La justicia resolvió a favor del Estado paraguayo en una demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, contra la Procuraduría General de la República y el Estado paraguayo por responsabilidad extracontractual, con lo que se consiguió evitar el desembolso del millonario monto superior a los G. 291.335 millones, equivalentes a USD 40 millones.
El juez civil quien rechazó la demanda, Guillermo Trovato, resolvió hacer lugar a las excepciones de falta de acción y prescripción presentadas por la Procuraduría General en representación del Estado paraguayo, y en consecuencia; rechazar la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo, e imponer las costas a la parte actora.
Según los antecedentes, en fecha 3 de agosto del año 2022, se presentaron ante el juzgado los abogados Francisco Rene y Hector Rehnfeldt, invocando la representación de la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, a fin de promover demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra el Estado paraguayo, solicitando el pago a sus asociados, -942 según planilla- de 3.000 jornales mínimos para cada uno de ellos, es decir, aproximadamente G. 309.273 que multiplicados por la cantidad de sus asociados asciende a la suma total de G 291.335.166.000.
Ahora los asesores jurídicos de la referida Asociación tienen la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación en lo civil y comercial que deberá estudiar si corresponde ratificar la resolución de primera instancia.
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Juez considera excesiva una medida cautelar y restituye a Martínez en Cargo Line
Giro radical y revés judicial en el caso de la empresa Cargo Line Paraguay S.A. Una nueva resolución judicial pateó el tablero y desnudó los excesos de la polémica medida cautelar ejecutada el pasado 16 de septiembre. El juzgado a cargo del magistrado Guillermo Trovato consideró que los efectos de aquella actuación de su colega Mafalda Cameron fueron completamente desmedidos y resolvió sustituirla por una administración judicial independiente, devolviéndole el oxígeno institucional a las firmas, cuya administración estaban a cargo del empresario Juan José Zapag.
En un verdadero acto de justicia, Gustavo Martínez Venialgo —quien había sido apartado de la empresa durante el cuestionado procedimiento encabezado por el abogado hoy procesado penalmente por coacción y otros delitos, Fernando Marecos— fue designado ahora como el nuevo administrador judicial de la compañía Cargo Line Paraguay.
Este nuevo pronunciamiento modifica sustancialmente el turbio escenario generado por el A.I. N.º 1392, firmado el 16 de septiembre de 2026 por la duramente criticada jueza Mafalda Cameron Luque. En la decisión judicial, la magistrada había dispuesto una simple “intervención”, pero en la práctica provocó un verdadero golpe de timón: suspendió a las autoridades legítimas de las sociedades y desplazó por completo a los órganos de administración. El actual fallo judicial del juez Trovato arranca la careta de esa maniobra, sosteniendo que semejante desplazamiento es característico de una administración judicial forzada y jamás de una intervención preventiva.
Pero el punto más grave y escandaloso que detectó el juzgado es otro: como consecuencia de la polémica medida cautelar brindada por la jueza Cameron, la propia parte demandante terminó colocada como la autoridad principal de las empresas afectadas. El juzgado advirtió, con rigurosidad, que la medida cautelar terminó pareciéndose peligrosamente a la pretensión final que se busca en el juicio, otorgando el botín antes de dictar sentencia.
Frente a esta flagrante anomalía, la Justicia resolvió reencauzar el proceso y reemplazar la medida cautelar brinda a favor de Blas Zapag y Nora Zapag por una administración ejercida por terceros ajenos al litigio. La decisión impacta de lleno en el violento procedimiento del 16 de septiembre, cuando el abogado Fernando Marecos fungió de ejecutor para apartar de sus funciones al entonces gerente general, Gustavo Martínez. Hoy, la misma Justicia le da la razón a Martínez al nombrarlo administrador judicial provisional de Cargo Line Paraguay S.A.
Asimismo, en el fallo del juez Trovato se nombra a José Eduardo Fleitas Gómez como administrador de Cimportex Paraguaya Ind. y Com. S.A., y de María Graciela Álvarez Benítez como interventora de ambas sociedades.
La nueva resolución judicial fulmina la medida cautelar anterior firmada por la cuestionada jueza Mafalda Cameron, calificándola de “excesiva”. Con esto, el conflicto de Cargo Line suma un capítulo que pone bajo la lupa la sospechosa actuación de Fernando Marecos y el llamativo criterio de la jueza Cameron. El juicio de fondo sigue abierto, pero se corrigió el rumbo correcto y se recuperó la administración de ambas empresas.
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Sorpresa en Bolivia: investigan a hermana de Marset tras verla en una feria pese a su arresto domiciliario
La Justicia boliviana se llevó una inesperada sorpresa al conocer que Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue vista en una feria de Santa Cruz de la Sierra pese a tener una medida de prisión domiciliaria.
Las imágenes de la joven en la Expocruz, una de las principales ferias de Bolivia, generaron dudas sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Justicia luego de su salida de la cárcel de Palmasola, el pasado 19 de agosto.
Ante esta situación, la Fiscalía de Santa Cruz solicitó informes para determinar si Tatiana Marset respetó las restricciones impuestas. El fiscal departamental Alberto Zeballos señaló que se revisará objetivamente lo ocurrido y las condiciones bajo las cuales debía cumplir la medida.
La investigación también buscará establecer si la mujer debía permanecer bajo custodia de efectivos policiales y si contó con autorización para acudir al lugar. En caso de comprobarse un incumplimiento, la Justicia podría evaluar la revocación de la medida o incluso determinar responsabilidades para los funcionarios encargados de su vigilancia.
