Autoridades de organismos de seguridad del Estado presentaron la “Operación Responsum”, con acciones estratégicas y coordinadas que estarán a cargo de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, para fortalecer la prevención, la inteligencia, investigación y la capacidad de respuesta frente al crimen organizado, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana.

Dicho operativo fue presentado durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro del Interior, Enrique Riera, junto a su par de Defensa Nacional, Oscar González; además de viceministros y autoridades militares y policiales.

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El ministro Riera señaló que este plan es una respuesta concreta del Estado al crimen organizado, con la capacidad y potencia de un Estado organizado, poniendo todo el poder y fuerza, tal como instruyó el presidente Santiago Peña.

Mencionó que las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, integran fuerzas combinadas a lo largo y ancho del país, con fuerzas de élite y poder de fuego suficiente, para responder a los desafíos que hoy vivimos. Estiman la participación de unos 4.500 efectivos.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional Oscar González, explicó que la presencia de las autoridades de las instituciones a cargo es para demostrar el trabajo conjunto de policías y militares en bien de la seguridad de la ciudadanía, respetando la doctrina de empleo, la naturaleza de las Fuerzas Armadas de la Nación y la misión constitucional de la Policía Nacional.

Explicó que las Fuerzas Armadas están habilitadas para enfrentar al crimen organizado, que dispone de armamentos de guerra, un entrenamiento seudo militar y el afán de ponerse por encima de la facultad soberana del Estado paraguayo.

Puntualizó que en estos casos, las Fuerzas Armadas van a trabajar conjunta, coordinada, y respetuosamente con la Policía Nacional, teniendo como objetivo la seguridad de la ciudadanía, que merece vivir en paz y tranquilidad, para que pueda garantizar su bienestar y progreso.

La “Operación Responsum” contempla la reorganización de las capacidades tácticas y de inteligencia, con despliegue focalizado en zonas estratégicas, para optimizar la intervención ante hechos de gran magnitud, reforzando además la presencia del Estado en áreas críticas.

Indicó que es una estrategia orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, proteger a la población y preservar el orden público mediante una actuación articulada y sostenida. Asimismo, es para optimizar la intervención ante hechos de gran magnitud, reforzando además la presencia del Estado en áreas críticas.

Como parte de esta política de fortalecimiento institucional, la Policía Nacional avanza también en la creación de las Agrupaciones de Acciones Tácticas Departamentales, una nueva estructura especializada destinada a brindar apoyo táctico en todo el territorio nacional y consolidar una respuesta más rápida, coordinada y eficiente en favor de la seguridad de la ciudadanía.

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La justicia argentina intimó a la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) al cumplirse este miércoles el primero de sus seis años de prisión domiciliaria por corrupción, debido a los actos de apoyo que recibe frente a su casa.

La justicia le recordó que puede revocar el arresto domiciliario si viola condiciones pautadas al “perturbar la tranquilidad del vecindario”, luego de que cientos de personas se reunieran frente a su casa bajo la consigna “Cristina libre” el domingo pasado.

La escena es habitual desde que fue condenada en una sentencia que la ex mandataria atribuye a una “persecución política”.

Para el próximo sábado está convocada una nueva marcha de respaldo a Kirchner, que sigue siendo la principal figura de la oposición al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.

“Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta”, reza la resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu.

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La justicia la reprendió por su supuesta participación en el despliegue de una enorme bandera que unió su balcón, en un segundo piso de la calle San José de la capital argentina, con un edificio vecino con la leyenda “De San José a La Rosada”, en alusión a la sede gubernamental.

Según detalles del escrito que cita la prensa local, se le atribuye haber colaborado en la sujeción de la bandera al balcón desde donde suele saludar a sus seguidores.

Kirchner, de 73 años, fue condenada el 17 de junio de 2025 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación en la contratación de obras públicas durante su mandato. Su inhabilitación para cargos públicos ha abierto un debate al interior del peronismo.

Su liderazgo “ya había sido desafiado por varios gobernadores” antes de su condena, dijo a la AFP el analista político Andrés Malamud. “Su prisión aceleró no la sucesión, sino la fragmentación del peronismo”, añadió.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es la figura que emerge como posible nuevo líder del espacio.

Recientemente la cámara de apelaciones rechazó un pedido de la defensa de la exmandataria para evitar un decomiso millonario de sus bienes.

• Fuente: AFP

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Expertos electrónicos hablaron sobre la situación de la energía en Paraguay, sobre todo de la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía a partir del 2030 en adelante. Tanto el ingeniero electrotécnico Guillermo Krauch y el ing. Raúl López, presidente de Guaraní Energías Renovables, señalaron el acelerado crecimiento en la demanda de consumo eléctrico en el país, gracias a las nuevas inversiones que van entrando.

Al respecto, el ingeniero Krauch señaló durante una entrevista en la radio 650AM, los pronósticos que se habían señalado años atrás, que ya adelantaban la necesidad de incorporar nuevas fuentes de generación energética para el periodo entre 2025 y 2030, para continuar con el abastecimiento del desarrollo del país.

Recordó que cuando se sancionó la Ley 3009/2006, que permitió la inversión privada en la generación de energía eléctrica, se creó además el Consejo de Producción y Transporte Independiente de Energía, conformado por 6 ministros. Se había impulsado una licitación en su momento, marcada por el grupo encabezado por el Ing. López junto a 4 empresas locales y otras de Brasil. Se desarrolló un proyecto sobre el río Ypané para ir preparando al país para este momento.

