prisión.
Caber recordar que el proceso guardaría relación con la denuncia de un médico cirujano que habría adquirido cuatro inmuebles que no pudo poseer por estar hipotecados o vendidos antes. Esto se suma a la lista de acusaciones de corrupción, de los tiempos en que Gubetich era presidente de la previsional, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
La querella judicial se había presentado el pasado 30 de abril por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.
En su momento, el abogado querellante Fernández Zacur explicó que el extitular de la previsional había convencido a su cliente de vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista que liderada Abdo Benítez.
Gubetic está acusado en varios expedientes por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del IPS. En la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.
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Imputan a un joven por estupro y a la madre de la víctima por presunta complicidad
- Ciudad del Este. Agencia regional
La fiscal María del Carmen Meza, de la unidad zonal de Iruña, imputó a un joven de 22 años por estupro, después de haber convivido como pareja con una adolescente de 14 años, cuya madre también fue imputada por violación del deber de cuidado. La menor de 14 años está embarazada, de un mes aproximadamente, según revisión médica que se le realizó en el Hospital Distrital de Santa Rita.
El caso se inició con la denuncia que realizó la mujer por la desaparición de su hija adolescente, en Naranjal. La fiscalía tomó conocimiento del hecho y supo de la existencia de un supuesto exnovio y que la menor ya estuvo viviendo un mes con él, en un inquilinato del municipio de Naranjal.
De acuerdo a los datos recabados por la agente fiscal, la madre habría estado amenazando al joven para el pago de un dinero, que ella está investigando en qué concepto se adeudaba. En medio de esa situación, la adolescente habría regresado a su casa, pero su madre presentó igual la denuncia de su supuesta desaparición, refirió la fiscal María del Carmen Meza.
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Aparentemente, la menor de edad, al saber que su madre hizo la denuncia, a las 23:00 salió de su casa y un motociclista la acercó hasta la casa de quien era la supuesta suegra, en el distrito de Santa Rita. Fue esta mujer la que acompañó a la víctima hasta la comisaría de Santa Rita, al saber que estaba siendo buscada.
La agente del Ministerio Público indicó que el joven de 22 años y la adolescente de 14 años, si bien vivían en un inquilinato de Naranjal, ya habían estado por Santa Rita, por trabajos del joven. Según la fiscala, con anuencia de la madre es que la víctima estuvo viviendo ya un mes con el joven y está investigando si no fue la misma madre la que contrató el alquiler.
Acoso sexual
Por otro lado, la víctima contó a la agente fiscal que no quiere volver a la casa de su madre porque su padrastro la perseguía y la acosaba. “Son muchos elementos que estamos encontrando en la investigación, aparentemente situaciones terribles que ya estuvo sufriendo esta menor hasta llegar a vivir ya en pareja, a tan corta edad”, manifestó la agente fiscal de Iruña.
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DD. HH. constató respeto de los derechos de la esposa de Marset en Viñas Cué
La jueza de Garantías Rosarito Montanía confirmó la constitución de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia tras denuncia de Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien supuestamente habría recibido maltrato inhumano en el penal de Viñas Cue. La magistrada indicó que la mujer cuenta con un plantel de 8 abogados y estos van turnándose para imponer alguna acción.
La jueza fue consultada sobre la situación que está pasando la detenida y señaló que todos los trabajos que se han realizado respecto a la señora Gianina García están dentro del sistema al cual acceden todos sus abogados de defensa.
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“Efectivamente se realizó la constitución de Derechos Humanos a petición de esta magistratura. Ella cuenta con un régimen diferenciado de prisión. Ella tiene como ocho abogados actualmente y van turnándose, como una suerte de agotar las instancias”, refirió Rosarito Montanía en comunicación con radio 1080 AM.
Agregó que el pedido de constitución de DD. HH. no solo lo realizó en este caso de la esposa de Marset; sino también en el caso de Insfrán y en su momento con el caso de la señora Laura Villalba.
“Esto a los efectos de constatar su condición de habitabilidad y de reclusión; ya que son civiles guardando reclusión en el penal de Viñas Cué, que en teoría debería estar personal militar procesado. Pero ellos cuentan con un régimen diferenciado de prisión”, acotó.
