• Marcelo Pedroza
• Doctor en Psicología y Magíster en Educación
• mpedroza20@hotmail.com

El alma ocupa una posición intermedia entre las realidades inteligibles y el mundo corporal, según Jámblico de Calcis (245-325), filósofo griego neoplatónico y también identificado como neopitagórico. Discípulo de Porfirio, en Roma. Despúes de eso, dirigió la escuela que fundó en Siria.

El desarrollo de las actividades sensibles permite las posibilidades de perfeccionamiento, dado que las condiciones concretas se manifiestan en su existencia encarnada. De manera que, la relación entre el alma y el cuerpo, implica una participación efectiva en el orden del devenir, donde existen cambios, pasiones y condiciones que afectan la vida del ser humano.

Existen fragmentos de su tratado titulado Sobre el alma, una parte de ellos fue transmitida por Juan Estobeo, escritor, editor y doxógrafo griego, en su Antología. De su legado se extrae que el alma es un principio de vida y actividad.

Distinguiendo entre aquello que el alma es, las capacidades que posee y las actividades mediante las cuales esas capacidades se manifiestan. Esa distinción propicia la comprensión de su complejo funcionamiento.

El conocimiento puede comprenderse como una acción de la realidad. El intelecto representa un orden superior dentro de la concepción del neoplatonismo.

Aunque Jámblico expone que no se debe atribuir que una parte suprema permanezca ajena al alma en su descenso al mundo corporal.

Entonces, si el alma ocupa una posición intermedia entre distintos niveles de la realidad, su perfeccionamiento implica una transformación de su relación con ellos, concediéndole una condición encarnada y su vínculo a las facultades superiores, otorgándole al ser la participación en plenitud para su crecimiento.

La abogada, especialista en derecho penal, gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, Dannia Ríos Nacif, defendió la iniciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elaboración, distribución, promoción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico protegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.

Mencionó que a través de la propuesta se “busca proteger el derecho constitucional del niño, contemplado en el artículo 54 de la Constitución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funcionarios y autoridades, a garantizarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.

Detalló que la incorporación del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipificadas en los artículos 135a y 135b. “Se mantienen según la ley vigente (Ley N.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.

Con relación al cuestionamiento de la senadora opositora Esperanza Martínez, quien sostiene que la iniciativa adolece de serios problemas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexuales, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se mantienen conforme a la ley vigente (Ley N.º 7394/24). El texto se elaboró originalmente en el año 2023 y, mediante el trámite correspondiente, será incorporado al marco legal vigente”.

Agregó que “en cuanto a la constitucionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar derechos de adultos para introducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el interés superior del niño”.

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Consultada sobre si el proyecto apunta a impedir toda forma de acceso a la información sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad. Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aquellos contenidos que interfieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.

Respecto a las afirmaciones de que la iniciativa equipara la educación sobre género con el abuso infantil, la abogada comentó que “el proyecto tipifica como abuso infantil aquellas acciones o materiales dirigidos a niños que le presenten la idea de que la identidad no responde al dato biológico, sino que se construye o se autopercibe y le siembra la duda acerca de la sexualidad o su identidad. Valga señalar que el niño no está en condiciones de comprender ni de consentir este tipo de ideas por ser un ser en desarrollo, es decir, no se trata de cualquier educación”.

Señaló que la iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitución Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizaciones como FEDAPAR, FENAPEP, FRENVIFA, RECNAPY y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confesionales, sectores de la iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó.

Puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.

“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y aprobado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumplimiento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.

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Un nuevo caso de violencia contra la mujer quedó al descubierto en la ciudad de Luque, donde una víctima logró llegar hasta una dependencia policial para pedir auxilio tras sufrir una presunta agresión por parte de su pareja, quien además la habría seguido hasta el lugar.

El sospechoso fue identificado como Alcides Rivero Zeballos, de 34 años, quien terminó detenido luego de una persecución policial. Lo llamativo del procedimiento fue que, al verificar sus datos, los intervinientes constataron que el hombre contaba con una orden de captura vigente desde el año 2020 por otro hecho de violencia intrafamiliar.

Según explicó el comisario Gustavo Paiva a NPY, la mujer acudió a la oficina de atención a víctimas de violencia de Luque con lesiones visibles en el rostro y el cuello. La denunciante relató que había sido agredida físicamente por su pareja y que el hombre continuaba siguiéndola. Por las características de las lesiones y su testimonio, los agentes presumieron que también habría recibido puntapiés.

Mientras la víctima buscaba protección, el sospechoso volvió a circular frente a la dependencia policial a bordo de un automóvil blanco. De acuerdo con Paiva, los intervinientes sospecharon que el hombre pretendía descender del vehículo para llevarse nuevamente a la mujer, por lo que una patrullera inició su persecución.

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El sospechoso intentó escapar, pero finalmente fue interceptado a unos 1.300 metros de la dependencia policial, según la estimación brindada por el jefe policial. Durante el procedimiento, los agentes inspeccionaron el automóvil en el que se desplazaba, sin encontrar armas de fuego ni armas blancas.

Sin embargo, al consultar sus antecedentes, descubrieron que Rivero Zeballos era requerido por la Justicia desde 2020 por un caso de violencia intrafamiliar que tuvo como víctima a otra mujer.

El detenido quedó a disposición de la Justicia por el proceso anterior, mientras se dispuso la apertura de una nueva causa a raíz de la denuncia presentada por su actual pareja. El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento la eficacia de los mecanismos de búsqueda y detención de personas requeridas por hechos de violencia contra las mujeres.

Queda pendiente esclarecer cómo un hombre con una orden de captura vigente desde 2020 permaneció sin ser detenido durante casi seis años.