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El caso
Tatiana Marset Alba fue detenida el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, durante un operativo coordinado con la DEA que también permitió localizar a su hermano Sebastián Marset, señalado como líder del denominado Primer Cartel Uruguayo. La Justicia boliviana la investiga por:
- presunta asociación delictiva
- porte ilegal de armas
- legitimación de ganancias ilícitas
- y encubrimiento.
Su defensa sostiene que se encontraba de visita en Bolivia y niega cualquier relación con actividades criminales.
Tras permanecer cinco meses en prisión preventiva, obtuvo una medida de detención domiciliaria nocturna, con arraigo, controles y presentaciones periódicas. Según las condiciones fijadas, puede realizar actividades durante el día, pero debe permanecer en su domicilio entre las 20:00 y las 06:00, bajo supervisión policial.
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La tradición judeo-cristiana desmitifica al Estado
- Víctor Pavón (*)
Considero prioritario desmitificar al Estado como caritativo y compasivo, que puede dar dinero y distribuir bienes por su carácter supuestamente compasivo que ninguna persona, iglesia u otra organización podría llevar a cabo y mejor. Esta falsa creencia ha calado hondo y llega a nuestros días.
Los pueblos anglosajones, sin embargo, desde antaño tuvieron la dicha de intuir que el poder coercitivo estatal no era una solución, fue y sigue siendo un problema. Si vamos a la Carta Magna Inglesa de 1215 encontramos la obsesión por limitar al poder. Debo mencionar a la muchas veces olvidada Holanda ( Países Bajos), lugar donde se consolidó una tradición cultural consuetudinaria, no escrita en su inicio: sin propiedad privada no hay justicia.
Esta idea se expandió evolutivamente desde la experiencia. Sin embargo, tenemos que ir más atrás en el tiempo para encontrar este precioso origen. La libertad y la propiedad encuentran su explicación en la Biblia. En Deuteronomio 19:14 se defiende la familia y la herencia. En Éxodo 22:5 encontramos que si alguien daña la propiedad de otro tiene la obligación moral y legal de pagar e indemnizar.
Esta tradición se trasladó de generación en generación. La familia, la propiedad, la libertad, la cooperación, el trabajo duro, el esfuerzo y creatividad para conseguir alimentos y sustento fueron vitales para hacer de Occidente una gloriosa civilización.
Esta antigua tradición no fue hecha para los débiles de carácter, fue hecha para personas valientes, para “más que vendedores”. Enfrentando las dificultades se fortalece nuestro espíritu. El apóstol Pablo en Romanos 8:37 lo dijo mejor: “Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó”. Esto es, vamos a tener problemas, tribulaciones, pero si persistimos grande será nuestro premio.
Infelizmente, una parte de la raza humana cometió un error aliándose con su peor enemigo, el Leviatán del Estado, el lobo vestido de oveja. El Estado compasivo y caritativo con los pobres hizo de la asistencia estatal una industria de burócratas, políticos y proveedores fomentando la dependencia.
Muy diferente es la asistencia de las iglesias, organizaciones de socorro y otros donde la acción voluntaria y cooperativa tiende su mano al indigente promoviendo el valor de la familia para así dar cumplimiento al Evangelio: “Más bien, cuando des a los necesitados que no se enteré tu mano izquierda de lo que hace la derecha”. La tradición judeo cristiana desmitifica al Estado.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
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Consejo de Gobernadores rechaza expresiones de senador sobre el programa Hambre Cero
El Consejo de Gobernadores manifestó su rechazo las expresiones del senador Carlos Núñez sobre la supuesta utilización política del programa Hambre Cero en las Escuelas. A través de un comunicado, los jefes departamentales instan al legislador a realizar las denuncias en las instituciones que correspondan y que presente los argumentos reales, exigiendo respeto y responsabilidad con este tipo de expresiones políticas y mediáticas.
“Sus recientes expresiones contra los gobernadores de la República no pueden ser respondidas con silencio. No por susceptibilidad, sino por respeto a la institución que usted representa y a la ciudadanía que nos confió la responsabilidad de gobernar”, señala el escrito.
Agrega que “si existen irregularidades en Hambre Cero, que sean investigadas y sancionadas por las instituciones competentes. Nadie está pidiendo privilegios ni inmunidad frente al control. Lo que no aceptamos es que la acusación sustituya a la prueba y el ataque pretenda sustituir al argumento”.
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Los gobernantes instan a dejar de lado los ataques políticos internos: “Si su cuestionamiento es el programa, debatámoslo, si es a su administración, presente sus fundamentos. Pero si el blanco son las gobernaciones, tendrá que explicar por qué, bajo las mismas reglas, controles y mecanismos de fiscalización, sus cuestionamientos parecen tener un destinatario particularmente selectivo”.
Por su parte, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, también se pronunció sobre el senador Núñez y expresó su rechazo ante estas declaraciones: “Realmente no queremos polemizar con nadie, yo le aprecio mucho al senador Núñez, y no me quiero pelear con nadie, pero tampoco podemos alegremente callarnos, tenemos que salir a defendernos porque realmente fue irresponsable su declaración”.
Indicó, en comunicación con 1020 AM, que no está en los ánimos llegar a una acción judicial, pero sí solicitarán al senador retractarse o ratificar sus dichos. “No creo por el momento, la idea es no darle demasiada entidad, pero estamos analizando en envío de un notario público para que se ratifique o se rectifique”, sentenció.