El objetivo de esta constitución de DD. HH. fue a los efectos de constatar de que no se están vulnerando los derechos. Como magistrada encargada del proceso no está restringiendo sus derechos a la procesada, quien estuvo reclamando más tiempo con sus hijos, así como autorizar la visita de algunos parientes que estaban llegando del Uruguay.
Plantel de 8 abogados
La jueza Montania explicó que el problema surgió con un impasse respecto a la resolución que establecía de forma clara los días de visita, la modalidad, las personas que podían ingresar que son los familiares directos de ella. Esto implica que no podrán ingresar otras personas ajenas al parentesco.
“Surgió así algunos problemas con la defensa que comenzaron a atacar la decisión de esta magistratura. Ingresaron varios abogados, ella tiene 8 abogados actualmente, que van turnándose como una suerte de buscar agotar las instancias”, precisó.
De hecho, en la fecha surgió la información que la defensa de García Troche ha planteado la nulidad absoluta de actuaciones fiscales y judiciales. Además, se pidió la extinción de la acción penal alegando el fenecimiento del plazo de la etapa preparatoria. Así como solicitó se dicte su inmediata libertad y que se aparte del cargo la jueza Rosarito Montanía.
Resaltó que afortunadamente la propia directora de Derechos Humanos de la CSJ, la doctora Nury Montiel, se ha constituido en el penal para recabar todos los datos. Indicó que su misión fue a más de entrevistar a la procesada, también entrevistó al director del penal de Viñas Cué; así como observar personalmente la forma que está viviendo dentro de la cárcel.
“Se hicieron las fotos, las entrevistas y efectivamente la señora García continuó reclamando mayor tiempo con sus hijos. Cuando hace más de 32 días se le amplió el tiempo con sus hijos, estableciendo los días sábados de 8 a 14 horas. Eso es muchísimo tiempo, aún así ella sigue reclamando”, explicó.
Indicó que independiente a esto, la defensa sigue presentando permiso de visitas familiares, las cuales se realizan de forma individual, porque no son visitas colectivas. Explicó que si se presentan 5 personas, cada una de ellas ingresa de forma individual; y ellos deben manejar su tiempo; ya que el horario de visita establecido en general son de 9:30 a 11:30.
“Entonces, no estamos incumpliendo, ni estamos violando sus derechos, procesales, ni constitucionales; y mucho menos se está violando sus derechos humanos”, acotó.
Remarcó que en todo el tiempo, desde su detención en el país, la señora García está contando con atención médica, psicológica y psiquiátrica, lo cual está todo respaldado con documentaciones.
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Abdo offshore: Fiscalía debe identificar quién forma parte de las empresas, dice Preda
El abogado Ricardo Preda insistió en que el Ministerio Público debe identificar a las personas que forman parte de las sociedades remitentes o intermediarias vinculadas a las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).
“La decisión para poder abrir una investigación tiene que ver con la calidad de la información y no la fuente de la información. En este caso concreto se determinan los números de cuentas, montos, fechas de transferencias. La Fiscalía tendría que identificar quiénes son o forman parte de esas empresas que fueron las que transfirieron dinero a las cuentas”, refirió el experto en derecho penal económico en una entrevista con el programa “Cara o cruz” de Unicanal.
Los fondos ocultos por Abdo Benítez y López Moreira estarían canalizados a través de firmas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái, según la investigación del portal argentino PeriodismoyPunto del periodista Luis Gasulla, publicada el pasado 20 de julio.
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Diversas aristas
“Habría que ver quiénes son los beneficiarios finales de esas sociedades para determinar si en alguna parte hay conexión con el expresidente, su familia o familia política. Hay muchas aristas a ser investigadas, no es solamente enviar una carta a Seychelles y solicitar información sobre esas cuentas nada más (Star Capital y Exchange Contract)“, refirió Preda.
“Esto no nació del movimiento Honor Colorado, el movimiento está totalmente lejos y ajeno a esta información que surgió en el país vecino. Esta denuncia contra Abdo da una información con datos y nombres certeros, concretos, para que las instituciones puedan hacer la verificación si es o no correcto. Yo hacía denuncias en época de pandemia de que nos estaban asaltando, robando, saqueando y ahora nos encontramos con esto, casualmente posterior a ese periodo tan nefasto”, dijo el diputado Rodrigo Gamarra, respaldando las afirmaciones del abogado Preda.
El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.
Detalles del informe argentino
La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.
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Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
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El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.