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Por Violeta Vigil

La noche del 8 de octubre, Deysi Paola Giménez Segovia (22) caminaba hacia su trabajo en Lambaré cuando fue asesinada a balazos. Le faltaba apenas un mes para culminar la carrera de Derecho y ya había denunciado a su expareja por hechos de violencia y amenazas. El principal sospechoso, Aldo Alexis Duarte (26), huyó tras el crimen, pero posteriormente fue localizado y detenido.

Su asesinato marcó el inicio de una serie de días estremecedores para el país. En Katueté, Villarrica, Limpio y Loreto se sucedieron nuevos hechos de violencia extrema contra mujeres, entre feminicidios y tentativas, con episodios de particular crueldad: ataques a balazos, múltiples puñaladas, presuntos incumplimientos de medidas judiciales y relatos escalofriantes de los propios agresores a familiares de las víctimas.

La proximidad de estos crímenes, ocurridos en distintos puntos del territorio nacional, provocó conmoción y encendió una inquietante interrogante: ¿el feminicidio de Deysi pudo haber desencadenado un efecto dominó o estamos frente a la manifestación de una violencia machista profundamente arraigada en nuestra sociedad?

Para analizar esta posibilidad y comprender los factores psicológicos y sociales que pueden estar detrás de la seguidilla de ataques, La Nación/Nación Media conversó con Enrique Delgado, psicólogo clínico, terapeuta sistémico y magíster en Salud Pública, quien examina los patrones de conducta asociados a la violencia feminicida y el impacto que estos crímenes generan en la sociedad.

“Actualmente no existen datos que puedan sostener la hipótesis de una seguidilla de feminicidios motivada por la propia mediatización de los casos expuestos en los últimos tiempos”, responde Delgado. Tampoco existe evidencia de que los agresores se conocieran entre sí o estuvieran al tanto de los episodios anteriores. Cada hecho responde a causas múltiples y a una configuración totalmente independiente que arrastra la historia, la dinámica de pareja y el contexto socioeconómico, agrega el profesional.

“Creo que lo que realmente se imita es el machismo imperante en nuestra cultura y de padres a hijos, de hombre a hombre, en cada comentario denigrante, discriminatorio o culpabilizante en contra de la mujer”, reflexiona. “Odian no poder poseerlas a su manera machista, la cual involucra el control total de la misma”. añade.

Delgado trae a la mesa una investigación regional en la que participó junto al doctor en Ciencias Sociales Martín Di Marco y una investigadora de la Universidad de Emory (EE. UU.). Dicho trabajo identificó tres formas típicas en que los agresores justifican sus crímenes:

• La violencia como recurso ante el abandono: La posibilidad de que la pareja decida dejarlos actúa como el gatillo definitivo.
• La violencia como daño negado y justificado por el contexto: Minimizan el estrago causado echándole la culpa a las circunstancias de la relación.
• La violencia como transferencia emocional del dolor: Utilizan el ataque físico como una válvula de escape para trasladar su propio sufrimiento interno hacia la víctima.

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Ante la consulta de si esta seguidilla crea nuevos agresores o si podría funcionar de detonante, Delgado apunta directo al sistema: “Un nuevo agresor nace cada día, debido a la incapacidad de muchos hombres para gestionar sus frustraciones y a la falta de una muralla firme a nivel judicial y normativo. El talón de Aquiles ocurre después de que la víctima tiene el coraje de denunciar. Cuando una mujer acude a pedir auxilio y la justicia no actúa con celeridad ni en tiempo y forma, se genera un peligroso sistema de refuerzo positivo para el agresor, que se siente con luz verde para operar libremente y escalar su furia”.

Para muchos de estos hombres, que la expareja rompa el silencio, denuncie y quiera salir adelante representa una ofensa insoportable a su ego y a su statu quo machista. Es ahí donde se refugian en ideas como “Ya no tengo nada que perder” o “No hay otra salida más que acabar con todo”, cerrando el ciclo con el feminicidio y, en muchos casos, un posterior suicidio.

En la era de las redes sociales, la información ya no pasa únicamente por el filtro de los medios. En plataformas digitales, el morbo dispara visualizaciones sin censura en cuestión de segundos. Para Delgado, este consumo de violencia en el día a día es un factor pesado que alimenta la agresividad general, pero habla también de la otra cara de la moneda: la exposición pone en alerta los sistemas de prevención y empuja a las mujeres a hablar.

Hoy en día, las redes se llenan de publicaciones pidiendo ayuda, exponiendo a los violentos y reflejando una valentía para sacudirse el yugo del miedo. El especialista sostiene que nos encontramos en un momento de transición histórica y cultural: al dejar de tolerar los abusos de antaño, muchos hombres reaccionan con un gran resentimiento.

Para el licenciado Delgado, el mensaje hacia quienes están sufriendo calvarios en silencio es: no esperar. Ante los primeros indicios de agresión, hay que buscar ayuda en el círculo familiar, de amigos o pensar en un refugio seguro. Denunciar sigue siendo el salvavidas más certero.

“Todos los casos de feminicidio son prevenibles”, afirma, exigiendo que las instituciones del Estado dejen de trabajar en islas y se articulen de verdad, con mayor presupuesto y profesionales capacitados. Cortar el problema de raíz implica blindar a la víctima desde el minuto uno en que pisa una comisaría o un juzgado.

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• 137 (SOS Mujer): Línea gratuita del Ministerio de la Mujer, operativa las 24 horas en todo el país.
• 0984 457 398: Canal de WhatsApp oficial del Ministerio de la Mujer.
• 155: Línea de crisis del Ministerio de Salud para contención psicológica en momentos de máxima tensión.
• 911: Policía Nacional para emergencias inmediatas.