El Ministerio Público liderado por Emiliano Rolón, conformó un equipo de agentes fiscales para investigar la administración del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la crisis sanitaria generada por el Covid-19.
Rodríguez es investigado por supuesta lesión de confianza. El equipo está integrado por los fiscales Silvio Corbeta, Marlene González de Ovelar y Jorge Arce. La coordinación estará a cargo de la adjunta, María Soledad Machuca.
El caso fue denunciado por un grupo de parlamentarios de la oposición en el mes de octubre del año 2021, a raíz de un informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR), tiempo en que se abrió una causa penal.
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Antecedentes
Según las documentaciones la Municipalidad de Asunción adquirió detergentes desinfectantes a G. 393.800 el litro, detergentes desinfectantes en pulverizador a G. 221.650, toallitas desinfectantes a un precio unitario de G. 259.600.
Los costos elevados llamaron la atención y fue uno de los principales cuestionamientos en la acusación contra Rodríguez. En total la comuna adquirió 200 litros de detergente desinfectante Alka DDS, 125 paquetes de toallitas desinfectantes Septalkan y 125 unidades de detergentes desinfectantes en pulverizador Surfalkan SH.
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El senador Rafael Filizzola sigue eludiendo audiencia preliminar por lesión de confianza
Se suspendió una vez más la audiencia preliminar del exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, acusado por lesión de confianza en el caso de licitación de comisarías en el que se estima que existió un perjuicio de G. 1.200 millones a la referida institución. La diligencia se tenía que realizar ante el juez Yoan Paúl López, quien tiene que definir si eleva a juicio oral o hace lugar a una salida procesal.
La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa del parlamentario pidió la suspensión atendiendo a que el abogado Guillermo Duarte -defensor de Filizzola- tenía fijado otro juicio oral y público con anterioridad .
Acusación
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
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Realizan allanamientos en Asunción en búsqueda de ladrones domiciliarios
En el marco de una serie de robos domiciliarios, agentes del Departamento de Investigaciones de Asunción llevaron adelante varios allanamientos, en específico en los barrios Republicano y Bañado Sur, donde, en medio de una importante comitiva se desplazan cerrando varias calles.
Gracias a estas intervenciones se logró la captura de dos personas; una de ellas es una mujer identificada como Rosalía Espínola Caballero, a nombre de quien estaría el vehículo utilizado por los malvivientes para perpetrar los ilícitos. Según los datos preliminares, la misma alquilaría el automóvil a los hombres, pero en su vivienda se encontraron varios objetos de valor pertenecientes a los denunciantes.
Por otro lado, en el barrio Bañado Sur, fue detenido un hombre identificado como Gustavo Ramón Benítez Brítez, quien sería parte del grupo de responsables buscados actualmente. En poder de este último fueron hallados varios indicios que lo ligarían con los robos investigados, entre ellos documentos y una réplica de arma de fuego.
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Si bien los intervinientes no pueden revelar mayores informaciones atendiendo a que se encuentran en plena búsqueda de los demás integrantes de la banda, todo apunta a que la detención de los mismos está en proceso, en especial teniendo en cuenta la cantidad de indicios encontrados en esta operación.
La Policía Nacional sigue con los trabajos investigativos y ahora todas las evidencias serán procesadas y puestas a disposición del Ministerio Público, al igual que los detenidos, para continuar con el proceso establecido.
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Asunción: hallan a un hombre de 69 años enterrado; habría sido asesinado por su sobrino
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 69 años, que fue denunciado como desaparecido hace un mes y cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de su vivienda, en la ciudad de Asunción. El principal sospechoso del crimen sería el sobrino del hombre que vivía con él y que actualmente se encuentra con paradero desconocido, ya que habría salido de viaje hace unas semanas.
Según el reporte policial, el cuerpo sin vida de Nery Antonio Quintana Báez fue encontrado durante la tarde de ayer viernes por su hermana que estaba recorriendo el patio de la vivienda ubicada en el barrio General Díaz de la capital. La víctima fue reportada como desaparecida hace un mes.
Hasta el momento el principal sospechoso del crimen sería el sobrino del hombre, identificado como Rodrigo Massi, de 44 años, y que fue acusado por su propia madre. La mujer indicó que su hijo residía en la misma vivienda y que actualmente se encuentra de viaje, por lo que no pueden dar con el mismo.
“Rodrigo Massi actualmente está prófugo de la justicia. Se le encontró al tío enterrado en el patio, persona que estaba desaparecida hace más de un mes y la denuncia se realizó hace 10 días por familiares”, detalló el fiscal Alcides Corvalán, en entrevista con los medios de comunicación.
Resaltó que hasta el momento no se sabe cuál sería el móvil del crimen y que ya iniciaron con las investigaciones del caso. “El cuerpo fue hallado por la hermana, que llegó a la vivienda y encontró una planta que no estaba antes, al revolver la tierra se dio cuenta que había un cuerpo enterrado y dio aviso a la Policía”, refirió.
Confirmó que al momento del descubrimiento la mujer llamó a su hijo y que este le dijo que estaba de viaje por Villarrica, que necesitaba que le envíe para su pasaje y que vendría a entregarse. “El sobrino por el momento es el principal sospechoso de lo ocurrido. El mismo hijo le confesó a la madre días antes, pero no le dijo en qué lugar lo mató y enterró. Se emitió una orden de detención contra el hombre”, puntualizó.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.