La justicia resolvió a favor del Estado paraguayo en una demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, contra la Procuraduría General de la República y el Estado paraguayo por responsabilidad extracontractual, con lo que se consiguió evitar el desembolso del millonario monto superior a los G. 291.335 millones, equivalentes a USD 40 millones.
El juez civil quien rechazó la demanda, Guillermo Trovato, resolvió hacer lugar a las excepciones de falta de acción y prescripción presentadas por la Procuraduría General en representación del Estado paraguayo, y en consecuencia; rechazar la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo, e imponer las costas a la parte actora.
Según los antecedentes, en fecha 3 de agosto del año 2022, se presentaron ante el juzgado los abogados Francisco Rene y Hector Rehnfeldt, invocando la representación de la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, a fin de promover demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra el Estado paraguayo, solicitando el pago a sus asociados, -942 según planilla- de 3.000 jornales mínimos para cada uno de ellos, es decir, aproximadamente G. 309.273 que multiplicados por la cantidad de sus asociados asciende a la suma total de G 291.335.166.000.
Ahora los asesores jurídicos de la referida Asociación tienen la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación en lo civil y comercial que deberá estudiar si corresponde ratificar la resolución de primera instancia.
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La confianza se recobra con hechos y también con justicia
Luego de los acontecimientos que sacudieron al país la semana pasada, la prioridad del Gobierno nacional y de las instituciones que forman parte de la estructura estatal es sanar las heridas, servir a la ciudadanía y continuar trabajando para alcanzar las metas requeridas por la vida del país. Mirar para adelante como una forma de enderezar el rumbo, como lo ha hecho en el pasado un pueblo aguerrido, en base a su esfuerzo y valentía.
Hay aspectos que se pueden rescatar. El presidente Pedro Alliana señaló recientemente que el sistema financiero nacional se encuentra en buenas condiciones luego de la situación vivida y que la prioridad del Gobierno es el servicio a la ciudadanía. Fue a un medio de prensa de la Argentina al que dio detalles de cómo se está trabajando para que la vida vuelva a la normalidad, en el menor tiempo posible.
En lo económico, el jefe de Estado resaltó que el Paraguay está sólido y abierto a las inversiones, luego del problema que se planteó con el cierre de un banco y los acontecimientos políticos que sucedieron posteriormente en medio de las investigaciones del Ministerio Público que se han realizado. Y la prioridad de su administración, así como lo está demostrando, es dar las respuestas necesarias a la población nacional, tanto con medidas financieras como con la adopción de las políticas desplegadas en la última semana.
Al momento de la entrevista, Alliana había señalado que más del 95 % de los depositantes del banco en resolución ya recuperaron sus depósitos. En el comienzo de esta nueva semana esa cifra ya alcanzó a la totalidad de los ahorristas. Es decir, que una semana después de la intervención financiera, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) había dado las respuestas que los depositantes esperaban.
“El Banco Central está trabajando para seguir cubriendo a todos los afectados y en esta segunda etapa, después de pagar a los pequeños ahorristas, tiene como prioridad recuperar fondos para cubrir los depósitos de jubilaciones de las diferentes cajas”, señaló el presidente en la entrevista periodística.
Uno de los temas de gran relevancia es lo anunciado por el nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, en el sentido de que existe suficiente cantidad de dinero para ir cumpliendo con los inversionistas. Según afirmó, se han identificado alrededor del equivalente a 600 millones de dólares en “activos sanos”, en base a la revisión de la institución bancaria intervenida por parte de los interventores de la banca matriz. Se explicó que con este monto se podrá reponer los fondos depositados por el Instituto de Previsión Social (IPS) y de las cajas jubilatorias que tienen su dinero en lo que era Ueno Bank. El presidente de la República recordó que la reposición de los recursos previsionales tiene prioridad. “Vamos a trabajar hasta que cada familia recupere la tranquilidad que se merece”, aseveró el mandatario.