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“Durante 40 años nadie habló sobre la generación de nuevas fuentes de energía; yo mismo, en su momento no pensaba que, con las dos grandes represas construidas, Itaipú y Yacyretá, tendríamos energía hasta el fin de nuestras vidas”, expresó.

No obstante, indicó que, de acuerdo a las proyecciones de demandas de consumo de la energía eléctrica, del Banco Mundial y otros organismos internacionales, el promedio del costo de la energía eléctrica está entre los 20 países más baratos. “Esto permite que tengamos una ventaja con energía barata, que no contamina lo cual es muy importante. Pero también, las nuevas fuentes de energía que tenemos son más onerosas de las que tenemos”, acotó.

En tanto, el ingeniero López señaló que la propia ANDE en el año 2008 había sacado una lámina, en la que dicen que la demanda energética para el 27/28 va a superar a la oferta de hoy. “Entonces eso quiere decir que estamos hoy en día, llegando al límite. La construcción de una pequeña central hidroeléctrica con todos los avatares que hay que pasar, si es que se promulga la reglamentación de la Ley 7299/24, que está durmiendo entre el viceministerio de Minas y Energía, Obras Públicas, que pedimos a gritos que se promulgue”, comentó.

Indicó que después de la ley que se promulgó en el 2006, no se volvió a tocar el tema energético, pero sin embargo esa ley en la práctica no servía de mucho; por ello trabajaron de vuelta con el Poder Legislativo y con la ANDE, para mejorar la legislación. “Sí se promulga la reglamentación, el sector privado tendrá la posibilidad de generar energía hidráulica en cualquiera de los 18 ríos que hoy cuenta el país”, le precisó.

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Es inadmisible y un desprecio a la vida que, a 14 meses del derrumbe de un edificio en Encarnación, se siga dila­tando trámites clave para que el peso de la ley caiga sobre los responsables de la desidia y la corrupción que oca­sionaron el luctuoso suceso en el que perdieron la vida una joven de 15 años y su abuela.

La Justicia no debe seguir aplazando sus veredictos. Hay dos víctimas fata­les y familiares mutilados que claman por una investigación más eficiente para que la sentencia de los tribuna­les llegue a todos los involucrados en la fallida obra. La excesiva demora en la Justicia levanta todo tipo de sospe­chas, más aún cuando el caso implica a la máxima autoridad municipal y un diputado nacional cuya empresa par­ticipó de la construcción.

La primera imputación fiscal reveló que los controles en el proceso cons­tructivo fueron totalmente omitidos, esta desidia permitió que los dueños del edificio elevaran más pisos sobre una estructura que no iba a soportar más metros en altura y la obra se vino abajo el 2 de abril de 2025. El inten­dente de Encarnación, Luis Yd, su director de obras René Miglio y otros subordinados implicados fueron imputados por la fallida construcción.

Yd y sus funcionarios no solo se des­entendieron de los controles que son de su responsabilidad, sino blan­quearon de manera alevosa con una irrisoria multa el mal procedimiento de más pisos de una estructura que no aguantaba, principal causa del desmoronamiento del edificio. Sin embargo, este avance de la investi­gación fiscal todavía no es suficiente, puesto que existen otros involucrados que a más de un año del derrumbe, siguen al margen de un proceso judi­cial que aclare sobre sus roles en el caso.

El fallido proyecto tiene detrás vin­culaciones políticas con exitosos negocios que fueron facilitados por la suspicaz negligencia municipal. Lla­mativamente, la responsabilidad en el siniestro de empresas de estos pode­rosos, como el caso de la concretera del diputado liberal Carlos Pereira Rieve, sigue siendo un misterio, pre­cisamente porque el estudio peri­cial, trámite clave de la investigación, tiene un retraso de 6 meses.

No olvidemos que la empresa del diputado liberal fue la responsable de cargar el hormigón en zapatas, losas, vigas, etc., de la estructura caída. No es menos relevante que Pereira Rieve sea aliado de Yd y aspire al cargo de intendente de Encarnación, lo que podría blindar muchos datos sobre el edificio derrumbado.

La pericia es fundamental para iden­tificar las fallas y los responsables, pero todavía sigue en espera por razo­nes desconocidas. La Fiscalía había dado un plazo de 90 días para la con­clusión del informe pericial, debía entregarse a fines de 2025, pero hasta este momento no se sabe cuándo habrá un dictamen. Lamentable­mente, nadie brinda explicaciones al respecto.

El análisis pericial incluye determi­nar la calidad del hormigón, la resis­tencia del mismo y de la estructura que debía soportar el concreto. Tam­bién el relevamiento pormenorizado de las secciones estructurales, los planos de las mismas, etc. Viendo la información que puede recabar anali­zar el informe pericial es inconcebible que no se dé la prioridad que requiere y se siga postergando las conclusiones.

¿A quién se protege en este caso? ¿Quiénes se benefician con el no esclarecimiento del siniestro? Obvia­mente familiares víctimas no, por el contrario, siguen siendo relegados en su búsqueda de justicia para sus seres queridos muertos. La Justicia tiene que aplicar firmeza y exigir el dicta­men de los datos estudiados. No se puede seguir especulando sobre un hecho tan sensible en el que se debe dilucidar los pormenores de las cau­sas del fatal suceso.

Si el objetivo es llegar a la verdad y responder al clamor de justicia de los familiares de las víctimas del edifi­cio colapsado en Encarnación, no se puede seguir dilatando los trámites clave de la investigación.