Algo que se debe resaltar por su importancia para la ciudadanía es que antes de diez días de la intervención y cierre del banco mencionado ya se devolvieron los fondos a la mayoría de los depositantes. Esta rápida reacción –que fue posible gracias a una ley de emergencia resuelta de manera expeditiva por el Congreso– trajo una enorme tranquilidad a esa mayoría ciudadana que temía por sus ahorros. Algo que no se trata solo de la velocidad con que se actuó sino también la seriedad que se ha tenido para dar cumplimiento a las obligaciones.
Los memoriosos que recuerdan hechos similares acontecidos en años anteriores con crisis bancarias y financieras señalan que nunca antes se procedió con tanta rapidez y seriedad a favor de la gente que guarda su dinero en las entidades financieras. Un hecho de extraordinaria importancia que habla con mucha elocuencia de que hoy el país tiene mejores herramientas legales para ir al auxilio de la gente en problemas, situación que lamentablemente no ocurrió en casos similares del pasado. Esto es un indicador de que se han aprendido las lecciones de acontecimientos similares de décadas pasadas que causaron fuertes perjuicios a los depositantes.
En cualquier sociedad libre es imposible evitar cierres de entidades financieras y el consiguiente sobresalto social que produce. Por lo que es de fundamental importancia la respuesta adecuada y pronta de las entidades encargadas de salvaguardar los capitales financieros. Que es lo que ha acontecido en el Paraguay, con respuestas necesarias y rápidas, que dan tranquilidad a todos y permite dar crédito que la confianza se puede recuperar en el mediano plazo. Las autoridades del BCP saben lo que se debe hacer y es por ello que accedieron a reducir los límites del encaje legal; es con esta clase de medidas que ayudarán a descomprimir la presión y a mirar con mejores perspectivas el futuro.
Por último, la confianza no se reconstruye solo con la devolución del dinero. También exige que la Justicia determine con claridad qué falló en los controles y quiénes deben responder por ello. Solo así el ahorrista tendrá la certeza de que lo ocurrido no volverá a repetirse y volverá a creer.
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Vicepresidente de la Corte y juezas de Ejecución visitaron centros educativos para adolescentes
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y titular de la Sala Penal, Luis María Benítez Riera; el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y el viceministro Rafael Caballero encabezaron una visita al Centro Educativo de Itauguá y al Centro Educativo La Esperanza para Adolescentes. La actividad estuvo presidida por las juezas de Ejecución Penal de capital, abogadas Luz Rosanna Bogarín, Cynthia Sostoa, Sandra Kirchhofer y Lidia Wyder, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código de Ejecución Penal.
Durante la visita, las magistradas mantuvieron entrevistas con los adolescentes para conocer aspectos relacionados con sus respectivas causas. Asimismo, se entregaron artículos de aseo personal, juegos de toallas, calzados deportivos y pelotas de fútbol y vóley, con el propósito de promover hábitos de higiene, el cuidado de los espacios comunes y la responsabilidad colectiva en el mantenimiento de un ambiente saludable.
También se promovió la práctica de actividades deportivas como herramientas para fortalecer el compañerismo, la disciplina, la constancia y el respeto por las reglas, además de contribuir al bienestar físico de los adolescentes. Por otra parte, se entregaron un pesebre y un árbol de Navidad, decorado con tarjetas elaboradas por los propios jóvenes, propiciando un espacio de participación y expresión de su creatividad.
La actividad permitió generar un espacio de acompañamiento y acercamiento, orientado a fomentar hábitos positivos y valores que contribuyan al proceso de reinserción social de los adolescentes y a su futura integración familiar y comunitaria.
Las donaciones fueron posibles gracias al apoyo de los Juzgados Especializados en Delitos Económicos, a cargo de los jueces Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia, en el marco de las causas que radican en sus despachos.
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Piden a la Justicia que inicie proceso de quiebra del Grupo Vázquez
Los abogados Marcial Bordas, Federico Campos López Moreira y José Acosta Cazal, representantes legales de los empresarios Gustavo Adolfo Gamarra Montefusco y María Carolina Morínigo de Gamarra, pidieron al Juzgado Civil y Comercial de Asunción que se declare la quiebra del Grupo Vázquez S.A.E.
Los accionantes alegan que la firma incumplió una deuda derivada de un contrato de inversión y un pagaré suscritos el 14 de diciembre de 2020. De acuerdo con el escrito, la sociedad fue intimada judicialmente a pagar G. 5.570 millones, pero no cumplió, pese a que el 5 de noviembre de 2026 se ordenó iniciar el juicio ejecutivo y librar el mandamiento de intimación de pago y embargo.
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Los demandantes mencionan que el Grupo Vázquez perdió la capacidad de atender regularmente sus obligaciones y vinculan esa situación con el deterioro de su liquidez, la crisis de Ueno Bank y las restricciones sobre sus bienes y cuentas dispuestas en sede penal. El Grupo Vázquez (a través de su cabecera Grupo Vázquez S.A.E.) está integrado por entre 28 y 39 firmas.
El juez en lo civil y comercial de Asunción Heinrich Von Lucken Gamarra es quien deberá estudiar si corresponde hacer lugar al pedido presentado por los accionantes.
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Justicia ordena suspensión total de la causa penal que afectaba a Ana Kim y directivos
La jueza Cinthia María Garcete Urunaga hizo lugar a la cuestión prejudicial y ordenó la suspensión total del proceso penal contra Elizabeth Kim Jang, Ana Kim Jang, Namjun Kwon, Alexis Florentín Gauto y Antonio Ramón Galeano Vega.
El caso tiene que ver con una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, aunque este pago se encuentra en pleno juicio civil de cobro de guaraníes, según expediente n.º 135/2026)
En efecto, el juzgado de garantías n.º 5 de Ciudad del Este frenó el avance del proceso penal hasta que se resuelvan las controversias civiles y comerciales que sustentan las acusaciones y cuyos antecedentes la Fiscalía utilizó como elementos de convicción sin siquiera realizar diligencias previas, con total desconocimiento de los afectados.
Para la defensa, el fallo deja al descubierto una actuación arbitraria por parte de la Fiscalía, que imputó apresuradamente delitos graves por un conflicto entre socios que ya se estaba tramitando en el fuero civil y comercial.
En vez de esperar a que la justicia civil defina si las deudas existen o si las asambleas son válidas, el Ministerio Público se apuró a armar una causa penal sobre hechos que todavía estaban en plena discusión comercial.
A esto se sumó la postura de la querella, que, según cuestionó la defensa, abusó de sus derechos procesales al pretender usar la vía criminal como un método de presión para doblarles el brazo a los imputados y cobrar por la fuerza lo que debe resolverse en el ámbito mercantil.
La resolución dejó en claro tres puntos clave:
Apropiación y deuda pendiente de definición: se acusaba una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, pero ese pago está en pleno juicio civil de cobro de guaraníes (Expte. N.º 135/2026). Si un juez civil todavía no determinó si existe la deuda o cuánto se debe, esa definición resulta necesaria para evaluar la acusación penal por apropiación.
Estafa y lesión de confianza sujetas a la decisión civil: todo el reclamo por las asambleas y la distribución de acciones se está juzgando en la demanda de nulidad civil (Expte. N.º 150/2026). Si la justicia civil confirma que los actos de la empresa fueron legales, esa decisión incidirá directamente en el sustento de las acusaciones penales.
Protección a los imputados: la resolución bloqueó cualquier intento de citar a los imputados para imponerles medidas cautelares o restricciones a su libertad mientras la causa penal siga suspendida. Para la defensa, resultaba absurdo querer aplicar medidas coercitivas sobre hechos cuya validez ni siquiera está definida en el fuero correspondiente.
Al final, hasta la propia Fiscalía terminó aceptando la suspensión ante los argumentos presentados por la defensa. Para el equipo jurídico de los afectados, esta resolución no solo frena un manoseo penal injustificado, sino que rectifica un procedimiento torcido y recuerda que la justicia penal no está para resolver peleas comerciales ni para prestarse al juego de querellas abusivas.